Hidrocarburos y Comunidades Nativas, conflictos en Madre de Dios

Por: Aldo Santos

Un grupo aproximado de 200 indígenas de las etnias Harakmbut, Yine y Matsigenka arribó a la localidad de Salvación, capital de la provincia de Manu en la región de Madre de Dios el último lunes 26 del presente, la consigna fue la de desalojar al personal de la petrolera Hunt Oil, dando cumplimiento a la advertencia que lanzaran días antes a través del blog de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD).

En aquella oportunidad Adan Corisepa, daba un ultimátum a la empresa de hidrocarburos exhortándolos a que abandonaran la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), lugar en el que la norteamericana Hunt Oil viene realizando labores previas a la exploración de hidrocarburos desde el año 2007 en el Lote N° 76, ubicado en los límites de las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios.

El lote de hidrocarburos se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri, abarca una porción del Parque Nacional del Manu y su Zona de Amortiguamiento (ZA) y parte de la ZA del Parque Nacional Bahuaja Sonene, tres Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se hallan dentro del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, estrategia de conservación que agrupa a Áreas Protegidas de Bolivia y Perú.

Más allá de la interrelación de la RCA con otras Áreas Protegidas, lo preocupante en este caso es el proceso previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitió que Hunt Oil y Repsol pudieran desarrollar sus labores al interior de la reserva. Actas firmadas con poca representatividad y acuerdos incumplidos son el indicador de un proceso de negociación viciado que tiene hoy enfrentados a indígenas y a representantes de la empresa.

La FENAMAD se ha pronunciado en contra de la exploración de hidrocarburos en diferentes oportunidades y ha alcanzado un documento con observaciones técnicas al primer EIA presentado por la empresa. Por su parte, el Ejecutor del Contrato de Administración (ECA), representante de las Comunidades Nativas para la administración de la reserva, también ha mostrado su disconformidad ante la presencia de Hunt Oil en su territorio.

Asimismo, el Consejo Harakmbut, Yine y Matsigenka (COHARYIMA), instancia máxima de representación de las Comunidades Nativas de Madre de Dios (junto a FENAMAD) lo mismo, en ese contexto y aprovechando la aceptación de algunas comunidades, con quienes Hunt Oil negoció individualmente, las tensiones se han hecho más evidentes y pueden desencadenar en un conflicto de dramáticas consecuencias.

Desde el sábado 24, hasta hoy nativos de las ocho comunidades beneficiarias de la reserva se han apostado en Salvación exigiendo el cese de operaciones de Hunt Oil y se conforme una comisión de alto nivel conformada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, además de los ejecutivos de Hunt Oil.

En el lugar también se encuentran representantes de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) y las autoridades locales de Manu y Kosñipata quienes respaldan la protesta de las Comunidades Nativas. Hasta el momento sólo la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú -que ha reforzado su contingente policial- han tomado nota de la movilización.

En ese sentido, llama poderosamente la atención que el Gobierno Regional de Madre de Dios no se haya pronunciado hasta el momento y mantenga una posición, por decirlo menos, pasiva aún conociendo el conflicto generado. Asimismo, urge que se genere un mecanismo de diálogo para solucionar los puntos de divergencia entre Hunt Oil y las Comunidades Nativas.

Finalmente, ello no debe obviar la discusión de temas de fondo que tienen que ver con los mecanismos de negociación y consulta que se aplican para la realización de actividades extractivas en el país; este y otro tipo de conflictos podrían evitarse si se agiliza la dación de una Ley que reglamente el mecanismo de consulta previa, contenido en el Convenio Nº 169 de la OIT.

No es el único instrumento, pero es precisamente lo que FENAMAD, COHARYIMA y ECA reclaman, el no haber sido consultados debidamente para el otorgamiento de la concesión del lote de hidrocarburos y el hecho de que el lote se superponga a un Área Natural Protegida naciente de cuencas, que garantizan el suministro de agua y nutrientes a gran parte de la llanura amazónica.

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Una minería sin Estado

Por: Aldo Santos

Chacayaje, Ayapata e Ituata han pasado a formar parte de la crónica policial, luego de que tres personas murieran como consecuencia de un enfrentamiento entre dos poblaciones vecinas. Ayapata e Ituata, dos localidades de una misma provincia enfrentadas por la posesión de yacimientos mineros en Puno; más allá de la ineptitud de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Gobiernos Regionales, por no solucionar los problemas de demarcación territorial que existen en el Perú y las regiones, el enfrentamiento revela los oscuros métodos utilizados por la minería informal en el país.

Los mecanismos que la informalidad utiliza para solucionar sus controversias tienen que ver, en este caso con el enfrentamiento armado, la violencia física o elementos de intercambio y negociación que están por debajo de la Ley. Demás esta hablar de los “alces”, transacciones que suponen que el propietario de la superficie del terreno, reciba a cambio una porción del oro que el minero extrae del subsuelo. O el “cachorreo”, sistema de trabajo que posibilita que el dueño de la concesión minera le permita explotar el mineral a sus trabajadores durante cuatro días, como pago por el trabajo que estos realizan durante un mes.

No hay impuestos, no hay Ley, no existen derechos laborales y ante la ausencia estatal proliferan otro tipo de vicios, prostitución clandestina, trata de personas, violencia sexual, violencia familiar o trabajo infantil. Un círculo vicioso que alimenta la impunidad y que tiene como cómplices a autoridades y funcionarios estatales que han encontrado en la informalidad un modo de vida para obtener otro tipo de beneficios (sobre todo en época electoral).

En Madre de Dios ocurre lo propio, los enfrentamientos por la superposición de predios se han agudizado; el mecanismo perverso de adjudicación de derechos mineros no distingue concesiones de aprovechamiento forestal o concesiones de aprovechamiento turístico, mucho menos predios de uso agrícola. Sólo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata existen actualmente 85 derechos mineros en trámite, 31 derechos mineros titulados y 64 de ellos se superponen con la Reserva. Además de existir superposición entre derechos mineros o entre predios agrícolas y derechos mineros .

Agricultores, concesionarios forestales y turísticos tienen que enfrentar, a través de diversos mecanismos, la arremetida de la minería informal que lo depreda todo a su paso y que difícilmente encuentra obstáculos. Algunos propietarios se han visto en la necesidad de ser ellos mismos quienes hagan denuncios mineros sobre sus predios para evitar que la plaga de la informalidad los toque, algo parecido a pagar un alquiler anual o por protección al Estado por ocupar su propio terreno.

Las cifras más conservadoras revelan que cerca de 150 000 hectáreas de bosque han sido destruidos por la minería informal en Madre de Dios; mientras en Puno los daños causados por la minería informal a la cuenca del río Ramis son incalculables. Todo ello se agudiza en un contexto en el que el precio del oro ha superado los 1 000 dólares por onza y la pobreza, la inexistencia o mala aplicación de políticas orientadas a otras actividades productivas como la agropecuaria, la agroforestería o la conservación son imperceptibles o simplemente no existen.

La disputa entre Ayapata e Ituata, que terminó con la muerte de tres personas y otras tantas heridas de bala, puede ser el desenlace de este y otros conflictos que tienen como punto de divergencia el aprovechamiento de determinados recursos naturales en el país, si es que no se establecen reglas claras de negociación y si es que el derecho de propiedad y demás normas se siguen violando arbitrariamente con la complicidad de autoridades y funcionarios estatales tanto por su incapacidad, como por las limitaciones que estos tienen.

Para el caso concreto de la minería informal, ¿por qué no se regula el ingreso del mercurio a estas zonas mineras? Que por cierto es altamente nocivo y el Perú es uno de los pocos países que sigue permitiendo su uso, ¿quiénes están detrás del negocio del mercurio en el país?, ¿quiénes son los dueños y los vendedores de la maquinaria pesada que circula en los centros mineros?, ¿quiénes son los compradores (“blanqueadores”) del oro informal? Y por último, ¿quiénes financian la actividad?

Es sumamente sencillo atacar al minero informal, a aquel que trabaja bajo condiciones inhumanas, pero difícil decir algo sobre los verdaderos ganadores del negocio de este tipo de minería; entre ellos se pueden contar congresistas deudores, importadores de maquinaria pesada, funcionarios estatales, alcaldes provinciales, distritales y hasta dirigentes sociales e indígenas. El esquema se repite aquí y allá y la solución estatal parece ser la misma. Estigmatizar al minero y limpiar de culpas a los verdaderos promotores del negocio.

Finalmente, no se trata de negarse a la minería como posibilidad de que esta pueda aportar al desarrollo regional y nacional, se trata, por el contrario de ordenar la actividad y de que esta se realice cumpliendo estándares mínimos de responsabilidad ambiental, social y por último respetando los derechos humanos. Determinemos zonas de actividad minera y excluyamos a aquellas que tienen otro potencial, mejoremos los mecanismos de fiscalización, asistencia técnica y formalización de los concesionarios mineros y acabemos con la corrupción que continúa viviendo de esta actividad.

Foto: Enrique Ortiz

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Bahuaja Sonene, entre el olvido y la indiferencia

Por: Aldo Santos

Poco más de un millón de hectáreas la convierten en una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del país; cerca del 70% de su composición se halla en Puno y el 30% restante en Madre de Dios. Paisajes y más de 1088 especies de fauna registradas, hacen del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) un ecosistema único en el país y en el mundo.

El Bahuaja Sonene, garantiza la protección de cabeceras de cuenca que, como el río Tambopata, se constituye en uno de los principales afluentes del río Madre de Dios, garantía de alimentación y suministro de agua para las comunidades nativas y centros urbanos del bajo Tambopata (Madre de Dios). Por estas y otras razones más, la National Geographic Society lo ha declarado como uno de los siete santuarios más emblemáticos del mundo el año 2002.

Paradójicamente, pese a su diversidad, es también un ecosistema sumamente frágil y su conservación depende, en gran medida, de todas las actividades que se desarrollan en las áreas que lo circundan, en las llamadas Zonas de Amortiguamiento. El crecimiento no planificado de centros urbanos, la ampliación de la frontera agrícola, la minería informal y la tala ilegal, continúan siendo los problemas más delicados que el Bahuaja Sonene enfrenta hoy.

Toda esta problemática fue ampliamente expuesta en un documento que se elaboró el año 2004, en él se plantearon incluso recomendaciones para mitigar los impactos negativos que la presencia humana estaba ocasionando en el Área Protegida; el Plan Maestro parecía inaugurar una nueva etapa en la gestión del PNBS, luego de su creación el año de 1996 (y su ampliación el año 2000). Cinco años después, la problemática parece ser mayor y el espíritu con el que se concibió el Plan Maestro, no ha tenido muchos frutos positivos.

La Zona de Amortiguamiento

A la amenaza gubernamental de recorte en su composición para abrir la posibilidad de explotar hidrocarburos el año 2007, se ha sumado la indiferencia e irresponsabilidad de un Gobierno Regional que como el puneño ha hecho muy poco por promover políticas de desarrollo en la Amazonía puneña. La selva continúa siendo un espacio negado en el imaginario regional altiplánico, muy a pesar de que en la selva, y de espaldas al gobierno y “élites” regionales, se ha venido desarrollando quizá la única actividad económica, junto a la exportación de truchas de Arapa, que hace que el aporte puneño figure en los índices de exportación nacional. Nos referimos a la producción cafetalera.

El mejor café del Perú, según los resultados del concurso nacional de cafés, se produce en Puno, galardón que los cafetaleros del Alto Tambopata reciben por tercer año consecutivo. Café sembrado y cosechado en la Zona de Amortiguamiento del PNBS, esfuerzo de cafetaleros que, por más de medio siglo, han generado las condiciones para que mercados como el Europeo y Norteamericano se abastezcan hoy de su producción.

La organización en la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y el apoyo de Organismos No Gubernamentales que deben su presencia a la existencia del PNBS han sido fundamentales para lograr tal cometido. Aún con sus limitaciones, la experiencia de los cafetaleros de Yanahuaya, San Juan del Oro y Putina Punco, continúa siendo una muestra de éxito, en un contexto en el que todas las condiciones, incluida la geografía, continúan siendo adversas.

Sin embargo, esa misma Zona de Amortiguamiento es escenario de una plaga verde que ha erosionado gran parte de tejido social y traído a sus espaldas violencia e ingobernabilidad. La producción de hoja de coca ha crecido significativamente en valles como Masiapo y el Alto Tambopata (Sandia), se habla de pozas de maceración, aeropuertos clandestinos, ajuste de cuentas y todo los males que una economía ilícita como la del narcotráfico puede traer.

La minería informal es bastante conocida, esta se extiende como un cáncer en la cuenca del río Inambari, la misma cuenca que ha despertado el interés brasilero por generar energía eléctrica y que ha despertado la controversia en Puno y el aplauso masivo, en Madre de Dios. La cuenca alta del río Inambari, abandonada y dejada casi a su suerte durante décadas y que hoy ha pasado a existir para Puno, aquel lugar negado, tan negado que ni las muertes de obreros que construían la carretera Interoceánica Sur conmovían al gélido altiplano.

Ciertamente, la probable construcción de una represa para la generación hidroeléctrica no tiene un efecto directo sobre el PNBS, sin embargo el espejo de agua posibilitaría el acceso a zonas antes inaccesibles en la Zona de Amortiguamiento y consiguientemente al PNBS.

Inundar y desplazar a poblaciones que viven durante décadas en la cuenca del Inambari, podría ser la decisión final, pero todo ello debe hacerse en un marco en el que la consulta, el acuerdo previo y más allá de las valoraciones económicas del bosque, debe valorarse a las personas que viven en la cuenca, ciudadanos y ciudadanas con tradiciones, cultura y formas de vida; hombres y mujeres que han hecho de su interrelación con la Amazonía una forma de vida y que han encontrado allí la oportunidad que probablemente el Ande les negó.

El Bahuaja Sonene hoy

El Plan Maestro del PNBS está en proceso de actualización, no necesitamos perdernos o encontrarnos nuevamente en discusiones intelectuales sobre la problemática y sus soluciones; se requiere el compromiso firme de autoridades, líderes y de la población local asentada en la Zona de Amortiguamiento y la asentada en los “centros de decisión”.

El Gobierno Regional puneño podría empezar por promover el ordenamiento territorial en la cuenca del Inambari, mejorar los sistemas de gestión de residuos sólidos y aguas servidas. El río no puede seguir siendo el botadero ni el desagüe a lo largo de la cuenca. Iniciar un proceso de formalización y establecer áreas para la realización de actividades mineras; promover un programa de manejo agroforestal sostenible y sobretodo, proponer políticas y programas que acojan la particularidad de la Amazonía puneña buscando su desarrollo y su incorporación en las dinámicas de desarrollo regional, más allá de ser una “despensa” del Ande.

La defensa del Bahuaja Sonene debe expresarse en mayor atención presupuestal y presencia estatal allí y sobretodo en la participación activa del proceso de actualización del Plan Maestro, comprometiéndose tanto en su implementación, como en generar las condiciones para que su aplicación sea una realidad. Lo mismo fortaleciendo al Comité de Gestión, espacio concertado del que participan autoridades y población local, como a la Jefatura del Parque Nacional, la que actualmente tiene serias limitaciones que tienen que ver con un tema presupuestal.

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El Inambari, la hidroeléctrica brasilera

Por: Aldo Santos

Ya casi es medio día y el sopor invade las calles de Puerto Manoa, tres niños, con el torso desnudo, osadamente se atreven a retar al calor, mientras inventan extrañas piruetas con un balón de fútbol que persiguen casi hipnotizados. A pocos metros de allí, un grupo de mujeres departen alegremente sentadas sobre la mercadería que trasladarán a Juliaca. Ellas esperan a los buses que pasarán hoy, por ser domingo, antes de las cinco de la tarde.

La misma escena, el mismo recorrido, semana tras semana, “llevamos fruta, coquita y otras cositas más que producen acá”, me dicen. No señora, tranquila. No soy policía, respondo, ante la mirada y el tono provocador de un “¿para qué quieres saber?”, de su compañera. Me alejo entonces. Unos pasos más allá, un sencillo puesto de venta de discos compactos, congrega a una multitud de observadores. En los parlantes suena Mariflorcita y Rosita de Espinar.

Restaurantes, tiendas de abarrotes, peluquerías, bares y precarios alojamientos, son el indicador de la dinámica comercial que se ha generado en Puerto Manoa, la minería y la agricultura -pero sobre todo la minería- parecen haber dejado atrás el recuerdo de aquel febrero de 2007, en el que un incendio dejó damnificadas a más de 45 familias y por poco arrasa con el improvisado pueblo que se ha construido al borde de la carretera, a orillas del río Inambari.

Un grupo de casitas de madera, negocios que nunca cierran, comerciantes que llegan y se van, mineros que navegan en pequeñas barcas de motor, parecen describir a Puerto Manoa, aquel asentamiento andino, atrapado en la Amazonía puneña y que hoy tiene la amenaza de ser inundado por la construcción de una hidroeléctrica que, según informan sus mentores, será la quinta más grande de América Latina y la más grande del Perú.

De la hidroeléctrica, las discusiones y las decisiones que se toman alrededor de ella se sabe poco o nada. “¿Cuánto van a inundar?, ¿será como San Gabán?”, me dice un incrédulo Henry Huayta, poblador de la zona, y es que difícilmente se puede asumir que un proyecto de la magnitud de la central hidroeléctrica del Inambari se ejecutará en su localidad.

¿Una hidroeléctrica?

El proyecto señala[1] que el nivel de coronación máximo será de 546 m.s.n.m., es decir, todas las localidades que estén en el ámbito de la hidroeléctrica, cuya altitud sea menor a los 546 m.s.n.m., serán inundadas. Las aguas represadas llegarán a expandirse hasta 410 Km2, con una altura de 220 metros.

Tamaño proyecto y tamaña decisión que beneficiará, directamente, a la vecina república del Brasil, por lo menos así lo ha hecho saber el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, al declarar a la Agencia Reuters, que “Perú consumirá solo un 20% de la energía de las cinco hidroeléctricas que financiará Brasil en ese país”.

Puerto Manoa es solamente una de las más de 60 localidades que serán inundadas de construirse el proyecto; centros poblados ubicados mayormente en las márgenes de los tramo II y IV de la carretera Interoceánica Sur, en la ruta que une a Cusco y Puno con Madre de Dios. 106.1 Km. de asfalto literalmente bajo el agua e interrumpiendo, el flujo comercial que se ha establecido entre la emergente ciudad de Puerto Maldonado y las pujantes Cusco y Puno.

Otra amenaza sobre el Bahuaja Sonene

“Ni siquiera se han acercado a comunicarme algo”, decía una alarmada Nancy Rossel, alcaldesa de la provincia de Carabaya, en medio de una reunión del Comité de Gestión del Parque Nacional Bahuaja Sonene en mayo de este año. Rossel, quien también preside el mencionado Comité de Gestión, teme que el Parque Nacional sea vulnerado, ya que la represa a construir, abarca gran parte de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida (ANP).

Bahuaje Sonene es dentro de las ANP’s uno de las más descuidados, tanto por la desidia estatal, como por la codicia de colonos andinos y empresas multinacionales que han intentado realizar actividades extractivas dentro del área. Ya en octubre del 2007 se alertó sobre un intento de recorte en su composición. La amenaza fue desestimada por el propio gobierno, al señalar que no existía tal intención.

Sin embargo hoy se expresan nuevas amenazas que tienen que ver directamente con los impactos sociales y ambientales que podría ocasionar la construcción de una hidroeléctrica que según dicen, costará 4 mil millones de dólares. Una astronómica cifra que promete desarrollo, canon hidroenergético y hacer del Perú un país líder en la exportación de energía eléctrica en la región.

Sólo promesas que en localidades como Puerto Manoa, escuchan muy seguido, sobre todo en campaña electoral. Pedro Sánchez, Ministro de Energía y Minas, ha declarado que “aunque las leyes peruanas son tan estrictas como las brasileñas, no habrá problemas para la aprobación de la construcción de las usinas (hidroeléctricas) por el Congreso peruano”, en una reunión sostenida en Brasil con su homólogo de dicho país.

El esquivo desarrollo

Hoy, lejos ya de Puerto Manoa, sigo preguntándome, ¿cuál será el destino de las miles de familias que tendrán que dejar sus hogares para iniciar otra vida en un lugar diferente, porque el gobierno decidió construir una hidroeléctrica en sus tierras?, ¿realmente vale la pena deforestar, inundar, alterar los ecosistemas, para vender energía eléctrica al Brasil?, ¿cómo nos beneficiamos los peruanos?, ¿cuánto hemos desarrollado ahora que las cifras del canon minero o gasífero se han incrementado?

Además de discutir sobre las ventajas y desventajas de un proyecto como la Central Hidroeléctrica del Inambari, habría que preguntarse cómo este proyecto se articula con nuestra visión del desarrollo de la Amazonía en regiones como Cusco y Puno –mayoritaria y predominantemente andinas-, si existe o no dicha compatibilidad o qué otra propuesta de desarrollo alternativa tenemos como región.

Discusión necesaria, para acabar con reduccionismos simplistas que ven a “la selva como una despensa del ande” y consecuentemente como un lugar al que hay que ir a explotar depredar y destruir para obtener el mayor beneficio posible. Centros mineros como Guacamayo, Huepetue o Delta 1 –pobladas por andinos de Cusco y Puno- en Madre de Dios, son el resultado de esa visión, compartida por el Estado y sus ciudadanos, que durante muchos años continúa haciendo de este país y su Amazonía, dos realidades distintas y contrapuestas entre sí.

Notas:
[1] La información de las características técnicas del proyecto, fue la proporcionada por ECSA Ingenieros, empresa encargada de realizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en los talleres informativos que llevaron a cabo entre el 17 y 20 de abril del presente año en las localidades de Puente Inambari, San Lorenzo (Cusco) y Mazuco (Madre de Dios)

Foto: Centro Poblado de Puerto Manoa

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La Interoceánica Sur, una promesa sin cumplir

Por: Aldo Santos

Para Cirilo Mendez, la Interoceánica Sur “es una bendición”; el ancashino de 65 años mira la vida con optimismo y ha vivido en carne propia la vorágine del crecimiento de su amada Madre de Dios. El que sus hijas hoy, puedan costear sus estudios universitarios, ha sido,en gran medida, gracias a un pequeño, pero próspero negocio familiar de empanadas, jugos, yuca y otros productos de su actividad agrícola, soporte económico de su familia durante estos años, “todos alzamos las manos a los buses, para que nos puedan comprar algo”, añade don Cirilo.

Al borde de la carretera, un techo de crizneja, una pequeña mesa y asientos de madera que se agrietan por el paso de los años, han sido los testigos silenciosos de la evolución de Madre de Dios y la hoy llamada, Interoceánica Sur. Más de 1 500 millones de dólares de inversión en la construcción de la carretera, que traen la promesa de mejorar las condiciones de vida de las miles de familias que viven en sus márgenes y la integración, de una vez por todas, de localidades que estuvieron “fuera” del país, desde que don Cirilo tiene memoria.

Unión y Progreso, Puerto Manoa o San Lorenzo, son lugares que se pierden en la geografía y en lo vasto de la Amazonía sur del Perú; lugares ajenos, tan ajenos que “parece que no existimos para el Estado”, señala Edmer Mamani, párroco de Ollachea en Puno, ante el malestar que ha generado la poca presencia estatal en la supervisión y monitoreo de la obra vial, cuyos impactos sociales y ambientales son evidentes por donde se mire.

El crecimiento de poblados como Mahuayani, al pie del imponente nevado de Ausangate en el Cusco, podrían graficar fácilmente lo que ha traído consigo el asfaltado de la Interoceánica Sur. Atrás quedaron los años en los que las cinco chozas de adobe e ichu o improvisados toldos albergaban a comensales y vendedoras de comida; “es increíble como ha cambiado este sitio, antes no había nada”, indica Reynaldo Cahuana, transportista que transita entre Puerto Maldonado y Cusco, hace siete años; Reynaldo es testigo privilegiado de los efectos positivos y negativos que ha traído la obra.

En San Gabán, Puno, ocurre lo propio, la otrora fantasmal capital de distrito, hoy alberga a propios y extraños como Yenny; joven nacida en Ucayali que complementa los ingresos familiares de su esposo, obrero en la empresa encargada del asfaltado de la carretera, vendiendo juanes en las afueras del mercado. Los campamentos de las empresas, la migración y la mejora de la vía, han dinamizado la economía de pequeños centros poblados que están en el ámbito de la Interoceánica Sur.

Sin embargo, no todo es color de rosa y no todo significa mejora, más allá del asfaltado de la vía, la presencia estatal en estas zonas es sumamente limitada. Los letreros con anuncios como “la alfabetización es justicia social”, como parte del programa Crecer, parecen ser simples anuncios que contrastan con una realidad que se torna incierta. Escuelas unidocentes y precarios centros de salud, sólo para citar dos ejemplos.

En palabras de Andrea Rojas, cusqueña asentada hace 20 años en Iberia, Madre de Dios, “pensaba que con la carretera iban a mejorar… Las postas médicas están en abandono”. Andrea tiene un puesto de refrigerios en el mercado de Iberia y, más allá de que ahora puede viajar a Puerto Maldonado y volver a Iberia en un mismo día, no cree que la Interoceánica Sur la ha beneficiado de otro modo.

“La Interoceánica Sur cayó de improviso, desconocíamos que se venía, se tuvo una información mínima”, nos dice Juan Berríos, funcionario de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, opinión que comparte Juan de la Vega Peña, Gerente Municipal del Distrito de Iñapari, en la frontera con el Brasil, “el proyecto de agua que presentamos el año pasado, pensando en determinada cantidad de habitantes ya no sirve, con la carretera la población se ha incrementado y hoy tenemos que hacer otro proyecto… No habíamos previsto eso”.

Migración, crecimiento no planificado de centros urbanos, minería informal, tala ilegal, contrabando, narcotráfico, son algunos de los problemas que si bien son pre-existentes al asfaltado de la vía, hoy se hacen más evidentes, con la tendencia a que muchos de ellos se agudicen, por la precariedad del Estado en la zona. “Hay un montón de tala ilegal”, señala impotente María Isabel Collazos, responsable de un puesto de vigilancia del INRENA en la sede de Alerta (Madre de Dios).

Para graficar el problema de la minería informal, entre el kilómetro 100 y 150 de la vía que une a Mazuko con Puerto Maldonado, operan a plena luz del día y en las márgenes de la carretera, más de siete centros de mineros informales que impunemente vienen depredando bosques y contaminando los ríos de Madre de Dios. Ello sin considerar a Guacamayo, Huaypetue, Delta Uno, etc., lugares donde la ilegalidad gobierna y “donde la vida no vale nada”, al decir de un lugareño de Mazuco.

Pero el problema de la minería informal no termina allí, informes como el elaborado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Universidad Católica del Perú exponen claramente la creciente trata de personas en Madre de Dios[1], problema directamente vinculado a la minería y tala ilegal.

La “Estrada do Pacífico”, como se conoce a la Interoceánica Sur en el lado brasilero, al decir del Ministro de Transportes y Comunicaciones, “será un gran aporte para toda América del Sur, porque unirá el océano Atlántico y el Pacífico, pero por sobre todo permitirá el intercambio de comercio y turismo entre las dos naciones”[2]. En ese sentido, pareciera que se asume que el ansiado desarrollo llegará casi automáticamente a pequeños centros urbanos como Iñapari, Ollachea u Ocongate, facilitando el acceso de estos, a nuevos mercados y su conexión al Atlántico.

Ciertamente la Interoceánica Sur es “una bendición” para muchos, pero una promesa a medias, cuando de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de las miles de familias que viven en Cusco, Puno y Madre de Dios, una inversión tal, debería permitirnos mínimamente pensar en esa posibilidad. Una vía para el negocio, para el intercambio comercial, para mejorar la infraestructura en salud, educación y no para bloquearla como última medida cuando el gobierno nacional se divorcia de sus funciones y responsabilidades para con sus ciudadanos y ciudadanas.

Notas:
[1] Para descargar una versión digital del documento visite: http://www.cajpe.org.pe/gep/index.php/documentos/doc_details/29-la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-laboral
[2] Para descargar una versión digital del documento visite: http://www.cajpe.org.pe/gep/index.php/documentos/doc_details/29-la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-laboral

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El sur se calienta y la Amazonía sigue inquieta

Por: Aldo Santos

La provincia de Canchis en Cusco, es una vieja conocida del gobierno, las comunidades campesinas y los diferentes gremios de la provincia pusieron en vilo al gobierno nacional, al oponerse a la construcción de una hidroeléctrica y al otorgamiento de concesiones mineras en octubre pasado; la paralización duró más de diez días y terminó con un saldo lamentable de heridos, entre policías y civiles.

Muchas demandas, pocos acuerdos y soluciones que no llegan, así terminó el conflicto de Canchis, con actas firmadas, estaciones de radio incendiadas, alcaldes huyendo e incalculables pérdidas materiales. Bagua, la Amazonía y los nativos son los otros conocidos del gobierno, el esquema es el mismo y los resultados parecen ser similares, más allá de las lamentables muertes y la repercusión que ello ha tenido en el ámbito nacional e internacional.

El ejecutivo no aprende el legislativo tampoco, generando un progresivo descontento social que acrecienta cada vez más las “jaurías” de “perros hortelanos” o nos ratifica como “un país triste” lleno de “fatalistas o derrotistas”, para utilizar el ponderado lenguaje presidencial.

Canchis en Cusco y Moyobamba en San Martín, ya han anunciado una paralización, Puno va por el mismo camino y otras regiones como Madre de Dios también. Recordemos sino a Puerto Maldonado que hizo noticia, luego de que un paro concluyera con el incendio de las instalaciones de la sede del Gobierno Regional en julio pasado; muchos ejemplos, poco aprendizaje.

Los gremios altiplánicos se han reunido los últimos días en una convocatoria sui generis, la indignación parece ser generalizada y las demandas son las mismas. En Canchis se anuncia un paro indefinido, su plataforma es local y de respaldo a los indígenas amazónicos. En Ilave, Puno, ya ratificaron su adhesión al paro, lo mismo que Cusco, donde se anuncia además, una paralización indefinida para el próximo 24 de junio.

Al unísono se pide la derogatoria del “paquete de decretos legislativos”; el Decreto Legislativo 1090, podría quedar como anécdota, si es que el ejecutivo nacional, no inicia el diálogo con las comunidades de la Amazonía. Ni la Iglesia, ni la Defensoría del Pueblo, a quienes han recurrido como medida de emergencia y con quienes debieron dialogar previamente, podrían ayudarlos esta vez.

El escenario es complejo y se nutre de un mosaico de actores regionales y nacionales: caudillos y movimientos capitalizando votos para las próximas elecciones, agitadores que buscan la polarización, dirigentes irresponsables que buscan ganar reconocimiento, presidentes regionales queriendo ganar aceptación, bancadas parlamentarias bravuconas y presidentes de la república y ministros soberbios, entre otros que podrían llevar el “baguazo” a buena parte del país.

Mientras tanto, las comunidades campesinas y amazónicas, comerciantes, empresarios, transportistas, policías y otros, continúan pagando las consecuencias de estos enfrentamientos que tanto daño le hacen al país.

Por lo pronto, estamos advertidos, sería torpe esperar más de 60 días para solucionar un conflicto que se viene anunciando, el sur tiene sus demandas, lo mismo que la Amazonía, ambos se notan hartos, más por la arrogancia y menosprecio del errático gobierno aprista.

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Foto: Cortesía de Ramiro Llatas

El Abya Yala, ¿en busca del Evo peruano?

Por: Aldo Santos

Poco más de cinco mil personas arribarían a Puno el próximo 27 de mayo; delegaciones procedentes de lugares tan disímiles como Alaska, se darán cita en la cuarta edición de la Cumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala, espacio que pretende articular y, al decir de algunos de sus promotores, pasar de “la resistencia a la construcción del poder” y que sin duda será el centro de atención nacional por tratarse de un encuentro masivo de las organizaciones indígenas del continente y por la probable presencia del presidente boliviano Evo Morales Ayma durante el desarrollo de la Cumbre.

Sin embargo la Cumbre del Abya Yala, abre también la posibilidad de discutir sobre la sostenibilidad y la viabilidad de la emergencia de los llamados movimientos indígenas en el Perú. Desde las protestas amazónicas, hasta las reivindicaciones de los aymaras del altiplano peruano, la variable indígena –o su nuevo correlato lo “étnico”- se utiliza hoy para explicar una serie de procesos políticos, sociales, económicos y hasta culturales[1], dando cuenta de la irrupción de un nuevo actor en el escenario político peruano.

Estos nuevos movimientos, que han pasado del tradicional discurso que exaltaba la lucha de clases a la lucha por el reconocimiento y la identidad, han encontrado en los excesos de la gran empresa y los mecanismos estatales orientados a una supuesta promoción de la inversión, el fundamento para construir un discurso maximalista que les ha servido para ganar seguidores y poder de negociación con el gobierno nacional.

Pero ¿cuáles son los límites del nuevo movimiento indígena peruano?, ¿es realmente tan novedoso como se cree? O si va camino a emular la experiencia boliviana o ecuatoriana; son temas que continúan siendo motivo de discusión y análisis, lo cierto es que un elemento común de los movimientos indígenas en los tres países andinos, es su búsqueda de nuevas formas de representación, con la creación de partidos políticos propios. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik en Ecuador y el Movimiento Al Socialismo en Bolivia, son sólo dos ejemplos de la incursión política de los movimientos indígenas en Latinoamérica.

Aunque en ambos casos la participación política ha venido acompañada de alianzas con sectores de la izquierda, sin duda el componente de afirmación étnica ha sido el predominante. En el Perú sin embargo, tanto la izquierda como el movimiento indígena son muy débiles; para algunos este sólo existe en la Amazonía, para otros ha trascendido a los andes, donde las comunidades campesinas, adquieren la misma categoría de comunidades nativas u originarias, según los promotores de esta idea.

Se trata entonces de un cambio en los referentes tradicionales de organización social en el espacio rural; existe una transformación, en recurso político, del estigma de ser vistos como indios, diferentes y salvajes. Ello se está usando hábilmente por minorías activas que promueven el reconocimiento de lo que denominan como, “los indígenas”, pese a que ítems como el indigenismo, movimientos indígenas, pueblos originarios, el buen vivir, etcétera, no han pasado a ser temas de discusión ni reconocimiento por parte de las mayorías a quienes dicen representar.

Los derroteros del movimiento indígena peruano no sólo se hallan en lo incipiente que es, reposan también en su diversidad política e ideológica que, lejos de ser una riqueza, se convierte en un serio problema cuando los grupos que lo conforman han adquirido hasta tres kits electorales, buscando su inscripción, como partido político, pensando en las próximas elecciones nacionales. Pareciera que se piensa erróneamente de que el instrumento político precede a la conformación y consolidación de un movimiento social.

La cumbre del Abya Yala, seguramente no solucionará estos problemas, tampoco masificara el indigenismo automáticamente, sin embargo podría aportar elementos significativos para el debate y la construcción de una alternativa política de los grupos que tradicionalmente han estado al margen de las decisiones en el país. No es sólo un debate de “kharas”, mistis u occidentales, como se señala, por el contrario, es una reflexión necesaria, a fin de seguir aportando elementos de análisis sobre el futuro del movimiento indígena en el Perú.

Por lo pronto, dirigentes como Miguel Palacin Quispe, ya anunció en fechas pasadas que tienen la intención de “elegir al próximo Evo Morales peruano”, hazaña complicada tratándose del Perú, de las limitaciones del movimiento y su poca capacidad de cohesionarse en función de un proyecto común. Sin duda, la Cumbre del Abya Yala, servirá también, de plataforma para grupos políticos, caudillos y caciques locales que buscan ganar adeptos utilizando la membrecía indigenista.

Servirá también, para discutir la posición de personajes como Tomás Huanacu, jefe de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Ayllus y Mártires del Collasuyo, quien en mayo de 2008 declaro a Inter Press Service que “los verdaderos indígenas defienden su autonomía y no están realmente convencidos de ingresar a la estructura política del Estado porque son antisistema”. Todas estas posiciones, sumadas al escenario pre electoral peruano, harán de la próxima Cumbre del Abya Yala, un espacio interesante para mirar el futuro del movimiento indígena y el futuro político del Perú.

Notas:
[1] Véase: Santos Aldo y Paulo Vilca. ¿Indigenismo en el Altiplano? Thaki. Revista de análisis, investigación y Propuesta. N° 07. 2009.

Publicado en: Noticias SER