Aldo Santos
El gobierno peruano está próximo a firmar un acuerdo de interconexión eléctrica con el Brasil, algo semejante a un Tratado de Libre Comercio (TLC) energético que permitiría, según el texto final de la propuesta, “la exportación de excedentes de energía eléctrica” al mercado brasilero.
El hecho podría inaugurar un nuevo escenario en las relaciones con el país carioca y abre la posibilidad de que los peruanos nos convirtamos en exportadores de energía, gozando así de los beneficios económicos derivados de la venta de la misma; hasta allí, suena ventajoso, pero vayamos despacio e indaguemos respecto de las implicancias de este acuerdo.
El acuerdo contempla la construcción de cinco hidroeléctricas en la Amazonía peruana, las mismas que, como Pakitzapango e Inambari, han obtenido el rechazo de las comunidades nativas y las poblaciones ubicadas en el ámbito de influencia de los proyectos y muchos de estos se realizan sobre la base de una planificación inexistente y con estudios de 1979, fecha en la que se concluyó la única evaluación del potencial hidroeléctrico nacional.
Es decir, al año 2010 no conocemos realmente el potencial hidroeléctrico peruano y apenas terminamos de desarrollar el potencial ubicado en los andes y de energías alternativas como la eólica y la solar, no obstante nos hemos embarcado en el desarrollo de centrales hidroeléctricas en la Amazonía, pagando el alto costo de la destrucción de biodiversidad, el desplazamiento de asentamientos humanos y todos los impactos sociales y ambientales que generaría la construcción de este tipo de megaproyectos; los mismos que se encuentran debidamente documentados en el Informe de la Comisión Mundial de Represas.
Si bien se trata de un “acuerdo de interconexión eléctrica” y por su carácter nos podría articular al mercado energético más grande de Sudamérica, en el texto final propuesto no se especifica cuáles serían las ventajas comparativas que obtendríamos del sistema interconectado brasilero, tal y como está planteado, se trata simplemente de la venta de energía eléctrica al Brasil.
Otro aspecto preocupante es el hecho de que, según declaraciones del Ministro de Energía y Minas, el acuerdo no será discutido en el Congreso de la República, a diferencia del Brasil, donde deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de ese país. El segundo aspecto a considerar y que ha sido un punto de preocupación para diversos representantes de la sociedad civil es que, según la Ley N° 29338, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), junto al Ministerio de Relaciones Exteriores “participa, negocia y suscribe los tratados (…) que tengan por finalidad la gestión integrada de cuencas transfronterizas”, sin embargo, la ANA ha sido un actor ausente en todo este proceso.
De otro lado, el aspecto ambiental se reduce a un solo artículo del texto final de la propuesta peruana, sin especificar los estándares ambientales exigidos para al desarrollo de estos megaproyectos y las condiciones, más allá de las exigencias actuales, que deben cumplir los inversionistas brasileros en el Perú.
No nos podríamos negar a la posibilidad de un acuerdo de interconexión eléctrica con cualquier país, siempre que esta nos beneficie mutuamente y se desarrollen respetando las leyes y los procesos de consulta y participación ciudadana necesarios, ya que la integración debe tener el respaldo de las(os) ciudadanas(os) y todos los sectores del país, más aún en un país como el nuestro en el que las relaciones entre el Estado y sus ciudadanas(os) está bastante deteriorada.
Esperamos que el Ejecutivo nacional acoja las recomendaciones de la sociedad civil y que este acuerdo sea socializado y discutido en el Congreso de la República, por el bien de la democracia, el bien del país y las buenas relaciones con países vecinos como el Brasil.
Publicado en el diario Los Andes
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