exégesis

¿Y dónde están los aymaras?

2010-09-12T23:11:00.001-05:00

Aldo Santos

El proceso electoral pasado (noviembre de 2006), sirvió de escenario para que grupos y/o candidatos que enarbolaban un discurso de carácter indigenista irrumpieran en la arena política regional, así aspirantes a autoridades políticas como Eugenio Barbaito, conocido como “papa lindo” o Fortunato Calli, “El Mallku” en las provincias de Chucuito – Juli y El Collao respectivamente, fueran elegidos como alcaldes provinciales.

Una vez en el sillón municipal, las nuevas autoridades promovieron la conformación de la Unión de Municipalidades Aymaras (UMA), como una iniciativa de articulación y mecanismo para la búsqueda de proyectos de promoción del desarrollo, aunque ello haya quedado en el discurso, ya que luego de la vacancia de Barbaito por haber incurrido en nepotismo y las denuncias por corrupción que pesaban sobre Calli, la UMA se fue disipando en el escenario regional.

La declaratorias de Yunguyo e Ilave como “Capital de la gran nación aymara” o los intentos de promover políticas de afirmación identitaria, tuvieron que colisionar con las funciones propias de la gestión edil, perdidas en medio de las múltiples demandas de los y las habitantes de las provincias del sur de Puno.

Así problemas como la ampliación del servicio de agua potable en Chucuito - Juli o los reclamos que generó el incumplimiento del presupuesto participativo en la provincia de El Collao, difícilmente podrían resolverse apelando a un discurso contestatario o reclamando el reconocimiento de la nación aymara, por el contrario ello requería de trasladar el discurso político al plano técnico.

Aunque probablemente la afirmación identitaria y la lucha por el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales, no pueden determinarse por el éxito o fracaso de una gestión edil, ni mallkus o papalindos parecen haber mostrado un proyecto político diferente. Por el contrario, las acusaciones por corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas, han sido las constantes de ambas gestiones.

En ese contexto, las reivindicaciones indigenistas –en el caso peruano- parecen seguir formando parte de la agenda de minorías activas, expresado en que los aspectos que generan movilización social, como bloqueos, paros y huelgas son aquellos que demandan la satisfacción de necesidades o el acceso a determinados servicios (en contra de la suba de pasajes o exigiendo agua potable), pero ninguna que reclame una nación aymara o el “buen vivir”.

Lo que pone en evidencia la fragilidad de estos discursos para articular las demandas de las y los ciudadanos aymaras. Visto así, las reivindicaciones de corte aymarista parecen formar parte de una de las tantas formas de aprovechamiento político y de capitalizar votos recurriendo a la polarización, al simplismo y al facilismo de presentar a la sociedad como una pugna entre “mistis e indios”.

Seguramente las y los aymaras de Juliaca, El Collao, Desaguadero, Yunguyo o Mohó, reclamarán una representación en las próximas elecciones regionales y provinciales y ello pasa porque, lejos de la simple retórica, se tengan en cuenta el diseño de políticas de promoción de actividades económicas como la agropecuaria y garantizar el acceso a servicios como agua potable, luz eléctrica, salud y educación.

La pretendida “descolonización” o el hartamente promocionado “buen vivir” están lejos de convertirse en un plan de gobierno coherente si es que no se consideran estas otras dimensiones de la vida práctica de las y los aymaras del altiplano peruano.

Publicado en el diario Los Andes

El medio ambiente electoral

2010-09-12T23:07:00.001-05:00

Aldo Santos

Las próximas semanas los electores estaremos expuestos a una ráfaga de promesas electorales y quizá por unos segundos nos convenzamos de que el desarrollo o la superación de la pobreza son objetivos totalmente alcanzables. Lógicamente ello tiene como condición la posibilidad de que se inauguren espacios para la discusión, sobre la base de propuestas programáticas, dejando de lado el insulto, la matonería, la confrontación y otros artilugios utilizados en nuestra variopinta escena política. ¿Será pedir demasiado?

Pero como la esperanza puede ser ilimitada, espero que los planes de gobierno presentados por las diferentes agrupaciones políticas hayan recogido realmente la problemática regional y la hayan transformado en alternativas de desarrollo. No obstante en esta ocasión quiero referirme sólo a uno de los varios aspectos que debieran haber contemplado, como por ejemplo la necesidad de profundizar la reforma ambiental a nivel regional. Considerando por un lado instrumentos como la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Regional, a fin de que se expresen en proyectos concretos, con indicadores y metas verificables que nos permitan ir evaluando nuestro desempeño ambiental como región.

De otro lado la necesidad de que la próxima gestión del Gobierno regional continúe con el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el mismo que ha sido ineficientemente conducido por la actual gestión, donde se ha negado la participación de la sociedad civil y otros actores estatales, fruto de la incomprensión del proceso de ZEE que, más allá de su aspecto técnico, es un proceso político y social, por lo tanto requiere del consenso de todos los y las involucradas en la gestión del territorio.

La próxima gestión debería continuar también con los avances de la Comisión Ambiental Regional (CAR), cuyo trabajo se expresa en la elaboración de un Diagnóstico Ambiental Regional (DAR) y la Política Ambiental Regional, instrumentos de gestión que deberían tener una mayor socialización. Asimismo buscar, en coordinación con el Gobierno Nacional, la implementación de los diferentes sistemas de gestión, investigación, educación y fiscalización ambiental.

Quizá este último aspecto -el referido a la fiscalización- sea uno de los más importantes, puesto que las capacidades estatales para la fiscalización son bastante limitadas, lo que ha permitido que actividades nocivas como la minería ilegal sigan extendiéndose en diferentes lugares de la región; por lo tanto el Gobierno Regional, podría hallar mecanismos de articulación entre las diferentes unidades ambientales de los sectores, llámese Energía y Minas, Salud, Agricultura, a fin de que -por lo menos a nivel regional-, las unidades ambientales de dichos sectores tengan un trabajo articulado.

Del mismo modo, en estrecha coordinación con las municipalidades provinciales, se requiere del fortalecimiento de las unidades u oficinas ambientales, tanto en el mismo Gobierno Regional, como en las Municipalidades provinciales, ello permitiría que estas puedan tener las destrezas suficientes para solucionar problemas como la inadecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos (como en el caso de Puno), mejorando así la gestión ambiental a nivel regional y local.

Otro problema es la mala gestión de nuestras Áreas Naturales Protegidas, que vienen siendo maltratadas por el Gobierno Central y sufren de la indiferencia de las autoridades provinciales y regionales que, más allá de su injerencia en la gestión, podrían contribuir en su conservación y uso adecuado, focalizando su intervención en sus Zonas de Amortiguamiento, como es el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Estos son sólo algunos aspectos que podrían considerarse, así contribuir en la mejora de nuestro desempeño ambiental y solucionar problemas como el crecimiento no planificado de centros urbanos, la contaminación por el incremento de actividades ilegales, los efectos del cambio climático y otros. Pero sobre todo buscando la planificación para prevenir futuros problemas y solucionar los que enfrentamos hoy.

Publicado en el diario Los Andes

Puno en campaña

2010-09-12T23:03:00.003-05:00

Aldo Santos

A las noticias de alianzas y “matrimonios” políticos se suma el anuncio de los más de 19 candidatos aspirantes a la presidencia regional puneña y más allá de que quizá muchos no logren participar de las próximas elecciones, ello revela que la fragmentación seguirá siendo una característica de los próximos comicios. Recordemos que las elecciones regionales del año 2002 tuvieron 7 candidatos en carrera y las elecciones pasadas, 15 que disputaron la presidencia regional.

En ese contexto, las candidaturas que mayor atención parecen estar despertando son las del notario Alberto Quintanilla Chacón; del rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez (UANCV), Juan Luque Mamani; y el director de Pachamama Radio, Mauricio Rodriguez. A tres meses de las elecciones, son los nombres que se repiten con mayor frecuencia, aunque el espacio para un cuarto candidato – siguiendo la lógica de las elecciones del 2006- está abierto en el siempre sorpresivo Puno.

Pero, por el momento, me remitiré sólo a mirar las tres candidaturas. Poder Democrático Regional (PDR) de Alberto Quintanilla viene de la experiencia de dos procesos electorales y con un electorado que según los resultados de las elecciones del 2002 y el 2006, bordea el 23% y 18% respectivamente, además de ser el candidato más conocido entre todos. Aunque el elector no guarda necesariamente “fidelidad” de una elección a otra y –como muestran las cifras- el electorado de Quintanilla iría en descenso. Sobre su reciente alianza con el Partido Nacionalista Peruano (PNP), recordemos que el nacionalismo en Puno es prácticamente una diáspora, las disputas al interior del partido los han dividido hasta en tres grupos en confrontación.

De otro lado, no cabe duda que quien más preocupado debe estar por el reciente anuncio de la candidatura de Roger Cáceres Velázquez es el candidato del Movimiento RAICES, Juan Luque Mamani, con un electorado concentrado básicamente en la provincia de San Román, la tradición y la experiencia de Cáceres Velázquez, pueden dividir el potencial electorado del rector de la UANCV. No obstante haya iniciado su campaña eficientemente, lo que lo ha llevado a estar entre los más populares, pese a su poca experiencia política.

Mauricio Rodriguez del Proyecto Político AQUÍ es el tercero en disputa, su exposición mediática a través de Pachamama Radio, podría ser un factor determinante en las próximas elecciones, después de todo, la campaña de Hernán Fuentes ha demostrado que la radio es una herramienta importante en elecciones. Sin embargo el mismo perfil de abogado y periodista puede servir también para recordarnos la fatídica experiencia de Fuentes en el Gobierno Regional.

Debo aclarar que estas son sólo percepciones subjetivas y fruto de conversaciones con electores potenciales, aunque muchas(os) de ellas(os) todavía estén al margen de las elecciones. Diría que un gran porcentaje, en comunidades como Chila (Acora) o distritos como Ollachea, todavía no conocen a ningún candidato y no saben a ciencia cierta por quién votarán las próximas elecciones. Abriendo así la posibilidad de que los candidatos a la presidencia regional puedan capitalizar ese nicho electoral.

Con la fragmentación evidente, lo peligroso es sin embargo, la poca legitimidad que tendría la próxima gestión, lo que puede llevarnos a repetir el escenario de caos y confrontación instalados en la gestión actual del Gobierno Regional. El otro elemento importante es que, más allá de los candidatos y movimientos, hasta ahora no hemos sabido de ninguna propuesta coherente para el desarrollo puneño. Al parecer, la vorágine electoral ha desplazado a la política, entendida como búsqueda del bien común y bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Publicado en el diario Los Andes y NoticiasSer

Sendero y Fujimori, el legado de los 90

2010-09-12T22:49:00.001-05:00

Aldo Santos

Que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), haya optado por iniciar su lucha armada con la quema de ánforas y material electoral en Chuschi (Ayacucho), es una metáfora de la guerra que el PCP SL, le había declarado a la democracia y a cualquier forma de representación que viniera de un Estado al que ellos calificaban como caduco u opresor.

La democracia entendida como Estado de derecho, elecciones, libertad de expresión o derechos humanos, eran –para ellos- los síntomas de un sistema y un Estado burgués al cual había que combatir y derrocar para lograr una auténtica “dictadura del proletariado”, bajo los preceptos del marxismo, leninismo, maoísmo y el polémico “pensamiento Gonzalo”.

Aunque tales afirmaciones y contenidos teóricos estén lejos de ser el objeto de estudio de muchos jóvenes contemporáneos, ya que se trata de retóricas bastante manoseadas y trasnochadas por discursos como el maoísta que identificaban a la violencia como necesaria para lograr la revolución, llama poderosamente la atención, la emergencia de un grupo que reivindique tales preceptos reclamando la libertad de quienes consideran como “presos políticos”.

Me refiero al llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales que, al igual que el fujimorismo, que tiene como único punto de agenda política la liberación o la amnistía de Alberto Fujimori, pretenden participar de las próximas elecciones generales en diferentes regiones del país, reclamando la libertad de Abimael Guzmán y otros terroristas que se encuentran cumpliendo las condenas impuestas por el Poder Judicial.

Ciertamente estamos en democracia y ella abre la posibilidad de que grupos como el fujimorismo o el senderismo, que desprecian la democracia, la puedan utilizar para fines particulares, evidenciando una vez más, que el pragmatismo y la mercantilización se han convertido en la gran ideología nacional.

Sólo así se explica que el fujimorismo sea una fuerza política de alcance nacional o que el fascismo senderista pueda tener asidero en algunos sectores de la sociedad. Hablar de incautos o desmemoriados es quitarle la responsabilidad también a quienes optan por este tipo de proyectos, que hoy se convierten en defensores de la democracia, para que mañana vuelvan a despreciarla nuevamente.

En el olvido quedaron las 69,280 víctimas que reportó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los coches bomba, los paros armados, la guerra sucia, los toques de queda, las ejecuciones extrajudiciales, los jueces sin rostro y todo lo que significaron las décadas de violencia que hemos vivido en el país.

La misma suerte que corren hoy todas las recomendaciones que se hicieron por esta misma Comisión: Reformas en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Sistema Educativo, para citar sólo tres de otras tantas recomendaciones. Curiosamente los críticos de la Comisión de la Verdad son los mismos, de izquierda y de derecha, pero los mismos; evidenciando que el neoliberalismo fujimorista como el maoísmo senderista son dos caras de una misma moneda.

Y, más allá de que condiciones estructurales como la pobreza, la discriminación, el racismo o la corrupción se hayan convertido en un cáncer que corroe nuestro país, ninguna solución de este tipo –fujimorista o senderista- puede justificar sus métodos que hoy vestidos con el traje democrático esconden un lobo totalitario, fascista y profundamente lesivo para el Perú.

Publicado en el diario Los Andes

Entre demócratas precarios

2010-09-12T22:43:00.000-05:00

Aldo Santos

¿Cómo explicar que en abril de 1992 el golpe de Fujimori contara con un abrumador respaldo de 95% y durante ese mismo mes el 73% de encuestados señalaba que la democracia era el mejor sistema de gobierno? Paradojas que revelan nuestra fragilidad democrática, pero sobre todo la fragilidad de nuestras “elites políticas”.

Es precisamente lo que Eduardo Dargent, pretende mostrar en un provocador texto en el que recorre las diversas experiencias de “democratización” en América Latina: Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina, IEP, 2009.

El argumento central de Dargent reposa en el hecho de que “las élites de derecha e izquierda subordinan su compromiso con la democracia liberal a sus intereses de corto y mediano plazo. Por ello, cuando las élites de ambos lados del espectro político perciban que un gobierno con tendencias autoritarias está dispuesto a favorecer a sus intereses, traicionarán la democracia y apoyarán estas medidas autocráticas”.

Con la teoría de la democracia liberal el ensayo propone una tipificación para nuestras élites políticas como: “Demócratas precarios. Demócratas pues actuarán como verdaderos demócratas cuando se sientan débiles y los recursos de la democracia les sirvan para proteger sus intereses frente a gobiernos abusivos; precarios, pues abandonarán los valores democráticos cuando tengan poder y consideren que sus intereses pueden ser resguardados por medios no democráticos”.

En el texto se rebaten las interpretaciones que señalan que el autoritarismo reposa en nuestra herencia colonial y republicana, el actor central del análisis –señala- son las élites políticas a quienes se refiere como “ideológicamente pragmáticos, dispuestos a traicionar todo tipo de régimen político cuando ya no sirva a sus intereses”.

¿Acaso esa interpretación dista mucho del comportamiento de las clases políticas en el Perú y en otros países de Sudamérica? En esa lógica dedica varias partes del texto a la experiencia fujimorista y muestra como empresarios, intelectuales y políticos, abdicaron de la vocación democrática que hoy abanderan desde diferentes espacios.

Asimismo, se refiere críticamente a la experiencia de Ollanta Humala por su cercanía y adscripción a los nuevos liderazgos plebiscitarios que surgían en la región como Hugo Chávez y por lo que representaba como posibilidad de una vuelta a un régimen con tintes antidemocráticos. Le sorprende –como indica Dargent- “la forma acelerada en que se unieron a Humala algunos miembros de la izquierda peruana que poco antes criticaban al fujimorismo por autoritario”.

Un texto necesario, en el que se hace evidente que urge renovar la política y devolverle su sentido primigenio, a fin de consolidar la democracia y sus valores, lejos de apetitos e intereses personales, lejos de demócratas precarios.

Publicado en el diario Los Andes

Berenson y los medios

2010-09-12T22:41:00.001-05:00

Aldo Santos

La cobertura mediática que ha tenido la liberación de la militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y la posición que comparte un sector de miraflorinos –incluido su alcalde- que piden la salida de Lori Berenson del distrito de Miraflores y solicitan su expulsión del país, me deja algunas interrogantes que creo necesario compartirlas, a fin de cotejar las lecciones que nos deja como ciudadanos.

Un primer aspecto es el referido a la forma como los medios se han apostado en las inmediaciones del departamento en el que vive, las transmisiones en vivo y una desproporcionada cobertura mediática que me remite, en parte, a la toma del local de la embajada japonesa en 1996; donde las(os) peruanas(os) y el mundo asistíamos, en vivo y en directo, a una suerte de noticia convertida en espectáculo, que mantenía cautiva a la audiencia.

Hoy, el departamento que alquiló Berenson, probablemente sea tan famoso como el local de la embajada japonesa tomado por los emerretistas. La prensa se ha apostado en las casas vecinas y merodea la zona a la espera de alguna manifestación de ella y su entorno y se convierte en palestra además de quienes aprovechan las cámaras y flashes para canalizar sus, temores, odios y rencores, más allá de que sean justificados o no.

Al observar todo ese espectáculo, me pregunto cuáles habrían sido las reacciones si Berenson tuviera como residencia algún distrito puneño como Orurillo o Pangoa en Junín –ambos afectados por la violencia política-. Para comenzar no estoy seguro si las reacciones de las(os) lugareña(os) habrían sido las mismas que las de algunas(os) miraflorinas(os) y lo segundo, si habrían tenido la cobertura mediática que ha tenido Miraflores.

Si siguiéramos la lógica de algunas(os) vecinas(os) de Berenson, se tendrían que hacer, vigilias también para exigir que delincuentes de alta peligrosidad, narcotraficantes, funcionarios y políticos corruptos, que estuvieron presos y hoy gozan de libertad abandonen los distritos en los que viven. Hasta donde tengo entendido, no he sabido de ninguna vigilia de los vecinos de José Enrique Crousillat, cuando fue injustamente indultado.

¿Una cosa es Crousillat y otra Berenson? Así es, una planificaba secuestros y promovía una guerra demencial y el otro vendía la línea editorial de su medio a la dictadura. Más allá de ello cabría preguntarse si ¿sólo expulsando y odiando a los terroristas lograremos vivir en paz?, ¿es que acaso no hay otras causas estructurales que permiten que estos grupos armados hayan tenido y tengan adeptos?, ¿cuál es el rol del Estado en este nuevo contexto de post-guerra interna?, ¿qué lecciones han aprendido y cómo deben actuar los medios de comunicación hoy?

Lo cierto es que, con la vorágine mediática que ha provocado Lori Berenson, nos olvidamos rápidamente de la necesidad de una discusión de fondo para responder a esas y otras interrogantes más que podrían ayudarnos (quizá), a superar como sociedad las heridas y temores que nos legó el conflicto armado interno en el país. Nos olvidamos además de los petroaudios y la corrupción en el Gobierno Aprista, para pasar a una especie de “reality show” cuyo desenlace seguramente conoceremos, en vivo y en directo, por cadena nacional.

Publicado en el diario Los Andes

Brasil y Perú, la integración a medias

2010-09-12T22:36:00.002-05:00

Aldo Santos

El gobierno peruano está próximo a firmar un acuerdo de interconexión eléctrica con el Brasil, algo semejante a un Tratado de Libre Comercio (TLC) energético que permitiría, según el texto final de la propuesta, “la exportación de excedentes de energía eléctrica” al mercado brasilero.

El hecho podría inaugurar un nuevo escenario en las relaciones con el país carioca y abre la posibilidad de que los peruanos nos convirtamos en exportadores de energía, gozando así de los beneficios económicos derivados de la venta de la misma; hasta allí, suena ventajoso, pero vayamos despacio e indaguemos respecto de las implicancias de este acuerdo.

El acuerdo contempla la construcción de cinco hidroeléctricas en la Amazonía peruana, las mismas que, como Pakitzapango e Inambari, han obtenido el rechazo de las comunidades nativas y las poblaciones ubicadas en el ámbito de influencia de los proyectos y muchos de estos se realizan sobre la base de una planificación inexistente y con estudios de 1979, fecha en la que se concluyó la única evaluación del potencial hidroeléctrico nacional.

Es decir, al año 2010 no conocemos realmente el potencial hidroeléctrico peruano y apenas terminamos de desarrollar el potencial ubicado en los andes y de energías alternativas como la eólica y la solar, no obstante nos hemos embarcado en el desarrollo de centrales hidroeléctricas en la Amazonía, pagando el alto costo de la destrucción de biodiversidad, el desplazamiento de asentamientos humanos y todos los impactos sociales y ambientales que generaría la construcción de este tipo de megaproyectos; los mismos que se encuentran debidamente documentados en el Informe de la Comisión Mundial de Represas.

Si bien se trata de un “acuerdo de interconexión eléctrica” y por su carácter nos podría articular al mercado energético más grande de Sudamérica, en el texto final propuesto no se especifica cuáles serían las ventajas comparativas que obtendríamos del sistema interconectado brasilero, tal y como está planteado, se trata simplemente de la venta de energía eléctrica al Brasil.

Otro aspecto preocupante es el hecho de que, según declaraciones del Ministro de Energía y Minas, el acuerdo no será discutido en el Congreso de la República, a diferencia del Brasil, donde deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de ese país. El segundo aspecto a considerar y que ha sido un punto de preocupación para diversos representantes de la sociedad civil es que, según la Ley N° 29338, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), junto al Ministerio de Relaciones Exteriores “participa, negocia y suscribe los tratados (…) que tengan por finalidad la gestión integrada de cuencas transfronterizas”, sin embargo, la ANA ha sido un actor ausente en todo este proceso.

De otro lado, el aspecto ambiental se reduce a un solo artículo del texto final de la propuesta peruana, sin especificar los estándares ambientales exigidos para al desarrollo de estos megaproyectos y las condiciones, más allá de las exigencias actuales, que deben cumplir los inversionistas brasileros en el Perú.

No nos podríamos negar a la posibilidad de un acuerdo de interconexión eléctrica con cualquier país, siempre que esta nos beneficie mutuamente y se desarrollen respetando las leyes y los procesos de consulta y participación ciudadana necesarios, ya que la integración debe tener el respaldo de las(os) ciudadanas(os) y todos los sectores del país, más aún en un país como el nuestro en el que las relaciones entre el Estado y sus ciudadanas(os) está bastante deteriorada.

Esperamos que el Ejecutivo nacional acoja las recomendaciones de la sociedad civil y que este acuerdo sea socializado y discutido en el Congreso de la República, por el bien de la democracia, el bien del país y las buenas relaciones con países vecinos como el Brasil.

Publicado en el diario Los Andes

De Puno su selva

2010-09-12T22:32:00.001-05:00

Aldo Santos

La Amazonía, aquel lugar que algunos andinos hemos identificado como la “tierra prometida” y, en algunos casos, como la esperanza de dinero fácil y rápido que nos de la garantía de sobrevivir a condiciones adversas de aislamiento, exclusión y marginalidad, hoy sigue siendo motivo de encuentros y desencuentros que emplazan a pensar, su posibilidad de articulación al resto del territorio de la región y las alternativas de desarrollo que tiene el norte de Puno.

Ello a partir de las opiniones que ha generado un paro convocado por la Federación Provincial de Campesinos de Sandia el pasado 06 de mayo y que concluyó con la aprobación de un Acuerdo de Consejo que suspendía un proyecto de reforestación en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), a solicitud de los cocaleros que participaban en la movilización. El proyecto era promovido por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y la Municipalidad Provincial de Sandia.

Aunque opiniones maniqueas señalaban que se trata de una avanzada de los cocaleros vinculados al narcotráfico, creo que sería importante tener una mirada más integral de la problemática, comencemos mirando ¿cuál es la magnitud de la producción cocalera en Sandia? El reporte del “Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del año 2008” , señala que al 2008 existían 2959 hectáreas sembradas, lo que representa el 5.3% del total nacional y el 27% del total de cultivos que existen en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Si juzgamos el crecimiento de cultivos de coca desde una óptica estrictamente económica, aquí otros datos poco alentadores recogidos en el “Diagnóstico Socioeconómico de la cuenca del Alto Tambopata” , un sembrío de hoja de coca puede producir entre tres y cuatro cosechas anuales, los precios fluctúan entre 120 y 150 soles por arroba, el comprador acude directamente a la chacra del productor y no demanda los cuidados que demanda la cosecha del café. En esos términos, estrictamente económicos, el costo de producción es abismalmente inferior al beneficio obtenido por la producción cafetalera.

En el caso del café, cada productor asociado en cooperativas, produce entre 25 y 30 quintales de café anualmente, lo que representa ingresos por encima de 7,500 soles anuales por familia, sin embargo, dadas las condiciones de aislamiento, la precariedad de las vías de comunicación y el sacrificio que demanda llevar el café sandino hacia otros mercados; dichos ingresos difícilmente pueden aliviar las condiciones de pobreza en las que viven .

Haciendo sumas y restas, es totalmente racional que la producción de hoja de coca se haya convertido en una alternativa en la Amazonía sandina, sobre todo considerando la poca presencia que ha tenido el Gobierno Regional y Nacional, para plantear alternativas de desarrollo que ofrezcan mejores condiciones de vida a los andinos que viven en la zona, recordemos que la producción cafetalera y éxito de la CECOVASA, ha merecido la indiferencia estatal y a lo sumo ha contado con el apoyo puntual de Organismos No Gubernamentales que como Conservación Internacional se apostaron en la zona años atrás, pero sobre todo, por esfuerzo de los propios productores que, como Wilson Sucaticona, productor del mejor café especial del mundo, tuvieron que superar las adversidades de la geografía y el desinterés de las autoridades de turno.

Estamos a tiempo de vencer el flagelo de la ilegalidad y del narcotráfico, ¿qué dirán nuestras próximas autoridades municipalidades y regionales?

Publicado en el diario Los Andes

El cambio no sólo es climático

2010-09-12T22:29:00.001-05:00

Aldo Santos

Debo reconocer que la repetición constante de palabras como cambio climático, calentamiento global o estrés hídrico, me está generando cierta “insensibilidad ambiental” y para un país como el nuestro, cuyos índices de emisiones de gases de efecto invernadero son abismalmente inferiores a los de los países del “primer mundo” como Estados Unidos y China que lideran todos los rankings de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, podría pensar egoístamente y decir que ese lío no es mío y que China, India, Estados Unidos y otros, compongan el desbarajuste ambiental que nos dejaron.

Sin embargo, dado que vivimos en un mismo planeta, son épocas de cambios globales y que con el calentamiento global pasa lo mismo que con la crisis económica mundial, es decir “combina lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios” -en palabras del matemático Nicholas Taleb-, al parecer nadie o muy pocos podremos escapar de sus efectos y, como suele pasar en estos casos, son los pobres los que pagarán sus consecuencias.

Me lo ha recordado Victor Escobar, un infatigable productor agrícola y ganadero que vive en la Comunidad Campesina de Chila Huantacachi, en el distrito de Acora: “las cosechas ya no son iguales y están empeorando… Las heladas, las lluvias, ahora dan miedo, pueden malograr todo”. Aunque puedo pensar que quizá los ecologistas y ambientalistas son exagerados, me parece que quienes mejor grafican los efectos que está teniendo el calentamiento global o el estrés hídrico, son personas que, como Víctor, dependen directamente de lo que la tierra y el ambiente les da.

Las recientes inundaciones en Cusco y en Puno, temperaturas que descienden más allá de lo normal, los huaycos en el centro del país o la pérdida de cobertura glaciar en nevados como el Qelqaya (Carabaya) -el nevado tropical más largo del mundo-, la alerta del estudio realizado por el Tyndall Center for Climate Change Resarch, que indica que el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Honduras y Bangladesh, son indicadores de que algo está marchando mal y que necesita ser corregido oportunamente.

Para poner la posible solución en cifras, el Banco Mundial (BM) sugiere que mitigar los efectos del cambio climático en países como el nuestro podría costar, entre 140.000 y 175.000 millones de dólares, un monto que estamos lejos de alcanzar, así como los 400 millones de dólares anuales que ha estimado el Ministro del Ambiente, señalando además que se tendrá que recurrir a la cooperación internacional, ya que actualmente no disponemos de ese dinero.

Pero más allá del dinero necesario, la “insensibilidad ambiental”, sobre si somos o no culpables de los efectos del cambio climático y otras sospechas sobre los ambientalistas; el calentamiento global es una realidad a la que deberíamos prestarle mayor atención y diseñar políticas públicas a nivel nacional, regional y local que busquen la conservación y el uso racional de los recursos naturales para futuras generaciones; invertir en investigación para generar nuevas tecnologías y nuevas alternativas de energía como la eólica y la solar, pero sobre todo, un cambio cultural buscando mayor eficiencia energética, ya que una de las principales causas de las crisis actualmente, es el mal uso que le damos a las energías ya existentes.

Sin duda, un tema pendiente que nosotros y los futuros candidatos a las elecciones regionales, municipales y nacionales no podremos eludir, ya que de ello depende el futuro del país y el de la humanidad.

Publicado en el diario Los Andes

Juliaca otra vez

2010-09-12T22:21:00.001-05:00

Aldo Santos

Lo ocurrido en Juliaca, con la reciente vacancia de David Mamani Paricahua, parece parte de un libreto conocido: Un alcalde enfrentado con el Consejo Municipal y un primer regidor o teniente alcalde que ha pasado a liderar la oposición y se declara enemigo político de su antiguo compañero de partido. ¿Acaso el escenario no fue el mismo en Ilave y terminó con el asesinato de Cirilo Robles Callomamani?

Podríamos citar otros ejemplos como los ocurridos en las municipalidades de Lampa, Chucuito- Juli, Carabaya o Yunguyo (en todas hubieron pedidos de vacancia) y aunque el hecho se esté convirtiendo en cotidiano, creo que nos debería llevar a repensar el rol que cumplen los movimientos y/o partidos políticos en nuestra región y el país, como promotores de gobernabilidad y en la afirmación de la institucionalidad.

Además, ello puede dejar lecciones importantes a los actuales movimientos y/o partidos políticos que pugnan por hacerse con la gestión municipal y regional, a fin de que incorporen criterios que permitan generar movilización social con personas que busquen construir alternativas de gobierno coherentes y no se conviertan en una suma de oportunistas que, una vez llegados al gobierno, generen caos y desgobierno, estancando el desarrollo local.

No pretendo hacer un juicio de valor sobre la reciente vacancia del burgomaestre juliaqueño u otros casos similares, tampoco abundaré sobre la “celeridad” que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para resolver estos casos –ya habrá oportunidad para ello-, sin embargo vale recordar que en las “batallas” entre concejales, alcaldes, consejeros y presidentes regionales, los únicos perdedores somos las(os) ciudadana(os). A poco menos de cinco años de la última gestión del Gobierno Regional, no olvidemos lo funesto que puede ser, el tener un gobierno de ese tipo.

La vacancia es un mecanismo constitucional y necesario cuando algunas autoridades incumplen con sus funciones o incurren en actos dolosos, sin embargo no puede ser, en ningún caso, una forma de acceder al poder. Volviendo a Juliaca, más allá del “triunfo” de la oposición, miles de hogares siguen sin servicios de agua y desagüe o viviendo en medio de una creciente inseguridad, eso va más allá de cualquier enfrentamiento o rivalidad política.

En ese sentido, los electores tenemos como responsabilidad y posibilidad, el elegir a nuestras próximas autoridades sobre la base de propuestas programáticas de desarrollo; todavía estamos a tiempo de exigirlos y evitar que este tipo de escenarios se conviertan en el común denominador en muchas localidades de la región y el país, por el bien de la democracia y porque estos finalmente subastan el desarrollo en pleitos innecesarios.

Publicado en el diario Los Andes

¿Juliaca la horrible?

2010-09-12T22:13:00.002-05:00

Aldo Santos

La inmigración, el crecimiento no planificado y la informalidad, son los factores –aunque no los únicos- que contribuyen a que la ciudad de Juliaca esté sumida en una serie de problemas irresueltos, entre ellos el desorden que genera el transporte y el comercio informal, la inseguridad y las alarmantes tasas de contaminación, todo ello en medio de la bonanza económica que genera el intercambio comercial y la marcha de la industria local.

Juliaca sin duda es un importante polo de desarrollo económico, aunque no deja de llamarme la atención que en el Plan de Desarrollo Concertado aprobado por la comuna juliaqueña, resalte la visión de ser una “ciudad turística”, ya que Juliaca hace bastante tiempo opto por ser comercial y no precisamente turística.

Pero más allá de ello, el hecho de que los últimos días asistamos a un nuevo conflicto local en relación al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Mamani Paricahua, me lleva a plantear algunos temas necesarios para entender lo que viene ocurriendo actualmente.

Los reclamos en contra del deficiente servicio de Seda Juliaca, la empresa prestadora de servicios de agua, tienen su correlato en que muchos de los hogares juliaqueños disponen de agua potable sólo durante dos horas al día entre las tres y cinco de la madrugada.

El problema no es sólo responsabilidad de la gestión actual sino que también pone en tela de juicio la capacidad de planificación que tiene la municipalidad, hecho que es necesario sabiendo que el crecimiento demográfico en dicha provincia se ha incrementado en los últimos años y la población crece día a día.

No obstante, resulta paradójico que la actual gestión edil haya priorizado la construcción del polémico “tobosaurio” o el asfaltado de calles dejando de lado, la cobertura de este elemental servicio como es el agua potable.

En una provincia en la que, que según el último censo del 2007, sólo el 46.43% accede al servicio de agua potable y en pésimas condiciones, me pregunto si esa no debiera ser prioridad, lejos de la construcción de parques o tobosaurios que, si bien pueden ser necesarios, dejan de ser importantes cuando de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las (os) ciudadanas (os) juliaqueñas (os).

Resalto que estos hechos son contraproducentes en una ciudad en la que el crecimiento económico ha sido el principal factor para la explosión demográfica, una ciudad que se precia de ser comercial y haber alcanzado la prosperidad económica, la misma que se visibiliza en cada celebración de carnavales u otras festividades, pero que sin embargo no cuenta con servicios básicos como agua y desagüe, o son servicios de los que gozan sólo unos pocos.

He escuchado adjetivar a Juliaca de diversos modos como caótica, horrible, insegura, pero aún no conozco de propuestas programáticas que hagan de esta ciudad un lugar mejor para vivir. Imagino que los candidatos lo incluirán en su agenda para que los electores sepan elegir bajo esos criterios, porque finalmente cantidad de cosas, no significa necesariamente, calidad de vida.

Publicado en el diario Los Andes

Inambari, ¿una hidroeléctrica necesaria?

2010-09-09T23:03:00.002-05:00

Aldo Santos

En tiempos de petroaudios, faenones, clonadores y de campañas electorales ya nada debería sorprendernos, sin embargo, no deja de parecerme indignante que nuestro ex primer ministro y otros funcionarios públicos, estén involucrados en un escándalo mayúsculo de tráfico de influencias y la suspicacia me lleva a preguntar: ¿Acaso ese es el mecanismo “oficial” para el otorgamiento de concesiones en el Perú?

Puedo parecer desconfiado, pero hasta podría pensar que ese fue el procedimiento mediante el cual EGASUR S.A.C. y otras empresas, se hicieron con la concesión de otros megaproyectos en el país, sin embargo ese no es el tema de fondo y lo dejaré para una próxima entrega. Ahora me remitiré exclusivamente a escribir sobre si necesitamos o no el suministro energético que generaría la construcción de la hidroeléctrica de Inambari.

Según el Ingeniero Alfredo Novoa Peña, Presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, el Perú tiene un potencial de 22 000 MW en los Andes, lo que permitiría la construcción de centrales hidroeléctricas más pequeñas y por ende, con menos impactos socioambientales (tipo San Gabán). No sólo eso, el Perú cuenta con un potencial de generación eólica de 2000 MW a lo largo de los 3500 kilómetros de costa peruana.

Novoa añade que si a eso le sumamos el potencial de centrales usando concentradores parabólicos (Concentrated Solar Power, CSP) – en buen cristiano, energía solar- en los Andes y costa, superan los 10 000 MW. En suma, el Perú tiene un total de 52 millones de kW no explotados, lo que quiere decir que tenemos la posibilidad de desarrollar todos esos proyectos que parecen menos ambiciosos, pero que podrían ser más sostenibles económica, ambiental y socialmente.

Pero si eso te parece mucho número, seguramente sabes que la única “Evaluación de Potencial Hidroeléctrico Nacional”, se realizó en 1979 a través de un convenio entre el Estado peruano y la cooperación alemana, es decir actualmente no sabemos a ciencia cierta cuál es nuestro potencial hidroeléctrico, pues no se ha hecho el esfuerzo de actualizar dicho documento y nos manejamos con estudios de 1979 y lo que es peor sobre la base de supuestos y esfuerzos aislados que algunos técnicos buenamente realizan.

Entonces, ante la falta de documentos oficiales y serios, toda duda me parece razonable. Sin embargo ese no es el caso brasilero. Rodrigo Estrela, secretario de la embajada de Brasil en el Perú, manifestó en un evento público en Puerto Maldonado que Brasil necesitaba, según su plan de crecimiento, 2000 MW (una hidroeléctrica de Inambari) de energía por año, lamentablemente en el Perú no tenemos claro aún el para qué necesitamos la hidroeléctrica del Inambari.

Un dato extra, Mario Veiga Pereira, ex asesor del Ministerio de Minas y Energía del Brasil y actual presidente de la consultora PSR, señaló en un evento público organizado por el Banco Mundial, la CAF y el CIER el 2009 que, de prosperar la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, el “valor económico de este beneficio para Brasil sería de 216 millones de dólares por año”, entre otras razones porque el represamiento del Inambari permitiría regular y asegurar las dos represas (San Antonio y Jirau) que Brasil pretende construir en el río Madeira (aguas abajo del río Inambari).

Con todos esos argumentos me sigo preguntando ¿quién necesita realmente la construcción de la hidroeléctrica del Inambari? Lo dejo a criterio vuestro.

Publicado en el diario Los Andes

Bahuaja Sonene

2010-09-09T22:49:00.002-05:00

Aldo Santos

Poco más de un millón de hectáreas la convierten en una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del país; cerca del 70% de su composición se halla en Puno y el 30% restante en Madre de Dios. Paisajes y más de 1088 especies de fauna registradas, hacen del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) un ecosistema único en el país y en el mundo.

El Bahuaja Sonene, garantiza la protección de cabeceras de cuenca que, como el río Tambopata, se constituye en uno de los principales afluentes del río Madre de Dios, garantía de alimentación y suministro de agua para las comunidades nativas y centros urbanos del bajo Tambopata (Madre de Dios). Por estas y otras razones más, la National Geographic Society lo ha declarado como uno de los siete santuarios más emblemáticos del mundo el año 2002.

Paradójicamente, pese a su diversidad, es también un ecosistema sumamente frágil y su conservación depende, en gran medida, de todas las actividades que se desarrollan en las áreas que lo circundan, en las llamadas Zonas de Amortiguamiento. El crecimiento no planificado de centros urbanos, la ampliación de la frontera agrícola, la minería informal y la tala ilegal, continúan siendo los problemas más delicados que el Bahuaja Sonene enfrenta hoy.

Toda esta problemática fue ampliamente expuesta en un documento que se elaboró el año 2004, en él se plantearon incluso recomendaciones para mitigar los impactos negativos que la presencia humana estaba ocasionando en el Área Protegida; el Plan Maestro parecía inaugurar una nueva etapa en la gestión del PNBS, luego de su creación el año de 1996 (y su ampliación el año 2000). Cinco años después, la problemática parece ser mayor y el espíritu con el que se concibió el Plan Maestro, no ha tenido muchos frutos positivos.

A la amenaza gubernamental de recorte en su composición para abrir la posibilidad de explotar hidrocarburos el año 2007, se ha sumado la indiferencia e irresponsabilidad de un Gobierno Regional que como el puneño ha hecho muy poco por promover políticas de desarrollo en la Amazonía puneña. La selva continúa siendo un espacio negado en el imaginario regional altiplánico, muy a pesar de que en la selva, y de espaldas al gobierno y “élites” regionales, se ha venido desarrollando quizá la única actividad económica, junto a la exportación de truchas de Arapa, que hace que el aporte puneño figure en los índices de exportación nacional. Nos referimos a la producción cafetalera.

El mejor café del Perú, según los resultados del concurso nacional de cafés, se produce en Puno, galardón que los cafetaleros del Alto Tambopata reciben por tercer año consecutivo. Café sembrado y cosechado en la Zona de Amortiguamiento del PNBS, esfuerzo de cafetaleros que, por más de medio siglo, han generado las condiciones para que mercados como el Europeo y Norteamericano se abastezcan hoy de su producción.

La organización en la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y el apoyo de Organismos No Gubernamentales que deben su presencia a la existencia del PNBS han sido fundamentales para lograr tal cometido. Aún con sus limitaciones, la experiencia de los cafetaleros de Yanahuaya, San Juan del Oro y Putina Punco, continúa siendo una muestra de éxito, en un contexto en el que todas las condiciones, incluida la geografía, continúan siendo adversas.

El Gobierno Regional puneño podría empezar por promover el ordenamiento territorial en las cuencas del Inambari y el Tambopata, mejorar los sistemas de gestión de residuos sólidos y aguas servidas. El río no puede seguir siendo el botadero ni el desagüe a lo largo de las cuencas. Iniciar un proceso de formalización y establecer áreas para la realización de actividades mineras; promover un programa de manejo agroforestal sostenible y sobretodo, proponer políticas y programas que acojan la particularidad de la Amazonía puneña buscando su desarrollo y su incorporación en las dinámicas de desarrollo regional, más allá de ser una “despensa” del Ande.

Publicado en el diario Los Andes

La fiebre del oro

2010-09-09T22:38:00.002-05:00

Aldo Santos

Idalgo Palomino y James Cuba son dos jóvenes de su tiempo y disfrutan escuchando a la aclamada Clavelina de los Andes y a Los gentiles, así lo hacen notar mientras tararean las canciones de la radio. Ellos, como muchos otros jóvenes, padecen las consecuencias de oportunidades negadas, las restricciones del sistema educativo y la limitada presencia estatal en sus comunidades, aunque ello parezca importarles poco cuando de oír a sus referentes musicales se trata.

Empacaron, se montaron en motocicletas y caminaron durante seis horas a través de escarpadas montañas para llegar al borde de la carretera y esperar a que alguna unidad de transporte pueda acercarlos a su destino. Han salido de casa para buscar trabajo me dicen. Hoy la elegida es la empresa concesionaria que asfalta la carretera Interoceánica Sur, ayer fue Huepetuhe, un centro minero ilegal ubicado en Madre de Dios.

“Ojalá que nos acepten, hemos venido a probar suerte” dice un desconfiado Idalgo que parece el más curtido en este tipo de hazañas. “¿Cómo está la cosa en Huepetuhe, dicen que es bravo?”, pregunta James y les advierto de los peligros que se corren en aquel lugar, aún sabiendo que mis advertencias serán poco relevantes cuando eventualmente ellos tomen la decisión de ir a buscar trabajo a algún centro minero ilegal en la Amazonía sur del Perú.

Ambos nacieron en Icaco, un pequeño centro poblado ubicado en las nacientes de la selva de la provincia de Carabaya en Puno, “es bonito, ven a visitar cuando quieras”, reitera James, quien trata de graficar otros aspectos que hacen maravilloso Icaco, Ayapata e Ituata, lejos de la notoriedad que han adquirido los últimos años, por albergar a los centros de minería ilegal en los que se han producido las tragedias más mediáticas.

Más de treinta muertes producto de dos deslizamientos de lodo o enfrentamientos armados han hecho célebres a los distritos de Ituata y Ayapata, tomados hoy por oscuros intereses que tienen entre sus implicados a un polémico alcalde distrital y a un congresista de la República. Tragedias que seguramente tienen como víctimas a jóvenes que como James o Idalgo, encuentran en la minería y la ilegalidad, una alternativa para llenar el vacío que deja la necesidad.

Y es que la necesidad es el alimento perfecto para la codicia de “los varones del oro”, cuyo afán ha encontrado en las inhóspitas montañas que rodean Ayapata, Ituata, Huepetuhe, Limonchayoc o Masiapo, lugares fértiles o “económicamente rentables”, lejos de la presencia estatal y terciando cualquier asomo de formalidad.

Un escenario cotidiano y al que probablemente nos hemos adaptado, para recordarnos que aquellos lugares como, Playa Azul, Balcón de Oro o Corimayo eran parte de nuestro país y nuestra región y que una vez más llaman la atención por tragedias en las que la mano de obra barata de hombres y mujeres vuelve a ser la principal víctima.

Los próximos días, la noticia de que el último lunes 29 de marzo doce personas de un campamento minero fueron sepultadas por un alud, continuarán en la agenda noticiosa, pero lamentablemente muy pronto olvidaremos a quienes como James o Idalgo, trabajan como carne de cañón día a día en tantos otros centros de minería ilegal.

Publicado en en diario Los Andes

La huella del tigre

2010-09-09T22:32:00.001-05:00

Aldo Santos

Las mujeres y hombres Arasaire dominaban la cuenca del río Arasa y parte del Inambari, de allí su procedencia, en los límites de lo que hoy son las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios. Hoy, gran parte de su territorio ha dejado de pertenecerles, sucesivas invasiones y la voracidad de los “nuevos dueños” ha terminado por reducir su espacio a pequeñas comunidades asentadas en las márgenes de la carretera Interoceánica.

Pero los Arasaire también le dieron nombre a Huepetuhe, que en su lengua significa “huella de tigre”; sin embargo Huepetuhe tiene hoy otras connotaciones que difieren totalmente de aquel significado original que denotaba la presencia de tigres o propiamente otorongos en la zona, sólo para escribir sobre una de las tantas especies que se han visto afectadas por el asentamiento de nuevos centros urbanos y actividades como, la tala y la minería ilegal.

Me enteré de Huepetuhe por relatos que narraban hazañas de camioneros y comerciantes que abastecían el asentamiento humano, más tarde por recortes periodísticos que revelaban los alarmantes índices de contaminación ambiental que existen en la zona y el último tiempo porque visite el lugar.

Lejos de toda suposición, crucé el río Inambari, recorrí a bordo de una camioneta el camino que separa a la capital del distrito del puerto Punkiri y me interné en medio de las montañas de arena que más allá de remitirme a la Amazonía, parecían el escenario de un asentamiento humano en medio del desierto costero. Volquetes, cientos de volquetes, cargadores frontales y modernos motores operados por grupos de hombres repetían la misma hazaña día y noche.

Las noches con sus bares, discotecas, prostíbulos y mucho derroche son la combinación perfecta para un lugar que se ha convertido en el icono de la minería ilegal en el país. El puesto policial parece un guiño o un disimulo estatal para hacer sentir su presencia, lo mismo la Municipalidad que pareciera competir con los gallinazos en ver quién se lleva primero los desechos.

Pero los efectos de la minería ilegal no sólo son ambientales. Trata de personas, cuyas víctimas son menores de edad que llegan en calidad de esclavas sexuales; trabajo en condiciones inhumanas, con mano de obra barata que generalmente procede de regiones altoandinas como Cusco y Puno, que exponen su vida diariamente a riesgo de morir y ser abandonados sin contar con ningún seguro de vida, violencia, delincuencia, corrupción y todos los efectos que genera una actividad ilícita.

Y claro, los “varones del oro” que a bordo de lujosas camionetas recorren amenazantes el pequeño poblado. Un contraste del que se habla poco aunque parezca una expresión surreal ver una camioneta del año, en medio de precarias viviendas de madera y techo de calamina, lo mismo que la moderna maquinaria que se emplea para la extracción de oro.

En este preciso instante las mismas escenas se repiten: Proveedores de combustible, vendedores de maquinaria y mercurio siguen nutriendo el negocio minero, proxenetas siguen ofertando servicios sexuales de menores de edad, nuevos migrantes del ande siguen llegando como carne de cañón para ganarse la vida, los “varones del oro” siguen engordando sus billeteras, los ríos se siguen cargando de mercurio y mujeres, hombres y niños se siguen llenando de él.

Ese es el rostro de la ilegalidad, ¿acaso el escenario es distinto en tantos otros asentamientos mineros como Ananea, La Rinconada, Limonchayoc o Winchumayo? Tengo la certeza de que Huepetuhe se ha globalizado y asistimos a lo que Alberto Acosta llama “La maldición de la abundancia”, donde lo patrimonial -el sólo tener- ha reemplazado al objetivo del crecimiento económico, que es el vivir dignamente.

Publicado en el diario Los Andes

Inambari, la hidroeléctrica de las dudas

2010-04-30T13:12:00.002-05:00

Por: Aldo Santos

Si a ti también te contaron el cuento de que cualquier megaproyecto significa desarrollo, si los constantes apagones te hacen maldecir a Electro Puno, a la central hidroeléctrica de San Gabán y demás empresas responsables de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y por lo tanto añorar al proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, aquí algunos elementos que debes tener presente.

De prosperar la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, desplazaría a 60 Centros Poblados, que según las cifras más optimistas significan cerca de 8,000 personas y por si eso fuera poco se emitiría 5 millones de toneladas dióxido de carbono a la atmosfera, todo ello en un contexto de calentamiento global y cambio climático.

Por si no lo sabes, según el estudio del Tyndall Center for Climate Change Resarch, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Honduras y Bangladesh. Los últimos aludes y huaycos en el centro del país o las intensas lluvias en Cusco y Puno, no son parte de ninguna película de ficción.

Se destruiría el hábitat de 14 especies de mamíferos por la inundación de 37 mil hectáreas de bosque (37 mil estadios nacionales), ello sin contar la deforestación que provocaría la construcción de las líneas de transmisión, que deben cruzar la frontera peruano brasilera.

Pero eso no es todo, según el informe de la Comisión Mundial de Represas m-órgano creado por el Banco Mundial-, entre otros impactos sociales y ambientales más, las represas pueden aumentar la vulnerabilidad de la zona a terremotos debido al peso del agua sobre el suelo; eso hace que las represas sean una amenaza permanente para las poblaciones que viven en la parte baja de la cuenca, en especial en regiones sísmicas.

El informe dice más y señala que los embalses, como en el caso del Inambari, retienen minerales valiosos como el oro, ocasionando conflictos con quienes se dedican a la extracción del recurso o peor aún promoviendo su migración hacia otras áreas. También se debe tener en cuenta que el lodo anaeróbico (acumulado en el fondo de la represa, resultado de la falta de oxígeno), se convierte en algo parecido o equivalente a los relaves mineros.

Si crees que ese rollo es solamente ambientalista y ecologista, debes saber que la inundación que provocaría el embalse de la hidroeléctrica inundaría 106 kms. de asfaltado de la carretera Interoceánica Sur, lo que en cifras significa cerca de 100 millones de dólares literalmente bajo el agua; y sólo en Puno se inundarían 19 colegios y escuelas, sin contar centros de salud y demás infraestructura que limitadamente el Estado ha construido en la zona.

Por si esas no son razones suficientes para dudar del megaproyecto, debo decirte que en Brasil se están llevando adelante proyectos de la misma magnitud (Jirau, San Antonio, Belo Monte) y en todos los casos las poblaciones se han opuesto radicalmente, ¿acaso las(os) brasileras(os) son “perros del hortelano” también? Y un último dato, el Perú no necesita, en el corto y mediano plazo, la energía que generaría la hidroeléctrica de Inambari, ya que el suministro de energía está garantizado por el momento.

Con todo ello, no me quedan más argumentos que la duda sobre la viabilidad de este megaproyecto, cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales siguen pareciendo negativas para todas(os) las(os) peruanas(os).

Publicado en el diario Los Andes

Consignas pre electorales

2010-04-30T13:04:00.001-05:00

Por: Aldo Santos

Si eres de los que se negaron a votar por el “mal menor”, si tu candidato te decepcionó apenas se sentó en ese lugar que llaman “sillón presidencial”, si eres de los que piensan que la pendejada no es compatible (o no debe serlo) con la política y si eres parte de ese reducido y selecto grupo que no está de acuerdo con los que piensan: “que robe, pero que haga obras”. Esta columna está dedicada a ti, aunque seas la gran minoría de este país.

Sé que las encuestadoras te ubican entre los 1.3% de electores o que tu candidato apenas llega a la segunda vuelta y que privilegias la elección por sus capacidades y no por sus alianzas de poder, su simpatía o su cara bonita. Bienvenido a ese enajenado movimiento político cuya bandera es la conciencia política, y que cada cinco años se agolpa casi en la clandestinidad a las urnas sin más líder que la libertad de elegir su futuro y el de su país.

Estoy convencido de que no deja de indignarte el ver a nuestros ministros desfilar rindiéndole culto a un empresario dominicano, y que el “juro por Dios y por la plata” tiene su correlato en “petroaudios”, “vladivideos” y todo lo demás. Y claro, “a los peruanos le gusta la cochinada”, dirán algunos que reivindican el morbo como patrimonio cultural, del que ya estás harto.

Y aunque ya olvidaste el nombre de los 12 incas y de los virreyes, recuerdas a la perfección esos españoles que te conquistaron ahora se mofan de los bolsillos de todos los peruanos gracias a las flamantes negociaciones (“Somos más, pagamos menos”) de nuestros padres de la patria. Sin embargo por allí no va la historia. Tanto floro que aprendimos en el colegio sirve muy poco la verdad cuando no somos capaces de reconocer y analizar nuestra propia realidad y los intereses y “juegos” políticos que giran alrededor.

Y como toda campaña política, para que veas que también tengo mi candidata y porque falta muy poco para noviembre, debo confesar que mi campaña –por la selva- ha comenzado. Me sumaré a las voces que opinan sobre la hidroeléctrica del Inambari y es que los puneños nos acordamos que no solamente éramos lago, islas flotantes, Candelaria y carnavales, sino que también teníamos Amazonía y había un río que se llamaba Inambari y que unos empresarios brasileros quieren construir una hidroeléctrica en su cuenca.

La verdad, no está mal que nuestro ser altiplánico se abra a la Amazonía puneña. La selva ha sido una realidad que hemos negado durante varios años, y de la que lamentablemente nos hemos acordado cuando hay tragedias como la de Winchumayo, el paro cocalero de San Gabán el 2004, el probable recorte del Parque Nacional Bahuaja Sonene el 2007 y recientemente, con la oposición que existe en contra de un proyecto hidroeléctrico sumamente ambiguo.

Entiendo que, ante la actual coyuntura política de promoción de concesiones y extracción de recursos, la oposición sea una herramienta legítima, pero lo que me cuesta entender es el por qué ningún político ha presentado un plan de desarrollo para la Amazonía puneña y por qué nuestros Gobiernos Regionales siguen invirtiendo miserias en la selva. ¿Acaso no basta con que el Parque Nacional Bahuaja Sonene sea considerado una maravilla natural y que los cafetaleros de la cuenca alta del río Tambopata produzcan el mejor café del Perú?

Por si acaso, el alto Tambopata y el Bahuaja Sonene están en Puno y aunque a muchos políticos les cueste decir algo coherente sobre la selva puneña, estoy seguro que tu y yo, podremos decir que ese sea un criterio para decidir si votamos por ellos o no en las elecciones próximas. Promovamos nuestra selva, sintámonos orgullosas/os del Bahuaja Sonene y del café puneño. Hagamos política, porque a este paso otro experimento igual al de Fuentes, en la presidencia regional, sería francamente nefasto.

Publicado en el diario Los Andes

Detras de la cortina

2010-04-14T18:54:00.005-05:00

Del catolicismo guardo buenos recuerdos, la escuela, el colegio, las festividades religiosas y todo el entramado religioso que inunda nuestra cultura andina. Jugué a ser ateo cuando adolescente, en un mundo cada vez más globalizado y como en joda conocí a Ernesto “Che” Guevara, me entere de Cuba y Fidel Castro, de Salvador Allende, José Carlos Mariátegui o Javier Heraud, todos estos hombres maquillados de un halo de bondad, buenos modales y hondura intelectual. La mayoría había muerto entonces.

La universidad significó una gran estafa, aulas secuestradas por verbo florido y mediocre opacan fácilmente a los escasos dos maestros que tuve en sus aulas. En aquella época en la que me creía de “izquierda”, me revelé contra Dios y reivindiqué la ciencia Nietscheana; años más tarde y luego de una fallida militancia político –partidaria en un partido “caviar” habría de comprobar empíricamente que la política puede servir también como instrumento de división, venganza y que urgía renovarla y es que, o haces política o te la hacen.

Hoy, lejos de la universidad, de la Iglesia Católica y de aquella “izquierda” que conocí a través de personajes muertos, me reconozco más como el común de las peruanas y peruanos cansados de tanta ironía, frivolidad y el atropello mayúsculo de la clase política que ha gobernado y gobierna este país. Desde Alan García, Fujimori y Toledo, siento que las cosas no han cambiado mucho.

Coincidencia o fruto de la campaña publicitaria en la elección de los 90, cuando apenas tenía diez años, apoyaba acérrimamente la campaña del FREDEMO que presidía Mario Vargas Llosa. -¿Será esa mi raíz liberal?- Luego del gobierno de Fujimori habría de saber que aún con diez años, mi intuición política no era errada. En este país la meritocracia es una sinrazón, aún hoy no logro explicarme cómo un don nadie como Fujimori pudo haberle ganado las elecciones a Vargas Llosa que, al margen de mis discrepancias políticas con él, es, junto al gran Vallejo, el escritor más universal que ha tenido el Perú.

Tampoco logro explicarme como Alan García pudo haber sido reelegido presidente, después de haber huido del país como un prontuariado delincuente y últimamente como el simple hecho de ser hijo o hija de un ex presidente asesino y corrupto puede bastar para ocupar un lugar en la política y en las decisiones del país. Como reza el dicho, son cosas del Orinoco, que tú no sabes, ni yo tampoco.

Sí, también crecí en medio de coches bomba, toques de queda, torres de luz dinamitadas, pintas y banderas rojas en las partes altas de las ciudades y escuché hablar del famoso Azángaro, ese era el escenario cotidiano, parte de la normalidad y las noticias diarias. De pronto, un día aquello dejó de ser parte de lo “normal” y la situación era otra, vino el paquetazo, el autogolpe del 92 y comenzó lo que algunos no habíamos presagiado con el gobierno de Fujimori y Montesinos, aunque hoy muchos periodistas, “intelectuales” y tecnócratas pasen piola, valdría bien hacer memoria de su apoyo incondicional a aquella dictadura que terminó por embrutecernos y quitarnos lo más valioso. Nuestra libertad.

Así develo esta cortina de humo hablando de la política, de los políticos, con una desesperanza que sólo contravengo con terquedad altiplánica de que algo puede cambiar y seguro de que es más chévere tomarse unas chelas, escuchar a los Beatles, Silvio Rodriguez, bailar saya o tocar sikuri, pero trataré de que sea bacán leerme de cuando en cuando.

Publicado en el diario Los Andes

Hidrocarburos y Comunidades Nativas, conflictos en Madre de Dios

2009-10-30T14:04:00.005-05:00

Por: Aldo Santos

Un grupo aproximado de 200 indígenas de las etnias Harakmbut, Yine y Matsigenka arribó a la localidad de Salvación, capital de la provincia de Manu en la región de Madre de Dios el último lunes 26 del presente, la consigna fue la de desalojar al personal de la petrolera Hunt Oil, dando cumplimiento a la advertencia que lanzaran días antes a través del blog de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD).

En aquella oportunidad Adan Corisepa, daba un ultimátum a la empresa de hidrocarburos exhortándolos a que abandonaran la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), lugar en el que la norteamericana Hunt Oil viene realizando labores previas a la exploración de hidrocarburos desde el año 2007 en el Lote N° 76, ubicado en los límites de las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios.

El lote de hidrocarburos se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri, abarca una porción del Parque Nacional del Manu y su Zona de Amortiguamiento (ZA) y parte de la ZA del Parque Nacional Bahuaja Sonene, tres Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se hallan dentro del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, estrategia de conservación que agrupa a Áreas Protegidas de Bolivia y Perú.

Más allá de la interrelación de la RCA con otras Áreas Protegidas, lo preocupante en este caso es el proceso previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitió que Hunt Oil y Repsol pudieran desarrollar sus labores al interior de la reserva. Actas firmadas con poca representatividad y acuerdos incumplidos son el indicador de un proceso de negociación viciado que tiene hoy enfrentados a indígenas y a representantes de la empresa.

La FENAMAD se ha pronunciado en contra de la exploración de hidrocarburos en diferentes oportunidades y ha alcanzado un documento con observaciones técnicas al primer EIA presentado por la empresa. Por su parte, el Ejecutor del Contrato de Administración (ECA), representante de las Comunidades Nativas para la administración de la reserva, también ha mostrado su disconformidad ante la presencia de Hunt Oil en su territorio.

Asimismo, el Consejo Harakmbut, Yine y Matsigenka (COHARYIMA), instancia máxima de representación de las Comunidades Nativas de Madre de Dios (junto a FENAMAD) lo mismo, en ese contexto y aprovechando la aceptación de algunas comunidades, con quienes Hunt Oil negoció individualmente, las tensiones se han hecho más evidentes y pueden desencadenar en un conflicto de dramáticas consecuencias.

Desde el sábado 24, hasta hoy nativos de las ocho comunidades beneficiarias de la reserva se han apostado en Salvación exigiendo el cese de operaciones de Hunt Oil y se conforme una comisión de alto nivel conformada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, además de los ejecutivos de Hunt Oil.

En el lugar también se encuentran representantes de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) y las autoridades locales de Manu y Kosñipata quienes respaldan la protesta de las Comunidades Nativas. Hasta el momento sólo la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú -que ha reforzado su contingente policial- han tomado nota de la movilización.

En ese sentido, llama poderosamente la atención que el Gobierno Regional de Madre de Dios no se haya pronunciado hasta el momento y mantenga una posición, por decirlo menos, pasiva aún conociendo el conflicto generado. Asimismo, urge que se genere un mecanismo de diálogo para solucionar los puntos de divergencia entre Hunt Oil y las Comunidades Nativas.

Finalmente, ello no debe obviar la discusión de temas de fondo que tienen que ver con los mecanismos de negociación y consulta que se aplican para la realización de actividades extractivas en el país; este y otro tipo de conflictos podrían evitarse si se agiliza la dación de una Ley que reglamente el mecanismo de consulta previa, contenido en el Convenio Nº 169 de la OIT.

No es el único instrumento, pero es precisamente lo que FENAMAD, COHARYIMA y ECA reclaman, el no haber sido consultados debidamente para el otorgamiento de la concesión del lote de hidrocarburos y el hecho de que el lote se superponga a un Área Natural Protegida naciente de cuencas, que garantizan el suministro de agua y nutrientes a gran parte de la llanura amazónica.

Publicado en: Noticias SER

Una minería sin Estado

2009-10-29T17:57:00.004-05:00

Por: Aldo Santos

Chacayaje, Ayapata e Ituata han pasado a formar parte de la crónica policial, luego de que tres personas murieran como consecuencia de un enfrentamiento entre dos poblaciones vecinas. Ayapata e Ituata, dos localidades de una misma provincia enfrentadas por la posesión de yacimientos mineros en Puno; más allá de la ineptitud de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Gobiernos Regionales, por no solucionar los problemas de demarcación territorial que existen en el Perú y las regiones, el enfrentamiento revela los oscuros métodos utilizados por la minería informal en el país.

Los mecanismos que la informalidad utiliza para solucionar sus controversias tienen que ver, en este caso con el enfrentamiento armado, la violencia física o elementos de intercambio y negociación que están por debajo de la Ley. Demás esta hablar de los “alces”, transacciones que suponen que el propietario de la superficie del terreno, reciba a cambio una porción del oro que el minero extrae del subsuelo. O el “cachorreo”, sistema de trabajo que posibilita que el dueño de la concesión minera le permita explotar el mineral a sus trabajadores durante cuatro días, como pago por el trabajo que estos realizan durante un mes.

No hay impuestos, no hay Ley, no existen derechos laborales y ante la ausencia estatal proliferan otro tipo de vicios, prostitución clandestina, trata de personas, violencia sexual, violencia familiar o trabajo infantil. Un círculo vicioso que alimenta la impunidad y que tiene como cómplices a autoridades y funcionarios estatales que han encontrado en la informalidad un modo de vida para obtener otro tipo de beneficios (sobre todo en época electoral).

En Madre de Dios ocurre lo propio, los enfrentamientos por la superposición de predios se han agudizado; el mecanismo perverso de adjudicación de derechos mineros no distingue concesiones de aprovechamiento forestal o concesiones de aprovechamiento turístico, mucho menos predios de uso agrícola. Sólo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata existen actualmente 85 derechos mineros en trámite, 31 derechos mineros titulados y 64 de ellos se superponen con la Reserva. Además de existir superposición entre derechos mineros o entre predios agrícolas y derechos mineros .

Agricultores, concesionarios forestales y turísticos tienen que enfrentar, a través de diversos mecanismos, la arremetida de la minería informal que lo depreda todo a su paso y que difícilmente encuentra obstáculos. Algunos propietarios se han visto en la necesidad de ser ellos mismos quienes hagan denuncios mineros sobre sus predios para evitar que la plaga de la informalidad los toque, algo parecido a pagar un alquiler anual o por protección al Estado por ocupar su propio terreno.

Las cifras más conservadoras revelan que cerca de 150 000 hectáreas de bosque han sido destruidos por la minería informal en Madre de Dios; mientras en Puno los daños causados por la minería informal a la cuenca del río Ramis son incalculables. Todo ello se agudiza en un contexto en el que el precio del oro ha superado los 1 000 dólares por onza y la pobreza, la inexistencia o mala aplicación de políticas orientadas a otras actividades productivas como la agropecuaria, la agroforestería o la conservación son imperceptibles o simplemente no existen.

La disputa entre Ayapata e Ituata, que terminó con la muerte de tres personas y otras tantas heridas de bala, puede ser el desenlace de este y otros conflictos que tienen como punto de divergencia el aprovechamiento de determinados recursos naturales en el país, si es que no se establecen reglas claras de negociación y si es que el derecho de propiedad y demás normas se siguen violando arbitrariamente con la complicidad de autoridades y funcionarios estatales tanto por su incapacidad, como por las limitaciones que estos tienen.

Para el caso concreto de la minería informal, ¿por qué no se regula el ingreso del mercurio a estas zonas mineras? Que por cierto es altamente nocivo y el Perú es uno de los pocos países que sigue permitiendo su uso, ¿quiénes están detrás del negocio del mercurio en el país?, ¿quiénes son los dueños y los vendedores de la maquinaria pesada que circula en los centros mineros?, ¿quiénes son los compradores (“blanqueadores”) del oro informal? Y por último, ¿quiénes financian la actividad?

Es sumamente sencillo atacar al minero informal, a aquel que trabaja bajo condiciones inhumanas, pero difícil decir algo sobre los verdaderos ganadores del negocio de este tipo de minería; entre ellos se pueden contar congresistas deudores, importadores de maquinaria pesada, funcionarios estatales, alcaldes provinciales, distritales y hasta dirigentes sociales e indígenas. El esquema se repite aquí y allá y la solución estatal parece ser la misma. Estigmatizar al minero y limpiar de culpas a los verdaderos promotores del negocio.

Finalmente, no se trata de negarse a la minería como posibilidad de que esta pueda aportar al desarrollo regional y nacional, se trata, por el contrario de ordenar la actividad y de que esta se realice cumpliendo estándares mínimos de responsabilidad ambiental, social y por último respetando los derechos humanos. Determinemos zonas de actividad minera y excluyamos a aquellas que tienen otro potencial, mejoremos los mecanismos de fiscalización, asistencia técnica y formalización de los concesionarios mineros y acabemos con la corrupción que continúa viviendo de esta actividad.

Foto: Enrique Ortiz

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Bahuaja Sonene, entre el olvido y la indiferencia

2009-10-12T11:35:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

Poco más de un millón de hectáreas la convierten en una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del país; cerca del 70% de su composición se halla en Puno y el 30% restante en Madre de Dios. Paisajes y más de 1088 especies de fauna registradas, hacen del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) un ecosistema único en el país y en el mundo.

El Bahuaja Sonene, garantiza la protección de cabeceras de cuenca que, como el río Tambopata, se constituye en uno de los principales afluentes del río Madre de Dios, garantía de alimentación y suministro de agua para las comunidades nativas y centros urbanos del bajo Tambopata (Madre de Dios). Por estas y otras razones más, la National Geographic Society lo ha declarado como uno de los siete santuarios más emblemáticos del mundo el año 2002.

Paradójicamente, pese a su diversidad, es también un ecosistema sumamente frágil y su conservación depende, en gran medida, de todas las actividades que se desarrollan en las áreas que lo circundan, en las llamadas Zonas de Amortiguamiento. El crecimiento no planificado de centros urbanos, la ampliación de la frontera agrícola, la minería informal y la tala ilegal, continúan siendo los problemas más delicados que el Bahuaja Sonene enfrenta hoy.

Toda esta problemática fue ampliamente expuesta en un documento que se elaboró el año 2004, en él se plantearon incluso recomendaciones para mitigar los impactos negativos que la presencia humana estaba ocasionando en el Área Protegida; el Plan Maestro parecía inaugurar una nueva etapa en la gestión del PNBS, luego de su creación el año de 1996 (y su ampliación el año 2000). Cinco años después, la problemática parece ser mayor y el espíritu con el que se concibió el Plan Maestro, no ha tenido muchos frutos positivos.

La Zona de Amortiguamiento

A la amenaza gubernamental de recorte en su composición para abrir la posibilidad de explotar hidrocarburos el año 2007, se ha sumado la indiferencia e irresponsabilidad de un Gobierno Regional que como el puneño ha hecho muy poco por promover políticas de desarrollo en la Amazonía puneña. La selva continúa siendo un espacio negado en el imaginario regional altiplánico, muy a pesar de que en la selva, y de espaldas al gobierno y “élites” regionales, se ha venido desarrollando quizá la única actividad económica, junto a la exportación de truchas de Arapa, que hace que el aporte puneño figure en los índices de exportación nacional. Nos referimos a la producción cafetalera.

El mejor café del Perú, según los resultados del concurso nacional de cafés, se produce en Puno, galardón que los cafetaleros del Alto Tambopata reciben por tercer año consecutivo. Café sembrado y cosechado en la Zona de Amortiguamiento del PNBS, esfuerzo de cafetaleros que, por más de medio siglo, han generado las condiciones para que mercados como el Europeo y Norteamericano se abastezcan hoy de su producción.

La organización en la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y el apoyo de Organismos No Gubernamentales que deben su presencia a la existencia del PNBS han sido fundamentales para lograr tal cometido. Aún con sus limitaciones, la experiencia de los cafetaleros de Yanahuaya, San Juan del Oro y Putina Punco, continúa siendo una muestra de éxito, en un contexto en el que todas las condiciones, incluida la geografía, continúan siendo adversas.

Sin embargo, esa misma Zona de Amortiguamiento es escenario de una plaga verde que ha erosionado gran parte de tejido social y traído a sus espaldas violencia e ingobernabilidad. La producción de hoja de coca ha crecido significativamente en valles como Masiapo y el Alto Tambopata (Sandia), se habla de pozas de maceración, aeropuertos clandestinos, ajuste de cuentas y todo los males que una economía ilícita como la del narcotráfico puede traer.

La minería informal es bastante conocida, esta se extiende como un cáncer en la cuenca del río Inambari, la misma cuenca que ha despertado el interés brasilero por generar energía eléctrica y que ha despertado la controversia en Puno y el aplauso masivo, en Madre de Dios. La cuenca alta del río Inambari, abandonada y dejada casi a su suerte durante décadas y que hoy ha pasado a existir para Puno, aquel lugar negado, tan negado que ni las muertes de obreros que construían la carretera Interoceánica Sur conmovían al gélido altiplano.

Ciertamente, la probable construcción de una represa para la generación hidroeléctrica no tiene un efecto directo sobre el PNBS, sin embargo el espejo de agua posibilitaría el acceso a zonas antes inaccesibles en la Zona de Amortiguamiento y consiguientemente al PNBS.

Inundar y desplazar a poblaciones que viven durante décadas en la cuenca del Inambari, podría ser la decisión final, pero todo ello debe hacerse en un marco en el que la consulta, el acuerdo previo y más allá de las valoraciones económicas del bosque, debe valorarse a las personas que viven en la cuenca, ciudadanos y ciudadanas con tradiciones, cultura y formas de vida; hombres y mujeres que han hecho de su interrelación con la Amazonía una forma de vida y que han encontrado allí la oportunidad que probablemente el Ande les negó.

El Bahuaja Sonene hoy

El Plan Maestro del PNBS está en proceso de actualización, no necesitamos perdernos o encontrarnos nuevamente en discusiones intelectuales sobre la problemática y sus soluciones; se requiere el compromiso firme de autoridades, líderes y de la población local asentada en la Zona de Amortiguamiento y la asentada en los “centros de decisión”.

El Gobierno Regional puneño podría empezar por promover el ordenamiento territorial en la cuenca del Inambari, mejorar los sistemas de gestión de residuos sólidos y aguas servidas. El río no puede seguir siendo el botadero ni el desagüe a lo largo de la cuenca. Iniciar un proceso de formalización y establecer áreas para la realización de actividades mineras; promover un programa de manejo agroforestal sostenible y sobretodo, proponer políticas y programas que acojan la particularidad de la Amazonía puneña buscando su desarrollo y su incorporación en las dinámicas de desarrollo regional, más allá de ser una “despensa” del Ande.

La defensa del Bahuaja Sonene debe expresarse en mayor atención presupuestal y presencia estatal allí y sobretodo en la participación activa del proceso de actualización del Plan Maestro, comprometiéndose tanto en su implementación, como en generar las condiciones para que su aplicación sea una realidad. Lo mismo fortaleciendo al Comité de Gestión, espacio concertado del que participan autoridades y población local, como a la Jefatura del Parque Nacional, la que actualmente tiene serias limitaciones que tienen que ver con un tema presupuestal.

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El Inambari, la hidroeléctrica brasilera

2009-08-14T12:55:00.004-05:00

Por: Aldo Santos

Ya casi es medio día y el sopor invade las calles de Puerto Manoa, tres niños, con el torso desnudo, osadamente se atreven a retar al calor, mientras inventan extrañas piruetas con un balón de fútbol que persiguen casi hipnotizados. A pocos metros de allí, un grupo de mujeres departen alegremente sentadas sobre la mercadería que trasladarán a Juliaca. Ellas esperan a los buses que pasarán hoy, por ser domingo, antes de las cinco de la tarde.

La misma escena, el mismo recorrido, semana tras semana, “llevamos fruta, coquita y otras cositas más que producen acá”, me dicen. No señora, tranquila. No soy policía, respondo, ante la mirada y el tono provocador de un “¿para qué quieres saber?”, de su compañera. Me alejo entonces. Unos pasos más allá, un sencillo puesto de venta de discos compactos, congrega a una multitud de observadores. En los parlantes suena Mariflorcita y Rosita de Espinar.

Restaurantes, tiendas de abarrotes, peluquerías, bares y precarios alojamientos, son el indicador de la dinámica comercial que se ha generado en Puerto Manoa, la minería y la agricultura -pero sobre todo la minería- parecen haber dejado atrás el recuerdo de aquel febrero de 2007, en el que un incendio dejó damnificadas a más de 45 familias y por poco arrasa con el improvisado pueblo que se ha construido al borde de la carretera, a orillas del río Inambari.

Un grupo de casitas de madera, negocios que nunca cierran, comerciantes que llegan y se van, mineros que navegan en pequeñas barcas de motor, parecen describir a Puerto Manoa, aquel asentamiento andino, atrapado en la Amazonía puneña y que hoy tiene la amenaza de ser inundado por la construcción de una hidroeléctrica que, según informan sus mentores, será la quinta más grande de América Latina y la más grande del Perú.

De la hidroeléctrica, las discusiones y las decisiones que se toman alrededor de ella se sabe poco o nada. “¿Cuánto van a inundar?, ¿será como San Gabán?”, me dice un incrédulo Henry Huayta, poblador de la zona, y es que difícilmente se puede asumir que un proyecto de la magnitud de la central hidroeléctrica del Inambari se ejecutará en su localidad.

¿Una hidroeléctrica?

El proyecto señala[1] que el nivel de coronación máximo será de 546 m.s.n.m., es decir, todas las localidades que estén en el ámbito de la hidroeléctrica, cuya altitud sea menor a los 546 m.s.n.m., serán inundadas. Las aguas represadas llegarán a expandirse hasta 410 Km2, con una altura de 220 metros.

Tamaño proyecto y tamaña decisión que beneficiará, directamente, a la vecina república del Brasil, por lo menos así lo ha hecho saber el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, al declarar a la Agencia Reuters, que “Perú consumirá solo un 20% de la energía de las cinco hidroeléctricas que financiará Brasil en ese país”.

Puerto Manoa es solamente una de las más de 60 localidades que serán inundadas de construirse el proyecto; centros poblados ubicados mayormente en las márgenes de los tramo II y IV de la carretera Interoceánica Sur, en la ruta que une a Cusco y Puno con Madre de Dios. 106.1 Km. de asfalto literalmente bajo el agua e interrumpiendo, el flujo comercial que se ha establecido entre la emergente ciudad de Puerto Maldonado y las pujantes Cusco y Puno.

Otra amenaza sobre el Bahuaja Sonene

“Ni siquiera se han acercado a comunicarme algo”, decía una alarmada Nancy Rossel, alcaldesa de la provincia de Carabaya, en medio de una reunión del Comité de Gestión del Parque Nacional Bahuaja Sonene en mayo de este año. Rossel, quien también preside el mencionado Comité de Gestión, teme que el Parque Nacional sea vulnerado, ya que la represa a construir, abarca gran parte de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida (ANP).

Bahuaje Sonene es dentro de las ANP’s uno de las más descuidados, tanto por la desidia estatal, como por la codicia de colonos andinos y empresas multinacionales que han intentado realizar actividades extractivas dentro del área. Ya en octubre del 2007 se alertó sobre un intento de recorte en su composición. La amenaza fue desestimada por el propio gobierno, al señalar que no existía tal intención.

Sin embargo hoy se expresan nuevas amenazas que tienen que ver directamente con los impactos sociales y ambientales que podría ocasionar la construcción de una hidroeléctrica que según dicen, costará 4 mil millones de dólares. Una astronómica cifra que promete desarrollo, canon hidroenergético y hacer del Perú un país líder en la exportación de energía eléctrica en la región.

Sólo promesas que en localidades como Puerto Manoa, escuchan muy seguido, sobre todo en campaña electoral. Pedro Sánchez, Ministro de Energía y Minas, ha declarado que “aunque las leyes peruanas son tan estrictas como las brasileñas, no habrá problemas para la aprobación de la construcción de las usinas (hidroeléctricas) por el Congreso peruano”, en una reunión sostenida en Brasil con su homólogo de dicho país.

El esquivo desarrollo

Hoy, lejos ya de Puerto Manoa, sigo preguntándome, ¿cuál será el destino de las miles de familias que tendrán que dejar sus hogares para iniciar otra vida en un lugar diferente, porque el gobierno decidió construir una hidroeléctrica en sus tierras?, ¿realmente vale la pena deforestar, inundar, alterar los ecosistemas, para vender energía eléctrica al Brasil?, ¿cómo nos beneficiamos los peruanos?, ¿cuánto hemos desarrollado ahora que las cifras del canon minero o gasífero se han incrementado?

Además de discutir sobre las ventajas y desventajas de un proyecto como la Central Hidroeléctrica del Inambari, habría que preguntarse cómo este proyecto se articula con nuestra visión del desarrollo de la Amazonía en regiones como Cusco y Puno –mayoritaria y predominantemente andinas-, si existe o no dicha compatibilidad o qué otra propuesta de desarrollo alternativa tenemos como región.

Discusión necesaria, para acabar con reduccionismos simplistas que ven a “la selva como una despensa del ande” y consecuentemente como un lugar al que hay que ir a explotar depredar y destruir para obtener el mayor beneficio posible. Centros mineros como Guacamayo, Huepetue o Delta 1 –pobladas por andinos de Cusco y Puno- en Madre de Dios, son el resultado de esa visión, compartida por el Estado y sus ciudadanos, que durante muchos años continúa haciendo de este país y su Amazonía, dos realidades distintas y contrapuestas entre sí.

Notas:
[1] La información de las características técnicas del proyecto, fue la proporcionada por ECSA Ingenieros, empresa encargada de realizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en los talleres informativos que llevaron a cabo entre el 17 y 20 de abril del presente año en las localidades de Puente Inambari, San Lorenzo (Cusco) y Mazuco (Madre de Dios)

Foto: Centro Poblado de Puerto Manoa

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La Interoceánica Sur, una promesa sin cumplir

2009-07-09T20:37:00.004-05:00

Por: Aldo Santos

Para Cirilo Mendez, la Interoceánica Sur “es una bendición”; el ancashino de 65 años mira la vida con optimismo y ha vivido en carne propia la vorágine del crecimiento de su amada Madre de Dios. El que sus hijas hoy, puedan costear sus estudios universitarios, ha sido,en gran medida, gracias a un pequeño, pero próspero negocio familiar de empanadas, jugos, yuca y otros productos de su actividad agrícola, soporte económico de su familia durante estos años, “todos alzamos las manos a los buses, para que nos puedan comprar algo”, añade don Cirilo.

Al borde de la carretera, un techo de crizneja, una pequeña mesa y asientos de madera que se agrietan por el paso de los años, han sido los testigos silenciosos de la evolución de Madre de Dios y la hoy llamada, Interoceánica Sur. Más de 1 500 millones de dólares de inversión en la construcción de la carretera, que traen la promesa de mejorar las condiciones de vida de las miles de familias que viven en sus márgenes y la integración, de una vez por todas, de localidades que estuvieron “fuera” del país, desde que don Cirilo tiene memoria.

Unión y Progreso, Puerto Manoa o San Lorenzo, son lugares que se pierden en la geografía y en lo vasto de la Amazonía sur del Perú; lugares ajenos, tan ajenos que “parece que no existimos para el Estado”, señala Edmer Mamani, párroco de Ollachea en Puno, ante el malestar que ha generado la poca presencia estatal en la supervisión y monitoreo de la obra vial, cuyos impactos sociales y ambientales son evidentes por donde se mire.

El crecimiento de poblados como Mahuayani, al pie del imponente nevado de Ausangate en el Cusco, podrían graficar fácilmente lo que ha traído consigo el asfaltado de la Interoceánica Sur. Atrás quedaron los años en los que las cinco chozas de adobe e ichu o improvisados toldos albergaban a comensales y vendedoras de comida; “es increíble como ha cambiado este sitio, antes no había nada”, indica Reynaldo Cahuana, transportista que transita entre Puerto Maldonado y Cusco, hace siete años; Reynaldo es testigo privilegiado de los efectos positivos y negativos que ha traído la obra.

En San Gabán, Puno, ocurre lo propio, la otrora fantasmal capital de distrito, hoy alberga a propios y extraños como Yenny; joven nacida en Ucayali que complementa los ingresos familiares de su esposo, obrero en la empresa encargada del asfaltado de la carretera, vendiendo juanes en las afueras del mercado. Los campamentos de las empresas, la migración y la mejora de la vía, han dinamizado la economía de pequeños centros poblados que están en el ámbito de la Interoceánica Sur.

Sin embargo, no todo es color de rosa y no todo significa mejora, más allá del asfaltado de la vía, la presencia estatal en estas zonas es sumamente limitada. Los letreros con anuncios como “la alfabetización es justicia social”, como parte del programa Crecer, parecen ser simples anuncios que contrastan con una realidad que se torna incierta. Escuelas unidocentes y precarios centros de salud, sólo para citar dos ejemplos.

En palabras de Andrea Rojas, cusqueña asentada hace 20 años en Iberia, Madre de Dios, “pensaba que con la carretera iban a mejorar… Las postas médicas están en abandono”. Andrea tiene un puesto de refrigerios en el mercado de Iberia y, más allá de que ahora puede viajar a Puerto Maldonado y volver a Iberia en un mismo día, no cree que la Interoceánica Sur la ha beneficiado de otro modo.

“La Interoceánica Sur cayó de improviso, desconocíamos que se venía, se tuvo una información mínima”, nos dice Juan Berríos, funcionario de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, opinión que comparte Juan de la Vega Peña, Gerente Municipal del Distrito de Iñapari, en la frontera con el Brasil, “el proyecto de agua que presentamos el año pasado, pensando en determinada cantidad de habitantes ya no sirve, con la carretera la población se ha incrementado y hoy tenemos que hacer otro proyecto… No habíamos previsto eso”.

Migración, crecimiento no planificado de centros urbanos, minería informal, tala ilegal, contrabando, narcotráfico, son algunos de los problemas que si bien son pre-existentes al asfaltado de la vía, hoy se hacen más evidentes, con la tendencia a que muchos de ellos se agudicen, por la precariedad del Estado en la zona. “Hay un montón de tala ilegal”, señala impotente María Isabel Collazos, responsable de un puesto de vigilancia del INRENA en la sede de Alerta (Madre de Dios).

Para graficar el problema de la minería informal, entre el kilómetro 100 y 150 de la vía que une a Mazuko con Puerto Maldonado, operan a plena luz del día y en las márgenes de la carretera, más de siete centros de mineros informales que impunemente vienen depredando bosques y contaminando los ríos de Madre de Dios. Ello sin considerar a Guacamayo, Huaypetue, Delta Uno, etc., lugares donde la ilegalidad gobierna y “donde la vida no vale nada”, al decir de un lugareño de Mazuco.

Pero el problema de la minería informal no termina allí, informes como el elaborado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Universidad Católica del Perú exponen claramente la creciente trata de personas en Madre de Dios[1], problema directamente vinculado a la minería y tala ilegal.

La “Estrada do Pacífico”, como se conoce a la Interoceánica Sur en el lado brasilero, al decir del Ministro de Transportes y Comunicaciones, “será un gran aporte para toda América del Sur, porque unirá el océano Atlántico y el Pacífico, pero por sobre todo permitirá el intercambio de comercio y turismo entre las dos naciones”[2]. En ese sentido, pareciera que se asume que el ansiado desarrollo llegará casi automáticamente a pequeños centros urbanos como Iñapari, Ollachea u Ocongate, facilitando el acceso de estos, a nuevos mercados y su conexión al Atlántico.

Ciertamente la Interoceánica Sur es “una bendición” para muchos, pero una promesa a medias, cuando de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de las miles de familias que viven en Cusco, Puno y Madre de Dios, una inversión tal, debería permitirnos mínimamente pensar en esa posibilidad. Una vía para el negocio, para el intercambio comercial, para mejorar la infraestructura en salud, educación y no para bloquearla como última medida cuando el gobierno nacional se divorcia de sus funciones y responsabilidades para con sus ciudadanos y ciudadanas.

Notas:
[1] Para descargar una versión digital del documento visite: http://www.cajpe.org.pe/gep/index.php/documentos/doc_details/29-la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-laboral
[2] Para descargar una versión digital del documento visite: http://www.cajpe.org.pe/gep/index.php/documentos/doc_details/29-la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-laboral

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El sur se calienta y la Amazonía sigue inquieta

2009-06-28T15:25:00.004-05:00

Por: Aldo Santos

La provincia de Canchis en Cusco, es una vieja conocida del gobierno, las comunidades campesinas y los diferentes gremios de la provincia pusieron en vilo al gobierno nacional, al oponerse a la construcción de una hidroeléctrica y al otorgamiento de concesiones mineras en octubre pasado; la paralización duró más de diez días y terminó con un saldo lamentable de heridos, entre policías y civiles.

Muchas demandas, pocos acuerdos y soluciones que no llegan, así terminó el conflicto de Canchis, con actas firmadas, estaciones de radio incendiadas, alcaldes huyendo e incalculables pérdidas materiales. Bagua, la Amazonía y los nativos son los otros conocidos del gobierno, el esquema es el mismo y los resultados parecen ser similares, más allá de las lamentables muertes y la repercusión que ello ha tenido en el ámbito nacional e internacional.

El ejecutivo no aprende el legislativo tampoco, generando un progresivo descontento social que acrecienta cada vez más las “jaurías” de “perros hortelanos” o nos ratifica como “un país triste” lleno de “fatalistas o derrotistas”, para utilizar el ponderado lenguaje presidencial.

Canchis en Cusco y Moyobamba en San Martín, ya han anunciado una paralización, Puno va por el mismo camino y otras regiones como Madre de Dios también. Recordemos sino a Puerto Maldonado que hizo noticia, luego de que un paro concluyera con el incendio de las instalaciones de la sede del Gobierno Regional en julio pasado; muchos ejemplos, poco aprendizaje.

Los gremios altiplánicos se han reunido los últimos días en una convocatoria sui generis, la indignación parece ser generalizada y las demandas son las mismas. En Canchis se anuncia un paro indefinido, su plataforma es local y de respaldo a los indígenas amazónicos. En Ilave, Puno, ya ratificaron su adhesión al paro, lo mismo que Cusco, donde se anuncia además, una paralización indefinida para el próximo 24 de junio.

Al unísono se pide la derogatoria del “paquete de decretos legislativos”; el Decreto Legislativo 1090, podría quedar como anécdota, si es que el ejecutivo nacional, no inicia el diálogo con las comunidades de la Amazonía. Ni la Iglesia, ni la Defensoría del Pueblo, a quienes han recurrido como medida de emergencia y con quienes debieron dialogar previamente, podrían ayudarlos esta vez.

El escenario es complejo y se nutre de un mosaico de actores regionales y nacionales: caudillos y movimientos capitalizando votos para las próximas elecciones, agitadores que buscan la polarización, dirigentes irresponsables que buscan ganar reconocimiento, presidentes regionales queriendo ganar aceptación, bancadas parlamentarias bravuconas y presidentes de la república y ministros soberbios, entre otros que podrían llevar el “baguazo” a buena parte del país.

Mientras tanto, las comunidades campesinas y amazónicas, comerciantes, empresarios, transportistas, policías y otros, continúan pagando las consecuencias de estos enfrentamientos que tanto daño le hacen al país.

Por lo pronto, estamos advertidos, sería torpe esperar más de 60 días para solucionar un conflicto que se viene anunciando, el sur tiene sus demandas, lo mismo que la Amazonía, ambos se notan hartos, más por la arrogancia y menosprecio del errático gobierno aprista.

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Foto: Cortesía de Ramiro Llatas

El Abya Yala, ¿en busca del Evo peruano?

2009-05-22T15:31:00.005-05:00

Por: Aldo Santos

Poco más de cinco mil personas arribarían a Puno el próximo 27 de mayo; delegaciones procedentes de lugares tan disímiles como Alaska, se darán cita en la cuarta edición de la Cumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala, espacio que pretende articular y, al decir de algunos de sus promotores, pasar de “la resistencia a la construcción del poder” y que sin duda será el centro de atención nacional por tratarse de un encuentro masivo de las organizaciones indígenas del continente y por la probable presencia del presidente boliviano Evo Morales Ayma durante el desarrollo de la Cumbre.

Sin embargo la Cumbre del Abya Yala, abre también la posibilidad de discutir sobre la sostenibilidad y la viabilidad de la emergencia de los llamados movimientos indígenas en el Perú. Desde las protestas amazónicas, hasta las reivindicaciones de los aymaras del altiplano peruano, la variable indígena –o su nuevo correlato lo “étnico”- se utiliza hoy para explicar una serie de procesos políticos, sociales, económicos y hasta culturales[1], dando cuenta de la irrupción de un nuevo actor en el escenario político peruano.

Estos nuevos movimientos, que han pasado del tradicional discurso que exaltaba la lucha de clases a la lucha por el reconocimiento y la identidad, han encontrado en los excesos de la gran empresa y los mecanismos estatales orientados a una supuesta promoción de la inversión, el fundamento para construir un discurso maximalista que les ha servido para ganar seguidores y poder de negociación con el gobierno nacional.

Pero ¿cuáles son los límites del nuevo movimiento indígena peruano?, ¿es realmente tan novedoso como se cree? O si va camino a emular la experiencia boliviana o ecuatoriana; son temas que continúan siendo motivo de discusión y análisis, lo cierto es que un elemento común de los movimientos indígenas en los tres países andinos, es su búsqueda de nuevas formas de representación, con la creación de partidos políticos propios. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik en Ecuador y el Movimiento Al Socialismo en Bolivia, son sólo dos ejemplos de la incursión política de los movimientos indígenas en Latinoamérica.

Aunque en ambos casos la participación política ha venido acompañada de alianzas con sectores de la izquierda, sin duda el componente de afirmación étnica ha sido el predominante. En el Perú sin embargo, tanto la izquierda como el movimiento indígena son muy débiles; para algunos este sólo existe en la Amazonía, para otros ha trascendido a los andes, donde las comunidades campesinas, adquieren la misma categoría de comunidades nativas u originarias, según los promotores de esta idea.

Se trata entonces de un cambio en los referentes tradicionales de organización social en el espacio rural; existe una transformación, en recurso político, del estigma de ser vistos como indios, diferentes y salvajes. Ello se está usando hábilmente por minorías activas que promueven el reconocimiento de lo que denominan como, “los indígenas”, pese a que ítems como el indigenismo, movimientos indígenas, pueblos originarios, el buen vivir, etcétera, no han pasado a ser temas de discusión ni reconocimiento por parte de las mayorías a quienes dicen representar.

Los derroteros del movimiento indígena peruano no sólo se hallan en lo incipiente que es, reposan también en su diversidad política e ideológica que, lejos de ser una riqueza, se convierte en un serio problema cuando los grupos que lo conforman han adquirido hasta tres kits electorales, buscando su inscripción, como partido político, pensando en las próximas elecciones nacionales. Pareciera que se piensa erróneamente de que el instrumento político precede a la conformación y consolidación de un movimiento social.

La cumbre del Abya Yala, seguramente no solucionará estos problemas, tampoco masificara el indigenismo automáticamente, sin embargo podría aportar elementos significativos para el debate y la construcción de una alternativa política de los grupos que tradicionalmente han estado al margen de las decisiones en el país. No es sólo un debate de “kharas”, mistis u occidentales, como se señala, por el contrario, es una reflexión necesaria, a fin de seguir aportando elementos de análisis sobre el futuro del movimiento indígena en el Perú.

Por lo pronto, dirigentes como Miguel Palacin Quispe, ya anunció en fechas pasadas que tienen la intención de “elegir al próximo Evo Morales peruano”, hazaña complicada tratándose del Perú, de las limitaciones del movimiento y su poca capacidad de cohesionarse en función de un proyecto común. Sin duda, la Cumbre del Abya Yala, servirá también, de plataforma para grupos políticos, caudillos y caciques locales que buscan ganar adeptos utilizando la membrecía indigenista.

Servirá también, para discutir la posición de personajes como Tomás Huanacu, jefe de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Ayllus y Mártires del Collasuyo, quien en mayo de 2008 declaro a Inter Press Service que “los verdaderos indígenas defienden su autonomía y no están realmente convencidos de ingresar a la estructura política del Estado porque son antisistema”. Todas estas posiciones, sumadas al escenario pre electoral peruano, harán de la próxima Cumbre del Abya Yala, un espacio interesante para mirar el futuro del movimiento indígena y el futuro político del Perú.

Notas:
[1] Véase: Santos Aldo y Paulo Vilca. ¿Indigenismo en el Altiplano? Thaki. Revista de análisis, investigación y Propuesta. N° 07. 2009.

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¿Indigenismo en el Altiplano?

2009-05-12T23:31:00.002-05:00

Por: Aldo Santos Arias y Paulo César Vilca Arpasi

Durante los últimos años, el análisis de las reivindicaciones de carácter indigenista se ha convertido en un lugar común en el tratamiento que los medios le dan a los diferentes acontecimientos y procesos políticos que ocurren en nuestros países. Así, en unos más que otros, la “variable indígena” – o su nuevo correlato, lo “étnico” – está presente para explicar una serie de procesos sociales, políticos, económicos y hasta culturales. Lo ocurrido en Puno, al sur del Perú, con los movimientos aymaristas[1] no es la excepción.

¿Puno Aymara?

Puno no es Bolivia, pero más cerca no podría estar, ya que la influencia e impacto que tienen algunos hechos ocurridos en el vecino país en ciertos movimientos políticos y sociales del Sur Andino peruano es innegable. Sin embargo, la mayoría de ejemplos nos muestran cierta “interpretación folklórica” del fenómeno boliviano, el cual hace “soñar” a caudillos locales con repetir el proceso seguido por los movimientos sociales bolivianos articulados al Movimiento Al Socialismo – MAS, que llevaron a la Presidencia a Evo Morales.

¿Pero el Perú está cerca de emular la hazaña boliviana? La institucionalidad peruana, un Estado que ha promovido políticas públicas que confunden la modernización con la occidentalización de los pueblos originarios; una muy reciente emergencia de los movimientos indigenistas; y una marcada tradición de la izquierda peruana, que incorporó tardíamente la preocupación por las reivindicaciones culturales y étnicas, podrían ser la condición de ello.

Volviendo al caso puneño, en el que la referencia a la autoafirmación quechua o aymara, ha sido tradicionalmente utilizada como eslogan político, las nuevas figuras políticas surgidas de disímiles procesos locales, no han conseguido reinventar el discurso político, restringiéndolo al clásico sentimentalismo andino que vincula lo aymara con un supuesto paraíso existente, donde lo rural es lo que prevalece. De esta manera se excluyen las supuestas manifestaciones vinculadas con lo occidental, especialmente las lucrativas y comerciales. Como es obvio, ello niega la capacidad emprendedora y talento para participar activamente del mercado de un importante sector de la población aymara: Tacna, Unicachi, Ollaraya y El Alto (Bolivia), son expresiones del talento y habilidad de miles de aymaras para articularse exitosamente a un modelo económico que, desde los sectores reivindicacionistas, es sumamente cuestionado.

Este tipo de percepciones, ha llevado a que aymaristas, comerciantes aymaras y empresarios aymaras se mantengan en orillas diferentes y diferenciadas. No es lo mismo un aymara de Unicachi que triunfa en la capital y negocia mejores condiciones para desarrollar un proyecto en el cono norte limeño[2], que un aymara ilaveño que exige vincularse a espacios de participación local, o un aymara tacneño movilizado por la redistribución del canon minero con Moquegua. Aunque en los tres casos exista un componente importante de afirmación de pertenencia, las demandas son completamente diferentes.

Teniendo en cuenta esto y los resultados del último censo de población y vivienda, en el que la población rural iguala – en Puno- a la población urbana[3] lo indígena u originario, ya no puede asociarse estrictamente a lo rural; por el contrario es precisamente el acceso a la urbe lo que ha permitido que las reivindicaciones étnicas cobren fuerza en la actualidad. Hoy, gracias al internet y las nuevas tecnologías de comunicación, las demandas locales de grupos minoritarios, pueden alcanzar categoría mundial.

El aymarismo puneño

El hartamente conocido Ilave, fue el marco desde el que surgió un nuevo actor político en el altiplano: un movimiento de corte aymarista, que retomando la “fama” que los aymaras han tenido en el imaginario nacional, ha mostrado capacidad de bloqueo, tanto en la defensa de territorios puneños que la región Moquegua estaría usurpando o promoviendo el reciente “Levantamiento de los Pueblos”.

Aunque las causas de lo ocurrido en Ilave, no reposan necesariamente en reivindicaciones étnicas, este hecho colocó en la agenda nacional la presencia aymara. Pero los aymaras puneños están lejos de encontrar un punto de quiebre entre el estigma que los asocia a lo antidemocrático y los intentos por construir un movimiento político de escala regional, articulado a los movimientos indigenistas del país y América Latina. Entre otras razones, la causa para ello es que no cuentan con una identidad definida como movimiento.

Así por ejemplo, la cercanía de algunos grupos con Felipe Quispe, “el Mallku”, promotor de una especie de apartheid o sionismo aymara en Bolivia; la ilaveñización[4] de lo aymara; las notables diferencias que existen entre los intelectuales, empresarios y dirigentes aymaras; o la multiplicidad de demandas que no reposan necesariamente en la afirmación identitaria[5], difícilmente coadyuvan a consolidar un movimiento regional, y mucho menos un proyecto político de mediano o largo plazo.

En este contexto, la reciente convocatoria a un “Levantamiento de los Pueblos”, cuyo desenlace dio como resultado el bloqueo de la carretera que une a Sicuani (Cusco) con las regiones de Puno y Arequipa, no tuvo mayor respaldo en el altiplano, aunque los promotores, se empeñen en señalar que los juzgamos a través de categorías occidentales. Normalmente el objetivo de todo paro, levantamiento o huelga, es poner en agenda determinada plataforma contando con respaldo popular, mucho más aún tratándose de “los aymaras” que se jactan de ser un movimiento movilizador, y si no ocurre así, por lo menos cabe preguntarse si es que los promotores están en sintonía con quienes dicen representar.

En todo caso, y con todo derecho, este núcleo de minorías aymaras movilizadas, espera construir un instrumento político pensando en las próximas elecciones regionales y municipales. Así lo hicieron en las anteriores elecciones, en las que Sentimiento Unidad del Mundo Andino (SUMA) –identificada con el movimiento aymara puneño- no logró conseguir su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese entender, el promover huelgas, paros o levantamientos, los ayuda a ser el centro de la opinión pública regional y nacional.

Pero, ¿qué ha sucedido con este movimiento que hace algunos meses recibía un apoyo masivo en tanto reivindicaba una defensa del territorio puneño, ante un probable interés expansionista moqueguano? Lo expresado como resultado del “Levantamiento de los Pueblos”, revela en gran medida, una falla de origen que debe ser tenida en cuenta: el movimiento de reivindicación aymara, continúa siendo una cuestión de elites, de minorías activas que han encontrado canales a través de los cuales colocan sus demandas, pero que difícilmente logran articularse a la base aymara.

Mientras la mayoría aymara busca vincularse a lo comercial, ya sea a través de la producción ganadera en Ilave, el contrabando, el transporte, la migración, etc., los promotores del discurso reivindicativo, no han construido una propuesta que atienda dicha demanda, y por lo tanto su base social no puede sino reducirse a ciertos círculos estudiantiles. Aunque esto es importante, cabe preguntarse si será suficiente, ya que el movimiento necesita contar con una base sólida que garantice una aparición, por lo menos decorosa, en las próximas elecciones nacionales, regionales y municipales.

Finalmente, la cercanía al proceso electoral, podría ser un factor para causar una implosión en los núcleos aymaras. Por un lado, la necesidad de organizar levantamientos, huelgas o paros para mostrarse públicamente, aunque con ello también acaben ganándose el rechazo en la opinión pública regional.

Los discursos confrontacionales sirven para ganar elecciones, no para gobernar. La experiencia de Hernán Fuentes en el gobierno regional de Puno o la lamentable gestión municipal del vacado alcalde de Juli, Eugenio Barbaito, más conocido como “papalindo”, son muestras concretas de ello.

Notas:
[1] Para el presente documento, entendemos por aymaristas, las manifestaciones políticas que reivindican lo aymara
[2] Para mayores referencias del éxito comercial unicachino véase: “La voz de una Nación: Los aymaras de Lima metropolitana, el caso Unicachi” de Moisés Suxo Yapuchura.
[3] Véase los resultados del último censo de población y vivienda
[4] Parafraseando al antropólogo Luperio Onofre.
[5] Los aymaras de Unicachi, Tinicachi y Ollaraya tienen como agenda el reconocimiento de un circuito turístico, a fin de que puedan desarrollar el turismo rural-vivencial en el circuito conocido como “Wiñay Marka”

Publicado en la edición N° 07 de la Revista Thaki.

Puno, de espaldas a la selva y de cara al altiplano

2009-05-11T22:03:00.005-05:00

Por: Aldo Santos

Placida Mamani viajaba sujetada a la espalda de su marido, llevaban siete horas trasladándose así, abriéndose paso a través de la densa vegetación que cubre el sector de Miraflores, “ubicado en la margen izquierda del río Lanza”, como indica Alejandro Luque, Teniente auxiliar del sector de Urubamba. Carga pesada para el marido de doña Placida que llevaba consigo no sólo a la esposa, sino al niño que ella traía en el vientre.

Ocho horas de camino que terminaron con la muerte de doña Placida y su hijo, ocho horas que separan a Alto Miraflores de la única carretera que los une a Curva Alegre, capital del Centro Poblado erigido el 25 de abril último. En Alto Miraflores, San Lorenzo Palmerani, San Román y Centro Miraflores viven aproximadamente 1600 familias dedicadas a la siembra y cosecha de café orgánico bajo sombra.

El río Lanza, afluente del río Tambopata, divide al Perú de Bolivia y quienes viven en la margen izquierda realizan cuatro viajes para que el café que producen llegue a mercados internacionales como el europeo y norteamericano. El quintal de café que llega a costar 300 soles es el único medio de subsistencia que tienen los puneños habitantes de este extremo de la región, ubicado en el distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia.

La producción cafetalera

Cada productor, asociado en cooperativas cafetaleras, produce entre 25 y 30 quintales de café anualmente, lo que representa ingresos por encima de 7,500 soles anuales por familia, sin embargo, dadas las condiciones de aislamiento en las que viven, la precariedad de las vías de comunicación y el sacrificio que demanda llevar el café del Tambopata hacia otros mercados; dichos ingresos difícilmente pueden aliviar las condiciones de pobreza en las que viven los andinos colonizadores de la selva puneña.

Para Gabino Quispe, cooperativista de la Cooperativa Charuyo, los cuatro viajes, con transbordos incluidos, no justifican los ingresos que obtienen por la venta del café que producen. Victor Tintaya, Teniente Gobernador de San Lorenzo, narra la pesada ruta de su único producto para exportación: “Tenemos que sacar el producto en mulas, cargado en el hombro, caminando bastantes horas”.

Curiosamente en el valle del río Tambopata se produce uno de los mejores cafés del mundo, esfuerzo que ha sido reconocido en los concursos de cafés de calidad realizados por la Junta Nacional del Café del Perú, premiándolos como productores del mejor café del país, por dos años consecutivos, logros que no han sido tomados en cuenta ni por las autoridades regionales, mucho menos por el gobierno nacional que deberían generar mejores condiciones para estos productores que siguen cosechando café y éxitos para el país en los difíciles mercados internacionales desplazando incluso al café colombiano.

Puno es altiplano, pero es selva también, selva alta y baja que va desde los 600 a los 2,000 m.s.n.m. en San Pedro de Putina Punco, San Juan del Oro y Yanahuaya, distritos que atraviesan el río Tambopata, el mismo que llega al Parque Nacional Bahuaja Sonene, hogar de miles de especies de flora y fauna y cuya conservación depende, en gran medida, de los pobladores que viven en la cuenca.

Bahuaja Sonene amenazado

Otra condición previa para al mejoramiento constante o el asfaltado de las vías de comunicación de esta zona, debería ser el compromiso del Estado y los habitantes de la cuenca de preservar el Parque Nacional Bahuaja Sonene que actualmente es objeto de la codicia de mineros informales y cocaleros que han invadido el área natural protegida impunemente. Nueve guardaparques, sin gasolina y sin viáticos, para más de 1 091 416 hectáreas es la importancia que le da el Estado a esta área protegida.

Más de un millón de hectáreas, cuyo aporte ha sido fundamental para que la cooperación internacional y ambientalistas hayan orientado esfuerzos y recursos que han contribuido significativamente a la producción cafetalera en la zona de amortiguamiento del Parque; aporte poco relevante para las autoridades nacionales y regionales que, en complicidad con mineros informales y cocaleros, están dejando que el área sea depredada.

La hoja y sus cocaleros

Pero la cuenca del Alto Tambopata no sólo es el espacio ideal para la producción de café orgánico bajo sombra, es también el lugar de emergencia de economías ilícitas, como la producción de la hoja de coca, lo que ha distorsionado el tejido social, generando desconfianza y el hablar a media voz, casi a escondidas, sobre las pozas de maceración de pasta básica de cocaína que existen en el valle, las que emplean a jóvenes, muchos menores de edad.

El acelerado crecimiento económico y la existencia de lujosas camionetas en un lugar tan remoto como San Pedro de Putina Punco, no parece ser solamente fruto del éxito comercial cafetalero, es evidente que existe otro componente que compite en condiciones desiguales con la producción cafetalera. La hoja de coca.

Un sembrío de hoja de coca produce entre tres y cuatro cosechas anuales, los precios fluctúan entre 120 y 150 soles por arroba, el comprador acude directamente a la chacra del productor y no demanda los cuidados que demanda la cosecha del café. En términos estrictamente económicos, el costo de producción es abismalmente inferíor al beneficio obtenido por la producción cafetalera.

De cara a la selva

De pie sobre el puente peatonal “Nueva Esperanza”, la única vía que une a Curva Alegre con el sector de Miraflores, sus dirigentes piden “que se construya un puente para que pasen carros y sacar el café”. Pero no se trata sólo de puentes o infraestructura, se trata de que la infraestructura venga acompañada de un proyecto de desarrollo mirando el largo plazo. En Challouma, existe una planta procesadora de cítricos, inaugurada y reinaugurada por los dos presidentes regionales últimos, planta que jamás estuvo operativa por la inexistencia de un transformador de energía trifásico que costaría 6,000 soles solamente.

Mejorar las vías de comunicación y poner en funcionamiento la planta procesadora de cítricos, debe venir acompañada de programas para la rehabilitación de las tierras degradadas y la promoción de mejoras en la gestión ambiental en la cuenca que actualmente enfrenta seríos problemas de contaminación ambiental por el crecimiento no planificado de los centros urbanos.

Los problemas de la selva se originan en el ande, pero la selva tiene problemas concretos que deben ser solucionados, no se puede seguir pensando y entendiendo Puno como región, mutilando y negando a la selva puneña como elemento importante del desarrollo regional, no sólo como “despensa del altiplano”, visión maniquea que ha reducido a la Amazonía a ser un lugar de paso y para la explotación de recursos, sino como hogar de puneños y puneñas que, con una mayor atención estatal, podrían mejorar significativamente sus posibilidades de desarrollo.

Nota:
Gran parte de la información que comparto, la he recogido del “Diagnóstico Socioeconómico de la cuenca del Alto Tambopata”, elaborado por el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación SER en el marco del proyecto “Conservación

Fotografía: Dirigentes del sector Miraflores en el puente Nueva Esperanza (Río Tambopata -Sandia - Puno)
Publicado en: http://www.ser.org.pe/ - http://www.losandes.com.pe/

Del Inambari su hidroeléctrica

2009-04-20T16:58:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

Un consorcio brasilero ha ofrecido la astronómica suma de 4 mil millones de dólares para la construcción del megaproyecto -hidroeléctrica del Inambari- ubicado en la Amazonía sur del Perú, inversión sólo comparable a la ejecutada en el proyecto gasífero de Camisea que, hasta el momento, se ubica como el emprendimiento más ambicioso ejecutado en el Perú. La central hidroeléctrica se proyecta como la más grande del país, la quinta en América Latina, con un potencial energético de 2.5 GW y con la promesa de que el país se convertirá en un exportador de energía eléctrica en la región sudamericana.

La concesión temporal del proyecto, está en manos de la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., facultados por la Resolución Ministerial Nº 287-2008-MEM/DM, publicada el 18 de junio de 2008. La norma les otorga la “concesión temporal de generación para desarrollar estudios de la futura Central Hidroeléctrica Inambari”. La concesión tiene un plazo de 24 meses y la finalidad de realizar estudios de factibilidad en los distritos de Huepetue, Camanti, San Gabán y Ayapata, ubicados en las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios.

Sobre las bondades y limitaciones del proyecto se ha dicho poco. La escasa información existente se desprende de las ofertas brasileras y de los talleres que ECSA Ingenieros (empresa consultora sobre asuntos medioambientales), vienen realizando en cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas en el Perú. Resulta sumamente preocupante y sospechoso que, aún tratándose de un proyecto tan ambicioso, la información sobre el mismo haya sido pobremente divulgada en las regiones del sur peruano, cuyos territorios se encuentran dentro del área de influencia directa de la futura central hidroeléctrica.

Pero la alarma proviene también de otras latitudes y tiene vinculación directa con quienes han obtenido la concesión temporal del megaproyecto. La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., conformada por las transnacionales OAS y Compañía Furnas-Centrais Elétricas (Furnas) de Brasil, que pretenden hacerse con la concesión definitiva del proyecto, no tendrían la calificación para negociar tamaño acuerdo con el Estado peruano.

Los millonarios ofrecimientos y promesas de calidad, deberían ser tomados con cautela, más aún si se sabe que el gobierno ecuatoriano expulsó, hace algunas semanas, a los directivos de Furnasy Odebrecht, denunciándolos por estafa, precisamente por la construcción de una central hidroeléctrica, obra que fue sobrevalorada y entregada irregularmente por la firma brasilera[1].

Del mismo modo, OAS, la otra empresa miembro del consorcio Amazonas Sur S.A.C., viene siendo investigada por la Contraloría General de la República de Bolivia por irregularidades en la licitación de la carretera Tunari-San Ignacio de Moxos. Según el diario El deber: “habría indicios de sobrefacturación y favoritismo […] el Senado boliviano aprobó por unanimidad que la Contraloría investigue este proyecto carretero por considerar que hay varias irregularidades”.

Razones suficientes para exigir que las reglas y acuerdos entre el consorcio que pretende obtener la buena pro y el Estado peruano queden debidamente establecidas y para que el Estado peruano promueva un proceso de concesión transparente, más aún conociendo las denuncias previas que existen sobre tráfico de influencias en el país, puestos a la luz en un escándalo sin precedentes que terminó con el cambio de un gabinete ministerial.

Notas:
[1] Para mayor información sobre el tema véase: http://www.infolatam.com/entrada/ecuador_gobierno_tensa_aun_mas_su_relaci-10619.html

Foto: Rio Inambari

Publicado en: www.ser.org.pe

Hidroeléctrica del Inambari: Así no

2009-04-15T13:44:00.005-05:00

Por: Aldo Santos

Será la quinta más grande de América Latina, su potencia será de 2 mil megavatios -la más grande del Perú- e invertirán 4 mil millones de dólares en su construcción y muy a pesar de que los estudios de factibilidad se iniciaron en el 2008 y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) están en su etapa previa, el proyecto aún no ha pasado a formar parte de las agendas regionales de Puno, Cusco o Madre de Dios.

Otra decisión arbitraria del gobierno central que, so pretexto del interés nacional, desconoce la participación de la sociedad civil y las autoridades regionales, sin permitir siquiera, buscar la compatibilidad o incompatibilidad de este tipo de proyectos con las propuestas de desarrollo que existen a nivel local y regional.

El proyecto, concebido básicamente para la exportación de energía hacia el Brasil, como ha manifestado el propio ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, en mayo del 2008, es parte de otras 14 centrales hidroeléctricas que se construirán en territorio peruano. En tiempos de calentamiento global, de la pérdida de glaciares, de la depredación de bosques y crisis del agua, proyectos como estos, despiertan más dudas que certezas.

Pero más preocupante aún, resulta que el país se haya embarcado en la construcción de un sinfín de megaproyectos, la mayoría de ellos comprometiendo créditos e intereses que los peruanos pagarán las próximas décadas, sin tener la definición exacta de una estrategia geopolítica y geoeconómica a largo plazo. Brasil ha aprendido hace mucho tiempo a hacer política de su geografía, el Perú ni siquiera se asoma a algo similar.

Las hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, etc., son proyectos de infraestructura, no son proyectos de desarrollo de ninguna manera. Así lo demostró la construcción de la infraestructura de hidroeléctricas como la de San Gabán (Puno) que, según sus promotores, aportaría significativamente a superar las condiciones de pobreza en dicha región. Vendría bien hacer un balance de cuán significativo ha sido su aporte al desarrollo regional, a más de una década de construida, más allá de garantizar el alumbrado público y las redes domiciliarias.

Tengamos mucho cuidado en celebrar de por sí, casi automáticamente, la venida de este tipo de megaproyectos, cuidado con los discursos panfletarios que alguna vez garantizaron que la sola construcción de infraestructura solucionaría los problemas de las regiones o que el asfaltado de carreteras como, la Interoceánica Sur, de por si, ayudará a superar las condiciones de pobreza en el sur peruano. Se trata más bien de poner en las agendas regionales, la discusión de cómo estos proyectos se articulan con sus visiones de desarrollo y cómo maximizar los beneficios que pudieran derivar de éstos.

Otro tema preocupante es que generalmente estos megaproyectos se construyen sin respetar los estándares ambientales exigidos y el añadido que trae consigo la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, tiene que ver con la necesidad de construir un dique que estará ubicado cerca del puente Inambari, afectando directamente al puente y al asfaltado de la Interoceánica Sur y amenazando la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo.

También debe considerarse que el Inambari es el hogar de más de 52 especies de peces, quienes, en su ciclo de vida, se dirigen a las zonas altas de la cuenca para desovar. Actualmente existen tecnologías que podrían permitir la minimización de este tipo de impactos, pero esos temas tienen que ser definidos previamente a la ejecución del proyecto.

Como colofón, el río Inambari actualmente ya soporta índices de contaminación, por la presencia de mineros informales que, escondidos bajo la máscara de artesanales, destruyen y contaminan un entorno vital, no sólo para las miles de especies que dependen de la cuenca, sino para las poblaciones que viven aguas abajo, cuya fuente de subsistencia es la pesca y otras actividades que provee el rio.

En tal entender, temas como el efecto que tendrá la hidroeléctrica sobre el régimen hídrico del Inambari, determinando si habrá o no una disminución del caudal y como éste afectará a los procesos ecológicos, a la navegabilidad y si favorece o perjudica las actividades ilegales como la minería fluvial, deben conocerse a detalle.

De otro lado, el Perú tendría que inaugurar la discusión respecto de la viabilidad económica y política de este tipo de megaproyectos, ya que deben ser compatibles con la capacidad de movilizar recursos -que en este caso provienen de préstamos de organismos multilaterales-y acuerdos políticos con la sociedad civil regional, los cuales no se han establecido; el cumplimiento de ambas condiciones posibilitaría quizá pensar en una estrategia de integración energética regional sudamericana, que garantice la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y que nos beneficie directamente.

Aún hoy, el gobierno peruano, no ha tomado en cuenta las visiones que la sociedad civil regional tiene respecto de la integración, los pocos mecanismos de diálogo, consulta e involucramiento que se han generado contribuyen a anteponer la desconfianza en el imaginario de la sociedad regional. Hasta el momento, los megaproyectos, la mayoría de ellos construidos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), intentan pasar desapercibidos.

Se trata de que los Gobiernos Regionales y Locales incorporen en sus planes de desarrollo, proyectos como la construcción de la hidroeléctrica del Inambari y no sigan siendo los grandes ausentes en dicha discusión, tanto por el desinterés, como por el estilo centralista e impositivo del Gobierno Nacional que decide por encima de las demandas y proyectos regionales.

Foto: Archivo -Asociación SER

El conflicto vuelve a latir en Ilave

2009-04-14T16:24:00.005-05:00

Por: Aldo Santos

La madrugada del jueves 02 de abril, Hugo Aguilar Quispe, Primer Teniente de la Organización de Tenientes Gobernadores del Distrito de Ilave, no presagiaba que al abrir la puerta de su domicilio hallaría un casquillo de bala calibre 38, con el sugerente mensaje: “Viva el MRTA. Camarada Quispe”, impreso en la hoja de papel que envolvía la munición.

Aguilar Quispe, que desde principios de año representa a los 320 tenientes gobernadores del distrito de Ilave en la Provincia de El Collao, presentó un memorial solicitando el despido de 33 trabajadores del municipio, el mismo además establecía un plazo de 15 días, para que el alcalde, Fortunato Calli Incacutipa, convoque a un cabildo abierto.

Ambos pedidos se hicieron el 26 de marzo pasado, en medio de un informe económico convocado por la Municipalidad Provincial de El Collao. Los tenientes gobernadores, que representan a las comunidades campesinas de Ilave, dieron lectura del documento que habían elaborado sin recibir respuesta por parte de la autoridad edil, a quien se le cuestiona, entre otras cosas, por haber construido cobertizos con dineros de la municipalidad, en el distrito de Acora, fuera del territorio provincial.

Se dice que la casualidad en política es inexistente. Lo cierto es que existen serias irregularidades en la gestión del burgomaestre ilaveño, algunas tienen que ver con el mecanismo utilizado para hacer transparente su gestión. Las instituciones agrupadas en la Pastoral Social de la Parroquia de Ilave, cuyo trabajo es reconocido por promover el desarrollo de la provincia de El Collao, han expresado su preocupación por la realización de estos informes económicos, audiencias públicas o cabildos abiertos, ya que no se conocen con exactitud los mecanismos para que se lleven a cabo.

Se señala que el reglamento para llevar adelante el último informe económico, no se ha respetado y lejos de ser un espacio que transparente la gestión, se ha convertido en un mecanismo para confundir a los ciudadanos que, ante tantos montos, cifras, rubros y gastos que se exponen, difícilmente pueden informarse adecuadamente.

Si bien no se han documentado las denuncias, el fantasma de la corrupción ha invadido la gestión del “Mallku aymara”, que es como se hace llamar Fortunato Calli. Se acusa al Gerente municipal Julian Chana Alave y otros trabajadores como, Daniel Ccaso, Bernabé Hamachi, Milton Cariapaza, Miguel Betancur y otros 28 más, de formar parte de la red de corrupción al interior de la Municipalidad.

Muchos de ellos, habrían puesto su cargo a disposición el último 31 de marzo, sin embargo el plazo de 15 días puesto por los tenientes gobernadores para la realización de un cabildo abierto sigue su curso y todo indica que, pese a que el alcalde intente eludir dicha actividad aduciendo falta de garantías como lo demuestran las pintas que existen en su contra, los dirigentes comunales no están dispuestos a ceder en sus pretensiones. Así lo acordaron el domingo 05 de abril.

Ya en el año 2008, antes de un informe económico similar, aparecieron pintas que decían: “Viva la prensa y muerte al alcalde” que, acompañadas de una hoz y un martillo buscaban amedrentar y causar zozobra en la población recurriendo a la imagen del extinto Sendero Luminoso (SL). El hecho fue denunciado ante la prensa regional como una amenaza en contra de la autoridad edil.

Un año después y en medio de una evidente tensión entre los tenientes gobernadores y el burgomaestre ilaveño, nuevas pintas han aparecido impresas en algunas paredes de la ciudad. Las amenazas vuelven a pesar sobre Calli Incacutipa quien ha señalado, en una entrevista radial, que tanto los organismos de Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo son conocedores de que no existen garantías para realizar un cabildo abierto.

La respuesta municipal ha venido de parte del nuevo Director Municipal, Wilber Franco Valdez, quien ha señalado que pretenden realizar un cabildo abierto por cada zona (lago, media y alta) y que el 90% de trabajadores contratados bajo la modalidad de servicios no personales han sido retirados. Por su parte, la Central de Barrios de Ilave, representada por Ricardo Acero, alista baterías para presentar un segundo memorial que seguramente irá en la misma lógica que el memorial presentado por los tenientes gobernadores.

La gestión de Calli Incacutipa, electo bajo la membrecía del Partido Nacionalista Peruano (PNP), se caracterizó por reivindicar la posibilidad de una nación aymara, nombrando a El Collao como “Capital de la gran Nación Aymara” e impulsando el izamiento de la wifala[1] en los actos públicos. A través de las gerencias de la comuna se organizaron diferentes actividades y foros públicos que tenían como objetivo iniciar un proceso de reflexión sobre lo aymara, con la presencia de algunos líderes bolivianos y peruanos.

Al parecer, todo ese proceso de reivindicación ha quedado subsumido por las exigencias propias de la gestión edil. Lo mismo ha ocurrido con Eugenio Barbaito Constanza, ex alcalde de Chucuito Juli -que se llama a sí mismo “papalindo”-, quien fue vacado por el Concejo Municipal de la Provincia de Chucuito Juli, por nepotismo. Tanto “papalindo”, como Calli Incacutipa, promovieron la formación de la Unión de Municipalidades Aymaras (UMA), como un ente que aglutinaba a todas las municipalidades aymaras de la región Puno, ambas experiencias parecían ser la punta de lanza de un intento de reivindicación y afirmación de lo aymara como posibilidad nacional.

Hoy por hoy, ninguna representa un modelo de gestión exitoso, por el contrario ambas se han convertido en focos de conflicto, donde las denuncias por corrupción, las amenazas y enfrentamientos se agudizan, si bien en la provincia de Chucuito Juli la crisis terminó con la vacancia de Eugenio Barbaito Constanza, los enfrentamientos en la provincia de El Collao tienen larga data, ya en julio del 2008 un grupo de 300 tenientes gobernadores de las tres zonas de esa provincia obligaron a Calli Incacutipa a arrodillarse y a que este pidiera disculpas por el incumplimiento de sus promesas electorales y otras irregularidades en su gestión.

La posibilidad de que el conflicto se agudice es latente, corresponderá a Fortunato Calli Incacutipa y a los funcionarios de la comuna ilaveña, responder a las acusaciones que pesan en su contra. Por su parte, las instituciones de la Pastoral Social de la Parroquia de Ilave, han exhortado al cumplimiento de un “Acta de Compromisos” firmado por los candidatos al sillón municipal en el último proceso electoral, en el que, el entonces candidato Calli Incacutipa, se compromete a cumplir una serie de acciones, como aporte a la gobernabilidad y a la estabilidad política en la provincia de El Collao - Ilave.

Notas:
[1] Según el historiador Nicanor Domínguez, la wifala (wiphala), es una variante de la bandera del Tawantinsuyo (o ‘pusintsuyo’, en lengua aimara). El diseño es ajedrezado y se inspira en la decoración de la cerámica prehispánica Tiwanaku e Inca.

Publicado en: www.ser.org.pe

Fotografía: Archivo de la Asociación SER

Puno, de los conflictos a la gestión ambiental

2009-03-26T12:58:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

La contaminación de la cuenca del río Ramis y de la bahía interior del lago Titicaca, la inexistencia de sistemas adecuados para la gestión de residuos sólidos, la presencia de actividades extractivas, entre otros, son algunos de los problemas ambientales que, en los últimos años, se han convertido en una fuente permanente de conflictos sociales en la región Puno.

Como respuesta a esa problemática y buscando mejorar la gestión ambiental y territorial en la región, se ha iniciado un proceso impulsado desde la sociedad civil, la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente (GRNMA) y el Consejo Regional que tiene como objetivo dinamizar el funcionamiento de la Comisión Ambiental Regional (CAR), la misma que, luego de ser conformada el año 2002, inició una serie de actividades como la elaboración de agendas ambientales regionales y un Plan Ambiental Regional.

Sin embargo, los últimos años, dicha comisión ha perdido el protagonismo que tenía antaño, a lo cual se suma que la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), modifica el funcionamiento de las CAR, pasando a ser órganos dependientes directamente de los gobiernos regionales (sin la aprobación del CONAM) e incorporando al MINAM como parte de las mismas, lo que ha obligado a modificar y/o adecuar a las CAR al nuevo escenario de gestión ambiental que plantea la creación del MINAM.

Los vacíos creados por el poco dinamismo de la CAR en la región, han hecho que surjan nuevos actores y espacios preocupados por la problemática ambiental, dos de ellos son, el Grupo de Trabajo de Sociedad Civil Para la Interoceánica Sur y la Mesa Temática de Medio Ambiente, que articulan a representantes del Estado y la sociedad civil para plantear posibles soluciones a los problemas ambientales y rescatar las posibilidades que existen para el desarrollo sostenible.

De otro lado, la GRNMA, los representantes de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Consejo Regional y la Asociación SER, han sostenido varias reuniones, a fin de buscar mecanismos que permitan la adecuación de la CAR a la nueva Ley de creación del MINAM, fruto de ello se redactó una propuesta de Ordenanza Regional, la misma que fue socializada y validada por los integrantes del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil Para la Interoceánica Sur y la Mesa Temática de Medio Ambiente, antes de su presentación en el Consejo Regional.

La Ordenanza Regional fue aprobada el 16 de septiembre del 2008 y refrendada por el presidente regional el último 13 de febrero. Aunque aún no se haya oficializado la publicación del documento, es una señal de la voluntad de las autoridades regionales por liderar el proceso de elaboración y actualización de las políticas públicas referidas a la gestión ambiental en la región.

Ciertamente el escenario no es el mejor; la falta de capacidades regionales y locales para liderar el proceso de gestión ambiental, un naciente MINAM, la multiplicación de conflictos socioambientales, el desinterés de algunas autoridades y la desarticulación de la sociedad civil son sólo algunos de los problemas que se deben solucionar en el transcurso del camino.

Una preocupación final es la referida a la institucionalización de espacios como la CAR o procesos como la Zonificación Ecológica y Económica, cuyas posibilidades y esfuerzos pueden verse limitados, en tanto no se afirmen como instancias de concertación y negociación política, más allá de los gobiernos y autoridades de turno. En un país como el nuestro en el que el tradicional “borrón y cuenta nueva”, se ha convertido en una práctica casi generalizada, es necesario que la fuerza de estos espacios y procesos repose en la sociedad civil.

En ese sentido, la sociedad civil tiene un doble reto, por un lado, articularse y organizarse en torno a una visión de desarrollo y por el otro, vigilar atentamente el cumplimiento de los alcances de estos espacios y procesos que hoy por hoy son tan necesarios, por el nivel de conflictividad y las inequidades sociales existentes.

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La minería informal: ¿Un brindis por la impunidad?

2009-03-20T13:34:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

Una decena de muertos y otra cantidad de heridos, ha sido el saldo que dejó el alud que sepultó el campamento minero Winchumayo, el pasado 2 de marzo. La noticia mereció primeras planas, la visita de congresistas y de un ministro a la zona devastada. Las constataciones son muchas y las evidencias muestran serias irregularidades en la explotación de oro.

Tomás Cenzano Sierralta, congresista de la república por Puno y potentado empresario minero ha reconocido ser el propietario de parte de la concesión, lo mismo que el alcalde de Ituata, Roger Saya; sin embargo, a la fecha, más allá de la tragedia, la discusión respecto de las formas utilizadas para la explotación minera informal, parecen materia de otra discusión.

Las autoridades, pese a tener conocimiento previo del cada vez más conflictivo problema de la minería informal, no se han pronunciado respecto de sus soluciones, mucho menos han pretendido articular una propuesta seria que nos permita vivir en un país donde el respeto a la Ley prevalezca, sobre todo en lugares que, como Winchumayo, se hacen parte de nuestra geografía, solamente cuando existen muertos o tragedias similares.

Cenzano Sierralta y otras autoridades que esconden tras de si, métodos y prácticas reñidas con la Ley, deberían ser investigados y sancionados ejemplarmente si se demuestra su responsabilidad. Si bien, Cenzano ha señalado que no existen pruebas que lo incriminen, ni vínculos laborales con los mineros muertos y afectados por el alud; estos han señalado que trabajaban para él, reconociéndolo como propietario de la concesión.

Por ello, ¿es que acaso estamos viviendo en un país en el que la informalidad financia campañas electorales y tiene operadores políticos en el gobierno? Si hoy las ganancias de actividades ilícitas pueden sostener a políticos, nada nos garantiza que mañana el narcotráfico tenga operadores políticos y agentes estatales encargados de resguardarlos. La doble moral del gobierno para estos temas deja mucho que desear; por un lado, cuestiona formalmente las actividades ilícitas como la minería informal y por el otro, omite su rol de fiscalización y de promover el respeto a la Ley de manera cómplice.

Winchumayo debe inaugurar la posibilidad de colocar en la agenda nacional la discusión respecto de la minería informal, que tanto daño le está causando al país, no sólo por la destrucción de ecosistemas únicos como el del Parque Nacional Bahuaja Sonene o la selva de Madre de Dios, sino por lo que genera a su paso: red de corrupción, destrucción del tejido social y denigración del ser humano como tal.

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Casapalca y Winchumayo, ¿Dos tragedias sin responsables?

2009-03-04T19:43:00.004-05:00

Por: Aldo Santos

El 7 de febrero cinco trabajadores fueron sepultados y perdieron la vida en la mina “El Carmen” de Casapalca (Lima), la noticia tuvo repercusión inmediata y penalistas como Luis Lamas Puccio indicaban que: “Los familiares deberían demandar a la empresa por daños y perjuicios, en cuanto que sus familiares han fallecido y eso ha generado un daño moral, espiritual y económico”[1], aún cuando las causas del suceso no estaban determinadas.

El último lunes 02 de marzo 10 personas perdieron la vida en Winchumayo, localidad perteneciente al distrito de Ayapata, provincia de Carabaya en la región de Puno y ello no tuvo la respuesta inmediata ni la repercusión del primer hecho; sin embargo ambos sucesos, que terminaron con la vida de humildes trabajadores mineros, no sólo revelan las precarias condiciones laborales en las que trabajaban, sino la indiferencia de las autoridades estatales encargadas de regular y normar la actividad minera en el país.

El caso de Winchumayo es más grave aún, ya que se trataría, según declaraciones del propio ministro de Energía y Minas, de una empresa que “estaba en proceso de formalización y ya venía trabajando con mejores condiciones que otros pequeños proyectos mineros”. Revelando así que la empresa, en la que el congresista aprista Tomás Cenzano Sierralta posee el 55% de acciones, estaría operando informalmente.

En los hechos, más allá de que hayan sido ocasionados por un evento geológico, existe una responsabilidad directa de los operadores del sector minero; en ese sentido, llama poderosamente la atención que un padre de la Patria, aun conociendo la legislación peruana operé ilegalmente una empresa minera. Por otro lado, existe una responsabilidad en el gobierno central y en las autoridades del gobierno regional por haber avalado tal acción, ya que, tanto el director regional de Energía y Minas, como el ministro, tenían información respecto de la empresa minera que operaba en Winchumayo.

A nadie parece importarle que gran parte de la Amazonía sur del Perú esté plagada de mineros informales quienes impunemente vienen atentando contra la vida de valiosos ecosistemas y distorsionando el tejido social por el surgimiento de actividades económicas ilícitas en las zonas en las que los campamentos mineros se asientan. Huaypetue (Madre de Dios), parece ser una visión del futuro que le espera a la Amazonía: Prostitución infantil, trata de blancas y condiciones laborales sólo comparables a la esclavitud, son sólo algunas muestras de lo que probablemente ocurría en Winchumayo.

Tomas Cenzano, Roger Saya (alcalde de Ituata que también posee acciones en la empresa minera de Winchumayo), y otros operadores mineros que “están en proceso de formalización” deberían comenzar respondiendo ante las autoridades pertinentes respecto del carácter de sus empresas, ya que, en muchos casos, no se trata de mineros informales, sino de mafias organizadas que se esconden tras la membrecía y los rostros de pequeños mineros o mineros informales.

Esperamos que la muerte de los obreros no quede impune y que el Ministerio Público determine las causas del siniestro. De otro lado, creo que la tragedia podría darnos nuevamente la posibilidad de encontrar posibles soluciones al problema de la minería informal o la mal llamada pequeña minería.

No se trata sólo de competencias y de niveles de gobierno, por el contrario, se deberían articular esfuerzos que permitan llegar a acuerdos básicos entre empresarios mineros, trabajadores mineros, afectados por la contaminación y el Estado, a fin de que la minería se convierta en un factor de desarrollo y no en una fuente permanente de conflictos, ilegalidad y siniestros como los ocurridos en Winchumayo.

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NOTAS:
[1] Véase: Diario Peru 21. Edición del Jueves 12 de febrero del 2009

Incertidumbres interoceánicas

2009-02-25T19:15:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

La Interoceánica Sur, es el proyecto que las regiones del sur del Perú, en particular Puno y Madre de Dios, han añorado durante décadas y sobre el cual se tejen serias incertidumbres que hacen dudar de su aporte real al desarrollo del país y del Sur Andino, en tanto no se defina con claridad su utilidad, más allá de facilitar el transporte de un lugar hacia otro, muy a pesar de las sempiternas declaraciones gubernamentales que han hecho una analogía entre el asfalto y la superación de la pobreza.

En Puno, Cusco y Madre de Dios las contradicciones son evidentes. Por un lado las condiciones de pobreza y marginación que viven las zonas de influencia del corredor y por otro la deficiente supervisión y monitoreo de las entidades estatales encargadas de velar por el cumplimiento de los planes de gestión socio ambiental de las concesionarias[1].

Sin embargo, aún cuando las condiciones previas que garanticen el éxito del proyecto no están dadas, el asfaltado de la Interoceánica Sur, se ha convertido en la garantía de articulación de las poblaciones que viven en las márgenes de la carretera a las capitales de provincia y a los centros de decisión urbanos de la región.

En ese sentido, las vacilaciones gubernamentales que ponen en duda el financiamiento de la obra, despiertan insatisfacciones y reviven viejas pasiones antigubernamentales que se expresan en descontento y amenazas de movilización. Aún cuando el presidente García haya anunciado que la Interoceánica Sur estará concluida antes del 28 de julio de 2011.

¿Interoceánica sin presupuesto?

Lo cierto es que el criterio político que calificó la viabilidad de esta obra, está pasando las primeras facturas; la primera tiene que ver con el presupuesto –estimado inicialmente en 800 millones de dólares-, que hoy ha superado ampliamente la proyección inicial y ha obligado al gobierno peruano a gestionar un crédito adicional de 300 millones de dólares ante la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Adicionalmente el Ministerio de Transportes y comunicaciones ha suscrito una adenda con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), disponiendo de los 160 millones de nuevos soles que el Poder Ejecutivo destinó, mediante un decreto de urgencia, a fin de completar las obras programadas para el Tramo 2, que comprende la vía Urcos-Puente Inambari.

De otro lado, el 20 febrero se publicó el decreto de urgencia N° 25-2009, que destina 772, 652 millones de nuevos soles procedentes de los fondos que la CAF ha otorgado en calidad de préstamo al gobierno peruano; con ello se garantizaría la conclusión del proyecto que ha sido declarado de necesidad pública con la Ley N° 29309.

Una carretera sin rumbo

Todo ello obliga a pensar y elaborar políticas regionales y macroregionales para un aprovechamiento sostenible de la vía; los gobiernos regionales y autoridades locales que aún no han incorporado en su agenda las posibilidades de desarrollo que ofrece la Interoceánica Sur, estarían dejando pasar una nueva oportunidad para mejorar las condiciones de vida de cientos de familias que podrían beneficiarse de su construcción.

Ello, sumado al desinterés gubernamental en generar proyectos alternativos de desarrollo que complementen el asfaltado de la vía, generando capacidades y las condiciones previas para un óptimo aprovechamiento, puede constituirse como un factor de riesgo que permita que la vía acentúe las diferencias e inequidades, sobre la base de la destrucción del medio ambiente y el desarrollo de economías ilícitas como la tala ilegal de bosques, el narcotráfico, la minería informal, la prostitución infantil, entre otras que son pre existentes al asfaltado de la Interoceánica Sur.

Sin duda, se requiere de una alianza entre la sociedad civil, autoridades y las propias empresas concesionarias que, en el caso de CONIRSA, encargada del asfaltado de los tramos 2 y 3 (Cusco y Madre de Dios), están marcando la diferencia con la creación de un programa que ha supuesto la alianza entre Odebrecht, CONIRSA, Conservación Internacional y Pro Naturaleza, para generar iniciativas de conservación y desarrollo y en el cual pretenden invertir más de 7 millones de dólares; monto elevado si consideramos que el gobierno sólo ha destinado poco más de 17 millones de dólares para el único programa de mitigación de impactos indirectos que tiene en el corredor vial.

No se trata sólo del avance físico del tramo 2 –que ha despertado los celos en los puneños-, sino de buscar mecanismos que permitan este tipo de alianzas y que comprometan a todos los actores vinculados directa o indirectamente a la Interoceánica Sur.

NOTAS:
[1] El consorcio INTERSUR, encargado de la construcción de la vía que une a la localidad de Azángaro con el Puente Inambari, ha sido denunciado por las Rondas Campesinas de Carabaya, los representantes del Frente de Defensa de los Intereses de Ollachea (FREDIO) y el Instituto Nacional de Cultura (INC), por el incumplimiento de derechos laborales, por la muerte de 4 obreros en la vía y la destrucción de restos arqueológicos en el tramo que une a la localidad de Macusani con el distrito de Ollachea. Las denuncias no han sido esclarecidas hasta el momento.

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El Inambari, la hidroeléctrica prometida

2009-02-19T12:37:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

Escuchar sobre la construcción de megaproyectos se ha convertido en un lugar común en nuestro país; a los ya existentes se ha sumado la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, un proyecto ambicioso que se halla ubicado en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno. La central hidroeléctrica del Inambari se vislumbra como la quinta más grande de América Latina, razón suficiente para que los brasileños del consorcio Electrobras, Furnas y OAS se interesen en ella.

El consorcio brasilero, que tiene la concesión temporal, anunció que invertiría 5,000 millones de dólares en la construcción y adelantó que las obras podrían iniciarse a mediados del presente año, siempre que obtengan la concesión definitiva. Los estudios de prefactibilidad, que empezaron en el 2008, han arrojado como resultado que las condiciones hidrográficas permitirían que la potencia de la central sea de 2.5 Gw, la más grande del Perú.

Sin embargo, la construcción de la hidroeléctrica trae consigo algunos elementos negativos que hay que resaltar. Por un lado, existe la necesidad de construir un dique que estará ubicado cerca del puente Inambari, lo que afectaría directamente al puente y al asfaltado de la Interoceánica Sur, modificando el trazo original de la vía y amenazando la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Los 100 metros de altura y la superficie del embalse, estimada en 40,000 Has., requieren de la tala de bosques ribereños y la eliminación de laderas de montaña, afectando a las poblaciones locales y familias que habitan la zona.

Es muy probable que la geografía de la zona, las condiciones climáticas, sumadas a los efectos de la presión del agua embalsada, puedan generar derrumbes, afectando al dique y a su entorno. También se debe considerar que el Inambari es el hogar de varias especies de peces migratorios, quienes en su ciclo de vida, se dirigen a las zonas altas de la cuenca para desovar, en ese sentido es necesario que el proyecto contemple un sistema que permita el paso de los peces, para menguar, de algún modo, el impacto que ocasionará la construcción de la hidroeléctrica y considerar el manejo de las emisiones de metano fruto de la tala de bosques.

La Central Hidroeléctrica del Inambari abre la posibilidad de que el país satisfaga la creciente demanda de energía eléctrica que tienen Brasil y Chile, empero la ausencia de una política adecuada de exportación que asegure la demanda interna e inscriba este proyecto en una visión de largo plazo, deja serias incertidumbres. Por lo pronto, se sabe que Brasil está sumamente interesado en la construcción de éste y otros catorce proyectos hidroeléctricos en el Perú, según declaraciones del propio ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao.

De otro lado, es necesario que el proceso de concesión definitiva, que elija a la empresa concesionaria, sea transparente y participativo, permitiendo la existencia de mecanismos a través de los cuales las poblaciones locales y regionales afectadas por la construcción de este megaproyecto, puedan participar activamente; hasta el momento, no existe ningún acercamiento por parte del gobierno para subsanar esta omisión. Asimismo, los gobiernos regionales y autoridades locales deberían tener una posición que permita el máximo aprovechamiento de éste y otros megaproyectos.

Esperamos que el proyecto sea debidamente socializado, indicando sus alcances y limitaciones, ello generaría mayor confianza y garantizaría el éxito del mismo. Escenas como las registradas en Sicuani en octubre de 2008, en la que las comunidades campesinas se opusieron a la construcción de una hidroeléctrica, podrían ser la analogía de un proyecto que hasta el momento no está generando mecanismos de diálogo, consulta e involucramiento y muy por el contrario, intenta pasar desapercibido.

Publicado en: Diario Los Andes (www.losandes.com.pe)

Fotografía tomada de: (http://www.hidroagoyan.com/)

¿Quién carga con los muertos de la Interoceánica?

2008-11-05T19:01:00.005-05:00

Aldo Santos

Cinco personas muertas y 22 heridos ha sido el saldo que dejó el último accidente ocurrido el 04 de octubre, en el tramo IV de la carretera Interoceánica Sur. El sector denominado como Yanaccaca, ya ha sido escenario de accidentes similares: La muerte del rondero Eudi Pineda, el accidente ocurrido con una camioneta de la empresa minera Frontera Pacífico el 23 de abril, además de los constantes deslizamientos de tierra que ponían en peligro la vida y la salud de los transeúntes del tramo en mención.

INTERSUR Concesiones, empresa encargada del asfaltado del tramo IV de la Interoceánica Sur, era consciente del peligro al cual exponía a quienes se movilizan por esa vía. El mismo hecho fue alertado en una reunión que los representantes de la empresa sostuvieron con miembros de la Asociación SER en el despacho congresal de la señora Susana Vilca el pasado 26 de mayo del presente año. Al respecto, los representantes de la empresa señalaron que se tomarían las medidas correctivas. Cinco meses después tenemos que lamentar más muertes, fruto de la irresponsabilidad de la empresa que agrupa a las constructoras Queiros Galvao, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez.

Posteriormente, el 02 de julio, la Asociación SER emitió una nota de prensa, alertando el deficiente rol de las entidades encargadas de la supervisión y el monitoreo de la obra vial, a lo que OSITRAN, encargada de la supervisión, respondió señalando que venían realizando sus labores en el marco de sus competencias y que la misma se desarrollaba eficientemente. Ello se pone en tela de juicio, ahora que saltan a la luz evidencias de una responsabilidad compartida entre la supervisora y la empresa encargada del asfaltado del tramo IV por el último accidente ocurrido.

Un informe emitido por peritos contratados por la Municipalidad Provincial de Carabaya concluye señalando: “La acción más recomendable es consultar y, en el mejor de los casos, contratar los servicios de especialistas en geotecnia”. ¿Qué rol juega la supervisora en este aspecto? Ellos aducen que tienen personal que permanentemente está supervisando la ejecución de las obras, ¿por qué, aún conociendo las características de este sector, no emitieron o dieron a conocer ninguna opinión técnica?, ¿por qué INTERSUR Concesiones no tomó ninguna medida preventiva, pese a que conocía las características geológicas del sector?

Del mismo modo, se acusa a INTERSUR Concesiones de no haber obtenido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), condición previa a la aprobación del EIA, ya que obras como, la ampliación de vías y la remoción de tierras, dañaron irreversiblemente restos arqueológicos y andenería de la cultura Qolla en el tramo que une a la localidad de Macusani con Ollachea. Ello no fue aclarado hasta el momento y tampoco se conocen las sanciones que se habrían impuesto a la concesionaria por el daño causado al patrimonio cultural puneño.

Las irregularidades son varias y hasta el momento no existe ninguna respuesta de OSITRAN y el Ministerio de Transportes, encargados de velar por los derechos ciudadanos y por una adecuada ejecución del proyecto vial. INTERSUR Concesiones ya ha sido denunciada en anteriores ocasiones por irregularidades en materia de incumplimiento de derechos laborales, que salieron a la luz por la muerte de más de tres obreros en la ejecución de la vía. El hecho más sonado fue el deceso de Marco Quipo y José Solorzano, obreros que perdieron la vida el 22 de abril, en circunstancias que deben ser materia de investigación.

El Frente de Defensa de los Intereses de Ollachea (FREDIO), ha expresado a través de diversos medios de comunicación, su preocupación ante estos hechos y los representantes de la Central Única de Rondas Campesinas de Carabaya acataron un paro preventivo el 23 y 24 de octubre último, cansados de los atropellos de la transnacional brasilera. En el comunicado que las rondas campesinas emitieron se exige, entre otras cosas, la “inmediata indemnización de los fallecidos y los accidentados del lugar denominado Yanaccacca”.

Deficiencias e irregularidades que deben ser corregidas y sancionadas a la brevedad, con un rol más transparente de OSITRAN que incluya a autoridades y líderes de sociedad civil, en su programa de supervisión. Las poblaciones locales necesitan que el Estado esté más presente y proteja sus derechos a través de los organismos reguladores. El escenario en Carabaya es complejo por los antecedentes de irregularidades cometidas por INTERSUR Concesiones, entre ellos la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en abril del 2007, cuando las obras de asfaltado se venían ejecutando desde septiembre de 2006 y las anteriores huelgas de ronderos reclamando la contratación de trabajadores del sector para el desarrollo de las obras.

La Interoceánica Sur, que se construye en Perú, en el marco de la Iniciativa Para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), ha sido un anhelo de las poblaciones que viven en el Sur Andino del país, ya que la han identificado como una condición para el desarrollo regional. La obra debe servir, en primera instancia, para que las personas que viven en las márgenes de la carretera, mejoren su calidad de vida y vivan en condiciones más dignas y, de ningún modo, utilizar este anhelo, para vulnerar los derechos de las personas, que es como viene ocurriendo en la actualidad.

El sur, ¿una integración imposible?

2008-11-05T18:54:00.002-05:00

Aldo Santos

Los resultados del referéndum para la integración de regiones en octubre de 2005, a excepción de Arequipa en el sur, mostraron la poca voluntad de las sociedades regionales de unirse a otras regiones, pese a los beneficios que el gobierno nacional había anunciado para tal fin. En ese sentido, las demandas locales no incluían a la integración dentro de sus prioridades para el desarrollo.

La integración, cargada del voluntarismo de un sector de ONG, políticos e intelectuales sufrió un primer revés, lo que mereció seguramente una revisión del proceso y el camino que se había elegido para promover la articulación sur peruana. En definitiva, había una distancia considerable entre los discursos y realidades locales.

Ciertamente, vale decirlo, el proceso tuvo resistencias y enfrentó diversos contratiempos; el rol y el liderazgo que debía ejercer el Consejo Nacional de Descentralización era limitado y deficiente; sumado a la presencia de caudillos locales que fueron alimentando un discurso en contra de la integración, como fue el caso del alcalde de Sicuani (Cusco) o el presidente regional de Puno.

Posteriormente, una puerta abierta que permitió generar las condiciones para la integración fueron las Juntas de Integración Regional, como espacios en los cuales los presidentes regionales pudieron generar políticas de manera conjunta; sin embargo, ello tuvo sus resistencias en tanto no consideraban como nivel importante de gobierno a las municipalidades provinciales y distritales; asimismo, dejó de lado a los consejeros regionales. Ello fue expresado en dos encuentros macroregionales de consejeros del sur (Puno 2007 y Arequipa 2008).

De otro lado, se fue gestando un espacio más inclusivo aún que incorporaba a diversos actores del Estado y la sociedad civil, denominado Juntas de Integración Macroregional que en su séptimo capítulo (Carabaya – Puno 2007) alcanzó la firma de algunos convenios de cooperación entre municipalidades de regiones diferentes como Cusco y Puno.

Estos dos bloques integracionistas se construyen incluyendo a consejeros regionales y autoridades municipales, cuya pretensión es articularse a través de proyectos de desarrollo estratégicos y, aunque las experiencias no hayan alcanzado resultados óptimos, son un indicador de que la integración regional no debe dejarse en manos sólo de los presidentes regionales y, por el contrario, debería incluir a otros actores más.

Pese a que los gobiernos regionales, llevan casi dos años de gestión, esta preocupación aún no ha merecido atención por parte de ellos. Las reuniones que han tenido no han confluido en la conformación de una junta más allá de manifestar su voluntad de conformarla.

Por su parte, la sociedad civil se ha organizado con el apoyo de algunas ONG en lo que se ha denominado encuentros macroregionales, en el marco de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social. La agenda de los encuentros se estableció en base a temáticas que pudieran articular a las siete regiones involucradas (Tacna, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Apurimac) y hasta el momento ha celebrado dos ediciones (Cusco 2007 y Apurimac 2008)

El último encuentro macroregional, realizado en Abancay los días 23 y 24 de octubre del presente año y en el que participaron autoridades y representantes de la sociedad civil de las siete regiones, se adelantó a la posibilidad de una reunión de los presidentes regionales de las siete regiones del sur, a fin de que la agenda y los resultados del trabajo en los encuentros macroregionales, sean alcanzados a los presidentes y éstos incluyan en sus agendas la posibilidad de integrarse a sus regiones vecinas en base a problemáticas y proyectos comunes para el desarrollo regional.

Sin embargo esta iniciativa enfrenta varias adversidades, debido al estallido de conflictos limítrofes, por el uso de los recursos naturales y la asignación presupuestal en diversas regiones del sur del Perú. Tacna y Moquegua son el ejemplo más gráfico, del mismo modo Arequipa y Cusco.

En este escenario, la integración genera muchas incertidumbres que difícilmente serán absueltas en tanto el gobierno nacional no demuestre voluntad para la solución de dichos conflictos, ya que muchos de ellos dependen directamente de él.

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Escenario político altiplánico

2008-11-05T18:43:00.003-05:00

Aldo Santos

Están próximos a cumplirse los dos primeros años de la gestión de Hernán Fuentes frente al gobierno regional puneño, los próximos dos (2009 – 2010), cuentan muy poco en realidad, la cercanía del proceso electoral, que modifica las prioridades de los gobernantes y diversifica el interés de los ciudadanos impone nuevas agendas que suelen ser más coyunturales.

En ese marco es pertinente hacer un recuento de cómo se ha venido desarrollando la gestión, los actores políticos y sus intereses y en base a ello adelantar algunos probables escenarios pensando en las próximas elecciones municipales y regionales.

El presidente candidato

Desde su victoria en las elecciones regionales, Fuentes Guzmán representó la novedad, ya que su campaña se realizó lejos de los centros urbanos de decisión e irrumpió sorpresivamente entre los favoritos pocas semanas antes de las elecciones y, aunque su votación fue poco representativa (poco más del 18%), se hizo con el cargo de presidente regional.

El desconocido apareció entonces, denunciando un fraude electoral en caso no resultase ganador y promoviendo huelgas en la ciudad de Juliaca que tenían como objetivo demostrar su capacidad de bloqueo; ello, sumado a la renuncia del partido político que lo había llevado al cargo (Avanza País), fueron incrementando un caudal de dudas y detractores de su gestión, ni bien había iniciado con la misma.

Las críticas y denuncias que venían del Consejo Regional, habrían reforzado una actitud intolerante de Fuentes que, en más de una ocasión, generó las condiciones para que sus seguidores agredieran a los consejeros regionales de oposición. Incapaz de construir alianzas, se refugió en sus seguidores que operaban como fuerza de choque, ante cualquier acto de rechazo a su presidente. Así, un Fuentes aislado, criticado, incomprendido, optó por rodearse de personas de confianza dentro del gobierno regional, construyendo así, una red de clientelismo político que lo ha sostenido en el cargo hasta la actualidad.

Las planillas pagadas con fondos del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, el continuo cambio de directores regionales y de gerentes, las poco transparentes licitaciones de obras públicas, entre otras irregularidades que hoy son materia de investigación judicial, son una muestra de los costos políticos que tiene el sostener, un andamiaje que lo mantiene en el cargo. Seguramente la factura de ello será más elevada cuando termine su gestión y no tenga el escudo que le otorgan su investidura y sus seguidores.

Por ello, para Fuentes es sumamente importante mantener un cargo público que le permita sortear las denuncias que pesan en su contra. Todos sabemos que la administración de justicia en el país es deficiente y los vericuetos legales difícilmente alcanzan a los poderosos. Basta con mirar el estado de las denuncias que pesan en contra del ex presidente regional David Jiménez Sardón quien, aparentemente, alista su postulación al gobierno regional, como buscando sellar la impunidad.

Formas de gobierno

Fuentes ha encontrado una fórmula “inteligente” para conseguir sus objetivos políticos. Ha convertido en un recurso político, el estigma de ser visto como pro chavista, radical, insurgente, lo que lo hace una figura mediática. No olvidemos que más allá de ser abogado, es un hombre formado en medios, nada menos que en la difícil plaza juliaqueña, lugar en donde la mercenarización de la prensa es más evidente por el estilo amarillista, confrontacional y agresivo que prima en gran parte de los programas periodísticos de esa ciudad. Hechos que se repiten en otras regiones del país, pero que en Juliaca ha llegado a extremos de agresiones físicas entre miembros de uno u otro medio de comunicación.

El estilo de Fuentes despierta interés de propios y extraños, genera portadas de diarios, revistas, titulares en medios regionales y nacionales. Se muestra rebelde y subversivo; sin embargo expresa una especie de aislamiento respecto de su propio movimiento político, fundado a principios de su gobierno (Frente Amplio Nacionalista – FAN), del cual, luego del debut en la toma de posesión, se sabe muy poco y por lo menos no ha mostrado ningún interés en acompañar o darle sentido a las descabelladas propuestas de federalismo, separatismo o independización que ha venido planteando.

Fuentes sigue siendo un fenómeno para algunos medios que, más allá de mostrar el creciente rechazo que tiene como presidente regional, exaltan su figura y su estilo bravucón.

Viendo la campaña

Pero, ¿sólo la exposición mediática es garantía de una victoria electoral? En el caso de Fuentes, aún no ha terminado de cuajar ningún movimiento y parece ser que no existen muchos movimientos dispuestos a otorgarle una franquicia o membrecía, como fue el caso de Avanza País que, luego de su garrafal experiencia, tendrá que elegir mejor a sus candidatos. Ello lo obliga a refugiarse en su casi inexistente movimiento e intentar conseguir las firmas que necesita para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones o esperar a que algún partido nacional ávido de protagonismo le otorgue la franquicia necesaria, en caso postule al Congreso de la República.

Lo cierto es que no ha logrado articular una propuesta de desarrollo regional; por el contrario la única propuesta que exhibió públicamente -la del asfaltado de diferentes vías que articularían a provincias como Moho y Sandia al resto de la región-, no tiene correlato con la realidad por el presupuesto con el que cuenta la región y por un mal llevado proceso de licitación, como en el caso de la carretera Huancané – Moho.

El consejo regional

Atrás quedaron los días en los que enfrentarse era común en las sesiones de Consejo Regional. Desde la victoria de Juan Sacachipana como consejero delegado la confrontación parece haber cesado y se ha instalado una especie de alianza entre los consejeros regionales y el presidente. No es casual que la mayoría de ellos haya apoyado la propuesta de Estado federal quechua aymara.

No olvidemos que los consejeros regionales representan varios intereses que tienen que ver con su rol incomprendido por parte de los votantes en provincias, quienes han visto en ellos a una especie de “tramitadores” de proyectos para la provincia, en el gobierno regional; ello los obliga a congraciarse con el ejecutivo regional intercambiando favores políticos por pequeñas obras para sus provincias, de tal modo que mantengan un electorado contento con sus gestiones.

En ese sentido, la vitalidad del consejo regional, como espacio articulador de propuestas de desarrollo regional, se ha convertido en una especie de mesa de partes para las propuestas de sus electores y de Fuentes Guzmán.

¿La oposición?

La fragmentación de la sociedad civil regional, expresada claramente en las últimas movilizaciones, hace imposible que se pueda gestar una plataforma regional que establezca una agenda prioritaria para el desarrollo puneño. En sucesivas ocasiones se ha intentado crear una agenda puneña, pero el resultado ha sido la fragmentación; el pensar regionalmente y lo regional en un contexto nacional y mundial, se reduce a pedidos puntuales que pasan por la construcción de plataformas deportivas o locales comunales.

Esa debilidad para pensar regionalmente tiene que ver con el descrédito y el decaimiento de las organizaciones tradicionales en la región; la Federación Departamental de Campesinos, que otrora colocaba sus demandas en el Congreso de la República, hoy sufre una crisis sin precedentes. En su reemplazo se han formado otras agrupaciones como la CORECAMI, el Comité de Lucha de la Zona Sur o las rondas campesinas de Carabaya que, pese a su innegable capacidad de movilización, sus demandas aún no trascienden lo sectorial y específico.

Este escenario, sumado a la inexistencia de movimientos o partidos políticos regionales, complejizan la posibilidad de que genere movilización social en torno al desarrollo regional; tales ausencias son aprovechadas por personajes como Fuentes, solitario ocupante de la arena política lacustre.

Atrás quedaron Poder Democrático Regional, el Partido Aprista, el Movimiento Al Socialismo, entre otros que peleaban por ganar las elecciones regionales anteriores. Un insular Frente de Organizaciones Populares (FOP), ha sido el reemplazo para ellos, pese a que el FOP, no tiene ningún respaldo ni legitimidad en la sociedad regional.

Entretanto algunos nombres comienzan a aparecer en escena como probables candidatos de las próximas elecciones regionales, entre ellos el abogado Mauricio Rodriguez, el alcalde ayavireño Bernardo Meza y el congresista Yonnhy Lescano, como la novedad. Por su parte, el protagonismo del Comité de Lucha de la Zona Sur, con Hugo Llano a la cabeza, será probablemente un actor con el que los movimientos tendrán que negociar, a fin de asegurar alianzas y victorias electorales.

Sin embargo, más allá de las alianzas o de los probables candidatos, lo que debe establecerse como prioridad es que los movimientos articulen una propuesta de desarrollo regional que incluya el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la maximización de beneficios derivados de proyectos como el Gasoducto Surandino, la carretera Interoceánica Sur, la Zona Económica Especial, la Irrigación Lagunillas, entre otros, cuya utilidad y beneficios aún no trascienden la esfera del voluntarismo. Se necesitan propuestas técnicas que circunscriban dichos proyectos a la visión del desarrollo regional, a fin de que no sigamos sumando oportunidades perdidas.

Publicado en: www.ser.org.pe

Pecados episcopales en el Sur Andino

2008-09-20T14:05:00.004-05:00

Por: Aldo Santos

En la comunicación que el Obispo de la Prelatura de Juli, José María Ortega Trinidad, dirige al Padre James M. Linch, Superior Regional de la Sociedad de Maryknoll en América Latina, deja claro que, “indefectiblemente el 31 de diciembre del año en curso se dará término al Convenio entre la Sociedad Maryknoll y la Prelatura de Juli”.

Paradójicamente, el mismo domingo que el Obispo Ortega firmaba la carta, en Roma, Benedicto XVI señalaba: “Quiero recordar que este mes está tradicionalmente dedicado al Corazón de Cristo (…) pues expresa de una manera sencilla y auténtica la buena noticia del amor...”. No obstante, la noticia que días después recibirían Linch y los misioneros de Maryknoll, asentados hace 65 años en el altiplano peruano, no sería interpretada como buena, mucho menos como un acto de amor.

Ya desde abril del 2006, en que Ortega fue nombrado Obispo de Juli, las tensiones al interior de la Iglesia en el Sur Andino eran evidentes; meses antes, el sodálite Kay Martín Schmalhausen Panizo, había recibido la investidura episcopal en la Prelatura de Ayaviri. Al sur y al norte de Puno la ofensiva conservadora había comenzado y con ella, una suerte de “extirpación de idolatrías” que tenía como objetivo la expulsión de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. El primero fue Francisco Fritsch quien tuvo la “osadía” de preguntar en medio de la celebración de toma de posesión de Schmalhausen, “¿por qué el pueblo quechua, luego de 500 años de evangelización, no tenía un Obispo quechua?”.

Tanto Fritsch como los misioneros de Maryknoll forman parte de un grupo de misioneros y misioneras que dejaron sus países para insertarse en el mundo andino. Según el Padre Hilario Huanca, ellos aportaron en la construcción de “una Iglesia que ha buscado ser fiel a su misión (…) en una realidad marcada por la extrema pobreza y la violencia política”, hecho que ha sido reconocido por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; aunque quizá, ello diste mucho de la perspectiva evangelizadora de Ortega y Schmalhausen quienes en 2006 en Königstein (Alemania), declararon para un medio católico que “durante las tres décadas pasadas ‘los intereses sociales se han enfatizado demasiado en desmedro del ‘cuidado pastoral para las poblaciones indígenas’”.

Desde entonces, los sacerdotes Maryknoll, Jaime Madem, Roberto Hoffmann, Miguel Briggs y Edmundo Cookson, han sido víctimas de denuncias verbales ventiladas públicamente por el Obispo Ortega Trinidad. A contracorriente de esta posición episcopal, los misioneros de Maryknoll fueron reconocidos por la Municipalidad Provincial de Puno el 4 de Noviembre del 2007, con la Orden “Comunidad Andina en grado de los Uros” como muestra de gratitud a su labor evangelizadora y su aporte al desarrollo puneño. Otro reconocimiento similar llegó de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, quienes les otorgaron el reconocimiento “Tupac Amaru” como máxima distinción.

La contribución de los Maryknoll en el altiplano, inspirada claramente en las orientaciones conciliares de Vaticano II, tiene entre sus aportes más importantes: la creación del Instituto de Educación Rural en Juli, la edificación de complejos parroquiales, el establecimiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la puesta en marcha de escuelas parroquiales, así como la promoción de bibliotecas y botiquines comunales y su apoyo a la alfabetización mediante las Escuelas Radiofónicas de Onda Azul, emisora de la Diócesis de Puno que ellos constituyeron y cuyo rol, junto con la Vicaría de Solidaridad, fue decisivo en la promoción y defensa de los derechos humanos durante la época de la violencia política.

Atrás quedarán los esfuerzos intelectuales por comprender el mundo aymara a través del Instituto de Estudios Aymaras (IDEA), fundado en 1974 por los misioneros de Maryknoll, el que seguramente correrá la misma suerte que el Instituto de Pastoral Andina (IPA) tomado, casi por asalto, por los noveles Obispos tan preocupados en “afrontar las secuelas de décadas de mucha ideología”, según sus propias declaraciones.

Lo más preocupante es que la idea de una Iglesia comprometida con los pobres tan pregonada por el catolicismo se reduzca a simple rito sin contenido, en un contexto como el del Sur Andino en el que la marginación, las inequidades e injusticias son apremiantes.

Por ello, llama la atención que la Prelatura de Ayaviri haya aceptado administrar un fondo de US$ 9 millones, de la cuestionada empresa minera MINSUR y que en la Prelatura de Sicuani, el Obispo Miguel La Fay Bardi, actual presidente del IPA, esté siendo cuestionado por los campesinos de la comunidad de Huayllojo (Cusco), por no querer devolverles las tierras que tradicionalmente han sido suyas. Igualmente preocupante resulta que el Obispo de Juli, haya decidido no renovar el contrato de permanencia a los misioneros de Maryknoll. Hechos que denotan una vuelta hacia viejas prácticas medievales de una Iglesia vinculada al poder y de espaldas a los pobres.

Asimismo, en oposición a lo pregonado por los Obispos Ortega y Schmalhausen, el documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Aparecida (Brasil) señala que: “se compromete a llevar a cabo una catequesis social incisiva, porque la vida cristiana no se expresa solamente en virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y políticas”.

En ese sentido, es evidente que estos nuevos “pastores” hablan a título personal y no en nombre de la Iglesia Latinoamericana, cuya voz ha sido recogida en dicha Conferencia. En suma, los deslices de las nuevas autoridades eclesiales no hacen más que expresar su rechazo a la Iglesia como institución.

No se trata de polémicas entre conservadores y progresistas, sino de actitudes de quienes reconocen al otro como prójimo y de quienes realmente están comprometidos o no, con aportar a que la marginación y las inequidades sean superadas. No obstante, hay algunos a quienes les interesa volver al esquema medieval de una Iglesia vinculada al poder, usada como instrumento de dominación y sumisión.

Publicado en el número 35 de la revista "Cabildo Abierto"

Del moqueguazo al puneñazo: Conflicto limítrofe en el sur peruano*

2008-09-05T17:18:00.007-05:00

Aldo Santos

A la entrada del sector de Titire, en la comunidad campesina de Jatucachi, distrito de Laraqueri (Puno), se erige un panel que da cuenta de la ejecución de obras por parte del gobierno regional de Moquegua. Proyectos como la instalación de un sistema de agua potable o el mejoramiento genético alpaquero son implementados por la autoridad moqueguana en territorio puneño.

El hecho se puede interpretar como: a) un acto de filantropía por parte de las autoridades moqueguanas; b) la devolución, en pequeñas obras, del canon que la empresa minera Aruntani SAC tributa en sus arcas o, según los más suspicaces, c) un afán expansionista moqueguano.

Lo cierto es que, desde el inicio de las operaciones de la Empresa Minera Aruntani SAC, en la frontera puneña-moqueguana, muchas cosas han cambiado en el apacible y fantasmal sector de Titire, que, a diferencia de otros lugares de la comunidad, dedicada a la actividad agropecuaria, ha encontrado, en apariencia, grandes beneficios económicos y materiales por su cercanía geográfica a la empresa minera o por la voluntad de un grupo de sus habitantes de anexarse a Moquegua, bajo el argumento de que el Gobierno Regional y las autoridades puneñas no han prestado la necesaria atención al desarrollo de la zona.

Ello tiene su correlato en las profundas inequidades y en la repetición centralista de los gobiernos regionales y locales que han enfocado su atención e inversión solamente en las poblaciones urbanas, descuidando a aquellas que se ubican en los extramuros de las ciudades, cuyos índices de desarrollo, pese a la tenencia de grandes recursos naturales, siguen por debajo de lo deseable. Como afirma Orestes Choquehuanca, presidente de la comunidad campesina de Jatucachi: “de qué sirve que tengamos agua, sino llega para nosotros, porque se va a Moquegua”.

¿Expansionismo en ciernes?

En 1991, a través de la Ley N° 25361, se creó la provincia de El Collao – Ilave, creación que, en opinión de representantes puneños del Comité de Lucha, no respondió a criterios técnicos, ya que habría cercenado a distritos fronterizos como Acora y Pichacani obviando a las comunidades de Pasto Grande y Titire que, según la demarcación regional, pertenecen a Puno y que, según la Ley de creación de la provincia de El Collao, están fuera de él. Argumento que las autoridades y dirigentes moqueguanos usan para señalar que tales comunidades pertenecen a su región.

Posiciones divergentes que se expresan en la contradicción de ambas leyes y que deberían solucionarse urgentemente por el Ejecutivo y el Congreso de la República, ya que ello a dado pie a la conformación de un Comité Unitario de Lucha de la Zona Sur, además de polarizar las posiciones de los representantes de ambas regiones. Hugo Llano y Walter Aduvire, dirigentes del comité, denuncian una “alianza expansionista” entre operadores políticos moqueguanos y la empresa Aruntani SAC, cuyo objetivo sería la administración de los recursos naturales que Puno posee. “No son nuestros hermanos moqueguanos, sino un grupo de ellos, aliados con las transnacionales” señalan. En Titire, uno de los lugares en disputa, acusan al ex alcalde del sector, Melesio Ccama, de ser “promoqueguano”. Su candidatura a la alcaldía en Calacoa, Carumas (Moquegua), confirmaría la aseveración. En Titire se dice que la minera Aruntani lo tiene comprado.

El Comité de Lucha, desde su conformación, en agosto del 2007, ha realizado, junto a las autoridades puneñas, diferentes “visitas cívicas” a los lugares fronterizos en disputa como Pasto Grande y Titire, hechos que han sido interpretados por parte de los moqueguanos como afrentas y que incluso, han terminado en enfrentamientos físicos, con heridos, amenazas de muerte y denuncias penales.

En la otra orilla está el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (FEDIM), quienes ante la arremetida puneña amenazaron con retirar los hitos que éstos colocaron en la frontera y, aunque oficialmente anunciaron que realizarían una visita pacífica a las zonas en conflicto, los trabajadores del puesto de salud de Titire, denunciaron haber sido agredidos por los visitantes moqueguanos.

El conflicto ha sido atizado también por el presidente regional de Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, quien, en diversas ocasiones, ha rechazado la invitación al diálogo que le hicieran sus homólogos tacneño y puneño -Moquegua sostiene conflictos limítrofes con ambas regiones-, indicando que la medida formaría parte de una “cortina de humo” que las autoridades de Tacna y Puno promueven para ocultar sus deficientes gestiones e incapacidad de gasto presupuestal. “No hay nada que dialogar, los límites están perfectamente definidos y el Congreso de la República debería pronunciarse. El agua no es de los hermanos de Puno sino de todos los peruanos, por lo tanto no tenemos por qué pagar canon hídrico, sólo pretenden distraer la atención de su población para evitar las críticas”, aseveró a un medio moqueguano.

Para elevar la complejidad, la Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua, ha iniciado un proceso judicial contra las autoridades y dirigentes puneños denunciándolos por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica, coacción y extorsión. Los implicados serían los alcaldes de Puno, Luis Butrón Castillo; Acora, Iván Flores; Laraqueri, Mario Flores Sardón, y el ex director de Energía y Minas, Ernesto Sagua Alanguia. No obstante que las denuncias fueron archivadas en la mayoría de casos, son un indicador del grado de polarización del conflicto.

Los recursos de la discordia

Aruntani SAC, cuya ubicación está en disputa, ya que puneños y moqueguanos la reclaman como parte de sus territorios, es una empresa minera dedicada a la extracción de oro que realiza operaciones de exploración desde el año 1995 y, aunque la primera documentación como los Estudios de Impacto Ambiental y el otorgamiento de concesiones indique que su ubicación es la región Puno, extrañamente ha sido Moquegua quien se ha beneficiado con el canon que paga la empresa, ello ha exacerbado los ánimos de los miembros del Comité de Lucha de la Zona Sur de Puno, quienes han formado comisiones para presentar sus reclamos ante el Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República.

No obstante el problema ha sido resuelto mediante la asignación del canon a la región Puno, es una expresión de la existencia de un mecanismo deficiente para la asignación de los recursos del canon en el país que habría que revisar y mejorar, a fin de evitar este tipo de conflictos que tuvieron su punto más crítico en el paro que los moqueguanos llevaron adelante a fines de junio del 2008, precisamente reclamando una inequitativa asignación del canon respecto de sus vecinos tacneños.

Habría que señalar también que la empresa minera en cuestión, fue sancionada con una multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias el año 2007, luego que Osinergmin comprobara el incumplimiento de recomendaciones en materia de protección y conservación del medio ambiente en su unidad de Santa Rosa. Sus operaciones se realizan en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Aymara Lupaca, hábitat de especies en peligro de extinción como los suris.

En la actualidad existen cerca de 64 denuncios mineros que la misma empresa posee en la zona limítrofe, denominado como Acumulación Tucari y, pese a que aún no se ha demostrado la existencia del metal, los recursos que podría generar su explotación, parecen ser la razón principal del enfrentamiento entre ambas regiones del sur. Aruntani SAC, cerró el 2005 con una producción de 180.000 onzas de oro, su meta es la producción de 250.000 onzas y convertirse en uno de los primeros productores de oro en el país, razones suficientes para despertar el interés de puneños y moqueguanos.

Del mismo modo, la zona es portadora de abundante recurso hídrico que, en el caso de Pasto Grande, sirve para irrigar grandes hectáreas de cultivos en la zona costera de Moquegua. Los representantes puneños reclaman la creación de un canon hídrico, a fin de que los puneños que viven en la zona de frontera sean beneficiados por el cuidado y manejo que hacen de las aguas que irrigan los sembríos moqueguanos. Demandas, legítimas o no, que, están lejos de aportar a la solución del conflicto.

La integración imposible

Ya en el 2005, año del referéndum para la conformación de macroregiones las divisiones eran evidentes. En el sur, sólo Arequipa aprobó la conformación de una macroregión. En el caso moqueguano, no existía la voluntad de integrarse a ninguna otra región del sur con el argumento de que integrándose tendrían que compartir el canon que reciben. Con esa lógica, las autoridades moqueguanas se negaron a participar de la elaboración de los expedientes técnicos junto a sus homólogos del sur.

El hecho es preocupante ahora que proyectos como el asfaltado de la carretera Interoceánica Sur, la construcción del gaseoducto del sur, entre otros, aparecen como la posibilidad de articular proyectos de desarrollo estratégicos para el sur peruano. Por ello, las tensiones limítrofes, no hacen más que postergar el desarrollo macroregional, del mismo modo, imposibilitan afianzar el proceso de descentralización en marcha.

Pese a la existencia de la Ley y el reglamento de demarcación y organización territorial, en el que se señala el procedimiento que hay que seguir para la demarcación de las provincias y los distritos, ésta no se ha cumplido, ya que, según cifras de PRODES y la Dirección de Demarcación, a fines del 2006 el 80% de los distritos y el 91% de las provincias del país no tenían límites claros[1]. El procedimiento recae en el Congreso de la República, el Ejecutivo nacional y en los gobiernos regionales cuya función es la de elaborar los expedientes técnicos para elevarlos a la PCM y posteriormente al Congreso, como última instancia para emitir una Ley. Los gobiernos regionales, pese al conocimiento del conflicto incluso desde las gestiones anteriores, no han hecho mucho por cumplir su rol al respecto, lo mismo que el Ejecutivo y el Congreso de la República.

Aunque los conflictos no han llegado a extremos inmanejables es evidente que han reavivado viejos chauvinismos provincianos, oportunidad para que caudillos y caciques locales consoliden liderazgos utilizando el resentimiento y el odio a los vecinos como instrumento político.

Recordemos que Moguegua, Tacna, Puno, Arequipa, Cusco y Madre de Dios tienen problemas similares, y que estos, lejos de basarse en criterios racionales, tienen una carga subjetiva importante, la que se sostiene, por lo general, en las condiciones de pobreza y marginación que viven los ciudadanos peruanos que están en las márgenes de los centros urbanos y alejados de los centros de decisión. Encender los odios en tales condiciones de marginalidad es un río que muchos esperan revuelto, para ganar adeptos y asegurar protagonismos nada santos.

[1] http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/dntdt/dntdt.htm

*Una versión de este artículo fue publicado en el Boletín “Construyendo Democracia” N° 14. DESCO - Julio de 2008.

Puno, el marasmo del desarrollo

2008-08-06T17:19:00.003-05:00

Aldo Santos

El gaseoducto surandino, la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, el asfaltado de la Interoceánica Sur o la construcción de la represa de Lagunillas, son sólo algunos de los proyectos que se vienen ejecutando o que se prevén ejecutar en la región Puno los próximos años, los que podrían aprovecharse sosteniblemente y convertirse en una oportunidad para el desarrollo regional.

Aunque la lógica del gobierno actual no contemple debidamente la generación de condiciones previas para la maximización de beneficios derivados de la inversión en infraestructura, la puesta en marcha de estos proyectos tampoco se ha traducido en la creación de grupos de discusión; mucho menos han sido incorporados dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Muchos de ellos son recientes y obligan a que el gobierno regional, las autoridades ediles y las organizaciones de la sociedad civil incorporen en sus agendas la preocupación del cómo es que estos proyectos podrían aportar y se articulan a la propuesta de desarrollo regional.

Se ha anunciado, por ejemplo, que en el marco de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA, se construirá el ferrocarril que unirá a la comercial ciudad del Alto en Bolivia con la ciudad de Puno, no obstante las relaciones comerciales entre el sur del Perú y Bolivia son históricamente óptimas, lo que se necesita es repensar una estrategia geopolítica de integración con el país del sur. Más allá del intercambio comercial a gran escala, estos megaproyectos deben construirse con una lógica inclusiva para que beneficien a una mayor cantidad de ciudadanos que viven en la pobreza.

Actualmente la propuesta de desarrollo que debiera acompañar a la construcción de estos megaproyectos, se reduce a enunciados que parecieran partir de la lógica de que el simple hecho de asfaltar o de construir infraestructura traerá de manera automática y casi mágica el ansiado desarrollo, sin considerar las dinámicas culturales, sociales y económicas pre existentes. Asimismo, los recursos destinados para su aprovechamiento sostenible son insuficientes; el caso más latente es el de la carretera binacional Ilo - Desaguadero, cuyo asfaltado no condujo necesariamente, más allá de facilitar el acceso entre ambas ciudades, al mejoramiento de las condiciones de vida de las regiones vinculadas.

Mientras el presidente regional se pierde en escándalos y acusaciones por corrupción, la sociedad civil puneña sólo ha venido organizándose para promover paros, entretanto estos proyectos se ejecutan y una vez más, la oportunidad de circunscribirlos a una propuesta de desarrollo regional, se viene desaprovechando. Lo mismo diríamos del presidente García, en cuyo mensaje a la nación adelantó que el asfaltado de la Interoceánica Sur estará concluido antes del 2 011, insistiendo en que será “la obra social más importante que se haya hecho por el sur pobre en la historia”, sin señalar cuales serían los mecanismos para aprovechar esta carretera, ni pensando en los impactos socio ambientales negativos que toda obra de este tipo trae consigo.

Ello resulta preocupante ya que el propio gobierno nacional, promotor de estos proyectos, no tiene claro el cómo es que estos contribuirán a la generación de riqueza y dinamizaran efectivamente las economías del sur del país. Un ejemplo de ello es que la construcción e implementación del Centro Binacional de Administración Fronteriza – CEBAF en Desaguadero está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el asfaltado de la Interoceánica Sur en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; si bien ambos proyectos se ejecutan en el marco de IIRSA, se ejecutan con ópticas diferentes y no existe una instancia interministerial u órgano que permita pensar los megaproyectos como una unidad, mucho menos una propuesta de desarrollo alternativa que vaya más allá de la simple construcción.

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La Bolivia de Evo y Chávez, ni tan cambas ni tan collas

2008-08-01T16:16:00.008-05:00

Por: Aldo Santos

Escribir sobre Bolivia es escribir sobre Evo Morales, dirigente sindical que en diciembre de 2005 trasuntó un proceso de reivindicaciones de diversos sectores de bolivianos en una expresión política que se hizo con el poder del conflictivo país sudamericano y hoy, a poco más de dos años de aquel histórico suceso, genera polémicas y opiniones encontradas que han hallado su pico de polarización en la aprobación de estatutos autonómicos en por lo menos cuatro regiones de su país[1].

Pero, ¿qué hay detrás de los enfrentamientos verbales entre prefectos y representantes del gobierno?, ¿de la declarada rivalidad entre cambas y collas?, ¿del afán autónomo-independentista de élites regionales cargadas de reticencia al proceso de transformación que está viviendo Bolivia? Cientos de ciudadanos y ciudadanas que, como en cualquier otro país latinoamericano, reclaman la satisfacción de demandas básicas que se traduzcan en mejores condiciones de vida.

Bolivia, que se ha mostrado al mundo como quien padece una guerra civil entre cambas y collas -cual Hutus y Tutsis en la Ruanda de la década de 1990- vive un innegable proceso de transformación que ha dividido al país. El racismo, la discriminación y el resentimiento aparecen convertidos en expresiones políticas que grupos radicales como la Unión Juvenil Cruceñista y los Ponchos Rojos utilizan para maximizar las posiciones antagónicas entre “cambas y collas”.

Sin embargo, Bolivia no es una nación de cambas y collas, ni de aymaras y quechuas solamente; su territorio, al igual que el ecuatoriano y peruano alberga a otras etnias y grupos sociales que, si bien son minoritarios, observan seguramente con indignación, la guerra no declarada entre las élites políticas de su país.

En efecto, las causas de la crisis boliviana parecen tener correlato en cuestiones subjetivas que reposan en la historia. Se acusa al gobierno de Morales de ser un gobierno del resentimiento y del odio hacia los grupos de poder que secularmente se beneficiaron de las riquezas del país. Que el gobierno del MAS, ha emprendido una suerte de cacería de brujas y de venganza y tiene en el Poder Ejecutivo y parte de otros poderes a sus instrumentos.

Aunque lo más grave y lo que más indignación causa a los bolivianos es el fantasma de la injerencia venezolana en asuntos de la política interna del país. Los helicópteros y militares que el gobierno de Hugo Chávez ha destinado para la seguridad y transporte del presidente boliviano, dan pie a que verdades a medias como que el gobierno venezolano estaría financiando una guerrilla cocalera en la selva del Chapare se extiendan y ello sea utilizado como instrumento de terror por los sectores más reaccionarios de la oposición boliviana.

La alianza de Morales con Chávez no parece haberle hecho mucho bien al mandatario boliviano. Un hecho similar se repitió en las elecciones presidenciales del 2006 y con la instalación de las Casas de ALBA en Perú; los constantes ataques del presidente Chávez y su adscripción a determinado candidato, han sido utilizados hábilmente por algunos grupos de poder que explican el grado de conflictividad que vive el país, culpando a políticos que están en el exterior.

En un país como Bolivia, cuyos índices de desarrollo humano están por debajo de lo deseable y las inequidades son, por decirlo menos escandalosas[2], la necesidad de sentar las bases para que demandas históricas sean solucionadas por el gobierno actual son más urgentes que los enfrentamientos por un referéndum revocatorio que si bien podría fortalecer políticamente al gobierno de Morales, exacerba también las divisiones expresadas en el resentimiento progresista del gobierno y el racismo conservador de algunos caudillos regionales.

Publicado en: www.ser.org.pe/altiplano
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[1] Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija son conocidas como la “Media luna”, porque la forma de estas cuatro provincias juntas asemeja una media luna en la parte oriental de Bolivia. Son las provincias que se han convertido en el frente de oposición más recalcitrante del gobierno de Morales.
[2] ) Véase el último informe del Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research-CEPR). “La distribución de los recursos naturales más importantes de Bolivia y los conflictos autonómicos” en: http://www.cepr.net/documents/publications/bolivia_land_2008_07_spanish.pdf

La Interoceánica sin apasionamientos

2008-07-23T19:23:00.002-05:00

Por: Aldo Santos

El proyecto vial Interoceánico Sur, cuya ejecución supuso el júbilo de los puneños que durante muchos años volcaron sus expectativas de desarrollo en él; por cuanto mejoraría las condiciones de vida de un sector importante de ciudadanos asentados en las provincias del norte que, como Carabaya, parecían estar al margen del desarrollo económico de la región; revive también viejos discursos panfletarios que le atribuyen a la Interoceánica Sur mucho más de lo que puede dar y que poco tienen que ver con generar condiciones para el óptimo aprovechamiento y la minimización de perjuicios, ambientales, sociales y culturales que generará su asfaltado.

En Puno, como en otras regiones del Sur Andino peruano, la discusión sobre las posibilidades reales que ofrece la vía es un tema ausente en la formulación de políticas públicas. Igualmente, en los espacios de la sociedad civil que, más allá de ser esfuerzos de pequeños núcleos locales, aún no logran acciones orientadas a promover que las autoridades y otros decisores políticos se planteen, fuera de afirmaciones míticas, racionalmente las posibilidades y amenazas que trae consigo la Interoceánica Sur.

Los más optimistas, como el congresista Tomás Cenzano (Los Andes 22-07-2008), hacen del asfalto un sinónimo de desarrollo, señalando que los beneficios derivados de la construcción de la Interoceánica se perciben inmediatamente; sin embargo estos no son sostenibles, pues son temporales y depende en gran medida de la ejecución de las obras. Asimismo, no se señala que la expectativa que el asfaltado de la vía ha generado, se contradice con la demanda de mano de obra, teniendo como antecedente los continuos conflictos que la empresa concesionaria INTERSUR ha tenido que enfrentar por los reclamos de la población local al exigir puestos de trabajo.

De otro lado, se señala que, ante los últimos entredichos sobre el costo real de la Interoceánica Sur, existe un Costo Variable de Inversión que justificaría la informalidad con la que se concibió el proyecto. Los contratos contemplaban un incremento presupuestal de 10%; el cálculo inicial llegaba a 800 millones de dólares y actualmente se habla de 1 300 millones de dólares, es decir, el costo real ha superado en 30% el presupuesto inicial. ¿Cómo es posible que un proyecto de la envergadura de la Interoceánica Sur tenga estos vicios?

No se trata de oponerse a la Interoceánica Sur; el asfaltado y su conclusión son una realidad. Se trata de discutir y formular políticas que conduzcan a su aprovechamiento sostenible. El único programa del gobierno destinado para tal fin, tiene un presupuesto de cerca de 18 millones de dólares, que representa apenas el 1% de lo que significará el asfaltado de la obra. En los distritos y provincias de Ollachea, San Gabán, San Antón, Carabaya o Azángaro, difícilmente se sabe cómo se sacará mayor provecho que el acortar los tiempos de viaje entre una ciudad y otra.

Que los productos peruanos o puneños se exportarán a mercados brasileros es un mito, ya que las barreras para-arancelarias que tiene el Brasil son elevadas, lo que hace casi imposible exportar hacia dicho país. En ese contexto, el gobierno aprista poco o nada está haciendo para negociar un acuerdo comercial con su par brasilero, a fin de que sus fronteras se abran a los productos andinos.

Por otro lado, hay que mencionar que el gobierno aprista, luego de desactivado el Consejo Nacional de Descentralización, ha encarpetado, probablemente el estudio más serio que se ha elaborado sobre la Interoceánica Sur como dinamizador de la economía del sur del país. Nos referimos al Plan de Desarrollo de los Corredores Económicos del Sur (PLANDESUR) que propuso una inversión de 30 millones de soles en 10 regiones (desde Ica hasta Tacna), a fin de garantizar la maximización de los beneficios de la carretera.

Distinguir no es oponer; el asfaltado de la Interoceánica Sur merece una atención mayor por parte del Estado, tanto como para generar las condiciones previas que garanticen el éxito del proyecto, como en el cumplimiento de las responsabilidades en el monitoreo y la supervisión de la obra, ya que las irregularidades en las cuales estaría incurriendo la empresa concesionaria del tramo IV hablan de la inoperancia de la entidades pertinentes en materia de supervisión.

Los congresistas, autoridades regionales y locales deberían acercarse a la realidad y no alimentar mitos, cual campaña electoral, de que el asfaltado de la Interoceánica Sur significará automáticamente el desarrollo regional, ya que ninguna tecnología es buena o mala de por sí. Para la Interoceánica Sur se requiere mayor inversión y un óptimo manejo de los programas destinados para la mitigación de los impactos indirectos, además de programas, que como el PLANDESUR, busquen la promoción del desarrollo económico en el sur peruano, sólo así podremos señalar que el proyecto vial es sostenible desde el punto de vista económico, social y político institucional.

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¿Ayuda humanitaria o injerencia extranjera?

2008-07-11T16:29:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

El 29 de julio arribaran a Puno 10 médicos norteamericanos como parte de una misión humanitaria destinada al apoyo de quienes fueron afectados por las bajas temperaturas registradas las últimas semanas en el altiplano. Los integrantes de la misión son parte del ejército de los Estados Unidos.

Un episodio similar, con otras magnitudes, se repitió en Ayacucho el pasado 3 de junio, cuando helicópteros norteamericanos sobrevolaron la ciudad de Huamanga, ante la atónita mirada de los pobladores ayacuchanos. El gobierno informó que la presencia norteamericana respondía a la ayuda humanitaria que el gobierno de ese país había destinado para Ayacucho.

Lo curioso es que ambos hechos, salvo el rechazo expresado en el último paro del 9 de julio por parte de la población de Huanta, quienes se apostaron frente al cuartel militar donde se hallan los norteamericanos, no han merecido comisiones investigadoras congresales, declaraciones ministeriales, denuncias periodísticas, ni ha despertado el interés de denunciar una probable injerencia norteamericana en territorio peruano. Por el contrario, han recibido el beneplácito y la anuencia del gobierno y de algunos sectores de la sociedad civil.

Paradojas de un gobierno que, cuando de “presencia extranjera” en el país se trata, hace grandes diferencias. El 24 de mayo del 2007 se instaló una oficina de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en la región Puno y, aunque se constituyó en registros públicos como una asociación civil sin fines de lucro, pocos presagiaron la magnitud que iba a tener el hecho para el país, generando incluso, una “crisis diplomática” entre los gobiernos peruano y venezolano.

Las Casas del ALBA –en Puno–, se constituyeron como oficinas de ayuda humanitaria que sirven de nexo entre personas que padecen de enfermedades visuales y los médicos cubanos que realizan operaciones de la vista en Copacabana (Bolivia). Desde su creación, más allá de que el presidente regional puneño haya querido atribuirse la ayuda, no han tenido un rol político que haga presagiar una probable injerencia chavista o castrista en el altiplano peruano y, por el contrario, ha hecho que cientos de ciudadanos pobres accedan gratuitamente a servicios de salud inalcanzables para ellos.

Indudablemente, la adscripción ideológica de estas Casas de ALBA, ha sido cuestionado por el gobierno aprista y el sector más reaccionario del aparato político que jactándose de democrático, pretende deslegitimar y perseguir cualquier pensamiento distinto al suyo, olvidando que en un Estado democrático cualquier ciudadano es libre de afiliarse a cualquier ideología, en tanto se haga respetando las leyes vigentes. Hasta donde conocemos no ha habido ningún atentado terrorista, mucho menos intentos de subvertir el orden fuera del marco legal por parte de las Casas de ALBA y la persecución de la que son objeto parece desproporcionada.

Se han señalado los vínculos de las Casas de ALBA con la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Patria Roja, el Partido Comunista Peruano (PCP), etc., como si todos estos movimientos fueran una abstracción única que se halla conspirando para subvertir el orden interno al margen de la legalidad. Hay una utilización del miedo comparable al norteamericano en el que, para un sector de estadounidenses, todos los ciudadanos de medio oriente son terroristas. En el Perú, cualquiera que se diga de izquierda, será inevitablemente etiquetado como comunista, terrorista, chavista o castrista.

En Puno, los afectados por el friaje, seguramente recibirán con júbilo la visita norteamericana, así como quienes recibieron el apoyo de los médicos cubanos en Copacabana, sin embargo nadie puede utilizar el argumento de tildar a tales como lacayos del imperialismo o como comunistas. Podemos simpatizar o no con los gobiernos de Estados Unidos, Cuba o Venezuela, esa es una decisión personal que no puede utilizarse para denigrar, perseguir o desprestigiar a quienes simpatizan con ellos, tal y como viene haciendo el gobierno aprista y cierto sector de la prensa peruana.

Por último, ningún apoyo humanitario sería tan polémico y necesario si se mejorara la calidad de vida de miles de peruanos, si el acceso a la salud y a la educación de calidad no fuera privilegio de pocos, si el crecimiento macroeconómico se viera reflejado en las comunidades campesinas y en los hogares más pobres del país. En ese sentido, esa debería ser la prioridad del gobierno y no buscar culpables externos que nada tienen que ver con los problemas que nos aquejan.

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Tanta veces Intersur

2008-06-23T15:21:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

El último 16 de junio, Eduardo Arisaca Medina, arqueólogo del INC, denunció a los medios de comunicación de la región Puno que INTERSUR Concesiones sería responsable de la destrucción de varios centros arqueológicos, como andenerías pre hispánicas y vestigios de la cultura Colla. Los daños son incalculables y la formalidad de la empresa vuelve a ponerse en tela de juicio, dado que, según la versión de los representantes del INC, la empresa no habría obtenido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), condición previa para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que debe regir la ejecución de la obra.

Lo cierto es que el EIA se aprobó en abril del 2007, cuando la empresa ya había iniciado con la ejecución de obras en septiembre del 2006, lo que denota serias irregularidades. Lo más grave es que, nunca se explicó el por qué de este hecho, y en caso de existir dolo por parte de la empresa, ello no habría sido observado por las entidades pertinentes como el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transportes de Uso Público (OSITRAN) y la Dirección de General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA), ambas encargadas del monitoreo y la supervisión del proyecto vial y, en el caso de OSITRAN, responsable de sancionar las irregularidades.

De otro lado, la tarde del 22 de abril último dos obreros perdieron la vida en el sector denominado Soccostaca (a 35 minutos de Ollachea). José Solórzano (Ollachea) y Marco Quipo (Cusco), trabajaban para CEN Perú, empresa sub contratista de INTERSUR Concesiones, encargada del asfaltado del tramo IV de la carretera Interoceánica Sur. El hecho es conocido por la Fiscalía provincial de Carabaya, dependencia que tendría a su cargo la investigación del mismo.

Según versiones de los lugareños, esta no sería la única vez que ocurre un accidente similar. Por su parte, Marco Antonio Apaza Avilés, presidente del Frente de defensa de los Intereses de Ollachea, ha denunciado la existencia de “services” para el contrato de trabajadores, pese a que el trabajo que realizan los obreros se efectúa en zonas de alto riesgo y se requieren medidas de seguridad que garanticen su vida, ya que no cuentan siquiera con un seguro de vida contra accidentes.

Toda comparación es odiosa, pero basta un simple recorrido para percatarse de las abismales diferencias que existen entre la concesionaria de los tramos II y III (Madre de Dios y Cusco) y la del tramo que une a la localidad de Azángaro con el puente Inambari. Para citar un ejemplo, los arqueólogos contratados por la empresa CONIRSA encontraron vestigios del legendario Qapac Ñan en uno de los tramos, lo que obligó a la empresa, a modificar el trazo original de la vía. En el tramo IV, INTERSUR Concesiones, lejos de ello y del mandato legal que señala que un hallazgo de ese tipo manda a paralizar las obras e informar a las autoridades pertinentes, continuaron con la realización de obras.

La lista es larga, pero terminaré aludiendo a un hecho importante como son los planes de responsabilidad social que tienen las empresas. En los tramos II y III, Conirsa en alianza con Odebrecht, Conservación Internacional y Pro Naturaleza ha gestionado un proyecto denominado Interoceánica Sur, Integrando Conservación y Desarrollo (iSur), la cual mediante programas como, turismo responsable, eco-negocios y conservación de la biodiversidad tiene como objetivo Desarrollar y posicionar el “Destino Interoceánica Sur”. El aporte de INTERSUR en el tramo IV se reduce a campañas de eliminación de ratas y fumigación de viviendas.

Si bien los puneños hemos añorado el asfaltado de esta vía y la hemos identificado como una condición para el desarrollo regional, debemos exigir también, la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos y a nuestro patrimonio cultural. Las actuales condiciones deben servir para exigir que las entidades estatales encargadas de la supervisión y el monitoreo de la construcción, cumplan debidamente con su rol, de tal modo que la cuestionada transnacional brasilera, responda a todas estas denuncias y sea sancionada, si es que el caso lo amerita, ejemplarmente.

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9 de julio, el paro prometido

2008-06-23T11:05:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

La paralización del próximo 9 de julio, a la que se han sumado diferentes gremios, organizaciones y movimientos sociales en la región Puno, se está convirtiendo en un espacio importante que permitirá articular diferentes demandas que, por su particularidad, no han sido acogidas por el gobierno nacional, como el rechazo a las exploraciones de uranio en la provincia de Carabaya o la probable contaminación de la microcuenca de Llallimayo en la provincia de Melgar...

Hasta el momento, el derecho a la protesta se ha ejercido de manera aislada con demandas sumamente particulares que no permitían articular una plataforma común, lo que ha significado que el descontento expresado en las paralizaciones no tenga ningún eco en el ámbito nacional, como la paralización realizada en Puno los días en los que se llevó adelante la V Cumbre ALC-UE, y donde perdió la vida un dirigente melgarino.

En el caso puneño, a lo largo del año, se han llevado a cabo dos multitudinarias paralizaciones que tenían como finalidad expresar el rechazo al gobierno central y a las políticas económicas que se vienen promoviendo. Asimismo se dejó entrever el creciente rechazo al presidente regional Hernán Fuentes, quien, pese a expresarse reiteradamente en contra del gobierno nacional, no ha logrado generar empatía con la población, por sus constantes exabruptos verbales y las acusaciones de corrupción que pesan en su contra.

Sin embargo, más allá de las movilizaciones, lo que sigue quedando en evidencia es la insuficiencia de las organizaciones puneñas. Desde el año pasado, semanas previas al anuncio de realización de un consejo descentralizado de ministros en nuestra región, se planteó, quizá la mejor iniciativa que nuestras organizaciones tuvieron, la elaboración de una agenda que permitiría negociar con el gobierno nacional la implementación de proyectos estratégicos para Puno, aunque el producto final fue pobre, ya que la agenda pareció más un pliego de reclamos.

En ese sentido, seguramente la próxima paralización, incorporará en su pliego, el cuestionamiento al modelo económico, la derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y por enésima vez la descontaminación de la bahía interior del Titicaca, además la conclusión del asfaltado de la carretera Interoceánica Sur. No obstante, se está olvidando que sólo descontaminando la bahía interior o sólo asfaltando la Interoceánica Sur, no lograremos el desarrollo regional, ya que estos proyectos deben ser acompañados de programas de prevención y el aprovechamiento sostenible.

La próxima paralización del 9 de julio promete, pero no garantiza, la construcción de una agenda regional. Incluso, pese a la existencia en nuestro territorio de recursos energéticos como el uranio, gas, petróleo que vienen causando polémica a nivel nacional, no han sido planteados en ningún espacio de discusión, considerando que estas industrias pueden ser o no compatibles con el desarrollo agrícola, ganadero, turístico, entre otros, de los cuales depende nuestra región.

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Un altiplano de conflictos

2008-06-12T15:27:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

Untuca, aquel poblado que, hasta antes de haberse producido el conflicto entre la empresa minera y las comunidades campesinas de la zona, era un paraje olvidado para los puneños y el resto del país, ha hecho noticia desde que el pasado 30 de mayo, un grupo de comuneros sitiaron las instalaciones de la Sociedad Minera Cartagena y, según la versión del representante de la empresa, habría terminado con el secuestro de un grupo de 29 trabajadores.

Aunque el conflicto está latente y gran parte de autoridades y medios de comunicación tienen la atención puesta en la localidad, hasta el momento el desenlace es de carácter reservado. Lo cierto es que el centro poblado de Untuca, ubicado en el distrito de Quiaca (Sandia), el distrito más pobre de la región Puno, ha pasado de ser un lugar desconocido y ha llamado la atención, no por el dinamismo económico que le otorga la producción alpaquera y la explotación artesanal de oro, sino por la ruptura del equilibrio social.

Los comuneros dedicados a la actividad minera denuncian el incumplimiento de los acuerdos que la empresa tendría con ellos. Por su parte la empresa acusa la presencia de grupos de interés local, cuya pretensión sería la de hacer uso de la concesión que ellos habrían obtenido legalmente; más allá de ambas versiones, lo que queda claro es que el proceso de negociación y el acuerdo previo a las actividades de exploración y explotación fue sumamente deficiente, dejando espacios para que surjan versiones erróneas como aquellas que vinculan a la empresa con capitales chilenos, cuando se trataría de una empresa cuyos propietarios son peruanos.

Es práctica reiterada de la mayoría de empresas mineras, cual acción ilícita, la de realizar actividades con un mutismo absoluto, por encima de la autoridad local y sin ningún contacto con los medios de comunicación, aún cuando se trata de un asunto público, ya que su presencia está vinculada directamente con el desarrollo y el adecuado uso de los recursos naturales. Lejos de aportar a una buena relación entre el Estado, sociedad civil local y empresarios, se generan prejuicios y mucha desconfianza que, como en el caso de Untuca, puede convertirse en un factor de conflicto permanente.

En ese sentido, la presencia del Estado en el conflicto de Untuca, mediante los representantes de la Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional y la Fiscalía ha sido, por decirlo menos, insuficiente, ya que las entidades directamente vinculadas al problema como la Dirección Regional de Energía y Minas, no parecen tener un rol directo, mucho menos programas destinados a la prevención y manejo de este tipo de escenarios, pese a que éstos se han venido repitiendo continuamente en nuestro país.

Por su parte, el gobierno local de Sandia, ha sido el más ausente en el conflicto, incumpliendo su rol de mediador y siendo un mero espectador. Qué decir de instancias como, la unidad de conflictos manejada desde la Presidencia de Consejo de Ministros, cuyo trabajo se reduce a hacer de pequeño “servicio de inteligencia” que recaba información de segunda o tercera mano, sin procesarla y sin elevar recomendaciones a las entidades pertinentes, a fin de que se contribuyan a mejorar las condiciones en las cuales se realizan las actividades extractivas y no sigan siendo espacios potenciales de conflictos.

Por el momento, para el caso de Untuca, lo más indicado parece ser el establecimiento de una mesa de diálogo entre la empresa, sociedad civil local y el Estado, a fin de que se busquen soluciones racionales al entrampamiento y a las polarizaciones que se han dejado sentir estos días, lo cual supone cierto nivel de madurez y voluntad de las partes en conflicto, ya que la informalidad con la que se manejan algunos dirigentes o representantes de la comunidad no genera un buen presagio para el conflicto de Untuca (Prueba de ello es que han renovado su dirigencia en menos de dos semanas).

Que éste conflicto nos ayude a prevenir. Al sur y al norte de Puno el malestar de algunas comunidades campesinas por la presencia de empresas mineras en sus territorios se está dejando sentir, lo que supone la necesidad de que todas las partes interesadas comiencen a generar mecanismos de diálogo, donde las reglas de juego y condiciones queden debidamente establecidas.

Finalmente, no olvidemos que, si bien no guardan relación con el conflicto de Untuca, tenemos dos escenarios conflictivos latentes en la región. El primero en el distrito de San Juan del Oro, ubicado en la selva de la provincia de Sandia y el segundo en la provincia de Chucuito Juli, en ambos casos, las gestiones ediles están siendo seriamente cuestionadas. En el primer caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha repuesto al alcalde en sus funciones, luego de un proceso de vacancia iniciado por el concejo municipal y en el segundo, se espera el fallo del ente electoral.

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Uranio: Así no*

2008-05-28T21:38:00.003-05:00

Por: Aldo Santos

Que el uranio es un metal altamente radiactivo y que los seres humanos estamos expuestos a cierta cantidad de uranio en la comida, el aire, el suelo y el agua, ya que está presente en éstos de forma natural, es un hecho tangible, sin embargo, no es lo mismo hablar de uranio en pequeñas proporciones que compararlo a una extracción a escala minera. En Carabaya (Puno), ya desde la década de 1980, cuando se determinó la existencia del metal en esta zona, su uso y explotación era un tema polémico, porque no era lo mismo utilizarlo para producir energía eléctrica que destinarlo a fines militares.

En la actualidad, seis empresas mineras vienen realizando trabajos de exploración en Carabaya y han determinado la existencia del metal en parte del territorio del departamento. Aunque se prevé que su uso será civil, el desconocimiento y la incertidumbre proviene de las consecuencias que la minería de uranio podría traer para el medio ambiente, ya que no existe, más allá de las normas internacionales, normatividad nacional que regule la exploración y explotación del metal. De otro lado, contribuye más a la duda que el mismo Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), ente especializado en el análisis y el uso del uranio, no tiene la certificación ni el reconocimiento internacional en la materia.

Las dudas, la desconfianza, el prejuicio, la falta de transparencia y el desinterés contribuyen a generar un ambiente social tenso en lo referido a la exploración y una posible explotación uranífera en el altiplano peruano. De otro lado, la presencia de industrias extractivas en el país, ha sido, en la mayoría de casos, sinónimo de conflictos locales, a causa de una mala negociación previa entre empresas, comunidades afectadas y el Estado, cuyo rol promotor de inversión se antepone al rol de protección de los derechos de sus ciudadanos. Con estos antecedentes, además de la ausencia de normatividad, es sumamente complicado tener una opinión imparcial al respecto.

Para el caso del distrito de Corani en Carabaya, localidad a la que la primera carretera afirmada llegó hacia 1994 y la energía eléctrica hace poco más de 4 años, la presencia de industrias extractivas en su territorio, lejos de aportar al desarrollo, parece acrecentar las diferencias que existen entre un actor y otro – comunidades y empresas mineras - , ya que las capacidades de negociación, que permitan un proceso de exploración y explotación transparente, son condiciones que, por decirlo menos, no están dadas hasta el momento, porque, como señalamos líneas arriba, la desinformación y la inexistencia de normas que regulen la actividad, contribuyen a ello.

De otro lado, la existencia de un importante legado cultural sobre todo en la zona de Macusani y Corani, zonas donde se encuentra ubicada la mayor concentración de arte rupestre en América Latina y que ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2005, aporta otro motivo de preocupación de quienes están interesados en la preservación y el adecuado uso de este patrimonio que, de ser administrado correctamente, aportaría grandemente a la comunidad científica regional, nacional y mundial sobre el origen y la evolución de la especie humana.

Asimismo, la geografía del área, con paisajes únicos en el país y con una gran extensión de bosques de piedra sobre roca volcánica, hacen pensar en el desarrollo turístico de la zona, lo que se propone de manera antagónica a la explotación minera, lo mismo que el desarrollo de la producción alpaquera, la cual, se viene desarrollando de manera sostenible en Carabaya y que, incluso, le ha valido el título de ser reconocida como “Capital alpaquera del Perú y del mundo”.

En este caso, como en otros tantos, cuando las reglas de juego no están debidamente establecidas, y donde una vez más se demuestran los errores del Estado al concesionar la exploración uranífera, aún cuando no existe la normatividad respectiva y donde están en juego la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas peruanas, dudar y oponerse parece ser lo más indicado.

En ese sentido, la medida adoptada por las rondas campesinas de Carabaya el pasado 22 y 23 de mayo en Macusani, de no permitir más actividades de exploración en sus territorios, obedece a la incertidumbre que hay en el entorno y a la ausencia de un espacio de diálogo entre Estado (nacional y local), empresas y sociedad civil que permita que estos tres intercambien información y negocien adecuadamente las condiciones sobre las cuales se darán los procesos. De lo contrario tendremos en Carabaya y la región, una fuente permanente de conflictos, como los ya acostumbrados por la presencia de industrias extractivas. No hagamos de Puno otra Cajamarca.

Notas

(*)La información se obtuvo en el “Forum. Uranio alternativa de desarrollo o exacerbación ecológica”, organizado por la Municipalidad Provincial de Carabaya y el Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo, (IEDES) el pasado 22 y 23 de mayo en Macusani. Asimismo, agradezco la información proporcionada por la abogada Maribel Abanto, docente del Diplomado de Análisis, Gestión y Resolución de Conflictos Socioambientales de la PUCP.

Publicado en: www.ser.org.pe

Lluvia de concesiones en Puno, ¿desarrollo para quién?

2008-05-19T16:00:00.005-05:00

Aldo Santos

Días pasados Perupetro anunció que Reliance Industries, invertiría en el sector de hidrocarburos en el Perú. Se dice que Reliance es la empresa más grande de la India y sus actividades en el Perú estarían orientadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Puno.

Según la noticia de Andina, el gerente general de Perupetro, Ronald Egúsquiza, señaló que: “el Lote 141 está ubicado en la Cuenca Titicaca donde hay un gran potencial de hidrocarburos, por ello, se han incluido tres lotes de esta área en la próxima subasta internacional que lanzará Perupetro el próximo 6 de mayo”. El lote concesionado se ubica dentro de las provincias de Melgar, Azángaro y Lampa.

A ello se suma que el 2005 la empresa Siboil del Perú S.A. y Perupetro, firmaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sobre el lote 105, ubicado en las provincias de Puno, Huancané, San Antonio de Putina, Azángaro, Lampa y San Román en una extensión de poco más de 443 mil hectáreas.

Lo cierto es que, en los últimos dos años, se han concesionado grandes extensiones de territorio para actividades extractivas en la región. A la presencia de empresas mineras que ya vienen operando en diversas provincias, se han sumado otras que realizan exploraciones de uranio en Carabaya, además de dos lotes para la exploración de hidrocarburos en siete provincias más.

Pero más allá de la presencia de estas empresas, lo que genera muchas dudas e inconformidades es el mecanismo que utiliza el Estado para el otorgamiento de concesiones, ya que, en la mayoría de casos, se hacen sin anuencia, ni la consulta a la población y autoridades locales. En el caso de las concesiones de uranio en la provincia de Carabaya, las autoridades locales no fueron siquiera informadas sobre la presencia de las empresas en territorios de su jurisdicción, probablemente ocurra lo mismo con las autoridades y la sociedad civil de las provincias en las cuales se desarrollaran las actividades de exploración de hidrocarburos, pese a la existencia del Decreto Supremo N° 012-2008-EM que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos en el país.

Desarrollo de alto riesgo

Otro tema no menos importante, es determinar si estas actividades son complementarias con el turismo, la producción ganadera, la crianza de truchas u otras actividades económicas que se vienen desarrollando sosteniblemente en la región, ya que las exploraciones que se realizan en el lote 105 están ubicadas en las orillas del lago Titicaca lo que además de generar contaminación visual, podría restarle valor turístico a los escenarios naturales que existen en las orillas del lago. ¿El Titicaca podrá seguir aspirando a ser una maravilla natural con la presencia de estas industrias? Ello sin considerar el actual índice de contaminación que sufre a causa de la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas en las localidades que viven en las márgenes del lago o la contaminación proveniente de algunas cuencas en las cuales se desarrollan actividades mineras informales.

Para el caso de Carabaya, las exploraciones de uranio se vienen desarrollando en zonas en las que existe un abundante legado de arte rupestre que, pese a haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2005 (Resolución Directoral Nacional N° 1658/INC), ha sido abandonado por la gestión actual del Instituto Nacional de Cultura de Puno (INC), quienes, según la misma resolución, debían de realizar un inventario y catastro de las pinturas rupestres declaradas, sin embargo el INC Puno poco o nada ha hecho para tal fin, demostrando su incompetencia, impericia y poco compromiso con el patrimonio cultural puneño.

Finalmente, ante la actual crisis energética mundial en la que los precios del petróleo condicionan la economía, es necesario promover una diversificación de la matriz energética, sin embargo ello debe hacerse respetando los derechos de los ciudadanos de ser informados oportuna y adecuadamente sobre la presencia de industrias extractivas en sus territorios. De otro lado, es la sociedad civil, junto a los gobiernos regionales y locales, quienes deben decidir si estos proyectos están o no en el marco de sus acciones de desarrollo regional y local y, sobre esa base, decidir el avance de estas industrias, de tal modo que beneficien a los sectores más empobrecidos y no sirva, como ha ocurrido en otras regiones del país, para beneficiar a un grupo de personas, acrecentando las diferencias e inequidades ya existentes.

Publicado en: Diario Los Andes y www.ser.org.pe/altiplano

Panorama minero en el altiplano

2008-04-09T11:56:00.003-05:00

Aldo Santos

Qué duda cabe, la presencia de industrias extractivas en el país, lejos de convertirse en un factor para el desarrollo nacional, se ha convertido en un foco de conflictos entre empresas y poblaciones. Para citar un ejemplo reciente, el año 2006 en el distrito de Ocuvire, provincia de Lampa, el derrame de una laguna con relaves mineros de la minera El cofre de propiedad de Consorcio Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. (CIEMSA), generó reacciones violentas entre los habitantes y la empresa minera, ya que, los primeros, temían una posible contaminación de las aguas del río del distrito de Paratía. Estos hechos han logrado que se instaure cierta mirada de desconfianza en cuanto a las empresas mineras, en tanto las reglas de juego para el otorgamiento de concesiones y la posterior explotación de los recursos naturales no estén debidamente establecidas con la sociedad civil.

Con estos antecedentes, además de lo ocurrido en otras regiones del país, como Cajamarca o Piura, donde las comunidades campesinas se opusieron y enfrentaron a las empresas mineras Yanacocha y Majaz respectivamente, muchas comunidades campesinas puneñas se han organizado en comités de defensa o lucha, a causa de la presencia de empresas mineras como la canadiense Bear Creek Mining Corporation en los distritos de Corani y Huacullani en las provincias de Carabaya y Chucuito respectivamente. Esta ha adquirido 7 derechos mineros para realizar exploraciones en Huacullani, pese a que dicha localidad se halla ubicada dentro de los 50 kilómetros de frontera entre Perú y Bolivia, y el artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, individualmente ni en sociedad. Sin embargo dicha empresa ha adquirido los derechos por tratarse de necesidad pública declarada por el Decreto Supremo N° 083 -2007-EM, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de noviembre de 2007, tal y como ocurrió con Newmont, empresa norteamericana que adquirió 4 derechos mineros en la zona fronteriza peruano chilena, en la región Tacna.

Por otro lado, en Corani (Carabaya), Bear Creek estima la existencia de hasta 327 millones de onzas de plata, hecho que probablemente ha interesado a la minera Rio Tinto, con quien la compañía norteamericana, estableció algunos acuerdos comerciales sobre el yacimiento de Corani; sin embargo, el hecho que llama la atención es que ni los propios habitantes de Corani conocen la existencia de concesiones en su zona, la cual, dicho sea de paso, es portadora de un vasto legado de arte rupestre, que se halla extendido en gran parte del territorio de Corani y distritos aledaños.

Por otro lado, en el distrito de Acora, provincia de Puno, desde hace algunos años se ha instalado la empresa minera Aruntani S.A.C., la cual posee también en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, la mina denominada Andrés de Arasi S.A.C. En ambos casos la empresa ha tenido que enfrentar problemas con los pobladores de las localidades, uno de ellos referido a la tributación de Aruntani S.A.C., que, pese a hallarse en territorio puneño, tributa en la región de Moquegua.

En el caso de ARASI S.A.C., las comunidades de la microcuenca de Llalimayo en la provincia de Melgar, se opusieron al inicio de operaciones por parte de la empresa, ya que denunciaron no haber sido considerados en el estudio de impacto ambiental que habría presentado la empresa. Además se habló de una posible contaminación ambiental a causa de las operaciones mineras, hecho que viene siendo denunciado, aún hoy, por los pobladores de la microcuenca de Llallimayo, quienes señalan que el río está adquiriendo un color verde y muestra sedimentos en su lecho. Aunque ello no ha sido debidamente certificado por alguna entidad competente, es un indicador de la fragilidad de la relación entre empresas mineras y comunidades campesinas.

Estos proyectos mineros junto a la presencia de hasta 6 compañías que vienen realizando exploraciones de uranio, entre ellas la canadiense Vena Resources, en alianza con Cameco Corp, la mayor del mundo en el sector, en las provincias de Carabaya y Azángaro, configuran un escenario conflictivo en el altiplano. A esto se suma como común denominador, el desconocimiento total de la presencia de dichas empresas mineras en la región, lo cual responde a la inexistencia de un proyecto de desarrollo regional sobre el cual se inscriban las industrias extractivas, a fin de que éstas contribuyan eficientemente a la generación de riqueza y dinamicen, de manera sostenible, las economías locales. En ese sentido, es necesario hacer una evaluación del uso de los recursos provenientes del canon minero, a fin de determinar si efectivamente están cumpliendo sus objetivos y si se está convirtiendo en un mecanismo eficiente para promover el desarrollo regional y local.

Salta a la vista también, la necesidad imperativa de construir institucionalidad ambiental regional orientada a promover un manejo sostenible y racional de los recursos naturales, sabiendo que en la región, más allá de la presencia de la mediana minería en las zonas altoandinas, existe un problema con la contaminación y depredación de la selva puneña por la presencia de actividades ilícitas como la tala ilegal de madera y la minería informal, cuyos operadores vienen realizando dichas actividades impunemente.

Este nuevo escenario en el altiplano peruano podría convertirse en un detonante de diversos conflictos sociales como ha venido sucediendo en otras regiones en las que la presencia de la actividad minera no ha generado desarrollo, y por el contrario, ha acentuado las diferencias sociales. Esta situación plantea un nuevo reto para las autoridades y la sociedad civil regional, a fin de que la presencia de industrias extractivas se convierta en una oportunidad de desarrollo para todos y todas, lejos de ser una fuente permanente de conflictos.

Publicado en: www.ser.org.pe/altiplano

Fotografía de la minera Cerro Verde en: www.mch.cl

Ilave hoy: el peso de las demandas

2008-03-06T10:54:00.003-05:00

Aldo Santos
Asociación SER–Oficina regional Puno

“Capital de la gran nación aymara”, señala el lema colocado en el frontis del local municipal de la provincia de El Collao, aquella ciudad ubicada al sur de Puno, en medio del altiplano peruano, que se hiciera conocida en abril del 2004 por los sucesos que terminaron con el asesinato de la autoridad edil de aquella comuna en manos de un grupo de personas que ejercieron justicia por cuenta propia[1].

Los ilaveños, aún hoy, cargan con el estigma de ser conocidos por ello, “quiero cambiar mi DNI”, me dice uno, intentando exorcizar aquella relación que erróneamente se ha construido de Ilave, como sinónimo de violencia, linchamiento y justicia aymara. Ciertamente Ilave es mucho más y actualmente se viene consolidando como uno de los centros comerciales más importantes del sur del Perú.

Precisamente muchas de las obras proyectadas por la actual gestión edil, tienen que ver con la construcción y mantenimiento de los centros de abastos en la ciudad, además de proyectos que tienen como finalidad el mejoramiento genético del ganado vacuno, asegurando el piso forrajero, así como la construcción de sistemas de riego y cobertizos que permitan generar condiciones para elevar la producción ganadera.

Estos y otros proyectos fueron expuestos en el informe económico que el gobierno local, encabezado por el alcalde Fortunato Calli Incacutipa, dio a la población de El Collao el último jueves 28 de febrero. En una asamblea que congregó a poco más de 5 mil personas, provenientes de las diferentes comunidades campesinas y centros poblados de las zonas: lago, media y alta.

La reunión se inició a las 10 de la mañana y ni la lluvia hizo que ésta se detenga, prolongándose hasta bordear las 5 de la tarde, mientras las exposiciones se sucedían una a una, destacando en ellas la participación del alcalde, un profesor cuyo dominio del aimara es evidente, lo que le ha servido para manejar hábilmente a la masa reunida en el frontis del local municipal.

Los hechos que más polémica generaron fueron las recientes denuncias sobre la existencia de trabajadores fantasmas en las obras ejecutadas por la municipalidad, el supuesto pago a periodistas y a dueños de radioemisoras y el manejo del canal televisivo municipal. Aunque la respuesta del alcalde fue el prometer que ello sería corregido y negando la acusación sobre el pago a periodistas, la existencia de trabajadores fantasmas en las obras y al interior de la municipalidad, habla de una gestión con algunos vicios de corrupción.

Los días previos a la realización del informe económico los rumores señalaban que algunas comunidades se venían alistando para frustrar la realización del mismo, dadas las denuncias existentes, sin embargo los dos grupos con mayor influencia en la población ilaveña, la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEP) y el bloque conformado por los tenientes gobernadores, tuvieron un rol ponderado, dejando entrever que no estaban del todo disconformes con la gestión y de alguna manera, lo que un comunero me dijo: “es que el alcalde nos está haciendo obras, por eso, está bien nomás”.

Sin embargo, más allá del desarrollo de la actividad, algunos hechos llaman la atención, el primero tiene que ver con la participación de la ciudadanía en el desarrollo del informe económico que, en este caso, lejos de plantear observaciones a lo expuesto por los técnicos y funcionarios se limitaba a formular pedidos para la construcción de futuras obras; de las 35 participaciones sólo 3 de ellas hicieron alusión al cumplimiento del presupuesto participativo y a la necesidad de un plan de desarrollo productivo, indicador del grado de conciencia ciudadana e información que tiene la población que participa de este tipo de espacios.

Un segundo aspecto fue la actitud del alcalde que terminó prometiendo obras y comprometiendo a sus funcionarios para el cumplimiento de los pedidos que había hecho la población, a quienes también responsabilizó de las irregularidades denunciadas por la población, llamando la atención la forma en la que el alcalde se dirigía a ellos, ordenando, amenazando con cambiarlos y pidiéndoles eficiencia, lo que, lejos de ser criticado por la población, era aplaudido, ratificando así una conducta que podría interpretarse como autoritaria.

Si bien un informe económico, no necesariamente absuelve todas las dudas de la población respecto de la marcha administrativa de la municipalidad, por la cantidad de cifras, rubros y proyectos que se exponen por los diferentes técnicos de la municipalidad, si se constituye, por lo menos, como un hecho simbólico que permite que la ciudadanía interactúe con la autoridad edil, aunque, hay que seguir promoviendo que estos mecanismos trasciendan la barrera de lo simbólico.

Para el caso de Ilave, aunque la realización del informe económico se desarrolló con normalidad, las relaciones entre el alcalde y la población parecen haber quedado en una tregua momentánea, dada la desconfianza existente, sobre todo por la irregularidades en la obras y la presencia de algunos funcionarios de confianza del alcalde, quienes no gozan de la simpatía de la población. Estos hechos, de no ser corregidos oportunamente, a futuro, podrían convertirse en potencialmente conflictivos en un escenario ya de por si conflictivo, por la cantidad de demandas e intereses que existen.

Notas:

[1] Sugerimos revisar la publicación de Ramón Pajuelo: “Las lecciones del caso de Ilave”.

Publicado en: www.ser.org.pe

Puno danza, ¿y la Interoceánica Sur?

2008-02-19T10:56:00.001-05:00

Por: Aldo Santos

Mientras los puneños celebrábamos la Festividad de la Virgen de la Candelaria nos ha llegado una noticia que lamentamos. El Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC), a través de la Oficina de Concesiones en Transportes, informó que ha tomado la determinación de suspender las obras en la carretera Interoceánica Sur, ya que la construcción habría superado, según informa el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN, el 33% de la inversión destinada para tal fin.

Según expertos en carreteras, el costo estimado por kilómetro de asfaltado es de 1 millón de dólares, y el presupuesto inicial de US$810 millones ha alcanzado los US$1075 millones, según un informe publicado por el diario Peru21, esto, habría originado que el MTC suspenda transitoriamente el asfaltado de los tramos restantes mientras el Ejecutivo no tome una decisión al respecto.

El MTC ha señalado que es probable que el tramo 3 (Puente Inambari – Urcos) se concluya; sin embargo la conclusión de los tramos restantes dependerá de una futura convocatoria a una licitación para poder finalizarlos, ya que el contrato con las empresas concesionarias sólo contemplaba la posibilidad de ampliación del presupuesto en 10%, cifra que se ha triplicado y la decisión de considerar mayor presupuesto para la obra se encuentra en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero, más allá de la postergación y lo que ello significa para nuestra región que en sucesivas oportunidades se ha pronunciado enérgicamente exigiendo el asfaltado de esta vía, salta a la vista un problema originado al principio de su construcción, que es el haberla exonerado de la supervisión y aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), además de los deficientes estudios de factibilidad, (¿cómo explicar entonces que la obra haya superado el 33% de su presupuesto inicial?). Tal parece que la advertencia de muchos expertos respecto de estos riesgos han llevado a las consecuencias actuales y los puneños, lejos de atender dichas apreciaciones, hemos optado por obviarlas.

Ciertamente, la postergación de la obra aparece como un hecho negativo, que, sin embargo, podría darnos la oportunidad de responder a dos interrogantes que no tienen respuesta conocida hasta el momento: ¿para qué queremos la Interoceánica Sur?, ¿sobre qué proyecto estratégico de desarrollo regional se enmarca esta obra? Condiciones previas, por decirlo menos, para que todo el monto invertido en este megaproyecto beneficie realmente a los puneños y al sur del país.

Hasta el momento, en muchos casos, hemos promovido un discurso reivindicando la Interoceánica Sur como la gran oportunidad de desarrollo para Puno y cuya construcción debe lograrse sin importar los medios para conseguirlo, lo que nos ha llevado a olvidarnos de fundamentar la necesidad de su construcción y mostrar todas las posibilidades y limitaciones reales en materia económica, social, cultural y ambiental que podría traer. En ese sentido, los puneños, tenemos, una vez más, la oportunidad de hacerlo.

Que la postergación y el legítimo derecho que tenemos los puneños de exigir el asfaltado de esta vía con todos los estándares de calidad necesarios, venga acompañada de la creación de espacios de discusión regional, en el que actores del Estado y de la sociedad civil tengamos como único objetivo arrancar el máximo de provecho de la inversión que se hace para su construcción. No olvidemos que la inversión es producto de préstamos y compromisos que el gobierno peruano ha adquirido incluso durante los próximos 25 años para terminar de pagar esta vía, la que debe convertirse, lejos del discurso, en un motor del desarrollo regional.

Publicado en: www.ser.org.pe

Febrero: Cuando Puno es una ciudad de las furias

2008-01-29T20:54:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

Con máscara o sin ella, nativo o foráneo, ángel o diablo; la fiesta ha llegado para envolvernos en una vorágine de acontecimientos surreales, propio de aquellos parajes que proclaman “Dios ha muerto”. Dejar de ser quienes fuimos, hablar en lenguajes lejanos y extraños, vestir de colores, saltar como diablo o rezar un milagro cual beato piadoso.

La maldición bíblica de Babel ha revivido para convertirnos en chinas, diablos, caporales, morenos, cholas, achachis y sikuris que confundidos entre nosotros dejamos que el cuerpo operé casi sin consentimiento de la razón; mientras el sonido de bombos, trompetas y zampoñas atiza nuestras emociones, difuminando el calmado paisaje lacustre que se resiste a la quietud.

Puno es tomado por la celebración, las calles se inundan de seres insólitos y una catarsis colectiva fluye por cada uno de nosotros que desinhibidos nos dejamos llevar por devoción o simplemente por hacerlo. Febrero es fiesta, es locura a la vez, una suerte de tiempo que cobra sentido en un solo espacio, a orillas del lago, cerquita del cielo; tan cerca y tan lejos de Dios.

Febrero se abre el día 2, cuando ataviados de ponchos, chuspas, chullos y zampoñas, los sikuris abarrotan el santuario de la Virgen que desbordando de gentes colma la plaza Pino y en esa cadencia de quintos, toyos, arcas e iras uno revive su pertenencia a esta tierra, mientras ajenos se dejan llevar, cual hipnotizados, por quienes, al unísono cantan retando al gélido frío altiplánico.

A poco más de 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, el aire sobra y el tiempo falta, todo discurre como tirado por el viento, “llevado por el diablo”, dirán algunos. En medio de esa lucha sacro-demoniaca aparece impasible la imagen de la Virgen de la Candelaria, orlada con flores, incienso y mantos de seda, abriendo camino recorre las calles. Mirada firme, no llora ni ríe, como oyendo a aquellos que agradecen y piden favores mundanos.

Cohetes, mixtura, y cintas de color, ingredientes que no faltan, que prodigiosamente aparecen como cayendo del cielo para adornar las figuras de hermosas mujeres, cuya mirada esconden detrás de una máscara o un antifaz. Disimuladas tras un traje, van adquiriendo una personalidad diferente; la impunidad que solamente puede darte la conciencia del anonimato, cobra forma diversas entonces.

Los más, los menos, son uno, una suerte de caterva que oníricamente danza, reviviendo tiempos viejos, repitiendo el ritual que año a año, febrero a febrero, cobra vida a orillas del lago, lugar en el que todos y todas somos, por unos días, parte de la realeza, de aquella corte que secunda a la llamada, “Mamita Candelaria”.

En Puno, cuyos llanos se visten de un verde inusitado cada febrero, todo parece conspirar para hacer mágico este momento, los azules del cielo y el lago, los coloridos ocasos y amaneceres que impávidos contemplan las veleidades de aquellos que, venciendo al insomnio, hacen del día y la noche una unidad indisoluble, hasta que el día final (cacharpari), mande a soltarse las trenzas, colgar las botas, despojarse de las máscaras remover el maquillaje, guardar las zampoñas, para despertar en una resaca colectiva que gradualmente se irá disipando hasta el próximo febrero en el que Puno, será, nuevamente, una ciudad de las furias.

Publicado en: www.infopuno.com

Ilave: ¿Turba aymara o síntoma de una sociedad enferma?

2008-01-28T12:14:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

El pasado lunes 21 de enero, tres personas murieron en Ilave, el hecho ha generado diversas reacciones, las más comunes repiten el esquema utilizado durante la crisis política vivida en dicha provincia en abril del 2004, atribuyendo el suceso a una “justicia aymara”, lo que remarca el ya conocido cliché que relaciona a los aymaras con hechos violentos o con una sociedad que vive al margen de la ley.

Los analistas y los diarios han puesto en entredicho, una vez más, los límites y/o ausencia del Estado o la incongruencia entre la justicia occidental y la “justicia aymara”, llevando el hecho a un plano étnico, olvidando que estos hechos se repiten a diario en diversas zonas del país; crímenes pasionales, ajustes de cuentas y linchamientos se han convertido en sucesos corrientes a lo largo y ancho del Perú.

Lo ocurrido en Ilave, donde una persona fue asesinada y posteriormente, una turba terminó con la vida de los supuestos asesinos, aún es materia de investigación policial, sin embargo con el transcurso de los días las hipótesis respecto de los móviles del crimen han crecido, se señala que el asesinato habría sido producto de un intento de robo, que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes[1], y, por llamarlo de algún modo, la más descabellada, es aquella que señala que la primera víctima habría sido parte de un sacrificio humano. Sin embargo, la hipótesis que cobra más fuerza es la señalada por la misma sobreviviente del linchamiento, quien manifestó que se trataría de un crimen pasional, ya que ella sostenía una relación amorosa con la primera víctima.

Más allá del hecho, lo que se pone en evidencia es un problema de país, en el que imágenes de violencia y muerte son expuestas día a día como simples cifras o parte de una estadística que insensibiliza, tal y como ocurrió durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país, en el que hechos violentos eran tomados como parte de la cotidianidad. Por otro lado, el factor étnico, aparece como un intento de justificarlo todo, pretendiendo negar que vivimos en una sociedad violenta en la cual aymaras, quechuas, policias, médicos, ricos, pobres, etc., hacen uso de la violencia para resolver sus conflictos.

Por último, para el caso concreto del linchamiento de dos sospechosos de asesinato en Ilave, añadiría que se demuestra, una vez más, la incapacidad de las instituciones competentes de actuar en el debido momento. Uno de los testigos manifestó que dio a conocer los hechos a la Policía Nacional cuando ambos asesinos estaban con vida y un policía le señaló que no contaban con personal suficiente para acudir. Por otro lado, el Fiscal, al cual le comunicaron del hecho, no se hallaba en Ilave, y el Fiscal adjunto llegó tarde, pese a que, personal del serenazgo municipal, le había comunicado del hecho desde tempranas horas de la mañana.

Visiones maniqueas que denotan un profundo componente de racismo, que criminalizan la exclusión y se empeñan en satanizar a Ilave y a los aymaras, anotando que ejercen su propia ley, que viven en la marginalidad o pretenden crear otro Estado dentro del Estado abundan para dar explicaciones sobre Ilave. En Caracas como Sao Paulo, por citar dos ciudades con altos índices de criminalidad, la violencia se repite a diario y no por ello son atribuidos a una etnia en particular, sino al conjunto de la sociedad. Es hora de que el Estado reaccione ante estos hechos y de que la salud mental dejé de ser la novena prioridad dentro de las prioridades del Ministerio de Salud, quizá ello podría ayudarnos a vivir en una sociedad menos violenta. Para un problema de país se necesitan políticas públicas que puedan frenar este tipo de manifestaciones sociales que nos revelan que vivimos en una sociedad enferma, de post conflicto armado y ello tiene una serie de secuelas que es necesario remediar.

Publicado en: www.ser.org.pe y en el diaro "Los Andes"

[1] Días atrás la Policía de Ilave capturó a cinco presuntos narcotraficantes en plena elaboración de pasta básica de cocaína en la comunidad de Jilacatura, lugar del cual provenían los asesinos.

Sobre Fujimori, fujimoristas y defensores de derechos humanos: Un día en la DINOES

2008-01-22T19:14:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

Han transcurrido algunos minutos de las 7 de la mañana y el abrazador sol de verano aún no ha terminado de ponerse mientras uno a uno se van acercando personas cuyas identidades aún desconozco que, sin embargo sé que provienen de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Nos saludamos, conversamos, intercambiamos opiniones, mientras esperamos al bus que nos llevará a la sede policial de la División Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) en el distrito limeño de Ate.

Hoy se realiza la treceava audiencia del juicio al ex presidente Alberto Fujimori, entre tanto diversas ideas discurren en mi mente, no puedo dejar de pensar en lo histórico que es este momento, nunca, en la vida republicana de este país, un presidente había sido procesado como un ciudadano mas, recuerdo las atrocidades de otros gobernantes que pasaron al olvido impunemente, “ojalá que este hecho siente un precedente”, pienso.

Una vez abordado el bus suben también los abogados de la parte civil, se sientan juntos, planifican su estrategia: “medida cautelar, interrogatorio, proceso”, son algunas palabras que oigo de ellos, el bus avanza y en determinado momento una patrulla policial se suma a nuestra delegación para custodiarnos y a través del cristal diviso las abismales diferencias que existen en la capital. Ate y La Molina son distritos colindantes y en diversas ocasiones han sido objeto de tensiones que tan cómica y gráficamente expresa un programa cómico de la televisión nacional.

La sede de la DINOES es extensa, la presencia policial está por donde se mire, algunos de ellos nos invitan a acercarnos a un ambiente acondicionado para nuestro registro respectivo. La seguridad es extrema, una advertencia me indica que tengo que dejar mis llaves y el teléfono móvil, además de colocarme en el cuello una identificación que versa “Distrito Judicial de Ate”; al salir del lugar, otra unidad nos conduce hasta la sala desde la cual participaremos de la audiencia.

En una sala contigua, la prensa, en un ambiente especialmente acondicionado para ellos, los familiares de las víctimas, promotores de derechos humanos y seguidores de Fujimori, se mezclan entre si, mientras esperan el inicio de la audiencia. A las 9:30 ingresa en escena el acusado, casi no mira, sólo se limita a elevar su mano brevemente para saludar a sus hijos Kenyi y Sachi, quienes religiosamente asisten a las audiencias. Fujimori se sienta en el banquillo de acusados, entretanto los abogados, jueces, fiscal y efectivos policiales hacen lo propio en sus lugares. “Buenos días, por favor todos de pie”, dice la secretaria de la sala, lo cual marca el inicio de la audiencia de hoy.

El juez, luego de algunas indicaciones previas, llama al primer testigo, José Delgado Bejarano, general en retiro, quien luego del juramento pasa a atestiguar. Por su parte, el abogado Nakasaki, despliega su interrogatorio intentando demostrar que en el gobierno de Fujimori no se violaban los derechos humanos, acusación que le hizo el Fiscal, lo que es corroborado por el testigo, quien añade que tampoco tenía conocimiento del grupo Colina, “me enteré por los medios de prensa”, señala, además niega su participación en una reunión en la que se habría acordado una política de “guerra de baja intensidad”.

Un dato importante es que el general Delgado Bejarano, estuvo a cargo de la Región Apurímac en 1989, lo que le valió ser procesado por la muerte de Moisés Carbajal, muerto en el interior de un cuartel militar, el general se habría desempeñado también como Jefe de la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el mismo año.

Las acusaciones en contra de Fujimori buscan demostrar que éste tuvo injerencia directa en el autogolpe del 5 de abril de 1992, día en el cual miembros del ejército peruano secuestraron a periodistas y políticos como Gustavo Gorriti y el actual premier Jorge del Castillo respectivamente. Otro cargo que se le imputa es la promoción de una “guerra de baja intensidad” o “guerra sucia” que, a partir del año 92 habría sido una estrategia para la lucha contrasubversiva, esta estrategia habría contemplado la creación de grupos paramilitares de aniquilamiento selectivo como el famoso grupo Colina, responsable de la matanza de estudiantes de la Universidad “La Cantuta”, grupos que habrían contado con la aprobación del ex presidente.

Fujimori, que viste una corbata amarilla con rayas negras, toma nota, observa, escucha atento las respuestas del testigo. Carlos Raffo, congresista de la república y fiel seguidor de Fujimori, luce más intranquilo, una y otra vez abandona la sala, se acerca repetidas veces a un grupo de mujeres seguidoras de Fujimori, les habla al oído, recibe el asedio de un periodista, “él nunca se pierde ninguna audiencia”, me dice un hombre que se sienta al lado mío.

En ese momento entra en escena el general en situación de retiro Carlos Jacinto Chamochumbi, quien fuera sub jefe del estado mayor del ejército, él también repite lo mismo que su colega previamente interrogado “desconozco la existencia de una directiva para ejecutar el golpe del 5 de abril” señala, sin embargo añade que su retiro le pareció injusto dado que “tenía una brillante carrera militar” y se preparaba para asumir un cargo de mayor importancia.

El tercer testigo, General José Gabriel Pastor Vives, reiteró el argumento utilizado por sus colegas. Los generales Víctor Manuel Pizarro y Alfonso Robledo del Águila, dieron sus testimonios en la misma línea: “No sé nada, me enteré del golpe del 5 de abril por los medios de comunicación, yo no participé de él”; la declaración que más llamó mi atención fue la del general Robledo quien dijo: “me enteré (de los planes del golpe) indirectamente, por mi esposa; a mí no me llamaron” y en otro momento refirió: “Una guerra es una guerra, alguien tiene que morir”.

Los testimonios me dejaron la impresión de que durante los primeros años del gobierno fujimorista las fuerzas armadas estuvieron en manos de generales “sin mando ni comando”, términos ampliamente explicados por uno de los generales, sin capacidad, que no tenían idea de lo qué sucedía a su alrededor y no eran tomados en cuenta por sus superiores, o es que acaso los generales, como dicen muchos en las calles, pretenden burlarse de los peruanos pregonando inocencia y tomándonos el pelo, ya que conocerían perfectamente de lo ocurrido el 5 de abril.

Para el caso puneño, valdría la pena hacer memoria de quienes en esa época detentaban el poder militar y sobre su nivel de influencia, con la anuencia cómplice de muchos funcionarios y periodistas que hoy transitan impunemente, escondiendo y negando su complicidad con los fujimoristas. No se trata de una persecución, se trata de justicia y de que aquellas personas que se beneficiaron ilícitamente del régimen fujimorista se muestren como tales y no se escondan tras el velo del olvido. Particularmente recuerdo al general Luis Paz Cárdenas, quien incluso llegó a ser Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de la Región Moquegua, Tacna, Puno (CTAR) y cómo olvidar al coronel Alberto Pinto Cárdenas, ex Jefe de la IV Brigada de Montaña, presidente del CTAR y candidato al Gobierno Regional puneño el año 2002, recientemente capturado por su participación en la matanza de Barrios Altos y La Cantuta como integrante del Grupo Colina.

Pero todos estos militares tuvieron sus cómplices civiles, en el Poder Judicial, en las instituciones públicas, en los medios de comunicación, bien haríamos los puneños en hacer memoria de quiénes detentaban el poder durante el régimen fujimorista.

Publicado en: http://www.juicioafujimori.org.pe/

Bahuaja Sonene: ¿La pesadilla del recorte ha terminado?

2007-10-31T10:11:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

El Ministerio de Energía y Minas en la reunión del consejo de ministros de fines de setiembre pasado presentó un proyecto de ley que pretendía recortar 209,000 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene, que representa el 71% del área natural protegida que además se encuentra en la región Puno.

Este hecho es alarmante, ya que el área en mención involucra directamente al corazón del Parque Nacional en las provincias de Carabaya y Sandia, lugares en los cuales existen especies y paisajes únicos en el Perú, además de la cabecera del río Candamo, famoso por el documental “La última selva sin hombres” emitido por la televisión nacional hace algunos años. No es casual que haya sido considerado como uno de los 7 santuarios más emblemáticos del mundo por la National Geografic Society.

Valor económico del Bahuaja Sonene

En la zona de amortiguamiento del parque se ha desarrollado ampliamente el cultivo del café y la industria ecoturística, cuya demanda día a día es ascendente, gracias a la implementación de proyectos que incluyen la participación de las comunidades locales en los beneficios derivados de la actividad, como el caso de Rain Forest Expedition, cuyo modo de operación turística ha mejorado no sólo las condiciones de vida de muchos pobladores, sino que ha contribuido a la preservación y a un adecuado manejo de los recursos naturales.

Según el investigador Kris Kirkby, la industria ecoturística en la zona de la reserva Tambopata, en la región de Madre de Dios, a la cuales se llega por carretera y por vía aérea, genera una demanda US$ 11.6 millones anuales. Cifra nada despreciable, considerando que es un circuito turístico poco promocionado y cuya infraestructura es aún incipiente y, en muchos casos, deficiente. Asimismo, las investigaciones y los planes que grafiquen la valoración económica del Bahuaja Sonene, más allá del petróleo y el gas, son aún inexistente. Por ello, universidades, colegios profesionales y demás entidades estatales como los gobiernos regional y locales, deben trabajar en este tema, para conocer la puesta en valor de esta maravilla natural.

Por otro lado, cabe destacar también las experiencias como la de la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA), que acaba de obtener el primer lugar en el III Concurso Nacional de Cafés de Calidad 2007 convocado a nivel nacional. Y es que, el café que produce se siembra con todos los criterios de conservación de la biodiversidad, precisamente en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

¿Actividades extractivas?

Asimismo, ahora que la actividad minera está en boga y que el canon puede aparecer como un espejismo que nos haga sumarnos a las voces que promueven el recorte del Parque Nacional, los puneños debemos recordar que para que las industrias extractivas aporten al desarrollo regional, debe considerarse la creación de una autoridad autónoma ambiental, la efectiva participación de la ciudadanía, el compromiso de las empresas con el respeto al medio ambiente y la contribución con el desarrollo de toda la región.

Para ello, se debe mejorar el nivel y la calidad de participación de los gobiernos regionales, locales y sociedad civil en el proceso de adjudicación de concesiones mineras y de hidrocarburos, además de la implementación de un programa de monitoreo de Pasivos Ambientales Mineros y que el Estado peruano contemple mayor presupuesto para la remediación de los mismos.
Condiciones inexistentes, por decirlo menos y que levantan más dudas que certidumbres, aún sabiendo que el Bahuaja Sonene ya es un valor y un bien que los puneños debemos conservar por el derecho que tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación ambiental.

Salvemos Candamo

Luego de la intensa campaña que emprendieran algunas instituciones y grupos de jóvenes voluntarios a nivel local, nacional e internacional defendiendo la intangibilidad del área, la propuesta de recorte parece no haber prosperado. Sin embargo el hecho pone en evidencia, la estrategia de desarrollo del gobierno aprista, cuyos afán se halla centrado en la promoción de las industrias extractivas en desmedro de los recursos naturales. En tal sentido, llaman la atención las declaraciones hechas por el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia y el mismo presidente de la república en su última visita a Puno, negando la existencia del mencionado proyecto de recorte aún cuando existen documentos e informes técnicos que demuestran lo contrario.

Lo cierto es que, paradójicamente, sólo por la amenaza de recorte del Parque Nacional muchos puneños han tomado conciencia de que somos parte de una región que tiene en la selva a una parte importante de su territorio. Por lo tanto, urge potenciar y promover proyectos de desarrollo tomando como referentes las actividades económicas que ya se vienen desarrollando exitosamente en la zona, como la producción de café y fruta, y que mejor, ahora que la carretera Interoceánica Sur aparece como la gran posibilidad de articular, de una vez por todas, a una parte importante de la selva puneña.

Foto: Kris Kirkby

¿Para qué queremos la Interoceánica Sur?

2007-09-19T14:45:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

Las movilizaciones del mes de julio pasado, exigiendo la licitación del tramo V de la carretera Interoceánica Sur en Puno, dejaron de lado un aspecto tan o más importante que la sola ejecución de dicho proyecto vial; es decir la necesidad de discutir un proyecto de desarrollo regional, que considere las posibilidades para maximizar los beneficios que pueda traer tal obra vial.

Sin embargo, con paro o no, la Interoceánica Sur era y es una realidad, aunque pareciera que los puneños continuamos lejos de reflexionar sobre las ventajas que nos ofrecerá, y por supuesto también algunos impactos negativos. Por su lado, el Estado y sus diferentes niveles de gobierno tampoco han demostrado voluntad para potenciar las capacidades de importantes sectores económicos como el turismo, la producción truchícola, cafetalera, alpaquera, láctea, entre otras, de modo que éstos puedan dinamizar la economía regional y acerquen el desarrollo, a los bolsones de pobreza de la región, la mayoría de los cuales están concentrados en el sector rural que será atravesado por la Interoceánica.

Los dos únicos proyectos existentes sobre este importante tema son:

a) El denominado “Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur Peruano 2006-2016”, diseñado el año 2005 y dirigido por una Comisión Intergubernamental de Alto Nivel creada por Decreto Supremo Nº 059-2005-PCM. Este plan articulaba a 10 regiones del país, desde Ica hasta Tacna, con el objetivo de “desarrollar la capacidad productiva y exportadora y elevar las condiciones de vida de la población”. Sin embargo desde la desactivación del Consejo Nacional de Descentralización-CND, que presidía a dicha Comisión, el plan ha quedado encarpetado en la Presidencia del Consejo de Ministros.

b) El segundo proyecto es el “Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - tramos 2, 3 y 4” (2006-2008), cuyo financiamiento (US$ 17.785 millones) proviene de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (US$ 10 millones) y una contrapartida del gobierno peruano (poco más de US$ 7 millones). Parte de este último monto ya venía invirtiéndose desde años anteriores, y por lo tanto no supone un gasto adicional para el gobierno.

El programa es más conocido como CAF – INRENA, y es conducido bajo una lógica centralista y limeña, y hasta hace muy poco, no contemplaba la participación directa de los gobiernos regionales. Actualmente se ha superado esta omisión, pero luego de más de año y medio de su ejecución, aún no se conocen los avances y beneficios producidos. Es más, para dar una idea de las contradicciones que contiene, se tiene que por ejemplo se deja en manos del INRENA la elaboración de un “Plan de Desarrollo Turístico”, cuando se sabe perfectamente que dicha instancia estatal no puede realizar tal tarea.

Asimismo, el presupuesto de dicho programa apenas si alcanza al 2% del valor total de la obra, para la mitigación de impactos directos, indirectos y para potenciar unidades productivas pensando en la exportación hacia Brasil u otros mercados. Esto podría interpretarse como el comprarle un auto de lujo a alguien que no sabe ni encenderlo. Caso contrario lamentablemente no se podrá sacar provecho a la carretera, y como dijo alguien “los puneños tendremos la Interoceánica solamente para bloquearla”.

Es urgente que las autoridades y la sociedad civil puneña tomen debida conciencia de estos hechos ya que si bien la carretera no es la solución a todos nuestros problemas, sí debe servir para implementar proyectos que nos permitan sacarle el máximo beneficio a los más de mil millones de dólares que costará. Actualmente existen plataformas como la Junta Macroregional de Gobiernos Regionales, desde las cuales debería solicitarse al gobierno central una mayor inversión para la mitigación de impactos y mejora de las unidades productivas en el tramo V, que nos involucra directamente, y por supuesto, en los demás tramos que ya se vienen ejecutando. De lo contrario, sólo veremos pasar la carretera.

Aymara markasa winaypacha wiñaya (1)

2007-09-03T13:36:00.000-05:00

Paulo C. Vilca Arpasi y Aldo Santos Arias (2)

Uno de los paradigmas de años pasados para muchos de los estudiosos de las ciencias sociales en el país era que la identidad aimara es la única importante en el Perú. Esa creencia fue ratificada a partir de los sucesos de Ilave de abril de 2004, cuando, luego del asesinato del alcalde Cirilo Fernando Robles Callomamani, la explicación generalizada que finalmente quedó en el imaginario nacional fue que tales hechos eran expresión de la idiosincrasia de un pueblo diferente y particular: los aimaras.

A pesar de que dicha percepción es equivocada,3 desde entonces Ilave ha quedado instalado en la memoria nacional como sinónimo de linchamiento, justicia popular y de una supuesta violencia aimara que ponía en evidencia los límites del Estado y la democracia liberal, e incluso hacía preguntarse a un estudioso si «¿No podría ser la violencia el destino del liberalismo político?... La planetización del liberalismo político, ¿no estará sembrada de Ilaves globales?».4

Pero ¿qué es lo aimara? ¿Quiénes son los aimaras? ¿Existe una sola cultura aimara? ¿Son iguales los aimaras de Unicachi que prosperan en Lima a los aimaras que viven en Arica, en las yungas de La Paz o a orillas del Titicaca?5 Este artículo no pretende responder estas preguntas, pero sí poner a consideración algunas ideas y reflexiones al respecto.

Aimaras unidos bajo un mismo nombre: ¿Ilave?

Ilave significó muchas cosas, pero tuvo sobre todo dos consecuencias fundamentales: el reconocimiento de lo aimara y el ingreso a la escena peruana del siglo XXI de un grupo de actores que hasta entonces habían tenido una presencia marginal. De pronto, ellos tuvieron un auditorio nacional para presentar y difundir una nueva bandera en la historia de las reivindicaciones en el país: la de la identidad étnica.

Sin embargo, ya a inicios del siglo pasado se produjo un levantamiento que puede interpretarse como el primer intento de escisión aimara respecto del poder central: Wancho Lima. Aunque la historia oficial ha relegado este hecho, lo cierto es que el proceso impulsado por Carlos Condorena Yujra fue el primer intento por afirmar lo aimara como posibilidad nacional. En efecto, Condorena propuso la creación de la República Aimara Tawantinsuyana del Perú, cuya capital sería el poblado de Wancho Lima, ubicado al norte del lago Titicaca, el que incluso llegó a tener señaladas áreas específicas para la construcción de un Poder Judicial y un Palacio de Gobierno, entre otras dependencias que emulaban la organización estatal vigente. Más allá del hecho de que esta propuesta reproducía categorías propiamente occidentales de organización política, era evidente la presencia de un componente de afirmación propia.

Muchos años después, a inicios de la década de 1980, se conformaría la Unión de Comunidades Aimaras (UNCA). Tal denominación parece referirse a una organización social, pero la UNCA fue en realidad una asociación similar a las ONG. Es así que emprendió diferentes proyectos de desarrollo en el sur de la región Puno, los que a pesar de su variedad tenían como común denominador la presencia de un discurso que puede llamarse aimarista. En dicho discurso, la identidad étnica tenía un rol preponderante y eran comunes al interior de esta organización las conversaciones sobre la creación de un Estado aimara.

Pero es la crisis de Ilave la que al final permite que el discurso aimarista se difunda ampliamente. Una muestra de ello es que este es utilizado políticamente por primera vez en las elecciones de noviembre de 2006, dando como resultado la victoria de los actuales alcaldes Eugenio Barbaito, de Chucuito-Juli —que se llama a sí mismo Papalindo—, y Fortunato Calli de El Collao-Ilave. Y es a raíz de la iniciativa de ambos burgomaestres que en febrero de 2007 se conformó la Unión de Municipalidades Aimaras (UMA), como un frente municipal que aglutina a la mayoría de gobiernos locales que circundan al lago Titicaca y son cercanos a la frontera con Bolivia. Pero, además, las ciudades de Yunguyo e Ilave han sido declaradas como capitales de la nación aimara, la wifala6 se encuentra izada en las plazas de armas de las tres principales provincias del sur, y en Juli se ha emitido una ordenanza que establece al aimara como idioma oficial para todos los actos públicos.

En este contexto, un hecho que llama la atención es que el nuevo obispo de la Prelatura de Juli,7 a diferencia de sus antecesores, tenga un discurso bastante crítico respecto de las tradiciones, valores, costumbres y religiosidad andinas, intentando afirmar, por encima de la tradición, la ortodoxia católica. Ello ubica a la jerarquía de esta Iglesia en la otra orilla de la reivindicación aimara, generando condiciones para una ruptura entre las nuevas autoridades eclesiales y la feligresía. Así, por ejemplo, en actos como el de la conformación de la UMA, los responsables electos no juramentaron en nombre del Dios cristiano; más bien, los discursos reconocían como deidades al sol, al lago y a los apus, identificando a la Iglesia y la religión católicas como instrumentos de sometimiento occidental.8

Todos estos hechos tienen una trascendencia política importante, y debe resaltarse que la reivindicación étnica aimara no se enmarca en el tradicional discurso indigenista; por el contrario, reivindica un carácter propio y el reconocimiento de la diferencia, a tono con las reivindicaciones identitarias globales actuales. Por eso, cualquiera que camine por las calles de Ilave, Yunguyo o Mohó constatará que los aimaras peruanos no se identifican como indígenas o indios. Ellos niegan dichas categorías y señalan, más bien, su lugar de procedencia («soy ilaveño») o afirman su lengua («soy aimara») como símbolo de identidad, aunque seguramente muchos preferirían contestar: «Soy negociante», evidenciando uno de los aspectos más relevantes de la identidad aimara: el comercio.

De la comunidad campesina al «Wall Street» limeño

Mientras en el norte de la región la reforma agraria emprendida por el gobierno de Velasco Alvarado se traducía en la conformación de una serie de empresas rurales y en el fortalecimiento de la organización comunal, por lo menos hasta la década de 1980; en el sur, los migrantes aimaras daban inicio a una experiencia económica particular y exitosa: Unicachi.9 Esta es tal vez la expresión más significativa del espíritu emprendedor aimara, así como de su versatilidad y habilidad para participar activamente del mercado de capitales y articularse comercialmente a diferentes territorios. Mientras en el caso de Ilave lo prioritario es lo político, en Unicachi lo relevante es lo económico.

En el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya se habían advertido las dificultades de los grupos subversivos para captar adeptos en la zona sur de la Región Puno, por el carácter ‘nómada’ de la población. Esta característica ha permitido a la población aimara generar nexos, primero comerciales y luego culturales, con los valles de la costa sur de Arequipa, Moquegua, Tacna e incluso Ica; y con los de la selva de Puno, Cusco y Madre de Dios. Acuden a todos estos lugares durante temporadas para colaborar como mano de obra no calificada en la siembra o cosecha de productos como el arroz, o para aprovechar las ventajas geográficas comerciales del altiplano. Y es que casi no existe familia aimara que no cuente con parientes que hayan viajado a los valles vecinos de la costa, o hayan sido atraídos por el dinamismo comercial de El Alto en Bolivia.

El caso de Tacna es muy ilustrativo. Esta ciudad prácticamente se ha convertido en una prolongación puneña, por los patrones culturales y festivos que los aimaras migrantes han llevado a esa ciudad. Existen distritos como Alto de la Alianza y Ciudad Nueva que están poblados esencialmente por puneños o descendientes de puneños. Además, actualmente cerca de veinte empresas de transporte interprovincial realizan viajes diarios a Tacna desde el terminal terrestre de Ilave.10

Si bien no existe un estudio profundo sobre el aporte cultural y económico de este proceso migratorio hacia Tacna, una visita simple nos demuestra que los principales centros comerciales —como Túpac Amaru, Francisco Bolognesi o Polvos Rosados— tienen como propietarios a puneños principalmente procedentes de la zona aimara.

Por su parte, los unicachinos en Lima manejan seis mercados y son propietarios de más de catorce empresas, desde inmobiliarias hasta procesadoras de carne. Esta experiencia comercial tampoco deja de lado el aspecto político, y aun cuando no se ha manifestado el deseo de construir un instrumento político concreto, sí ha habido participaciones efímeras de algunos empresarios, cantantes de música folclórica y otros sectores de migrantes que han intentado representar a este grupo empresarial autocalificado como aimara en el Congreso del país.11

Los derroteros por los que podría discurrir una propuesta política étnica aimara son impredecibles,12 sin embargo, una rápida mirada al proceso político boliviano puede darnos pistas sobre algunos probables escenarios futuros.

Indigenismo a la boliviana

El ascenso al poder de Evo Morales en Bolivia ha sido visto como un hito histórico, y a partir de este hecho el discurso político indigenista latinoamericano ha tomado un nuevo aire, aunque no deja de ser llamativo que en la propia Bolivia la oposición mayor al presidente Morales venga de dos frentes muy diferentes: la oligarquía cruceña y la Confederación Nacional de Marcas y Ayllus Aimaras y Quechuas (CONAMAQ). A decir de Marta González, líder aimara boliviana: «La cara aimara sí está en el poder, pero no el sentir aimara. Para gobernar tenemos que saber qué nos mueve, cuál es nuestro modelo, y es algo que todavía no conocemos».13
En realidad, el indigenismo boliviano dista mucho de tener una propuesta consolidada y las discusiones sobre la forma de un Estado plurinacional forman parte del día a día, existiendo posturas bien diferenciadas.

Diego Ayo14 señala que, por un lado, se encuentran los ‘indígenas por default’ o los ‘indígenas carentes de propuesta’, que plantean que la identidad no se construiría solo sobre la base de la autoafirmación sino por criterios que señalan la pertenencia de los indígenas a determinada identidad específica. Al respecto, Ayo dice que «un país groseramente racista como el nuestro ha constatado la conformación de las identidades fundamentalmente desde la mirada externa, atribuyendo la identidad desde una óptica pigmentocrática, donde poco o nada importa lo que hagas, sino lo que eres. No importa si eres un médico aimara o un quechua emigrante convertido al islamismo. Desde la óptica simplista de los designios discriminatorios eres simplemente un indio».

Otra tendencia es la de los ‘indígenas no indígenas’ o ‘los ciudadanos bolivianos de origen indígena’, que son aquellos que saben que tienen una procedencia étnica anterior a la Colonia pero no asumen lo indígena como el parámetro de conformación de una sociedad. Como dice Ayo: «Somos —paradójicamente— más bolivianos que nunca. Somos profundamente mestizos no solo como identidad difusa sino por convicción y deseo». Cercanos a estos se encuentran los ‘indígenas pluriculturales’, que reclaman un profundo proceso de descolonización pero sin generar al mismo tiempo una colonización a la inversa de los indígenas sobre los no indígenas.

Finalmente, tenemos a los indígenas ‘sionistas’ o ‘el sionismo aimara’, que «no concibe una convivencia entre indígenas y no indígenas, mas que bajo la hegemonía indígena y, en particular, aimara». Políticamente, la propuesta de este grupo es la conformación de un Estado boliviano etnocomunitarista; es decir, un país dividido de acuerdo a los grupos étnicos existentes.

En realidad, el futuro de la propuesta indigenista boliviana se definirá en la Asamblea Constituyente donde, como dice Jorge Lazarte,15 el debate será entre dos opciones excluyentes entre sí, si de lo que se trata es de mantener un Estado unitario: el multiculturalismo y el multinacionalismo, que es una propuesta etnicista basada en la priorización de supuestas diferencias nacionales.

Lo que pase en Bolivia marcará la pauta de lo que podría ser el proceso del sur peruano, ya que la tipología de tendencias indigenistas bolivianas puede ser perfectamente extrapolada a nuestro país, y en especial a Puno, dado el enorme y constante intercambio comercial, económico, cultural, político y social. Los límites existen solo en los tratados, no en la geografía.

En este mismo contexto, experiencias como las de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, creada en Cusco el año pasado, en la que confluyeron diversas nacionalidades, permitió una articulación con los movimientos bolivianos, pero también reinterpretar el discurso aimara en el Perú, haciéndolo más incluyente respecto de otros grupos como los quechuas, los asháninkas, etcétera.

Ser aimara en el siglo xxi

El hombre y mujer aimaras de principios de siglo han cambiado profundamente. Es cierto que la pobreza, la marginación y la exclusión histórica aún son moneda corriente, pero al mismo tiempo los casos de Ilave y Unicachi son ejemplos concretos de que los aimaras, de la mano de la modernidad, han conquistado poder económico y político. Ello no sería una novedad, dado que otros grupos también lo han hecho, sin embargo, la particularidad es que, en el caso aimara, esta conquista viene acompañada de la reivindicación étnica.
Hoy, aimaras como Peruco Ccopacati, artista plástico que recorre las principales galerías de arte del mundo, o el grupo musical K’ala Marka, nos dan muestras de la universalidad de su arte y de su integración al mundo globalizado. Sin desconocer sus particularidades, la identidad aimara forma parte de las identidades nacionales peruanas, chilenas, bolivianas, argentinas y andinas en general, insertándose en ese ámbito tan grande y a la vez tan ambiguo que es la latinidad.

Y es que a pesar de los proyectos políticos y las vicisitudes económicas que compartimos con todos los latinoamericanos, los aimaras sabemos que más allá del lago se encuentra el mundo.

NOTAS:

1 ‘Nuestra tierra aimara vivirá por siempre y para siempre’ (Róger Maquera).

2 Investigadores de la asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Puno.

3 Aunque no fueron las únicas razones, las movilizaciones contra el alcalde Robles en Ilave fueron más que nada producto de los procesos políticos y pugnas por el poder local, con actores bien identificados: autoridades municipales, funcionarios, tenientes gobernadores, dirigentes gremiales y sociales, alcaldes de centros poblados y operadores políticos de ciertos movimientos. A ello cabe agregar el lamentable papel de las diferentes instituciones estatales, especialmente del nivel central, para elaborar propuestas de solución, lo que llevó a muchos analistas a hablar de una supuesta ausencia del Estado.

4 Véase Rivera, Víctor Samuel. «Ilave, ontología de la violencia o el terror del Altiplano». Solar, Revista de Filosofía Iberoamericana, año 2, n.º 2, pp. 35-50. Lima, 2006.

5 Un dato al respecto es el siguiente: el aimara es el idioma materno de algo más de un millón y medio de personas repartidas en los territorios de Bolivia, Chile, Perú y el norte argentino.

6 El historiador Nicanor Domínguez señala que la wifala es una variante de la bandera del Tawantinsuyo (o ‘pusintsuyo’, en lengua aimara). El diseño es ajedrezado y se inspira en la decoración de la cerámica prehispánica Tiwanaku e Inca.

7 José María Ortega Trinidad, miembro del Opus Dei, en diversas ocasiones se ha mostrado públicamente en contra de la religiosidad aimara, tildándola de pagana y animista.
8 En el siglo XVI la orden jesuita se asentó en Juli y ensayó en el altiplano puneño una de sus primeras experiencias de evangelización, iniciando una larga tradición de presencia del catolicismo en la zona. Por otro lado, hace poco menos de cincuenta años se creó la Prelatura de Juli, encargada a los Misioneros de Maryknoll, quienes impulsaron, entre otras cosas, el acceso a la educación y a los medios de comunicación en la zona aimara de Puno y Bolivia, además de reforzar las tradiciones y cultura propias del lugar con la creación del Instituto de Estudios Aymaras (IDEA).

9 Unicachi es un distrito de la provincia de Yunguyo ubicado al sur de Puno, en la frontera con Bolivia, con poco más de 3.000 habitantes.

10 Un tema inevitable al hablar del comercio es el del contrabando. Al respecto, en un reciente artículo de Nicolás Rodríguez («Por los caminos de la culebra». Semana Económica, n.º 1070. Lima, mayo de 2007), uno de los entrevistados señala que la dinamización de dicha actividad se ha producido luego de la creación de la ZOFRA Tacna.

11 En las pasadas elecciones de 2006, la participación de Edgar Arhuata Uchasara, candidato al Congreso por Avanza País, llevó como rótulo su filiación con los empresarios unicachinos. Véase mayor información en http://www.unicachi.com/.

12 No se puede olvidar los pasivos que representan los ex congresistas aimaras Gregorio Ticona, vinculado al montesinismo, y Paulina Arpasi, del toledismo.

13 «La voz de la América Indígena». Pulso, n.º 332. La Paz, Bolivia, 2006.

14 Véase Ayo, Diego. «Corrientes indígenas de cara a la Asamblea Constituyente y a la Bolivia Autonómica». Pulso, n.º 365. La Paz, Bolivia, 2006.

15 Véase Lazarte, Jorge. «¿Multiculturalismo o multinacionalismo?». En http://www.pulsobolivia.com/.

Publicado en: desco / Revista Quehacer Nro. 166 / May. – Jun. 2007

Del desarrollo altiplánico no va quedando nada

2007-08-04T00:53:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

Afectados por la contaminación de la cuenca del río Ramis, cocaleros de los valles de Sandia y Carabaya, sociedad civil por la construcción de la carretera Interoceánica Sur, SUTEP y CONVEAGRO, han sido algunas de las organizaciones que han mostrado su descontento frente al Gobierno Central hace algunas semanas en Puno y, en algunos casos, han lanzado amenazas para radicalizar sus protestas si los acuerdos a los cuales se han llegado en las negociaciones no se cumplen. La tregua tiene fecha[1] y los dirigentes no están dispuestos a claudicar ni renegociar sus acuerdos.

Puno es la tercera región más pobre del país, sin embargo desde hace algunos años se vienen promoviendo experiencias productivas con grandes resultados como la oferta de servicios orientados al sector turístico, la producción de trucha ecológica en Arapa, el mejoramiento genético y de fibra de alpaca en Macusani, y la siembra de café ecológico bajo sombra en el Alto Tambopata. Pero estas no se han traducido todavía en mejores condiciones de vida para el ciudadano común, puesto que se encuentran focalizadas sólo en ciertos territorios y la transferencia de cerca de 60 millones de soles que el Ejecutivo ha anunciado para el Gobierno Regional podría servir para potenciar esos sectores emergentes.

El chavismo o la ficción

El anuncio de la transferencia de fondos al Gobierno Regional ha llegado en un contexto en el que la nueva administración no cuenta con ningún proyecto de desarrollo y no existe una tecnocracia regional, capaz de superar las trabas que el Sistema Nacional de Inversión Pública y otros organismos estatales exigen como condición para la ejecución del gasto. El “shock de inversiones” llega a escasos 5 meses desde que los Gobiernos Regionales asumieron sus funciones y en condiciones en las que Hernán Fuentes Guzmán se halla enfrentado al Consejo Regional y sin contar con ningún plan regional de desarrollo.

En tal sentido, las últimas movilizaciones le han caído como anillo al dedo, ya que han centrado las demandas en el Gobierno Central, haciendo olvidar el estado de la situación en el Gobierno Regional puneño. Así, el presidente regional puneño, ha sido el gran ganador de estos días, especialmente por su irrupción en la escena nacional, gracias a las declaraciones de personalidades del Gobierno como el Premier del Castillo y las informaciones de los medios de comunicación que lo han elevado a la categoría de “personaje”, por sus afirmaciones favorables a Hugo Chávez y su vinculación con la “Casa del ALBA”, la iniciativa que el gobierno cubano y venezolano promueven desde el año 2004.

Los proyectos: advirtiendo riesgos y posibilidades

Sobre la Zona Económica Especial para Puno (Zona Franca) y Sierra Exportadora (SE) pende el estigma de otros programas del gobierno que han pasado a formar parte de la demagogia estatal. La primera iniciativa requiere de la instalación de un Comité, que si bien ya ha sido conformado, no ha socializado el proceso en el cual se halla y avanza a paso lento; mientras que en el caso de SE, la conformación de las Mesas de Camélidos, Trucha y Quinua como instancias de concertación entre productores y agentes estatales, podrían convertirse en los espacios desde los cuales se promuevan proyectos que permitan tener el diagnóstico real y las necesidades de cada unidad productiva.

Por su parte, el Gobierno Regional aún tiene la posibilidad de articular los comités de SE y la ZEE, de tal modo que puedan operar en una misma dirección, no sólo limitando estas iniciativas a la agrotransformación, sino alentando experiencias de turismo vivencial como la de Llachón (Capachica), todo ello dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, ya que son precisamente las zonas rurales las que vienen siendo postergadas y por lo tanto las que, fruto de la presión, expresan su descontento de modos diversos.

Puno es rural, el 60% de su población lo es, y por lo tanto resulta escandaloso, por decir lo menos, que desde las instancias regionales no se haya promovido todavía una Estrategia regional de Desarrollo Rural, y más aún si se tiene en cuenta que de cada 10 personas del sector rural, 6 o 7 viva en condiciones de pobreza y 3 de ellos en extrema pobreza.

De las demandas sectoriales al antiaprismo generalizado

La polarización vivida en el ámbito nacional se ha expresado también en Puno, aunque con matices diferentes. Tal polarización ha ido encontrando articulación en el rechazo al Gobierno central: ni las experiencias productivas, ni los millones de soles anunciados para la región han operado como catalizadores del hartazgo popular respecto de las condiciones de vida, las cuales se han tornado más complicadas con la suba de algunos productos de primera necesidad.

A ello se suma la desconfianza que existe por los nada gratos recuerdos del primer gobierno aprista y el hecho de que integrantes del partido de gobierno estén copando varias instituciones públicas como el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) al mando de Alberto Lescano; o la designación de Javier Bernal, ex candidato al Gobierno Regional por el PAP al mando de Essalud; de su hermano Arturo Bernal como parte del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán; de Mario Torres Rado, como presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno; entre otros partidarios apristas, configuran un escenario poco alentador para el partido de gobierno en Puno e impone un nuevo reto a sus cuadros: el de demostrar que el APRA ya no es más el partido de 1985.

Continuar insistiendo en que la responsabilidad del descontento es la injerencia chavista, o un grupo de 500 comunistas puede convertirse en un arma de doble filo ya que, según varios sondeos informales, una gran parte de puneños apoya la oferta de servicios de salud promovidas desde la “Casa del ALBA” y apoya también las últimas protestas en contra del Gobierno Central. Insistir en satanizar el ALBA puede divorciarlos completamente de la sociedad puneña.

Como podemos ver, este escenario se muestra propicio para la irrupción de caudillos y caciques locales que aprovechando la convulsión social pueden pretender, por vías antidemocráticas, politizar el descontento popular. Éste constituye un peligro potencial en una zona en la que las condiciones para la incursión de este tipo de manifestaciones están dadas y lo peor que puede hacer el Gobierno es confrontar y polarizar más el escenario, como provocando e intentando justificar, a futuro, métodos represivos.

Notas:
[1] Al principio se acordó que el 3 de agosto la huelga se iniciaría nuevamente, sin embargo dicha fecha no ha sido ratificada.

Publicado en: www.ser.org.pe

Hugo Chávez, el ALBA y el APRA

2007-07-17T10:11:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

Asistimos a una suerte de satanización de la figura del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien, según la prensa peruana, cumple con todos los requisitos para ser un dictador: Autócrata, tirano, opresor o absolutista, que es como se le suele llamar. Asimismo, desde la campaña para las elecciones presidenciales, el APRA y los sectores más reaccionarios del país, no han hecho nada más que denunciar una supuesta injerencia del gobierno venezolano en asuntos internos y es que recurrir al “orgullo nacional” y al “amor patrio”, suelen ser las herramientas más eficaces para movilizar al pueblo, pues a nadie le gusta que un extraño irrumpa en su casa sin ser invitado.

El enemigo no está aquí, está en Venezuela parece decir Jorge del Castillo. Igualmente, otros funcionarios del gobierno afirman que nuestro verdadero problema es la injerencia de Hugo Chávez en los asuntos internos, empeñándose así, en culpar a los “seguidores” de Chávez, o a Patria Roja y, en el caso puneño, a “un grupo de 500 comunistas que protestan”[1], de los últimos paros en el país. Una vez más, el problema no es el gobierno, el problema son los otros, los que protestan, bloquean carreteras, los “profesores ociosos” y es que todos los que protestan, según el gobierno, casi acarician la demencia o coquetean con el senderismo.

Como muestra de esto están los ataques en contra del ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas promovida por Cuba y Venezuela desde el año 2004. Sin embargo, la ALBA es un tratado de cooperación e integración económica, social y política, que podría parecerse al MERCOSUR, CAN y otros tratados de integración, a la cual se han unido los presidentes de Bolivia, Ecuador y Nicaragua y próximamente se unirán países como Haití. En este escenario, ellos aparecen como los malos de la película, los truhanes o indeseables para el gobierno peruano. Pero, cabe preguntarse si es que acaso los presidentes de dichos países padecen de alguna patología o retardo mental, que ha hecho que se integren a esta “funesta”, según el gobierno peruano, iniciativa que busca interferir en la política externa de sus repúblicas vecinas. Que yo sepa, ninguno de los presidentes de los países miembros del ALBA, salvo Chávez, en algunas declaraciones, ha manifestado su voluntad o ha interferido en el Perú.

La ALBA surge como una alternativa Latinoamericana a los Tratados de Libre Comercio que promueve Estados Unidos y como tal, es una opción legítima que involucra a quienes deseen ser parte de ella, si el Perú no es parte de ella creo que a nuestros gobernantes no tiene por qué importarles o no las iniciativas que, desde el interior de ese bloque se promuevan.

Respecto de la instalación de una oficina denominada “Casa del ALBA” en Puno, miembros del gobierno y medios de comunicación nacional han denunciado una supuesta injerencia del gobierno venezolano a través de esta entidad, en asuntos de política interna, bajo ese criterio gubernamental, podríamos decir lo mismo de los varios centros culturales norteamericanos, británicos, franceses y alemanes que tienen sus oficinas en nuestro país, pues bajo la lógica del gobierno la presencia de éstas oficinas también serían indicadores de la injerencia política de esos países en nuestra política interna. Nada más descabellado que eso.

Si en la campaña pasada la estrategia de sindicar a Ollanta Humala con Hugo Chávez, hizo que el APRA ganara adeptos, parece que jugar a lo mismo ya no lo es más, pues, bien sabemos que Chávez anda en Venezuela, gobernando muy a su estilo y teniendo muchos problemas con la polarización creciente en su país, antes que andar dedicado a intervenir políticamente en otros países del continente. Aunque es innegable que el “estilo de gobierno” del presidente venezolano desata diversas reacciones, incluso en quienes se denominan cercanos a éste.

Lo mismo se podría decir del gobierno aprista. Tenemos demasiados problemas, muchas demandas insatisfechas, una pobreza creciente, y solucionar esos problemas son más importantes ahora, que andar buscando fantasmas donde no los hay o tildando de comunistas, chavistas o rebeldes a los peruanos y puneños que expresan, día a día, su deseo de cambio en la conducción del país. La solución no se encuentra en militarizar o reprimir, que es como se pretende hacer, sino en asumir realmente la actitud de quien conduce el país, con una posición autocrítica, de respeto, promoviendo el diálogo y sobre todo, escuchando a “los otros” que no son apristas. Esa es su misión.

[1] Declaraciones hechas por el Premier Jorge del Castillo en el programa televisivo “Cuarto Poder” de América Televisión el domingo 08 de Julio.

El ALBA altiplánico y la paranoia capitalina

2007-07-13T17:32:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

Cuando el 24 de mayo pasado se instaló una oficina de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)[1], en la región Puno, ningún puneño hubiera podido presagiar la magnitud que dicha medida iba a tener, y que llegara a generar los días pasados una segunda “crisis diplomática” entre el Gobierno venezolano y peruano.

Lo cierto es que luego del triunfo obtenido por Hernán Fuentes Guzmán, Puno ha vuelto a ser el foco de atención como un lugar conflictivo o potencialmente separatista, tal y como aparece en las opiniones de líderes políticos y algunos medios de comunicación nacional que, tomando como indicador la instalación de una oficina de la ALBA en Puno, han vuelto la mirada sobre la región y su presidente regional.

El Congreso de la República, el Primer Ministro, el Contralor General de la República, la Defensora del Pueblo[2], entre otras autoridades, han mostrado su “preocupación” y se han “pronunciado” respecto de la ALBA, como si en el país no hubiera cosas más importantes que hacer, que acrecentar la figura de un presidente regional cuya popularidad se desgasta día a día tanto por su incapacidad de conducir el Gobierno Regional puneño, como por su “pintoresco” estilo político, detrás de un micrófono en una cabina radial[3].

La “Casa del ALBA”, como se ha llamado a la oficina instalada en la región, está constituida como una asociación civil sin fines de lucro, al igual que cualquier Organización No Gubernamental y, por el momento, sus actividades son meramente asistenciales y se reducen a gestionar la atención médica oftalmológica gratuita en la localidad de Copacabana, ubicada muy cerca de la frontera con Bolivia. Los beneficiarios son mayoritariamente campesinos pobres que probablemente terminarían sus días ciegos, si no fuera por la atención que reciben, y que por sus precarias condiciones de vida, probablemente entiendan poco de ideologías o de la “injerencia chavista” que el Gobierno aprista no se cansa de denunciar, como intentando justificar una política que no da frutos en la región, o buscando culpables de la inoperancia de los proyectos que ha impulsado para Puno como Sierra Exportadora o la Zona Económica Especial.

Fuentes Guzmán está lejos de ser el líder que Puno necesita, tan lejos como Cuba o Venezuela geográficamente; sin embargo se le vincula con todas las movilizaciones que el pueblo puneño emprende[4], aunque para la gran mayoría no sea el interlocutor válido, y esto es lo que provoca que se recurra directamente al Gobierno Central, que en lugar de buscar un contacto directo con la ciudadanía, acaba convirtiendo al presidente regional en el abanderado de todas las causas puneñas.

Por otro lado, la participación del Gobierno Regional en la instalación de la ALBA se reduce a un portal web[5], mediante el cual Fuentes pretende atribuirse los resultados que la “Misión Milagro” ha logrado con las operaciones oftalmológicas. A ello se suma que los miembros del comité de la “Casa del ALBA” son un grupo de perfectos extraños, sin pasado político ni capacidad de movilización conocida, salvo el caso de José Gutiérrez Alberoni, ex candidato en las pasadas elecciones regionales por el Movimiento Andino al Socialismo (MAS), que, por cierto, no tiene ningún vínculo con el movimiento boliviano del mismo nombre.

Por supuesto, tampoco se pueden negar los nexos de Fuentes con el Gobierno venezolano[6], la Coordinadora Continental Bolivariana, partidos políticos como Patria Roja o el uso de un lenguaje radical; sin embargo, esto no justifica la visión maniquea y alarmista de alguna prensa y el Gobierno, que hacen de Puno una abstracción general sin reconocer sus particularidades. En realidad lo más seguro es que para cualquier puneño Hernán Fuentes ó Hugo Chávez están lejos de ser los ideales de líderes democráticos que necesita el país, tan lejos como Alan García.

Publicado en: www.ser.org.pe

Notas:

[1] Véase: Aldo Santos “El mayo puneño: Del atentado en Juliaca al ALBA altiplánico” en: http://www.ser.org.pe/
[2] El Premier Jorge Del Castillo ha manifestado reiteradas veces su preocupación sobre el tema y el Contralor de la República, Genaro Matute, ha señalado que tenía intenciones de intervenir al Gobierno Regional y ver si existen irregularidades en las acciones e instalación del ALBA.
[3] Véase: Aldo Santos “Hernán Fuentes y sus cien días de soledad” en: http://www.ser.org.pe/
[4] Véase: www.regionpuno.gob.pe/misionmilagro/
[5] Como en el caso del paro por la postergación de la licitación del tramo V de la carretera Interoceánica Sur o el de los afectados por la contaminación en la cuenca del rio Ramis.
[6] Véase: Aldo Santos “El sol sale por el sur: El altiplano quiere un ALBA” en: www.ser.org.pe/altiplano

¿Salvo la Interoceánica Sur todo es ilusión?

2007-06-18T13:16:00.000-05:00

Por: Aldo Santos

El recorte presupuestal y el acelerar el asfaltado de la vía, han sido los temas que han marcado el debate respecto del asfaltado de la Interoceánica Sur y su paso por Puno, incluso apelando a la vieja figura de que otras regiones vecinas están logrando más beneficios económicos del Gobierno Central y, por tanto, ello ha posibilitado de que la vía esté por concluirse, como es el caso del tramo que une a Madre de Dios con Cusco, el cual está prácticamente concluido.

En el caso puneño la licitación del tramo V se definió para la primera semana de Junio, sin embargo éste no se ha licitado aún. Por otro lado, los avances en el tramo IV, son lentos, ello, retomando lo planteado en el primer párrafo, ha sido el detonante de la “desesperación” de diversos sectores del Estado y la sociedad civil puneña, quienes reclaman apresurar la construcción de la vía.

De otro lado, las condiciones bajo las cuales se están licitando los tramos faltantes siguen generando incertidumbre, en tanto no se hace en cumplimiento de las leyes incluso sobreponiéndose al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, tampoco se conocen ni se han socializado los estudios de pre factibilidad hechos por el Gobierno, ni el realizado por las empresas encargadas de la ejecución.

Sin embargo, ante tal escenario, vendría bien plantearse algunas interrogantes que probablemente no tengan respuesta conocida, aún sabiendo que quizá en menos de cinco años la Interoceánica Sur esté operando en óptimas condiciones: ¿Para qué queremos la carretera? En el caso de que Brasil importe productos peruanos, ¿qué productos están lo suficientemente cualificados como para competir con productos brasileros? De nuestro lado, ¿qué impacto tendría, en el caso de que ocurra, en los mercados locales el ingreso de productos brasileros?, considerando que la zona por la que atraviesa la carretera es altamente sensible por la biodiversidad existente. ¿Qué impactos generará en materia ambiental?, ¿realmente el asfaltado de la Interoceánica Sur es una de las garantías para el desarrollo del Sur Andino peruano?, ¿Por qué?

Interrogantes que no han sido respondidas ni por las autoridades ni líderes de la sociedad civil, cuyos afanes están orientados, de muy buena intención en temas de forma más no de fondo. A estas alturas, urge discutir los temas de fondo como exigir al Gobierno Central que se ejecuten proyectos de desarrollo sobre todo, en las poblaciones que están al margen de la carretera, ya que el monto destinado para la mitigación de impactos indirectos es de sólo 17.78 US$ millones, lo cual representa menos del 2% del total de la inversión hecha para la carretera.

Yendo más lejos, no tenemos un proyecto de desarrollo regional sobre el cual se circunscriba la carretera Interoceánica Sur, o es que acaso queremos una carretera para mirar impasibles atravesar a camiones brasileros que van hacia el pacífico, mientras que la pobreza y la marginación se acentúan en la región.

Según los expertos la advertencia está hecha, sabemos que una de las economías más sólidas del Brasil es la referida a la producción de ganado vacuno, con estándares de calidad y volumen que difieren ampliamente de los nuestros. Además, con la presencia de una vía asfaltada, dicha producción podría ingresar al Perú haciendo colapsar la producción ganadera del altiplano. En ese sentido, ¿quién se encarga de alertar a los productores ganaderos de ello? La Interoceánica Sur es una realidad, en junio o en agosto, la licitación del tramo es un hecho, entonces ¿cómo sacarle mayor provecho a los más de 800 millones de dólares invertidos en la vía?

Los gobiernos regionales de Cusco y la sociedad civil de Madre de Dios están tomando el tema de manera más seria con reuniones de productores y empresarios de ambos países, buscando generar relaciones. Incluso, en medio de la ambigüedad y el desconocimiento mutuo de ambas realidades se pretende hacer un trabajo más responsable y no se ufanan, de manera populista, en ganar créditos políticos de la carretera, como viene ocurriendo con algunos líderes locales.

El otro dato es que un grupo de empresarios de Sao Paulo, Acre y Rondonia han anunciado su presencia en las regiones por las cuales atraviesa la carretera en las próximas semanas y a los dirigentes políticos y sociales de la región se les ha ocurrido la “brillante” idea de convocar a un paro, en vez de sentarse a discutir qué es lo que vamos a ofrecer a los empresarios brasileros como posibilidad. En suma, a estas alturas, los puneños, no sabemos para qué queremos la carretera.

Publicado en: www.ser.org.pe/altiplano