¿Y dónde están los aymaras?

Aldo Santos

El proceso electoral pasado (noviembre de 2006), sirvió de escenario para que grupos y/o candidatos que enarbolaban un discurso de carácter indigenista irrumpieran en la arena política regional, así aspirantes a autoridades políticas como Eugenio Barbaito, conocido como “papa lindo” o Fortunato Calli, “El Mallku” en las provincias de Chucuito – Juli y El Collao respectivamente, fueran elegidos como alcaldes provinciales.

Una vez en el sillón municipal, las nuevas autoridades promovieron la conformación de la Unión de Municipalidades Aymaras (UMA), como una iniciativa de articulación y mecanismo para la búsqueda de proyectos de promoción del desarrollo, aunque ello haya quedado en el discurso, ya que luego de la vacancia de Barbaito por haber incurrido en nepotismo y las denuncias por corrupción que pesaban sobre Calli, la UMA se fue disipando en el escenario regional.

La declaratorias de Yunguyo e Ilave como “Capital de la gran nación aymara” o los intentos de promover políticas de afirmación identitaria, tuvieron que colisionar con las funciones propias de la gestión edil, perdidas en medio de las múltiples demandas de los y las habitantes de las provincias del sur de Puno.

Así problemas como la ampliación del servicio de agua potable en Chucuito - Juli o los reclamos que generó el incumplimiento del presupuesto participativo en la provincia de El Collao, difícilmente podrían resolverse apelando a un discurso contestatario o reclamando el reconocimiento de la nación aymara, por el contrario ello requería de trasladar el discurso político al plano técnico.

Aunque probablemente la afirmación identitaria y la lucha por el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales, no pueden determinarse por el éxito o fracaso de una gestión edil, ni mallkus o papalindos parecen haber mostrado un proyecto político diferente. Por el contrario, las acusaciones por corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas, han sido las constantes de ambas gestiones.

En ese contexto, las reivindicaciones indigenistas –en el caso peruano- parecen seguir formando parte de la agenda de minorías activas, expresado en que los aspectos que generan movilización social, como bloqueos, paros y huelgas son aquellos que demandan la satisfacción de necesidades o el acceso a determinados servicios (en contra de la suba de pasajes o exigiendo agua potable), pero ninguna que reclame una nación aymara o el “buen vivir”.

Lo que pone en evidencia la fragilidad de estos discursos para articular las demandas de las y los ciudadanos aymaras. Visto así, las reivindicaciones de corte aymarista parecen formar parte de una de las tantas formas de aprovechamiento político y de capitalizar votos recurriendo a la polarización, al simplismo y al facilismo de presentar a la sociedad como una pugna entre “mistis e indios”.

Seguramente las y los aymaras de Juliaca, El Collao, Desaguadero, Yunguyo o Mohó, reclamarán una representación en las próximas elecciones regionales y provinciales y ello pasa porque, lejos de la simple retórica, se tengan en cuenta el diseño de políticas de promoción de actividades económicas como la agropecuaria y garantizar el acceso a servicios como agua potable, luz eléctrica, salud y educación.

La pretendida “descolonización” o el hartamente promocionado “buen vivir” están lejos de convertirse en un plan de gobierno coherente si es que no se consideran estas otras dimensiones de la vida práctica de las y los aymaras del altiplano peruano.

Publicado en el diario Los Andes