Aldo Santos
El proceso electoral pasado (noviembre de 2006), sirvió de escenario para que grupos y/o candidatos que enarbolaban un discurso de carácter indigenista irrumpieran en la arena política regional, así aspirantes a autoridades políticas como Eugenio Barbaito, conocido como “papa lindo” o Fortunato Calli, “El Mallku” en las provincias de Chucuito – Juli y El Collao respectivamente, fueran elegidos como alcaldes provinciales.
Una vez en el sillón municipal, las nuevas autoridades promovieron la conformación de la Unión de Municipalidades Aymaras (UMA), como una iniciativa de articulación y mecanismo para la búsqueda de proyectos de promoción del desarrollo, aunque ello haya quedado en el discurso, ya que luego de la vacancia de Barbaito por haber incurrido en nepotismo y las denuncias por corrupción que pesaban sobre Calli, la UMA se fue disipando en el escenario regional.
La declaratorias de Yunguyo e Ilave como “Capital de la gran nación aymara” o los intentos de promover políticas de afirmación identitaria, tuvieron que colisionar con las funciones propias de la gestión edil, perdidas en medio de las múltiples demandas de los y las habitantes de las provincias del sur de Puno.
Así problemas como la ampliación del servicio de agua potable en Chucuito - Juli o los reclamos que generó el incumplimiento del presupuesto participativo en la provincia de El Collao, difícilmente podrían resolverse apelando a un discurso contestatario o reclamando el reconocimiento de la nación aymara, por el contrario ello requería de trasladar el discurso político al plano técnico.
Aunque probablemente la afirmación identitaria y la lucha por el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales, no pueden determinarse por el éxito o fracaso de una gestión edil, ni mallkus o papalindos parecen haber mostrado un proyecto político diferente. Por el contrario, las acusaciones por corrupción, malversación de fondos e incumplimiento de promesas, han sido las constantes de ambas gestiones.
En ese contexto, las reivindicaciones indigenistas –en el caso peruano- parecen seguir formando parte de la agenda de minorías activas, expresado en que los aspectos que generan movilización social, como bloqueos, paros y huelgas son aquellos que demandan la satisfacción de necesidades o el acceso a determinados servicios (en contra de la suba de pasajes o exigiendo agua potable), pero ninguna que reclame una nación aymara o el “buen vivir”.
Lo que pone en evidencia la fragilidad de estos discursos para articular las demandas de las y los ciudadanos aymaras. Visto así, las reivindicaciones de corte aymarista parecen formar parte de una de las tantas formas de aprovechamiento político y de capitalizar votos recurriendo a la polarización, al simplismo y al facilismo de presentar a la sociedad como una pugna entre “mistis e indios”.
Seguramente las y los aymaras de Juliaca, El Collao, Desaguadero, Yunguyo o Mohó, reclamarán una representación en las próximas elecciones regionales y provinciales y ello pasa porque, lejos de la simple retórica, se tengan en cuenta el diseño de políticas de promoción de actividades económicas como la agropecuaria y garantizar el acceso a servicios como agua potable, luz eléctrica, salud y educación.
La pretendida “descolonización” o el hartamente promocionado “buen vivir” están lejos de convertirse en un plan de gobierno coherente si es que no se consideran estas otras dimensiones de la vida práctica de las y los aymaras del altiplano peruano.
Publicado en el diario Los Andes
domingo, septiembre 12, 2010
El medio ambiente electoral
Aldo Santos
Las próximas semanas los electores estaremos expuestos a una ráfaga de promesas electorales y quizá por unos segundos nos convenzamos de que el desarrollo o la superación de la pobreza son objetivos totalmente alcanzables. Lógicamente ello tiene como condición la posibilidad de que se inauguren espacios para la discusión, sobre la base de propuestas programáticas, dejando de lado el insulto, la matonería, la confrontación y otros artilugios utilizados en nuestra variopinta escena política. ¿Será pedir demasiado?
Pero como la esperanza puede ser ilimitada, espero que los planes de gobierno presentados por las diferentes agrupaciones políticas hayan recogido realmente la problemática regional y la hayan transformado en alternativas de desarrollo. No obstante en esta ocasión quiero referirme sólo a uno de los varios aspectos que debieran haber contemplado, como por ejemplo la necesidad de profundizar la reforma ambiental a nivel regional. Considerando por un lado instrumentos como la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Regional, a fin de que se expresen en proyectos concretos, con indicadores y metas verificables que nos permitan ir evaluando nuestro desempeño ambiental como región.
De otro lado la necesidad de que la próxima gestión del Gobierno regional continúe con el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el mismo que ha sido ineficientemente conducido por la actual gestión, donde se ha negado la participación de la sociedad civil y otros actores estatales, fruto de la incomprensión del proceso de ZEE que, más allá de su aspecto técnico, es un proceso político y social, por lo tanto requiere del consenso de todos los y las involucradas en la gestión del territorio.
La próxima gestión debería continuar también con los avances de la Comisión Ambiental Regional (CAR), cuyo trabajo se expresa en la elaboración de un Diagnóstico Ambiental Regional (DAR) y la Política Ambiental Regional, instrumentos de gestión que deberían tener una mayor socialización. Asimismo buscar, en coordinación con el Gobierno Nacional, la implementación de los diferentes sistemas de gestión, investigación, educación y fiscalización ambiental.
Quizá este último aspecto -el referido a la fiscalización- sea uno de los más importantes, puesto que las capacidades estatales para la fiscalización son bastante limitadas, lo que ha permitido que actividades nocivas como la minería ilegal sigan extendiéndose en diferentes lugares de la región; por lo tanto el Gobierno Regional, podría hallar mecanismos de articulación entre las diferentes unidades ambientales de los sectores, llámese Energía y Minas, Salud, Agricultura, a fin de que -por lo menos a nivel regional-, las unidades ambientales de dichos sectores tengan un trabajo articulado.
Del mismo modo, en estrecha coordinación con las municipalidades provinciales, se requiere del fortalecimiento de las unidades u oficinas ambientales, tanto en el mismo Gobierno Regional, como en las Municipalidades provinciales, ello permitiría que estas puedan tener las destrezas suficientes para solucionar problemas como la inadecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos (como en el caso de Puno), mejorando así la gestión ambiental a nivel regional y local.
Otro problema es la mala gestión de nuestras Áreas Naturales Protegidas, que vienen siendo maltratadas por el Gobierno Central y sufren de la indiferencia de las autoridades provinciales y regionales que, más allá de su injerencia en la gestión, podrían contribuir en su conservación y uso adecuado, focalizando su intervención en sus Zonas de Amortiguamiento, como es el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Estos son sólo algunos aspectos que podrían considerarse, así contribuir en la mejora de nuestro desempeño ambiental y solucionar problemas como el crecimiento no planificado de centros urbanos, la contaminación por el incremento de actividades ilegales, los efectos del cambio climático y otros. Pero sobre todo buscando la planificación para prevenir futuros problemas y solucionar los que enfrentamos hoy.
Publicado en el diario Los Andes
Las próximas semanas los electores estaremos expuestos a una ráfaga de promesas electorales y quizá por unos segundos nos convenzamos de que el desarrollo o la superación de la pobreza son objetivos totalmente alcanzables. Lógicamente ello tiene como condición la posibilidad de que se inauguren espacios para la discusión, sobre la base de propuestas programáticas, dejando de lado el insulto, la matonería, la confrontación y otros artilugios utilizados en nuestra variopinta escena política. ¿Será pedir demasiado?
Pero como la esperanza puede ser ilimitada, espero que los planes de gobierno presentados por las diferentes agrupaciones políticas hayan recogido realmente la problemática regional y la hayan transformado en alternativas de desarrollo. No obstante en esta ocasión quiero referirme sólo a uno de los varios aspectos que debieran haber contemplado, como por ejemplo la necesidad de profundizar la reforma ambiental a nivel regional. Considerando por un lado instrumentos como la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Regional, a fin de que se expresen en proyectos concretos, con indicadores y metas verificables que nos permitan ir evaluando nuestro desempeño ambiental como región.
De otro lado la necesidad de que la próxima gestión del Gobierno regional continúe con el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el mismo que ha sido ineficientemente conducido por la actual gestión, donde se ha negado la participación de la sociedad civil y otros actores estatales, fruto de la incomprensión del proceso de ZEE que, más allá de su aspecto técnico, es un proceso político y social, por lo tanto requiere del consenso de todos los y las involucradas en la gestión del territorio.
La próxima gestión debería continuar también con los avances de la Comisión Ambiental Regional (CAR), cuyo trabajo se expresa en la elaboración de un Diagnóstico Ambiental Regional (DAR) y la Política Ambiental Regional, instrumentos de gestión que deberían tener una mayor socialización. Asimismo buscar, en coordinación con el Gobierno Nacional, la implementación de los diferentes sistemas de gestión, investigación, educación y fiscalización ambiental.
Quizá este último aspecto -el referido a la fiscalización- sea uno de los más importantes, puesto que las capacidades estatales para la fiscalización son bastante limitadas, lo que ha permitido que actividades nocivas como la minería ilegal sigan extendiéndose en diferentes lugares de la región; por lo tanto el Gobierno Regional, podría hallar mecanismos de articulación entre las diferentes unidades ambientales de los sectores, llámese Energía y Minas, Salud, Agricultura, a fin de que -por lo menos a nivel regional-, las unidades ambientales de dichos sectores tengan un trabajo articulado.
Del mismo modo, en estrecha coordinación con las municipalidades provinciales, se requiere del fortalecimiento de las unidades u oficinas ambientales, tanto en el mismo Gobierno Regional, como en las Municipalidades provinciales, ello permitiría que estas puedan tener las destrezas suficientes para solucionar problemas como la inadecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos (como en el caso de Puno), mejorando así la gestión ambiental a nivel regional y local.
Otro problema es la mala gestión de nuestras Áreas Naturales Protegidas, que vienen siendo maltratadas por el Gobierno Central y sufren de la indiferencia de las autoridades provinciales y regionales que, más allá de su injerencia en la gestión, podrían contribuir en su conservación y uso adecuado, focalizando su intervención en sus Zonas de Amortiguamiento, como es el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Estos son sólo algunos aspectos que podrían considerarse, así contribuir en la mejora de nuestro desempeño ambiental y solucionar problemas como el crecimiento no planificado de centros urbanos, la contaminación por el incremento de actividades ilegales, los efectos del cambio climático y otros. Pero sobre todo buscando la planificación para prevenir futuros problemas y solucionar los que enfrentamos hoy.
Publicado en el diario Los Andes
Puno en campaña
Aldo Santos
A las noticias de alianzas y “matrimonios” políticos se suma el anuncio de los más de 19 candidatos aspirantes a la presidencia regional puneña y más allá de que quizá muchos no logren participar de las próximas elecciones, ello revela que la fragmentación seguirá siendo una característica de los próximos comicios. Recordemos que las elecciones regionales del año 2002 tuvieron 7 candidatos en carrera y las elecciones pasadas, 15 que disputaron la presidencia regional.
En ese contexto, las candidaturas que mayor atención parecen estar despertando son las del notario Alberto Quintanilla Chacón; del rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez (UANCV), Juan Luque Mamani; y el director de Pachamama Radio, Mauricio Rodriguez. A tres meses de las elecciones, son los nombres que se repiten con mayor frecuencia, aunque el espacio para un cuarto candidato – siguiendo la lógica de las elecciones del 2006- está abierto en el siempre sorpresivo Puno.
Pero, por el momento, me remitiré sólo a mirar las tres candidaturas. Poder Democrático Regional (PDR) de Alberto Quintanilla viene de la experiencia de dos procesos electorales y con un electorado que según los resultados de las elecciones del 2002 y el 2006, bordea el 23% y 18% respectivamente, además de ser el candidato más conocido entre todos. Aunque el elector no guarda necesariamente “fidelidad” de una elección a otra y –como muestran las cifras- el electorado de Quintanilla iría en descenso. Sobre su reciente alianza con el Partido Nacionalista Peruano (PNP), recordemos que el nacionalismo en Puno es prácticamente una diáspora, las disputas al interior del partido los han dividido hasta en tres grupos en confrontación.
De otro lado, no cabe duda que quien más preocupado debe estar por el reciente anuncio de la candidatura de Roger Cáceres Velázquez es el candidato del Movimiento RAICES, Juan Luque Mamani, con un electorado concentrado básicamente en la provincia de San Román, la tradición y la experiencia de Cáceres Velázquez, pueden dividir el potencial electorado del rector de la UANCV. No obstante haya iniciado su campaña eficientemente, lo que lo ha llevado a estar entre los más populares, pese a su poca experiencia política.
Mauricio Rodriguez del Proyecto Político AQUÍ es el tercero en disputa, su exposición mediática a través de Pachamama Radio, podría ser un factor determinante en las próximas elecciones, después de todo, la campaña de Hernán Fuentes ha demostrado que la radio es una herramienta importante en elecciones. Sin embargo el mismo perfil de abogado y periodista puede servir también para recordarnos la fatídica experiencia de Fuentes en el Gobierno Regional.
Debo aclarar que estas son sólo percepciones subjetivas y fruto de conversaciones con electores potenciales, aunque muchas(os) de ellas(os) todavía estén al margen de las elecciones. Diría que un gran porcentaje, en comunidades como Chila (Acora) o distritos como Ollachea, todavía no conocen a ningún candidato y no saben a ciencia cierta por quién votarán las próximas elecciones. Abriendo así la posibilidad de que los candidatos a la presidencia regional puedan capitalizar ese nicho electoral.
Con la fragmentación evidente, lo peligroso es sin embargo, la poca legitimidad que tendría la próxima gestión, lo que puede llevarnos a repetir el escenario de caos y confrontación instalados en la gestión actual del Gobierno Regional. El otro elemento importante es que, más allá de los candidatos y movimientos, hasta ahora no hemos sabido de ninguna propuesta coherente para el desarrollo puneño. Al parecer, la vorágine electoral ha desplazado a la política, entendida como búsqueda del bien común y bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Publicado en el diario Los Andes y NoticiasSer
A las noticias de alianzas y “matrimonios” políticos se suma el anuncio de los más de 19 candidatos aspirantes a la presidencia regional puneña y más allá de que quizá muchos no logren participar de las próximas elecciones, ello revela que la fragmentación seguirá siendo una característica de los próximos comicios. Recordemos que las elecciones regionales del año 2002 tuvieron 7 candidatos en carrera y las elecciones pasadas, 15 que disputaron la presidencia regional.
En ese contexto, las candidaturas que mayor atención parecen estar despertando son las del notario Alberto Quintanilla Chacón; del rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez (UANCV), Juan Luque Mamani; y el director de Pachamama Radio, Mauricio Rodriguez. A tres meses de las elecciones, son los nombres que se repiten con mayor frecuencia, aunque el espacio para un cuarto candidato – siguiendo la lógica de las elecciones del 2006- está abierto en el siempre sorpresivo Puno.
Pero, por el momento, me remitiré sólo a mirar las tres candidaturas. Poder Democrático Regional (PDR) de Alberto Quintanilla viene de la experiencia de dos procesos electorales y con un electorado que según los resultados de las elecciones del 2002 y el 2006, bordea el 23% y 18% respectivamente, además de ser el candidato más conocido entre todos. Aunque el elector no guarda necesariamente “fidelidad” de una elección a otra y –como muestran las cifras- el electorado de Quintanilla iría en descenso. Sobre su reciente alianza con el Partido Nacionalista Peruano (PNP), recordemos que el nacionalismo en Puno es prácticamente una diáspora, las disputas al interior del partido los han dividido hasta en tres grupos en confrontación.
De otro lado, no cabe duda que quien más preocupado debe estar por el reciente anuncio de la candidatura de Roger Cáceres Velázquez es el candidato del Movimiento RAICES, Juan Luque Mamani, con un electorado concentrado básicamente en la provincia de San Román, la tradición y la experiencia de Cáceres Velázquez, pueden dividir el potencial electorado del rector de la UANCV. No obstante haya iniciado su campaña eficientemente, lo que lo ha llevado a estar entre los más populares, pese a su poca experiencia política.
Mauricio Rodriguez del Proyecto Político AQUÍ es el tercero en disputa, su exposición mediática a través de Pachamama Radio, podría ser un factor determinante en las próximas elecciones, después de todo, la campaña de Hernán Fuentes ha demostrado que la radio es una herramienta importante en elecciones. Sin embargo el mismo perfil de abogado y periodista puede servir también para recordarnos la fatídica experiencia de Fuentes en el Gobierno Regional.
Debo aclarar que estas son sólo percepciones subjetivas y fruto de conversaciones con electores potenciales, aunque muchas(os) de ellas(os) todavía estén al margen de las elecciones. Diría que un gran porcentaje, en comunidades como Chila (Acora) o distritos como Ollachea, todavía no conocen a ningún candidato y no saben a ciencia cierta por quién votarán las próximas elecciones. Abriendo así la posibilidad de que los candidatos a la presidencia regional puedan capitalizar ese nicho electoral.
Con la fragmentación evidente, lo peligroso es sin embargo, la poca legitimidad que tendría la próxima gestión, lo que puede llevarnos a repetir el escenario de caos y confrontación instalados en la gestión actual del Gobierno Regional. El otro elemento importante es que, más allá de los candidatos y movimientos, hasta ahora no hemos sabido de ninguna propuesta coherente para el desarrollo puneño. Al parecer, la vorágine electoral ha desplazado a la política, entendida como búsqueda del bien común y bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Publicado en el diario Los Andes y NoticiasSer
Sendero y Fujimori, el legado de los 90
Aldo Santos
Que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), haya optado por iniciar su lucha armada con la quema de ánforas y material electoral en Chuschi (Ayacucho), es una metáfora de la guerra que el PCP SL, le había declarado a la democracia y a cualquier forma de representación que viniera de un Estado al que ellos calificaban como caduco u opresor.
La democracia entendida como Estado de derecho, elecciones, libertad de expresión o derechos humanos, eran –para ellos- los síntomas de un sistema y un Estado burgués al cual había que combatir y derrocar para lograr una auténtica “dictadura del proletariado”, bajo los preceptos del marxismo, leninismo, maoísmo y el polémico “pensamiento Gonzalo”.
Aunque tales afirmaciones y contenidos teóricos estén lejos de ser el objeto de estudio de muchos jóvenes contemporáneos, ya que se trata de retóricas bastante manoseadas y trasnochadas por discursos como el maoísta que identificaban a la violencia como necesaria para lograr la revolución, llama poderosamente la atención, la emergencia de un grupo que reivindique tales preceptos reclamando la libertad de quienes consideran como “presos políticos”.
Me refiero al llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales que, al igual que el fujimorismo, que tiene como único punto de agenda política la liberación o la amnistía de Alberto Fujimori, pretenden participar de las próximas elecciones generales en diferentes regiones del país, reclamando la libertad de Abimael Guzmán y otros terroristas que se encuentran cumpliendo las condenas impuestas por el Poder Judicial.
Ciertamente estamos en democracia y ella abre la posibilidad de que grupos como el fujimorismo o el senderismo, que desprecian la democracia, la puedan utilizar para fines particulares, evidenciando una vez más, que el pragmatismo y la mercantilización se han convertido en la gran ideología nacional.
Sólo así se explica que el fujimorismo sea una fuerza política de alcance nacional o que el fascismo senderista pueda tener asidero en algunos sectores de la sociedad. Hablar de incautos o desmemoriados es quitarle la responsabilidad también a quienes optan por este tipo de proyectos, que hoy se convierten en defensores de la democracia, para que mañana vuelvan a despreciarla nuevamente.
En el olvido quedaron las 69,280 víctimas que reportó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los coches bomba, los paros armados, la guerra sucia, los toques de queda, las ejecuciones extrajudiciales, los jueces sin rostro y todo lo que significaron las décadas de violencia que hemos vivido en el país.
La misma suerte que corren hoy todas las recomendaciones que se hicieron por esta misma Comisión: Reformas en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Sistema Educativo, para citar sólo tres de otras tantas recomendaciones. Curiosamente los críticos de la Comisión de la Verdad son los mismos, de izquierda y de derecha, pero los mismos; evidenciando que el neoliberalismo fujimorista como el maoísmo senderista son dos caras de una misma moneda.
Y, más allá de que condiciones estructurales como la pobreza, la discriminación, el racismo o la corrupción se hayan convertido en un cáncer que corroe nuestro país, ninguna solución de este tipo –fujimorista o senderista- puede justificar sus métodos que hoy vestidos con el traje democrático esconden un lobo totalitario, fascista y profundamente lesivo para el Perú.
Publicado en el diario Los Andes
Que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), haya optado por iniciar su lucha armada con la quema de ánforas y material electoral en Chuschi (Ayacucho), es una metáfora de la guerra que el PCP SL, le había declarado a la democracia y a cualquier forma de representación que viniera de un Estado al que ellos calificaban como caduco u opresor.
La democracia entendida como Estado de derecho, elecciones, libertad de expresión o derechos humanos, eran –para ellos- los síntomas de un sistema y un Estado burgués al cual había que combatir y derrocar para lograr una auténtica “dictadura del proletariado”, bajo los preceptos del marxismo, leninismo, maoísmo y el polémico “pensamiento Gonzalo”.
Aunque tales afirmaciones y contenidos teóricos estén lejos de ser el objeto de estudio de muchos jóvenes contemporáneos, ya que se trata de retóricas bastante manoseadas y trasnochadas por discursos como el maoísta que identificaban a la violencia como necesaria para lograr la revolución, llama poderosamente la atención, la emergencia de un grupo que reivindique tales preceptos reclamando la libertad de quienes consideran como “presos políticos”.
Me refiero al llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales que, al igual que el fujimorismo, que tiene como único punto de agenda política la liberación o la amnistía de Alberto Fujimori, pretenden participar de las próximas elecciones generales en diferentes regiones del país, reclamando la libertad de Abimael Guzmán y otros terroristas que se encuentran cumpliendo las condenas impuestas por el Poder Judicial.
Ciertamente estamos en democracia y ella abre la posibilidad de que grupos como el fujimorismo o el senderismo, que desprecian la democracia, la puedan utilizar para fines particulares, evidenciando una vez más, que el pragmatismo y la mercantilización se han convertido en la gran ideología nacional.
Sólo así se explica que el fujimorismo sea una fuerza política de alcance nacional o que el fascismo senderista pueda tener asidero en algunos sectores de la sociedad. Hablar de incautos o desmemoriados es quitarle la responsabilidad también a quienes optan por este tipo de proyectos, que hoy se convierten en defensores de la democracia, para que mañana vuelvan a despreciarla nuevamente.
En el olvido quedaron las 69,280 víctimas que reportó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los coches bomba, los paros armados, la guerra sucia, los toques de queda, las ejecuciones extrajudiciales, los jueces sin rostro y todo lo que significaron las décadas de violencia que hemos vivido en el país.
La misma suerte que corren hoy todas las recomendaciones que se hicieron por esta misma Comisión: Reformas en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Sistema Educativo, para citar sólo tres de otras tantas recomendaciones. Curiosamente los críticos de la Comisión de la Verdad son los mismos, de izquierda y de derecha, pero los mismos; evidenciando que el neoliberalismo fujimorista como el maoísmo senderista son dos caras de una misma moneda.
Y, más allá de que condiciones estructurales como la pobreza, la discriminación, el racismo o la corrupción se hayan convertido en un cáncer que corroe nuestro país, ninguna solución de este tipo –fujimorista o senderista- puede justificar sus métodos que hoy vestidos con el traje democrático esconden un lobo totalitario, fascista y profundamente lesivo para el Perú.
Publicado en el diario Los Andes
Entre demócratas precarios
Aldo Santos
¿Cómo explicar que en abril de 1992 el golpe de Fujimori contara con un abrumador respaldo de 95% y durante ese mismo mes el 73% de encuestados señalaba que la democracia era el mejor sistema de gobierno? Paradojas que revelan nuestra fragilidad democrática, pero sobre todo la fragilidad de nuestras “elites políticas”.
Es precisamente lo que Eduardo Dargent, pretende mostrar en un provocador texto en el que recorre las diversas experiencias de “democratización” en América Latina: Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina, IEP, 2009.
El argumento central de Dargent reposa en el hecho de que “las élites de derecha e izquierda subordinan su compromiso con la democracia liberal a sus intereses de corto y mediano plazo. Por ello, cuando las élites de ambos lados del espectro político perciban que un gobierno con tendencias autoritarias está dispuesto a favorecer a sus intereses, traicionarán la democracia y apoyarán estas medidas autocráticas”.
Con la teoría de la democracia liberal el ensayo propone una tipificación para nuestras élites políticas como: “Demócratas precarios. Demócratas pues actuarán como verdaderos demócratas cuando se sientan débiles y los recursos de la democracia les sirvan para proteger sus intereses frente a gobiernos abusivos; precarios, pues abandonarán los valores democráticos cuando tengan poder y consideren que sus intereses pueden ser resguardados por medios no democráticos”.
En el texto se rebaten las interpretaciones que señalan que el autoritarismo reposa en nuestra herencia colonial y republicana, el actor central del análisis –señala- son las élites políticas a quienes se refiere como “ideológicamente pragmáticos, dispuestos a traicionar todo tipo de régimen político cuando ya no sirva a sus intereses”.
¿Acaso esa interpretación dista mucho del comportamiento de las clases políticas en el Perú y en otros países de Sudamérica? En esa lógica dedica varias partes del texto a la experiencia fujimorista y muestra como empresarios, intelectuales y políticos, abdicaron de la vocación democrática que hoy abanderan desde diferentes espacios.
Asimismo, se refiere críticamente a la experiencia de Ollanta Humala por su cercanía y adscripción a los nuevos liderazgos plebiscitarios que surgían en la región como Hugo Chávez y por lo que representaba como posibilidad de una vuelta a un régimen con tintes antidemocráticos. Le sorprende –como indica Dargent- “la forma acelerada en que se unieron a Humala algunos miembros de la izquierda peruana que poco antes criticaban al fujimorismo por autoritario”.
Un texto necesario, en el que se hace evidente que urge renovar la política y devolverle su sentido primigenio, a fin de consolidar la democracia y sus valores, lejos de apetitos e intereses personales, lejos de demócratas precarios.
Publicado en el diario Los Andes
¿Cómo explicar que en abril de 1992 el golpe de Fujimori contara con un abrumador respaldo de 95% y durante ese mismo mes el 73% de encuestados señalaba que la democracia era el mejor sistema de gobierno? Paradojas que revelan nuestra fragilidad democrática, pero sobre todo la fragilidad de nuestras “elites políticas”.
Es precisamente lo que Eduardo Dargent, pretende mostrar en un provocador texto en el que recorre las diversas experiencias de “democratización” en América Latina: Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina, IEP, 2009.
El argumento central de Dargent reposa en el hecho de que “las élites de derecha e izquierda subordinan su compromiso con la democracia liberal a sus intereses de corto y mediano plazo. Por ello, cuando las élites de ambos lados del espectro político perciban que un gobierno con tendencias autoritarias está dispuesto a favorecer a sus intereses, traicionarán la democracia y apoyarán estas medidas autocráticas”.
Con la teoría de la democracia liberal el ensayo propone una tipificación para nuestras élites políticas como: “Demócratas precarios. Demócratas pues actuarán como verdaderos demócratas cuando se sientan débiles y los recursos de la democracia les sirvan para proteger sus intereses frente a gobiernos abusivos; precarios, pues abandonarán los valores democráticos cuando tengan poder y consideren que sus intereses pueden ser resguardados por medios no democráticos”.
En el texto se rebaten las interpretaciones que señalan que el autoritarismo reposa en nuestra herencia colonial y republicana, el actor central del análisis –señala- son las élites políticas a quienes se refiere como “ideológicamente pragmáticos, dispuestos a traicionar todo tipo de régimen político cuando ya no sirva a sus intereses”.
¿Acaso esa interpretación dista mucho del comportamiento de las clases políticas en el Perú y en otros países de Sudamérica? En esa lógica dedica varias partes del texto a la experiencia fujimorista y muestra como empresarios, intelectuales y políticos, abdicaron de la vocación democrática que hoy abanderan desde diferentes espacios.
Asimismo, se refiere críticamente a la experiencia de Ollanta Humala por su cercanía y adscripción a los nuevos liderazgos plebiscitarios que surgían en la región como Hugo Chávez y por lo que representaba como posibilidad de una vuelta a un régimen con tintes antidemocráticos. Le sorprende –como indica Dargent- “la forma acelerada en que se unieron a Humala algunos miembros de la izquierda peruana que poco antes criticaban al fujimorismo por autoritario”.
Un texto necesario, en el que se hace evidente que urge renovar la política y devolverle su sentido primigenio, a fin de consolidar la democracia y sus valores, lejos de apetitos e intereses personales, lejos de demócratas precarios.
Publicado en el diario Los Andes
Berenson y los medios
Aldo Santos
La cobertura mediática que ha tenido la liberación de la militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y la posición que comparte un sector de miraflorinos –incluido su alcalde- que piden la salida de Lori Berenson del distrito de Miraflores y solicitan su expulsión del país, me deja algunas interrogantes que creo necesario compartirlas, a fin de cotejar las lecciones que nos deja como ciudadanos.
Un primer aspecto es el referido a la forma como los medios se han apostado en las inmediaciones del departamento en el que vive, las transmisiones en vivo y una desproporcionada cobertura mediática que me remite, en parte, a la toma del local de la embajada japonesa en 1996; donde las(os) peruanas(os) y el mundo asistíamos, en vivo y en directo, a una suerte de noticia convertida en espectáculo, que mantenía cautiva a la audiencia.
Hoy, el departamento que alquiló Berenson, probablemente sea tan famoso como el local de la embajada japonesa tomado por los emerretistas. La prensa se ha apostado en las casas vecinas y merodea la zona a la espera de alguna manifestación de ella y su entorno y se convierte en palestra además de quienes aprovechan las cámaras y flashes para canalizar sus, temores, odios y rencores, más allá de que sean justificados o no.
Al observar todo ese espectáculo, me pregunto cuáles habrían sido las reacciones si Berenson tuviera como residencia algún distrito puneño como Orurillo o Pangoa en Junín –ambos afectados por la violencia política-. Para comenzar no estoy seguro si las reacciones de las(os) lugareña(os) habrían sido las mismas que las de algunas(os) miraflorinas(os) y lo segundo, si habrían tenido la cobertura mediática que ha tenido Miraflores.
Si siguiéramos la lógica de algunas(os) vecinas(os) de Berenson, se tendrían que hacer, vigilias también para exigir que delincuentes de alta peligrosidad, narcotraficantes, funcionarios y políticos corruptos, que estuvieron presos y hoy gozan de libertad abandonen los distritos en los que viven. Hasta donde tengo entendido, no he sabido de ninguna vigilia de los vecinos de José Enrique Crousillat, cuando fue injustamente indultado.
¿Una cosa es Crousillat y otra Berenson? Así es, una planificaba secuestros y promovía una guerra demencial y el otro vendía la línea editorial de su medio a la dictadura. Más allá de ello cabría preguntarse si ¿sólo expulsando y odiando a los terroristas lograremos vivir en paz?, ¿es que acaso no hay otras causas estructurales que permiten que estos grupos armados hayan tenido y tengan adeptos?, ¿cuál es el rol del Estado en este nuevo contexto de post-guerra interna?, ¿qué lecciones han aprendido y cómo deben actuar los medios de comunicación hoy?
Lo cierto es que, con la vorágine mediática que ha provocado Lori Berenson, nos olvidamos rápidamente de la necesidad de una discusión de fondo para responder a esas y otras interrogantes más que podrían ayudarnos (quizá), a superar como sociedad las heridas y temores que nos legó el conflicto armado interno en el país. Nos olvidamos además de los petroaudios y la corrupción en el Gobierno Aprista, para pasar a una especie de “reality show” cuyo desenlace seguramente conoceremos, en vivo y en directo, por cadena nacional.
Publicado en el diario Los Andes
La cobertura mediática que ha tenido la liberación de la militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y la posición que comparte un sector de miraflorinos –incluido su alcalde- que piden la salida de Lori Berenson del distrito de Miraflores y solicitan su expulsión del país, me deja algunas interrogantes que creo necesario compartirlas, a fin de cotejar las lecciones que nos deja como ciudadanos.
Un primer aspecto es el referido a la forma como los medios se han apostado en las inmediaciones del departamento en el que vive, las transmisiones en vivo y una desproporcionada cobertura mediática que me remite, en parte, a la toma del local de la embajada japonesa en 1996; donde las(os) peruanas(os) y el mundo asistíamos, en vivo y en directo, a una suerte de noticia convertida en espectáculo, que mantenía cautiva a la audiencia.
Hoy, el departamento que alquiló Berenson, probablemente sea tan famoso como el local de la embajada japonesa tomado por los emerretistas. La prensa se ha apostado en las casas vecinas y merodea la zona a la espera de alguna manifestación de ella y su entorno y se convierte en palestra además de quienes aprovechan las cámaras y flashes para canalizar sus, temores, odios y rencores, más allá de que sean justificados o no.
Al observar todo ese espectáculo, me pregunto cuáles habrían sido las reacciones si Berenson tuviera como residencia algún distrito puneño como Orurillo o Pangoa en Junín –ambos afectados por la violencia política-. Para comenzar no estoy seguro si las reacciones de las(os) lugareña(os) habrían sido las mismas que las de algunas(os) miraflorinas(os) y lo segundo, si habrían tenido la cobertura mediática que ha tenido Miraflores.
Si siguiéramos la lógica de algunas(os) vecinas(os) de Berenson, se tendrían que hacer, vigilias también para exigir que delincuentes de alta peligrosidad, narcotraficantes, funcionarios y políticos corruptos, que estuvieron presos y hoy gozan de libertad abandonen los distritos en los que viven. Hasta donde tengo entendido, no he sabido de ninguna vigilia de los vecinos de José Enrique Crousillat, cuando fue injustamente indultado.
¿Una cosa es Crousillat y otra Berenson? Así es, una planificaba secuestros y promovía una guerra demencial y el otro vendía la línea editorial de su medio a la dictadura. Más allá de ello cabría preguntarse si ¿sólo expulsando y odiando a los terroristas lograremos vivir en paz?, ¿es que acaso no hay otras causas estructurales que permiten que estos grupos armados hayan tenido y tengan adeptos?, ¿cuál es el rol del Estado en este nuevo contexto de post-guerra interna?, ¿qué lecciones han aprendido y cómo deben actuar los medios de comunicación hoy?
Lo cierto es que, con la vorágine mediática que ha provocado Lori Berenson, nos olvidamos rápidamente de la necesidad de una discusión de fondo para responder a esas y otras interrogantes más que podrían ayudarnos (quizá), a superar como sociedad las heridas y temores que nos legó el conflicto armado interno en el país. Nos olvidamos además de los petroaudios y la corrupción en el Gobierno Aprista, para pasar a una especie de “reality show” cuyo desenlace seguramente conoceremos, en vivo y en directo, por cadena nacional.
Publicado en el diario Los Andes
Brasil y Perú, la integración a medias
Aldo Santos
El gobierno peruano está próximo a firmar un acuerdo de interconexión eléctrica con el Brasil, algo semejante a un Tratado de Libre Comercio (TLC) energético que permitiría, según el texto final de la propuesta, “la exportación de excedentes de energía eléctrica” al mercado brasilero.
El hecho podría inaugurar un nuevo escenario en las relaciones con el país carioca y abre la posibilidad de que los peruanos nos convirtamos en exportadores de energía, gozando así de los beneficios económicos derivados de la venta de la misma; hasta allí, suena ventajoso, pero vayamos despacio e indaguemos respecto de las implicancias de este acuerdo.
El acuerdo contempla la construcción de cinco hidroeléctricas en la Amazonía peruana, las mismas que, como Pakitzapango e Inambari, han obtenido el rechazo de las comunidades nativas y las poblaciones ubicadas en el ámbito de influencia de los proyectos y muchos de estos se realizan sobre la base de una planificación inexistente y con estudios de 1979, fecha en la que se concluyó la única evaluación del potencial hidroeléctrico nacional.
Es decir, al año 2010 no conocemos realmente el potencial hidroeléctrico peruano y apenas terminamos de desarrollar el potencial ubicado en los andes y de energías alternativas como la eólica y la solar, no obstante nos hemos embarcado en el desarrollo de centrales hidroeléctricas en la Amazonía, pagando el alto costo de la destrucción de biodiversidad, el desplazamiento de asentamientos humanos y todos los impactos sociales y ambientales que generaría la construcción de este tipo de megaproyectos; los mismos que se encuentran debidamente documentados en el Informe de la Comisión Mundial de Represas.
Si bien se trata de un “acuerdo de interconexión eléctrica” y por su carácter nos podría articular al mercado energético más grande de Sudamérica, en el texto final propuesto no se especifica cuáles serían las ventajas comparativas que obtendríamos del sistema interconectado brasilero, tal y como está planteado, se trata simplemente de la venta de energía eléctrica al Brasil.
Otro aspecto preocupante es el hecho de que, según declaraciones del Ministro de Energía y Minas, el acuerdo no será discutido en el Congreso de la República, a diferencia del Brasil, donde deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de ese país. El segundo aspecto a considerar y que ha sido un punto de preocupación para diversos representantes de la sociedad civil es que, según la Ley N° 29338, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), junto al Ministerio de Relaciones Exteriores “participa, negocia y suscribe los tratados (…) que tengan por finalidad la gestión integrada de cuencas transfronterizas”, sin embargo, la ANA ha sido un actor ausente en todo este proceso.
De otro lado, el aspecto ambiental se reduce a un solo artículo del texto final de la propuesta peruana, sin especificar los estándares ambientales exigidos para al desarrollo de estos megaproyectos y las condiciones, más allá de las exigencias actuales, que deben cumplir los inversionistas brasileros en el Perú.
No nos podríamos negar a la posibilidad de un acuerdo de interconexión eléctrica con cualquier país, siempre que esta nos beneficie mutuamente y se desarrollen respetando las leyes y los procesos de consulta y participación ciudadana necesarios, ya que la integración debe tener el respaldo de las(os) ciudadanas(os) y todos los sectores del país, más aún en un país como el nuestro en el que las relaciones entre el Estado y sus ciudadanas(os) está bastante deteriorada.
Esperamos que el Ejecutivo nacional acoja las recomendaciones de la sociedad civil y que este acuerdo sea socializado y discutido en el Congreso de la República, por el bien de la democracia, el bien del país y las buenas relaciones con países vecinos como el Brasil.
Publicado en el diario Los Andes
El gobierno peruano está próximo a firmar un acuerdo de interconexión eléctrica con el Brasil, algo semejante a un Tratado de Libre Comercio (TLC) energético que permitiría, según el texto final de la propuesta, “la exportación de excedentes de energía eléctrica” al mercado brasilero.
El hecho podría inaugurar un nuevo escenario en las relaciones con el país carioca y abre la posibilidad de que los peruanos nos convirtamos en exportadores de energía, gozando así de los beneficios económicos derivados de la venta de la misma; hasta allí, suena ventajoso, pero vayamos despacio e indaguemos respecto de las implicancias de este acuerdo.
El acuerdo contempla la construcción de cinco hidroeléctricas en la Amazonía peruana, las mismas que, como Pakitzapango e Inambari, han obtenido el rechazo de las comunidades nativas y las poblaciones ubicadas en el ámbito de influencia de los proyectos y muchos de estos se realizan sobre la base de una planificación inexistente y con estudios de 1979, fecha en la que se concluyó la única evaluación del potencial hidroeléctrico nacional.
Es decir, al año 2010 no conocemos realmente el potencial hidroeléctrico peruano y apenas terminamos de desarrollar el potencial ubicado en los andes y de energías alternativas como la eólica y la solar, no obstante nos hemos embarcado en el desarrollo de centrales hidroeléctricas en la Amazonía, pagando el alto costo de la destrucción de biodiversidad, el desplazamiento de asentamientos humanos y todos los impactos sociales y ambientales que generaría la construcción de este tipo de megaproyectos; los mismos que se encuentran debidamente documentados en el Informe de la Comisión Mundial de Represas.
Si bien se trata de un “acuerdo de interconexión eléctrica” y por su carácter nos podría articular al mercado energético más grande de Sudamérica, en el texto final propuesto no se especifica cuáles serían las ventajas comparativas que obtendríamos del sistema interconectado brasilero, tal y como está planteado, se trata simplemente de la venta de energía eléctrica al Brasil.
Otro aspecto preocupante es el hecho de que, según declaraciones del Ministro de Energía y Minas, el acuerdo no será discutido en el Congreso de la República, a diferencia del Brasil, donde deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de ese país. El segundo aspecto a considerar y que ha sido un punto de preocupación para diversos representantes de la sociedad civil es que, según la Ley N° 29338, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), junto al Ministerio de Relaciones Exteriores “participa, negocia y suscribe los tratados (…) que tengan por finalidad la gestión integrada de cuencas transfronterizas”, sin embargo, la ANA ha sido un actor ausente en todo este proceso.
De otro lado, el aspecto ambiental se reduce a un solo artículo del texto final de la propuesta peruana, sin especificar los estándares ambientales exigidos para al desarrollo de estos megaproyectos y las condiciones, más allá de las exigencias actuales, que deben cumplir los inversionistas brasileros en el Perú.
No nos podríamos negar a la posibilidad de un acuerdo de interconexión eléctrica con cualquier país, siempre que esta nos beneficie mutuamente y se desarrollen respetando las leyes y los procesos de consulta y participación ciudadana necesarios, ya que la integración debe tener el respaldo de las(os) ciudadanas(os) y todos los sectores del país, más aún en un país como el nuestro en el que las relaciones entre el Estado y sus ciudadanas(os) está bastante deteriorada.
Esperamos que el Ejecutivo nacional acoja las recomendaciones de la sociedad civil y que este acuerdo sea socializado y discutido en el Congreso de la República, por el bien de la democracia, el bien del país y las buenas relaciones con países vecinos como el Brasil.
Publicado en el diario Los Andes
De Puno su selva
Aldo Santos
La Amazonía, aquel lugar que algunos andinos hemos identificado como la “tierra prometida” y, en algunos casos, como la esperanza de dinero fácil y rápido que nos de la garantía de sobrevivir a condiciones adversas de aislamiento, exclusión y marginalidad, hoy sigue siendo motivo de encuentros y desencuentros que emplazan a pensar, su posibilidad de articulación al resto del territorio de la región y las alternativas de desarrollo que tiene el norte de Puno.
Ello a partir de las opiniones que ha generado un paro convocado por la Federación Provincial de Campesinos de Sandia el pasado 06 de mayo y que concluyó con la aprobación de un Acuerdo de Consejo que suspendía un proyecto de reforestación en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), a solicitud de los cocaleros que participaban en la movilización. El proyecto era promovido por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y la Municipalidad Provincial de Sandia.
Aunque opiniones maniqueas señalaban que se trata de una avanzada de los cocaleros vinculados al narcotráfico, creo que sería importante tener una mirada más integral de la problemática, comencemos mirando ¿cuál es la magnitud de la producción cocalera en Sandia? El reporte del “Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del año 2008” , señala que al 2008 existían 2959 hectáreas sembradas, lo que representa el 5.3% del total nacional y el 27% del total de cultivos que existen en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Si juzgamos el crecimiento de cultivos de coca desde una óptica estrictamente económica, aquí otros datos poco alentadores recogidos en el “Diagnóstico Socioeconómico de la cuenca del Alto Tambopata” , un sembrío de hoja de coca puede producir entre tres y cuatro cosechas anuales, los precios fluctúan entre 120 y 150 soles por arroba, el comprador acude directamente a la chacra del productor y no demanda los cuidados que demanda la cosecha del café. En esos términos, estrictamente económicos, el costo de producción es abismalmente inferior al beneficio obtenido por la producción cafetalera.
En el caso del café, cada productor asociado en cooperativas, produce entre 25 y 30 quintales de café anualmente, lo que representa ingresos por encima de 7,500 soles anuales por familia, sin embargo, dadas las condiciones de aislamiento, la precariedad de las vías de comunicación y el sacrificio que demanda llevar el café sandino hacia otros mercados; dichos ingresos difícilmente pueden aliviar las condiciones de pobreza en las que viven .
Haciendo sumas y restas, es totalmente racional que la producción de hoja de coca se haya convertido en una alternativa en la Amazonía sandina, sobre todo considerando la poca presencia que ha tenido el Gobierno Regional y Nacional, para plantear alternativas de desarrollo que ofrezcan mejores condiciones de vida a los andinos que viven en la zona, recordemos que la producción cafetalera y éxito de la CECOVASA, ha merecido la indiferencia estatal y a lo sumo ha contado con el apoyo puntual de Organismos No Gubernamentales que como Conservación Internacional se apostaron en la zona años atrás, pero sobre todo, por esfuerzo de los propios productores que, como Wilson Sucaticona, productor del mejor café especial del mundo, tuvieron que superar las adversidades de la geografía y el desinterés de las autoridades de turno.
Estamos a tiempo de vencer el flagelo de la ilegalidad y del narcotráfico, ¿qué dirán nuestras próximas autoridades municipalidades y regionales?
Publicado en el diario Los Andes
La Amazonía, aquel lugar que algunos andinos hemos identificado como la “tierra prometida” y, en algunos casos, como la esperanza de dinero fácil y rápido que nos de la garantía de sobrevivir a condiciones adversas de aislamiento, exclusión y marginalidad, hoy sigue siendo motivo de encuentros y desencuentros que emplazan a pensar, su posibilidad de articulación al resto del territorio de la región y las alternativas de desarrollo que tiene el norte de Puno.
Ello a partir de las opiniones que ha generado un paro convocado por la Federación Provincial de Campesinos de Sandia el pasado 06 de mayo y que concluyó con la aprobación de un Acuerdo de Consejo que suspendía un proyecto de reforestación en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS), a solicitud de los cocaleros que participaban en la movilización. El proyecto era promovido por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y la Municipalidad Provincial de Sandia.
Aunque opiniones maniqueas señalaban que se trata de una avanzada de los cocaleros vinculados al narcotráfico, creo que sería importante tener una mirada más integral de la problemática, comencemos mirando ¿cuál es la magnitud de la producción cocalera en Sandia? El reporte del “Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del año 2008” , señala que al 2008 existían 2959 hectáreas sembradas, lo que representa el 5.3% del total nacional y el 27% del total de cultivos que existen en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Si juzgamos el crecimiento de cultivos de coca desde una óptica estrictamente económica, aquí otros datos poco alentadores recogidos en el “Diagnóstico Socioeconómico de la cuenca del Alto Tambopata” , un sembrío de hoja de coca puede producir entre tres y cuatro cosechas anuales, los precios fluctúan entre 120 y 150 soles por arroba, el comprador acude directamente a la chacra del productor y no demanda los cuidados que demanda la cosecha del café. En esos términos, estrictamente económicos, el costo de producción es abismalmente inferior al beneficio obtenido por la producción cafetalera.
En el caso del café, cada productor asociado en cooperativas, produce entre 25 y 30 quintales de café anualmente, lo que representa ingresos por encima de 7,500 soles anuales por familia, sin embargo, dadas las condiciones de aislamiento, la precariedad de las vías de comunicación y el sacrificio que demanda llevar el café sandino hacia otros mercados; dichos ingresos difícilmente pueden aliviar las condiciones de pobreza en las que viven .
Haciendo sumas y restas, es totalmente racional que la producción de hoja de coca se haya convertido en una alternativa en la Amazonía sandina, sobre todo considerando la poca presencia que ha tenido el Gobierno Regional y Nacional, para plantear alternativas de desarrollo que ofrezcan mejores condiciones de vida a los andinos que viven en la zona, recordemos que la producción cafetalera y éxito de la CECOVASA, ha merecido la indiferencia estatal y a lo sumo ha contado con el apoyo puntual de Organismos No Gubernamentales que como Conservación Internacional se apostaron en la zona años atrás, pero sobre todo, por esfuerzo de los propios productores que, como Wilson Sucaticona, productor del mejor café especial del mundo, tuvieron que superar las adversidades de la geografía y el desinterés de las autoridades de turno.
Estamos a tiempo de vencer el flagelo de la ilegalidad y del narcotráfico, ¿qué dirán nuestras próximas autoridades municipalidades y regionales?
Publicado en el diario Los Andes
El cambio no sólo es climático
Aldo Santos
Debo reconocer que la repetición constante de palabras como cambio climático, calentamiento global o estrés hídrico, me está generando cierta “insensibilidad ambiental” y para un país como el nuestro, cuyos índices de emisiones de gases de efecto invernadero son abismalmente inferiores a los de los países del “primer mundo” como Estados Unidos y China que lideran todos los rankings de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, podría pensar egoístamente y decir que ese lío no es mío y que China, India, Estados Unidos y otros, compongan el desbarajuste ambiental que nos dejaron.
Sin embargo, dado que vivimos en un mismo planeta, son épocas de cambios globales y que con el calentamiento global pasa lo mismo que con la crisis económica mundial, es decir “combina lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios” -en palabras del matemático Nicholas Taleb-, al parecer nadie o muy pocos podremos escapar de sus efectos y, como suele pasar en estos casos, son los pobres los que pagarán sus consecuencias.
Me lo ha recordado Victor Escobar, un infatigable productor agrícola y ganadero que vive en la Comunidad Campesina de Chila Huantacachi, en el distrito de Acora: “las cosechas ya no son iguales y están empeorando… Las heladas, las lluvias, ahora dan miedo, pueden malograr todo”. Aunque puedo pensar que quizá los ecologistas y ambientalistas son exagerados, me parece que quienes mejor grafican los efectos que está teniendo el calentamiento global o el estrés hídrico, son personas que, como Víctor, dependen directamente de lo que la tierra y el ambiente les da.
Las recientes inundaciones en Cusco y en Puno, temperaturas que descienden más allá de lo normal, los huaycos en el centro del país o la pérdida de cobertura glaciar en nevados como el Qelqaya (Carabaya) -el nevado tropical más largo del mundo-, la alerta del estudio realizado por el Tyndall Center for Climate Change Resarch, que indica que el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Honduras y Bangladesh, son indicadores de que algo está marchando mal y que necesita ser corregido oportunamente.
Para poner la posible solución en cifras, el Banco Mundial (BM) sugiere que mitigar los efectos del cambio climático en países como el nuestro podría costar, entre 140.000 y 175.000 millones de dólares, un monto que estamos lejos de alcanzar, así como los 400 millones de dólares anuales que ha estimado el Ministro del Ambiente, señalando además que se tendrá que recurrir a la cooperación internacional, ya que actualmente no disponemos de ese dinero.
Pero más allá del dinero necesario, la “insensibilidad ambiental”, sobre si somos o no culpables de los efectos del cambio climático y otras sospechas sobre los ambientalistas; el calentamiento global es una realidad a la que deberíamos prestarle mayor atención y diseñar políticas públicas a nivel nacional, regional y local que busquen la conservación y el uso racional de los recursos naturales para futuras generaciones; invertir en investigación para generar nuevas tecnologías y nuevas alternativas de energía como la eólica y la solar, pero sobre todo, un cambio cultural buscando mayor eficiencia energética, ya que una de las principales causas de las crisis actualmente, es el mal uso que le damos a las energías ya existentes.
Sin duda, un tema pendiente que nosotros y los futuros candidatos a las elecciones regionales, municipales y nacionales no podremos eludir, ya que de ello depende el futuro del país y el de la humanidad.
Publicado en el diario Los Andes
Debo reconocer que la repetición constante de palabras como cambio climático, calentamiento global o estrés hídrico, me está generando cierta “insensibilidad ambiental” y para un país como el nuestro, cuyos índices de emisiones de gases de efecto invernadero son abismalmente inferiores a los de los países del “primer mundo” como Estados Unidos y China que lideran todos los rankings de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, podría pensar egoístamente y decir que ese lío no es mío y que China, India, Estados Unidos y otros, compongan el desbarajuste ambiental que nos dejaron.
Sin embargo, dado que vivimos en un mismo planeta, son épocas de cambios globales y que con el calentamiento global pasa lo mismo que con la crisis económica mundial, es decir “combina lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios” -en palabras del matemático Nicholas Taleb-, al parecer nadie o muy pocos podremos escapar de sus efectos y, como suele pasar en estos casos, son los pobres los que pagarán sus consecuencias.
Me lo ha recordado Victor Escobar, un infatigable productor agrícola y ganadero que vive en la Comunidad Campesina de Chila Huantacachi, en el distrito de Acora: “las cosechas ya no son iguales y están empeorando… Las heladas, las lluvias, ahora dan miedo, pueden malograr todo”. Aunque puedo pensar que quizá los ecologistas y ambientalistas son exagerados, me parece que quienes mejor grafican los efectos que está teniendo el calentamiento global o el estrés hídrico, son personas que, como Víctor, dependen directamente de lo que la tierra y el ambiente les da.
Las recientes inundaciones en Cusco y en Puno, temperaturas que descienden más allá de lo normal, los huaycos en el centro del país o la pérdida de cobertura glaciar en nevados como el Qelqaya (Carabaya) -el nevado tropical más largo del mundo-, la alerta del estudio realizado por el Tyndall Center for Climate Change Resarch, que indica que el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Honduras y Bangladesh, son indicadores de que algo está marchando mal y que necesita ser corregido oportunamente.
Para poner la posible solución en cifras, el Banco Mundial (BM) sugiere que mitigar los efectos del cambio climático en países como el nuestro podría costar, entre 140.000 y 175.000 millones de dólares, un monto que estamos lejos de alcanzar, así como los 400 millones de dólares anuales que ha estimado el Ministro del Ambiente, señalando además que se tendrá que recurrir a la cooperación internacional, ya que actualmente no disponemos de ese dinero.
Pero más allá del dinero necesario, la “insensibilidad ambiental”, sobre si somos o no culpables de los efectos del cambio climático y otras sospechas sobre los ambientalistas; el calentamiento global es una realidad a la que deberíamos prestarle mayor atención y diseñar políticas públicas a nivel nacional, regional y local que busquen la conservación y el uso racional de los recursos naturales para futuras generaciones; invertir en investigación para generar nuevas tecnologías y nuevas alternativas de energía como la eólica y la solar, pero sobre todo, un cambio cultural buscando mayor eficiencia energética, ya que una de las principales causas de las crisis actualmente, es el mal uso que le damos a las energías ya existentes.
Sin duda, un tema pendiente que nosotros y los futuros candidatos a las elecciones regionales, municipales y nacionales no podremos eludir, ya que de ello depende el futuro del país y el de la humanidad.
Publicado en el diario Los Andes
Juliaca otra vez
Aldo Santos
Lo ocurrido en Juliaca, con la reciente vacancia de David Mamani Paricahua, parece parte de un libreto conocido: Un alcalde enfrentado con el Consejo Municipal y un primer regidor o teniente alcalde que ha pasado a liderar la oposición y se declara enemigo político de su antiguo compañero de partido. ¿Acaso el escenario no fue el mismo en Ilave y terminó con el asesinato de Cirilo Robles Callomamani?
Podríamos citar otros ejemplos como los ocurridos en las municipalidades de Lampa, Chucuito- Juli, Carabaya o Yunguyo (en todas hubieron pedidos de vacancia) y aunque el hecho se esté convirtiendo en cotidiano, creo que nos debería llevar a repensar el rol que cumplen los movimientos y/o partidos políticos en nuestra región y el país, como promotores de gobernabilidad y en la afirmación de la institucionalidad.
Además, ello puede dejar lecciones importantes a los actuales movimientos y/o partidos políticos que pugnan por hacerse con la gestión municipal y regional, a fin de que incorporen criterios que permitan generar movilización social con personas que busquen construir alternativas de gobierno coherentes y no se conviertan en una suma de oportunistas que, una vez llegados al gobierno, generen caos y desgobierno, estancando el desarrollo local.
No pretendo hacer un juicio de valor sobre la reciente vacancia del burgomaestre juliaqueño u otros casos similares, tampoco abundaré sobre la “celeridad” que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para resolver estos casos –ya habrá oportunidad para ello-, sin embargo vale recordar que en las “batallas” entre concejales, alcaldes, consejeros y presidentes regionales, los únicos perdedores somos las(os) ciudadana(os). A poco menos de cinco años de la última gestión del Gobierno Regional, no olvidemos lo funesto que puede ser, el tener un gobierno de ese tipo.
La vacancia es un mecanismo constitucional y necesario cuando algunas autoridades incumplen con sus funciones o incurren en actos dolosos, sin embargo no puede ser, en ningún caso, una forma de acceder al poder. Volviendo a Juliaca, más allá del “triunfo” de la oposición, miles de hogares siguen sin servicios de agua y desagüe o viviendo en medio de una creciente inseguridad, eso va más allá de cualquier enfrentamiento o rivalidad política.
En ese sentido, los electores tenemos como responsabilidad y posibilidad, el elegir a nuestras próximas autoridades sobre la base de propuestas programáticas de desarrollo; todavía estamos a tiempo de exigirlos y evitar que este tipo de escenarios se conviertan en el común denominador en muchas localidades de la región y el país, por el bien de la democracia y porque estos finalmente subastan el desarrollo en pleitos innecesarios.
Publicado en el diario Los Andes
Lo ocurrido en Juliaca, con la reciente vacancia de David Mamani Paricahua, parece parte de un libreto conocido: Un alcalde enfrentado con el Consejo Municipal y un primer regidor o teniente alcalde que ha pasado a liderar la oposición y se declara enemigo político de su antiguo compañero de partido. ¿Acaso el escenario no fue el mismo en Ilave y terminó con el asesinato de Cirilo Robles Callomamani?
Podríamos citar otros ejemplos como los ocurridos en las municipalidades de Lampa, Chucuito- Juli, Carabaya o Yunguyo (en todas hubieron pedidos de vacancia) y aunque el hecho se esté convirtiendo en cotidiano, creo que nos debería llevar a repensar el rol que cumplen los movimientos y/o partidos políticos en nuestra región y el país, como promotores de gobernabilidad y en la afirmación de la institucionalidad.
Además, ello puede dejar lecciones importantes a los actuales movimientos y/o partidos políticos que pugnan por hacerse con la gestión municipal y regional, a fin de que incorporen criterios que permitan generar movilización social con personas que busquen construir alternativas de gobierno coherentes y no se conviertan en una suma de oportunistas que, una vez llegados al gobierno, generen caos y desgobierno, estancando el desarrollo local.
No pretendo hacer un juicio de valor sobre la reciente vacancia del burgomaestre juliaqueño u otros casos similares, tampoco abundaré sobre la “celeridad” que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para resolver estos casos –ya habrá oportunidad para ello-, sin embargo vale recordar que en las “batallas” entre concejales, alcaldes, consejeros y presidentes regionales, los únicos perdedores somos las(os) ciudadana(os). A poco menos de cinco años de la última gestión del Gobierno Regional, no olvidemos lo funesto que puede ser, el tener un gobierno de ese tipo.
La vacancia es un mecanismo constitucional y necesario cuando algunas autoridades incumplen con sus funciones o incurren en actos dolosos, sin embargo no puede ser, en ningún caso, una forma de acceder al poder. Volviendo a Juliaca, más allá del “triunfo” de la oposición, miles de hogares siguen sin servicios de agua y desagüe o viviendo en medio de una creciente inseguridad, eso va más allá de cualquier enfrentamiento o rivalidad política.
En ese sentido, los electores tenemos como responsabilidad y posibilidad, el elegir a nuestras próximas autoridades sobre la base de propuestas programáticas de desarrollo; todavía estamos a tiempo de exigirlos y evitar que este tipo de escenarios se conviertan en el común denominador en muchas localidades de la región y el país, por el bien de la democracia y porque estos finalmente subastan el desarrollo en pleitos innecesarios.
Publicado en el diario Los Andes
¿Juliaca la horrible?
Aldo Santos
La inmigración, el crecimiento no planificado y la informalidad, son los factores –aunque no los únicos- que contribuyen a que la ciudad de Juliaca esté sumida en una serie de problemas irresueltos, entre ellos el desorden que genera el transporte y el comercio informal, la inseguridad y las alarmantes tasas de contaminación, todo ello en medio de la bonanza económica que genera el intercambio comercial y la marcha de la industria local.
Juliaca sin duda es un importante polo de desarrollo económico, aunque no deja de llamarme la atención que en el Plan de Desarrollo Concertado aprobado por la comuna juliaqueña, resalte la visión de ser una “ciudad turística”, ya que Juliaca hace bastante tiempo opto por ser comercial y no precisamente turística.
Pero más allá de ello, el hecho de que los últimos días asistamos a un nuevo conflicto local en relación al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Mamani Paricahua, me lleva a plantear algunos temas necesarios para entender lo que viene ocurriendo actualmente.
Los reclamos en contra del deficiente servicio de Seda Juliaca, la empresa prestadora de servicios de agua, tienen su correlato en que muchos de los hogares juliaqueños disponen de agua potable sólo durante dos horas al día entre las tres y cinco de la madrugada.
El problema no es sólo responsabilidad de la gestión actual sino que también pone en tela de juicio la capacidad de planificación que tiene la municipalidad, hecho que es necesario sabiendo que el crecimiento demográfico en dicha provincia se ha incrementado en los últimos años y la población crece día a día.
No obstante, resulta paradójico que la actual gestión edil haya priorizado la construcción del polémico “tobosaurio” o el asfaltado de calles dejando de lado, la cobertura de este elemental servicio como es el agua potable.
En una provincia en la que, que según el último censo del 2007, sólo el 46.43% accede al servicio de agua potable y en pésimas condiciones, me pregunto si esa no debiera ser prioridad, lejos de la construcción de parques o tobosaurios que, si bien pueden ser necesarios, dejan de ser importantes cuando de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las (os) ciudadanas (os) juliaqueñas (os).
Resalto que estos hechos son contraproducentes en una ciudad en la que el crecimiento económico ha sido el principal factor para la explosión demográfica, una ciudad que se precia de ser comercial y haber alcanzado la prosperidad económica, la misma que se visibiliza en cada celebración de carnavales u otras festividades, pero que sin embargo no cuenta con servicios básicos como agua y desagüe, o son servicios de los que gozan sólo unos pocos.
He escuchado adjetivar a Juliaca de diversos modos como caótica, horrible, insegura, pero aún no conozco de propuestas programáticas que hagan de esta ciudad un lugar mejor para vivir. Imagino que los candidatos lo incluirán en su agenda para que los electores sepan elegir bajo esos criterios, porque finalmente cantidad de cosas, no significa necesariamente, calidad de vida.
Publicado en el diario Los Andes
La inmigración, el crecimiento no planificado y la informalidad, son los factores –aunque no los únicos- que contribuyen a que la ciudad de Juliaca esté sumida en una serie de problemas irresueltos, entre ellos el desorden que genera el transporte y el comercio informal, la inseguridad y las alarmantes tasas de contaminación, todo ello en medio de la bonanza económica que genera el intercambio comercial y la marcha de la industria local.
Juliaca sin duda es un importante polo de desarrollo económico, aunque no deja de llamarme la atención que en el Plan de Desarrollo Concertado aprobado por la comuna juliaqueña, resalte la visión de ser una “ciudad turística”, ya que Juliaca hace bastante tiempo opto por ser comercial y no precisamente turística.
Pero más allá de ello, el hecho de que los últimos días asistamos a un nuevo conflicto local en relación al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Mamani Paricahua, me lleva a plantear algunos temas necesarios para entender lo que viene ocurriendo actualmente.
Los reclamos en contra del deficiente servicio de Seda Juliaca, la empresa prestadora de servicios de agua, tienen su correlato en que muchos de los hogares juliaqueños disponen de agua potable sólo durante dos horas al día entre las tres y cinco de la madrugada.
El problema no es sólo responsabilidad de la gestión actual sino que también pone en tela de juicio la capacidad de planificación que tiene la municipalidad, hecho que es necesario sabiendo que el crecimiento demográfico en dicha provincia se ha incrementado en los últimos años y la población crece día a día.
No obstante, resulta paradójico que la actual gestión edil haya priorizado la construcción del polémico “tobosaurio” o el asfaltado de calles dejando de lado, la cobertura de este elemental servicio como es el agua potable.
En una provincia en la que, que según el último censo del 2007, sólo el 46.43% accede al servicio de agua potable y en pésimas condiciones, me pregunto si esa no debiera ser prioridad, lejos de la construcción de parques o tobosaurios que, si bien pueden ser necesarios, dejan de ser importantes cuando de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las (os) ciudadanas (os) juliaqueñas (os).
Resalto que estos hechos son contraproducentes en una ciudad en la que el crecimiento económico ha sido el principal factor para la explosión demográfica, una ciudad que se precia de ser comercial y haber alcanzado la prosperidad económica, la misma que se visibiliza en cada celebración de carnavales u otras festividades, pero que sin embargo no cuenta con servicios básicos como agua y desagüe, o son servicios de los que gozan sólo unos pocos.
He escuchado adjetivar a Juliaca de diversos modos como caótica, horrible, insegura, pero aún no conozco de propuestas programáticas que hagan de esta ciudad un lugar mejor para vivir. Imagino que los candidatos lo incluirán en su agenda para que los electores sepan elegir bajo esos criterios, porque finalmente cantidad de cosas, no significa necesariamente, calidad de vida.
Publicado en el diario Los Andes
jueves, septiembre 09, 2010
Inambari, ¿una hidroeléctrica necesaria?
Aldo SantosEn tiempos de petroaudios, faenones, clonadores y de campañas electorales ya nada debería sorprendernos, sin embargo, no deja de parecerme indignante que nuestro ex primer ministro y otros funcionarios públicos, estén involucrados en un escándalo mayúsculo de tráfico de influencias y la suspicacia me lleva a preguntar: ¿Acaso ese es el mecanismo “oficial” para el otorgamiento de concesiones en el Perú?
Puedo parecer desconfiado, pero hasta podría pensar que ese fue el procedimiento mediante el cual EGASUR S.A.C. y otras empresas, se hicieron con la concesión de otros megaproyectos en el país, sin embargo ese no es el tema de fondo y lo dejaré para una próxima entrega. Ahora me remitiré exclusivamente a escribir sobre si necesitamos o no el suministro energético que generaría la construcción de la hidroeléctrica de Inambari.
Según el Ingeniero Alfredo Novoa Peña, Presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, el Perú tiene un potencial de 22 000 MW en los Andes, lo que permitiría la construcción de centrales hidroeléctricas más pequeñas y por ende, con menos impactos socioambientales (tipo San Gabán). No sólo eso, el Perú cuenta con un potencial de generación eólica de 2000 MW a lo largo de los 3500 kilómetros de costa peruana.
Novoa añade que si a eso le sumamos el potencial de centrales usando concentradores parabólicos (Concentrated Solar Power, CSP) – en buen cristiano, energía solar- en los Andes y costa, superan los 10 000 MW. En suma, el Perú tiene un total de 52 millones de kW no explotados, lo que quiere decir que tenemos la posibilidad de desarrollar todos esos proyectos que parecen menos ambiciosos, pero que podrían ser más sostenibles económica, ambiental y socialmente.
Pero si eso te parece mucho número, seguramente sabes que la única “Evaluación de Potencial Hidroeléctrico Nacional”, se realizó en 1979 a través de un convenio entre el Estado peruano y la cooperación alemana, es decir actualmente no sabemos a ciencia cierta cuál es nuestro potencial hidroeléctrico, pues no se ha hecho el esfuerzo de actualizar dicho documento y nos manejamos con estudios de 1979 y lo que es peor sobre la base de supuestos y esfuerzos aislados que algunos técnicos buenamente realizan.
Entonces, ante la falta de documentos oficiales y serios, toda duda me parece razonable. Sin embargo ese no es el caso brasilero. Rodrigo Estrela, secretario de la embajada de Brasil en el Perú, manifestó en un evento público en Puerto Maldonado que Brasil necesitaba, según su plan de crecimiento, 2000 MW (una hidroeléctrica de Inambari) de energía por año, lamentablemente en el Perú no tenemos claro aún el para qué necesitamos la hidroeléctrica del Inambari.
Un dato extra, Mario Veiga Pereira, ex asesor del Ministerio de Minas y Energía del Brasil y actual presidente de la consultora PSR, señaló en un evento público organizado por el Banco Mundial, la CAF y el CIER el 2009 que, de prosperar la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, el “valor económico de este beneficio para Brasil sería de 216 millones de dólares por año”, entre otras razones porque el represamiento del Inambari permitiría regular y asegurar las dos represas (San Antonio y Jirau) que Brasil pretende construir en el río Madeira (aguas abajo del río Inambari).
Con todos esos argumentos me sigo preguntando ¿quién necesita realmente la construcción de la hidroeléctrica del Inambari? Lo dejo a criterio vuestro.
Publicado en el diario Los Andes
Bahuaja Sonene
Aldo SantosPoco más de un millón de hectáreas la convierten en una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del país; cerca del 70% de su composición se halla en Puno y el 30% restante en Madre de Dios. Paisajes y más de 1088 especies de fauna registradas, hacen del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) un ecosistema único en el país y en el mundo.
El Bahuaja Sonene, garantiza la protección de cabeceras de cuenca que, como el río Tambopata, se constituye en uno de los principales afluentes del río Madre de Dios, garantía de alimentación y suministro de agua para las comunidades nativas y centros urbanos del bajo Tambopata (Madre de Dios). Por estas y otras razones más, la National Geographic Society lo ha declarado como uno de los siete santuarios más emblemáticos del mundo el año 2002.
Paradójicamente, pese a su diversidad, es también un ecosistema sumamente frágil y su conservación depende, en gran medida, de todas las actividades que se desarrollan en las áreas que lo circundan, en las llamadas Zonas de Amortiguamiento. El crecimiento no planificado de centros urbanos, la ampliación de la frontera agrícola, la minería informal y la tala ilegal, continúan siendo los problemas más delicados que el Bahuaja Sonene enfrenta hoy.
Toda esta problemática fue ampliamente expuesta en un documento que se elaboró el año 2004, en él se plantearon incluso recomendaciones para mitigar los impactos negativos que la presencia humana estaba ocasionando en el Área Protegida; el Plan Maestro parecía inaugurar una nueva etapa en la gestión del PNBS, luego de su creación el año de 1996 (y su ampliación el año 2000). Cinco años después, la problemática parece ser mayor y el espíritu con el que se concibió el Plan Maestro, no ha tenido muchos frutos positivos.
A la amenaza gubernamental de recorte en su composición para abrir la posibilidad de explotar hidrocarburos el año 2007, se ha sumado la indiferencia e irresponsabilidad de un Gobierno Regional que como el puneño ha hecho muy poco por promover políticas de desarrollo en la Amazonía puneña. La selva continúa siendo un espacio negado en el imaginario regional altiplánico, muy a pesar de que en la selva, y de espaldas al gobierno y “élites” regionales, se ha venido desarrollando quizá la única actividad económica, junto a la exportación de truchas de Arapa, que hace que el aporte puneño figure en los índices de exportación nacional. Nos referimos a la producción cafetalera.
El mejor café del Perú, según los resultados del concurso nacional de cafés, se produce en Puno, galardón que los cafetaleros del Alto Tambopata reciben por tercer año consecutivo. Café sembrado y cosechado en la Zona de Amortiguamiento del PNBS, esfuerzo de cafetaleros que, por más de medio siglo, han generado las condiciones para que mercados como el Europeo y Norteamericano se abastezcan hoy de su producción.
La organización en la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y el apoyo de Organismos No Gubernamentales que deben su presencia a la existencia del PNBS han sido fundamentales para lograr tal cometido. Aún con sus limitaciones, la experiencia de los cafetaleros de Yanahuaya, San Juan del Oro y Putina Punco, continúa siendo una muestra de éxito, en un contexto en el que todas las condiciones, incluida la geografía, continúan siendo adversas.
El Gobierno Regional puneño podría empezar por promover el ordenamiento territorial en las cuencas del Inambari y el Tambopata, mejorar los sistemas de gestión de residuos sólidos y aguas servidas. El río no puede seguir siendo el botadero ni el desagüe a lo largo de las cuencas. Iniciar un proceso de formalización y establecer áreas para la realización de actividades mineras; promover un programa de manejo agroforestal sostenible y sobretodo, proponer políticas y programas que acojan la particularidad de la Amazonía puneña buscando su desarrollo y su incorporación en las dinámicas de desarrollo regional, más allá de ser una “despensa” del Ande.
Publicado en el diario Los Andes
La fiebre del oro
Aldo Santos
Idalgo Palomino y James Cuba son dos jóvenes de su tiempo y disfrutan escuchando a la aclamada Clavelina de los Andes y a Los gentiles, así lo hacen notar mientras tararean las canciones de la radio. Ellos, como muchos otros jóvenes, padecen las consecuencias de oportunidades negadas, las restricciones del sistema educativo y la limitada presencia estatal en sus comunidades, aunque ello parezca importarles poco cuando de oír a sus referentes musicales se trata.
Empacaron, se montaron en motocicletas y caminaron durante seis horas a través de escarpadas montañas para llegar al borde de la carretera y esperar a que alguna unidad de transporte pueda acercarlos a su destino. Han salido de casa para buscar trabajo me dicen. Hoy la elegida es la empresa concesionaria que asfalta la carretera Interoceánica Sur, ayer fue Huepetuhe, un centro minero ilegal ubicado en Madre de Dios.
“Ojalá que nos acepten, hemos venido a probar suerte” dice un desconfiado Idalgo que parece el más curtido en este tipo de hazañas. “¿Cómo está la cosa en Huepetuhe, dicen que es bravo?”, pregunta James y les advierto de los peligros que se corren en aquel lugar, aún sabiendo que mis advertencias serán poco relevantes cuando eventualmente ellos tomen la decisión de ir a buscar trabajo a algún centro minero ilegal en la Amazonía sur del Perú.
Ambos nacieron en Icaco, un pequeño centro poblado ubicado en las nacientes de la selva de la provincia de Carabaya en Puno, “es bonito, ven a visitar cuando quieras”, reitera James, quien trata de graficar otros aspectos que hacen maravilloso Icaco, Ayapata e Ituata, lejos de la notoriedad que han adquirido los últimos años, por albergar a los centros de minería ilegal en los que se han producido las tragedias más mediáticas.
Más de treinta muertes producto de dos deslizamientos de lodo o enfrentamientos armados han hecho célebres a los distritos de Ituata y Ayapata, tomados hoy por oscuros intereses que tienen entre sus implicados a un polémico alcalde distrital y a un congresista de la República. Tragedias que seguramente tienen como víctimas a jóvenes que como James o Idalgo, encuentran en la minería y la ilegalidad, una alternativa para llenar el vacío que deja la necesidad.
Y es que la necesidad es el alimento perfecto para la codicia de “los varones del oro”, cuyo afán ha encontrado en las inhóspitas montañas que rodean Ayapata, Ituata, Huepetuhe, Limonchayoc o Masiapo, lugares fértiles o “económicamente rentables”, lejos de la presencia estatal y terciando cualquier asomo de formalidad.
Un escenario cotidiano y al que probablemente nos hemos adaptado, para recordarnos que aquellos lugares como, Playa Azul, Balcón de Oro o Corimayo eran parte de nuestro país y nuestra región y que una vez más llaman la atención por tragedias en las que la mano de obra barata de hombres y mujeres vuelve a ser la principal víctima.
Los próximos días, la noticia de que el último lunes 29 de marzo doce personas de un campamento minero fueron sepultadas por un alud, continuarán en la agenda noticiosa, pero lamentablemente muy pronto olvidaremos a quienes como James o Idalgo, trabajan como carne de cañón día a día en tantos otros centros de minería ilegal.
Publicado en en diario Los Andes
Idalgo Palomino y James Cuba son dos jóvenes de su tiempo y disfrutan escuchando a la aclamada Clavelina de los Andes y a Los gentiles, así lo hacen notar mientras tararean las canciones de la radio. Ellos, como muchos otros jóvenes, padecen las consecuencias de oportunidades negadas, las restricciones del sistema educativo y la limitada presencia estatal en sus comunidades, aunque ello parezca importarles poco cuando de oír a sus referentes musicales se trata.
Empacaron, se montaron en motocicletas y caminaron durante seis horas a través de escarpadas montañas para llegar al borde de la carretera y esperar a que alguna unidad de transporte pueda acercarlos a su destino. Han salido de casa para buscar trabajo me dicen. Hoy la elegida es la empresa concesionaria que asfalta la carretera Interoceánica Sur, ayer fue Huepetuhe, un centro minero ilegal ubicado en Madre de Dios.
“Ojalá que nos acepten, hemos venido a probar suerte” dice un desconfiado Idalgo que parece el más curtido en este tipo de hazañas. “¿Cómo está la cosa en Huepetuhe, dicen que es bravo?”, pregunta James y les advierto de los peligros que se corren en aquel lugar, aún sabiendo que mis advertencias serán poco relevantes cuando eventualmente ellos tomen la decisión de ir a buscar trabajo a algún centro minero ilegal en la Amazonía sur del Perú.
Ambos nacieron en Icaco, un pequeño centro poblado ubicado en las nacientes de la selva de la provincia de Carabaya en Puno, “es bonito, ven a visitar cuando quieras”, reitera James, quien trata de graficar otros aspectos que hacen maravilloso Icaco, Ayapata e Ituata, lejos de la notoriedad que han adquirido los últimos años, por albergar a los centros de minería ilegal en los que se han producido las tragedias más mediáticas.
Más de treinta muertes producto de dos deslizamientos de lodo o enfrentamientos armados han hecho célebres a los distritos de Ituata y Ayapata, tomados hoy por oscuros intereses que tienen entre sus implicados a un polémico alcalde distrital y a un congresista de la República. Tragedias que seguramente tienen como víctimas a jóvenes que como James o Idalgo, encuentran en la minería y la ilegalidad, una alternativa para llenar el vacío que deja la necesidad.
Y es que la necesidad es el alimento perfecto para la codicia de “los varones del oro”, cuyo afán ha encontrado en las inhóspitas montañas que rodean Ayapata, Ituata, Huepetuhe, Limonchayoc o Masiapo, lugares fértiles o “económicamente rentables”, lejos de la presencia estatal y terciando cualquier asomo de formalidad.
Un escenario cotidiano y al que probablemente nos hemos adaptado, para recordarnos que aquellos lugares como, Playa Azul, Balcón de Oro o Corimayo eran parte de nuestro país y nuestra región y que una vez más llaman la atención por tragedias en las que la mano de obra barata de hombres y mujeres vuelve a ser la principal víctima.
Los próximos días, la noticia de que el último lunes 29 de marzo doce personas de un campamento minero fueron sepultadas por un alud, continuarán en la agenda noticiosa, pero lamentablemente muy pronto olvidaremos a quienes como James o Idalgo, trabajan como carne de cañón día a día en tantos otros centros de minería ilegal.
Publicado en en diario Los Andes
La huella del tigre
Aldo Santos
Las mujeres y hombres Arasaire dominaban la cuenca del río Arasa y parte del Inambari, de allí su procedencia, en los límites de lo que hoy son las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios. Hoy, gran parte de su territorio ha dejado de pertenecerles, sucesivas invasiones y la voracidad de los “nuevos dueños” ha terminado por reducir su espacio a pequeñas comunidades asentadas en las márgenes de la carretera Interoceánica.
Pero los Arasaire también le dieron nombre a Huepetuhe, que en su lengua significa “huella de tigre”; sin embargo Huepetuhe tiene hoy otras connotaciones que difieren totalmente de aquel significado original que denotaba la presencia de tigres o propiamente otorongos en la zona, sólo para escribir sobre una de las tantas especies que se han visto afectadas por el asentamiento de nuevos centros urbanos y actividades como, la tala y la minería ilegal.
Me enteré de Huepetuhe por relatos que narraban hazañas de camioneros y comerciantes que abastecían el asentamiento humano, más tarde por recortes periodísticos que revelaban los alarmantes índices de contaminación ambiental que existen en la zona y el último tiempo porque visite el lugar.
Lejos de toda suposición, crucé el río Inambari, recorrí a bordo de una camioneta el camino que separa a la capital del distrito del puerto Punkiri y me interné en medio de las montañas de arena que más allá de remitirme a la Amazonía, parecían el escenario de un asentamiento humano en medio del desierto costero. Volquetes, cientos de volquetes, cargadores frontales y modernos motores operados por grupos de hombres repetían la misma hazaña día y noche.
Las noches con sus bares, discotecas, prostíbulos y mucho derroche son la combinación perfecta para un lugar que se ha convertido en el icono de la minería ilegal en el país. El puesto policial parece un guiño o un disimulo estatal para hacer sentir su presencia, lo mismo la Municipalidad que pareciera competir con los gallinazos en ver quién se lleva primero los desechos.
Pero los efectos de la minería ilegal no sólo son ambientales. Trata de personas, cuyas víctimas son menores de edad que llegan en calidad de esclavas sexuales; trabajo en condiciones inhumanas, con mano de obra barata que generalmente procede de regiones altoandinas como Cusco y Puno, que exponen su vida diariamente a riesgo de morir y ser abandonados sin contar con ningún seguro de vida, violencia, delincuencia, corrupción y todos los efectos que genera una actividad ilícita.
Y claro, los “varones del oro” que a bordo de lujosas camionetas recorren amenazantes el pequeño poblado. Un contraste del que se habla poco aunque parezca una expresión surreal ver una camioneta del año, en medio de precarias viviendas de madera y techo de calamina, lo mismo que la moderna maquinaria que se emplea para la extracción de oro.
En este preciso instante las mismas escenas se repiten: Proveedores de combustible, vendedores de maquinaria y mercurio siguen nutriendo el negocio minero, proxenetas siguen ofertando servicios sexuales de menores de edad, nuevos migrantes del ande siguen llegando como carne de cañón para ganarse la vida, los “varones del oro” siguen engordando sus billeteras, los ríos se siguen cargando de mercurio y mujeres, hombres y niños se siguen llenando de él.
Ese es el rostro de la ilegalidad, ¿acaso el escenario es distinto en tantos otros asentamientos mineros como Ananea, La Rinconada, Limonchayoc o Winchumayo? Tengo la certeza de que Huepetuhe se ha globalizado y asistimos a lo que Alberto Acosta llama “La maldición de la abundancia”, donde lo patrimonial -el sólo tener- ha reemplazado al objetivo del crecimiento económico, que es el vivir dignamente.
Publicado en el diario Los Andes
Las mujeres y hombres Arasaire dominaban la cuenca del río Arasa y parte del Inambari, de allí su procedencia, en los límites de lo que hoy son las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios. Hoy, gran parte de su territorio ha dejado de pertenecerles, sucesivas invasiones y la voracidad de los “nuevos dueños” ha terminado por reducir su espacio a pequeñas comunidades asentadas en las márgenes de la carretera Interoceánica.
Pero los Arasaire también le dieron nombre a Huepetuhe, que en su lengua significa “huella de tigre”; sin embargo Huepetuhe tiene hoy otras connotaciones que difieren totalmente de aquel significado original que denotaba la presencia de tigres o propiamente otorongos en la zona, sólo para escribir sobre una de las tantas especies que se han visto afectadas por el asentamiento de nuevos centros urbanos y actividades como, la tala y la minería ilegal.
Me enteré de Huepetuhe por relatos que narraban hazañas de camioneros y comerciantes que abastecían el asentamiento humano, más tarde por recortes periodísticos que revelaban los alarmantes índices de contaminación ambiental que existen en la zona y el último tiempo porque visite el lugar.
Lejos de toda suposición, crucé el río Inambari, recorrí a bordo de una camioneta el camino que separa a la capital del distrito del puerto Punkiri y me interné en medio de las montañas de arena que más allá de remitirme a la Amazonía, parecían el escenario de un asentamiento humano en medio del desierto costero. Volquetes, cientos de volquetes, cargadores frontales y modernos motores operados por grupos de hombres repetían la misma hazaña día y noche.
Las noches con sus bares, discotecas, prostíbulos y mucho derroche son la combinación perfecta para un lugar que se ha convertido en el icono de la minería ilegal en el país. El puesto policial parece un guiño o un disimulo estatal para hacer sentir su presencia, lo mismo la Municipalidad que pareciera competir con los gallinazos en ver quién se lleva primero los desechos.
Pero los efectos de la minería ilegal no sólo son ambientales. Trata de personas, cuyas víctimas son menores de edad que llegan en calidad de esclavas sexuales; trabajo en condiciones inhumanas, con mano de obra barata que generalmente procede de regiones altoandinas como Cusco y Puno, que exponen su vida diariamente a riesgo de morir y ser abandonados sin contar con ningún seguro de vida, violencia, delincuencia, corrupción y todos los efectos que genera una actividad ilícita.
Y claro, los “varones del oro” que a bordo de lujosas camionetas recorren amenazantes el pequeño poblado. Un contraste del que se habla poco aunque parezca una expresión surreal ver una camioneta del año, en medio de precarias viviendas de madera y techo de calamina, lo mismo que la moderna maquinaria que se emplea para la extracción de oro.
En este preciso instante las mismas escenas se repiten: Proveedores de combustible, vendedores de maquinaria y mercurio siguen nutriendo el negocio minero, proxenetas siguen ofertando servicios sexuales de menores de edad, nuevos migrantes del ande siguen llegando como carne de cañón para ganarse la vida, los “varones del oro” siguen engordando sus billeteras, los ríos se siguen cargando de mercurio y mujeres, hombres y niños se siguen llenando de él.
Ese es el rostro de la ilegalidad, ¿acaso el escenario es distinto en tantos otros asentamientos mineros como Ananea, La Rinconada, Limonchayoc o Winchumayo? Tengo la certeza de que Huepetuhe se ha globalizado y asistimos a lo que Alberto Acosta llama “La maldición de la abundancia”, donde lo patrimonial -el sólo tener- ha reemplazado al objetivo del crecimiento económico, que es el vivir dignamente.
Publicado en el diario Los Andes
viernes, abril 30, 2010
Inambari, la hidroeléctrica de las dudas
Por: Aldo SantosSi a ti también te contaron el cuento de que cualquier megaproyecto significa desarrollo, si los constantes apagones te hacen maldecir a Electro Puno, a la central hidroeléctrica de San Gabán y demás empresas responsables de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y por lo tanto añorar al proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, aquí algunos elementos que debes tener presente.
De prosperar la construcción de la hidroeléctrica del Inambari, desplazaría a 60 Centros Poblados, que según las cifras más optimistas significan cerca de 8,000 personas y por si eso fuera poco se emitiría 5 millones de toneladas dióxido de carbono a la atmosfera, todo ello en un contexto de calentamiento global y cambio climático.
Por si no lo sabes, según el estudio del Tyndall Center for Climate Change Resarch, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Honduras y Bangladesh. Los últimos aludes y huaycos en el centro del país o las intensas lluvias en Cusco y Puno, no son parte de ninguna película de ficción.
Se destruiría el hábitat de 14 especies de mamíferos por la inundación de 37 mil hectáreas de bosque (37 mil estadios nacionales), ello sin contar la deforestación que provocaría la construcción de las líneas de transmisión, que deben cruzar la frontera peruano brasilera.
Pero eso no es todo, según el informe de la Comisión Mundial de Represas m-órgano creado por el Banco Mundial-, entre otros impactos sociales y ambientales más, las represas pueden aumentar la vulnerabilidad de la zona a terremotos debido al peso del agua sobre el suelo; eso hace que las represas sean una amenaza permanente para las poblaciones que viven en la parte baja de la cuenca, en especial en regiones sísmicas.
El informe dice más y señala que los embalses, como en el caso del Inambari, retienen minerales valiosos como el oro, ocasionando conflictos con quienes se dedican a la extracción del recurso o peor aún promoviendo su migración hacia otras áreas. También se debe tener en cuenta que el lodo anaeróbico (acumulado en el fondo de la represa, resultado de la falta de oxígeno), se convierte en algo parecido o equivalente a los relaves mineros.
Si crees que ese rollo es solamente ambientalista y ecologista, debes saber que la inundación que provocaría el embalse de la hidroeléctrica inundaría 106 kms. de asfaltado de la carretera Interoceánica Sur, lo que en cifras significa cerca de 100 millones de dólares literalmente bajo el agua; y sólo en Puno se inundarían 19 colegios y escuelas, sin contar centros de salud y demás infraestructura que limitadamente el Estado ha construido en la zona.
Por si esas no son razones suficientes para dudar del megaproyecto, debo decirte que en Brasil se están llevando adelante proyectos de la misma magnitud (Jirau, San Antonio, Belo Monte) y en todos los casos las poblaciones se han opuesto radicalmente, ¿acaso las(os) brasileras(os) son “perros del hortelano” también? Y un último dato, el Perú no necesita, en el corto y mediano plazo, la energía que generaría la hidroeléctrica de Inambari, ya que el suministro de energía está garantizado por el momento.
Con todo ello, no me quedan más argumentos que la duda sobre la viabilidad de este megaproyecto, cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales siguen pareciendo negativas para todas(os) las(os) peruanas(os).
Publicado en el diario Los Andes
Consignas pre electorales
Por: Aldo Santos
Si eres de los que se negaron a votar por el “mal menor”, si tu candidato te decepcionó apenas se sentó en ese lugar que llaman “sillón presidencial”, si eres de los que piensan que la pendejada no es compatible (o no debe serlo) con la política y si eres parte de ese reducido y selecto grupo que no está de acuerdo con los que piensan: “que robe, pero que haga obras”. Esta columna está dedicada a ti, aunque seas la gran minoría de este país.
Sé que las encuestadoras te ubican entre los 1.3% de electores o que tu candidato apenas llega a la segunda vuelta y que privilegias la elección por sus capacidades y no por sus alianzas de poder, su simpatía o su cara bonita. Bienvenido a ese enajenado movimiento político cuya bandera es la conciencia política, y que cada cinco años se agolpa casi en la clandestinidad a las urnas sin más líder que la libertad de elegir su futuro y el de su país.
Estoy convencido de que no deja de indignarte el ver a nuestros ministros desfilar rindiéndole culto a un empresario dominicano, y que el “juro por Dios y por la plata” tiene su correlato en “petroaudios”, “vladivideos” y todo lo demás. Y claro, “a los peruanos le gusta la cochinada”, dirán algunos que reivindican el morbo como patrimonio cultural, del que ya estás harto.
Y aunque ya olvidaste el nombre de los 12 incas y de los virreyes, recuerdas a la perfección esos españoles que te conquistaron ahora se mofan de los bolsillos de todos los peruanos gracias a las flamantes negociaciones (“Somos más, pagamos menos”) de nuestros padres de la patria. Sin embargo por allí no va la historia. Tanto floro que aprendimos en el colegio sirve muy poco la verdad cuando no somos capaces de reconocer y analizar nuestra propia realidad y los intereses y “juegos” políticos que giran alrededor.
Y como toda campaña política, para que veas que también tengo mi candidata y porque falta muy poco para noviembre, debo confesar que mi campaña –por la selva- ha comenzado. Me sumaré a las voces que opinan sobre la hidroeléctrica del Inambari y es que los puneños nos acordamos que no solamente éramos lago, islas flotantes, Candelaria y carnavales, sino que también teníamos Amazonía y había un río que se llamaba Inambari y que unos empresarios brasileros quieren construir una hidroeléctrica en su cuenca.
La verdad, no está mal que nuestro ser altiplánico se abra a la Amazonía puneña. La selva ha sido una realidad que hemos negado durante varios años, y de la que lamentablemente nos hemos acordado cuando hay tragedias como la de Winchumayo, el paro cocalero de San Gabán el 2004, el probable recorte del Parque Nacional Bahuaja Sonene el 2007 y recientemente, con la oposición que existe en contra de un proyecto hidroeléctrico sumamente ambiguo.
Entiendo que, ante la actual coyuntura política de promoción de concesiones y extracción de recursos, la oposición sea una herramienta legítima, pero lo que me cuesta entender es el por qué ningún político ha presentado un plan de desarrollo para la Amazonía puneña y por qué nuestros Gobiernos Regionales siguen invirtiendo miserias en la selva. ¿Acaso no basta con que el Parque Nacional Bahuaja Sonene sea considerado una maravilla natural y que los cafetaleros de la cuenca alta del río Tambopata produzcan el mejor café del Perú?
Por si acaso, el alto Tambopata y el Bahuaja Sonene están en Puno y aunque a muchos políticos les cueste decir algo coherente sobre la selva puneña, estoy seguro que tu y yo, podremos decir que ese sea un criterio para decidir si votamos por ellos o no en las elecciones próximas. Promovamos nuestra selva, sintámonos orgullosas/os del Bahuaja Sonene y del café puneño. Hagamos política, porque a este paso otro experimento igual al de Fuentes, en la presidencia regional, sería francamente nefasto.
Publicado en el diario Los Andes
Si eres de los que se negaron a votar por el “mal menor”, si tu candidato te decepcionó apenas se sentó en ese lugar que llaman “sillón presidencial”, si eres de los que piensan que la pendejada no es compatible (o no debe serlo) con la política y si eres parte de ese reducido y selecto grupo que no está de acuerdo con los que piensan: “que robe, pero que haga obras”. Esta columna está dedicada a ti, aunque seas la gran minoría de este país.
Sé que las encuestadoras te ubican entre los 1.3% de electores o que tu candidato apenas llega a la segunda vuelta y que privilegias la elección por sus capacidades y no por sus alianzas de poder, su simpatía o su cara bonita. Bienvenido a ese enajenado movimiento político cuya bandera es la conciencia política, y que cada cinco años se agolpa casi en la clandestinidad a las urnas sin más líder que la libertad de elegir su futuro y el de su país.
Estoy convencido de que no deja de indignarte el ver a nuestros ministros desfilar rindiéndole culto a un empresario dominicano, y que el “juro por Dios y por la plata” tiene su correlato en “petroaudios”, “vladivideos” y todo lo demás. Y claro, “a los peruanos le gusta la cochinada”, dirán algunos que reivindican el morbo como patrimonio cultural, del que ya estás harto.
Y aunque ya olvidaste el nombre de los 12 incas y de los virreyes, recuerdas a la perfección esos españoles que te conquistaron ahora se mofan de los bolsillos de todos los peruanos gracias a las flamantes negociaciones (“Somos más, pagamos menos”) de nuestros padres de la patria. Sin embargo por allí no va la historia. Tanto floro que aprendimos en el colegio sirve muy poco la verdad cuando no somos capaces de reconocer y analizar nuestra propia realidad y los intereses y “juegos” políticos que giran alrededor.
Y como toda campaña política, para que veas que también tengo mi candidata y porque falta muy poco para noviembre, debo confesar que mi campaña –por la selva- ha comenzado. Me sumaré a las voces que opinan sobre la hidroeléctrica del Inambari y es que los puneños nos acordamos que no solamente éramos lago, islas flotantes, Candelaria y carnavales, sino que también teníamos Amazonía y había un río que se llamaba Inambari y que unos empresarios brasileros quieren construir una hidroeléctrica en su cuenca.
La verdad, no está mal que nuestro ser altiplánico se abra a la Amazonía puneña. La selva ha sido una realidad que hemos negado durante varios años, y de la que lamentablemente nos hemos acordado cuando hay tragedias como la de Winchumayo, el paro cocalero de San Gabán el 2004, el probable recorte del Parque Nacional Bahuaja Sonene el 2007 y recientemente, con la oposición que existe en contra de un proyecto hidroeléctrico sumamente ambiguo.
Entiendo que, ante la actual coyuntura política de promoción de concesiones y extracción de recursos, la oposición sea una herramienta legítima, pero lo que me cuesta entender es el por qué ningún político ha presentado un plan de desarrollo para la Amazonía puneña y por qué nuestros Gobiernos Regionales siguen invirtiendo miserias en la selva. ¿Acaso no basta con que el Parque Nacional Bahuaja Sonene sea considerado una maravilla natural y que los cafetaleros de la cuenca alta del río Tambopata produzcan el mejor café del Perú?
Por si acaso, el alto Tambopata y el Bahuaja Sonene están en Puno y aunque a muchos políticos les cueste decir algo coherente sobre la selva puneña, estoy seguro que tu y yo, podremos decir que ese sea un criterio para decidir si votamos por ellos o no en las elecciones próximas. Promovamos nuestra selva, sintámonos orgullosas/os del Bahuaja Sonene y del café puneño. Hagamos política, porque a este paso otro experimento igual al de Fuentes, en la presidencia regional, sería francamente nefasto.
Publicado en el diario Los Andes
miércoles, abril 14, 2010
Detras de la cortina
Del catolicismo guardo buenos recuerdos, la escuela, el colegio, las festividades religiosas y todo el entramado religioso que inunda nuestra cultura andina. Jugué a ser ateo cuando adolescente, en un mundo cada vez más globalizado y como en joda conocí a Ernesto “Che” Guevara, me entere de Cuba y Fidel Castro, de Salvador Allende, José Carlos Mariátegui o Javier Heraud, todos estos hombres maquillados de un halo de bondad, buenos modales y hondura intelectual. La mayoría había muerto entonces.
La universidad significó una gran estafa, aulas secuestradas por verbo florido y mediocre opacan fácilmente a los escasos dos maestros que tuve en sus aulas. En aquella época en la que me creía de “izquierda”, me revelé contra Dios y reivindiqué la ciencia Nietscheana; años más tarde y luego de una fallida militancia político –partidaria en un partido “caviar” habría de comprobar empíricamente que la política puede servir también como instrumento de división, venganza y que urgía renovarla y es que, o haces política o te la hacen.
Hoy, lejos de la universidad, de la Iglesia Católica y de aquella “izquierda” que conocí a través de personajes muertos, me reconozco más como el común de las peruanas y peruanos cansados de tanta ironía, frivolidad y el atropello mayúsculo de la clase política que ha gobernado y gobierna este país. Desde Alan García, Fujimori y Toledo, siento que las cosas no han cambiado mucho.
Coincidencia o fruto de la campaña publicitaria en la elección de los 90, cuando apenas tenía diez años, apoyaba acérrimamente la campaña del FREDEMO que presidía Mario Vargas Llosa. -¿Será esa mi raíz liberal?- Luego del gobierno de Fujimori habría de saber que aún con diez años, mi intuición política no era errada. En este país la meritocracia es una sinrazón, aún hoy no logro explicarme cómo un don nadie como Fujimori pudo haberle ganado las elecciones a Vargas Llosa que, al margen de mis discrepancias políticas con él, es, junto al gran Vallejo, el escritor más universal que ha tenido el Perú.
Tampoco logro explicarme como Alan García pudo haber sido reelegido presidente, después de haber huido del país como un prontuariado delincuente y últimamente como el simple hecho de ser hijo o hija de un ex presidente asesino y corrupto puede bastar para ocupar un lugar en la política y en las decisiones del país. Como reza el dicho, son cosas del Orinoco, que tú no sabes, ni yo tampoco.
Sí, también crecí en medio de coches bomba, toques de queda, torres de luz dinamitadas, pintas y banderas rojas en las partes altas de las ciudades y escuché hablar del famoso Azángaro, ese era el escenario cotidiano, parte de la normalidad y las noticias diarias. De pronto, un día aquello dejó de ser parte de lo “normal” y la situación era otra, vino el paquetazo, el autogolpe del 92 y comenzó lo que algunos no habíamos presagiado con el gobierno de Fujimori y Montesinos, aunque hoy muchos periodistas, “intelectuales” y tecnócratas pasen piola, valdría bien hacer memoria de su apoyo incondicional a aquella dictadura que terminó por embrutecernos y quitarnos lo más valioso. Nuestra libertad.
Así develo esta cortina de humo hablando de la política, de los políticos, con una desesperanza que sólo contravengo con terquedad altiplánica de que algo puede cambiar y seguro de que es más chévere tomarse unas chelas, escuchar a los Beatles, Silvio Rodriguez, bailar saya o tocar sikuri, pero trataré de que sea bacán leerme de cuando en cuando.
Publicado en el diario Los Andes
La universidad significó una gran estafa, aulas secuestradas por verbo florido y mediocre opacan fácilmente a los escasos dos maestros que tuve en sus aulas. En aquella época en la que me creía de “izquierda”, me revelé contra Dios y reivindiqué la ciencia Nietscheana; años más tarde y luego de una fallida militancia político –partidaria en un partido “caviar” habría de comprobar empíricamente que la política puede servir también como instrumento de división, venganza y que urgía renovarla y es que, o haces política o te la hacen.
Hoy, lejos de la universidad, de la Iglesia Católica y de aquella “izquierda” que conocí a través de personajes muertos, me reconozco más como el común de las peruanas y peruanos cansados de tanta ironía, frivolidad y el atropello mayúsculo de la clase política que ha gobernado y gobierna este país. Desde Alan García, Fujimori y Toledo, siento que las cosas no han cambiado mucho.
Coincidencia o fruto de la campaña publicitaria en la elección de los 90, cuando apenas tenía diez años, apoyaba acérrimamente la campaña del FREDEMO que presidía Mario Vargas Llosa. -¿Será esa mi raíz liberal?- Luego del gobierno de Fujimori habría de saber que aún con diez años, mi intuición política no era errada. En este país la meritocracia es una sinrazón, aún hoy no logro explicarme cómo un don nadie como Fujimori pudo haberle ganado las elecciones a Vargas Llosa que, al margen de mis discrepancias políticas con él, es, junto al gran Vallejo, el escritor más universal que ha tenido el Perú.
Tampoco logro explicarme como Alan García pudo haber sido reelegido presidente, después de haber huido del país como un prontuariado delincuente y últimamente como el simple hecho de ser hijo o hija de un ex presidente asesino y corrupto puede bastar para ocupar un lugar en la política y en las decisiones del país. Como reza el dicho, son cosas del Orinoco, que tú no sabes, ni yo tampoco.
Sí, también crecí en medio de coches bomba, toques de queda, torres de luz dinamitadas, pintas y banderas rojas en las partes altas de las ciudades y escuché hablar del famoso Azángaro, ese era el escenario cotidiano, parte de la normalidad y las noticias diarias. De pronto, un día aquello dejó de ser parte de lo “normal” y la situación era otra, vino el paquetazo, el autogolpe del 92 y comenzó lo que algunos no habíamos presagiado con el gobierno de Fujimori y Montesinos, aunque hoy muchos periodistas, “intelectuales” y tecnócratas pasen piola, valdría bien hacer memoria de su apoyo incondicional a aquella dictadura que terminó por embrutecernos y quitarnos lo más valioso. Nuestra libertad.
Así develo esta cortina de humo hablando de la política, de los políticos, con una desesperanza que sólo contravengo con terquedad altiplánica de que algo puede cambiar y seguro de que es más chévere tomarse unas chelas, escuchar a los Beatles, Silvio Rodriguez, bailar saya o tocar sikuri, pero trataré de que sea bacán leerme de cuando en cuando.
Publicado en el diario Los Andes
viernes, octubre 30, 2009
Hidrocarburos y Comunidades Nativas, conflictos en Madre de Dios
Por: Aldo SantosUn grupo aproximado de 200 indígenas de las etnias Harakmbut, Yine y Matsigenka arribó a la localidad de Salvación, capital de la provincia de Manu en la región de Madre de Dios el último lunes 26 del presente, la consigna fue la de desalojar al personal de la petrolera Hunt Oil, dando cumplimiento a la advertencia que lanzaran días antes a través del blog de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD).
En aquella oportunidad Adan Corisepa, daba un ultimátum a la empresa de hidrocarburos exhortándolos a que abandonaran la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), lugar en el que la norteamericana Hunt Oil viene realizando labores previas a la exploración de hidrocarburos desde el año 2007 en el Lote N° 76, ubicado en los límites de las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios.
El lote de hidrocarburos se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri, abarca una porción del Parque Nacional del Manu y su Zona de Amortiguamiento (ZA) y parte de la ZA del Parque Nacional Bahuaja Sonene, tres Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se hallan dentro del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, estrategia de conservación que agrupa a Áreas Protegidas de Bolivia y Perú.
Más allá de la interrelación de la RCA con otras Áreas Protegidas, lo preocupante en este caso es el proceso previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitió que Hunt Oil y Repsol pudieran desarrollar sus labores al interior de la reserva. Actas firmadas con poca representatividad y acuerdos incumplidos son el indicador de un proceso de negociación viciado que tiene hoy enfrentados a indígenas y a representantes de la empresa.
La FENAMAD se ha pronunciado en contra de la exploración de hidrocarburos en diferentes oportunidades y ha alcanzado un documento con observaciones técnicas al primer EIA presentado por la empresa. Por su parte, el Ejecutor del Contrato de Administración (ECA), representante de las Comunidades Nativas para la administración de la reserva, también ha mostrado su disconformidad ante la presencia de Hunt Oil en su territorio.
Asimismo, el Consejo Harakmbut, Yine y Matsigenka (COHARYIMA), instancia máxima de representación de las Comunidades Nativas de Madre de Dios (junto a FENAMAD) lo mismo, en ese contexto y aprovechando la aceptación de algunas comunidades, con quienes Hunt Oil negoció individualmente, las tensiones se han hecho más evidentes y pueden desencadenar en un conflicto de dramáticas consecuencias.
Desde el sábado 24, hasta hoy nativos de las ocho comunidades beneficiarias de la reserva se han apostado en Salvación exigiendo el cese de operaciones de Hunt Oil y se conforme una comisión de alto nivel conformada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, además de los ejecutivos de Hunt Oil.
En el lugar también se encuentran representantes de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) y las autoridades locales de Manu y Kosñipata quienes respaldan la protesta de las Comunidades Nativas. Hasta el momento sólo la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú -que ha reforzado su contingente policial- han tomado nota de la movilización.
En ese sentido, llama poderosamente la atención que el Gobierno Regional de Madre de Dios no se haya pronunciado hasta el momento y mantenga una posición, por decirlo menos, pasiva aún conociendo el conflicto generado. Asimismo, urge que se genere un mecanismo de diálogo para solucionar los puntos de divergencia entre Hunt Oil y las Comunidades Nativas.
Finalmente, ello no debe obviar la discusión de temas de fondo que tienen que ver con los mecanismos de negociación y consulta que se aplican para la realización de actividades extractivas en el país; este y otro tipo de conflictos podrían evitarse si se agiliza la dación de una Ley que reglamente el mecanismo de consulta previa, contenido en el Convenio Nº 169 de la OIT.
No es el único instrumento, pero es precisamente lo que FENAMAD, COHARYIMA y ECA reclaman, el no haber sido consultados debidamente para el otorgamiento de la concesión del lote de hidrocarburos y el hecho de que el lote se superponga a un Área Natural Protegida naciente de cuencas, que garantizan el suministro de agua y nutrientes a gran parte de la llanura amazónica.
En aquella oportunidad Adan Corisepa, daba un ultimátum a la empresa de hidrocarburos exhortándolos a que abandonaran la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), lugar en el que la norteamericana Hunt Oil viene realizando labores previas a la exploración de hidrocarburos desde el año 2007 en el Lote N° 76, ubicado en los límites de las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios.
El lote de hidrocarburos se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri, abarca una porción del Parque Nacional del Manu y su Zona de Amortiguamiento (ZA) y parte de la ZA del Parque Nacional Bahuaja Sonene, tres Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se hallan dentro del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, estrategia de conservación que agrupa a Áreas Protegidas de Bolivia y Perú.
Más allá de la interrelación de la RCA con otras Áreas Protegidas, lo preocupante en este caso es el proceso previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitió que Hunt Oil y Repsol pudieran desarrollar sus labores al interior de la reserva. Actas firmadas con poca representatividad y acuerdos incumplidos son el indicador de un proceso de negociación viciado que tiene hoy enfrentados a indígenas y a representantes de la empresa.
La FENAMAD se ha pronunciado en contra de la exploración de hidrocarburos en diferentes oportunidades y ha alcanzado un documento con observaciones técnicas al primer EIA presentado por la empresa. Por su parte, el Ejecutor del Contrato de Administración (ECA), representante de las Comunidades Nativas para la administración de la reserva, también ha mostrado su disconformidad ante la presencia de Hunt Oil en su territorio.
Asimismo, el Consejo Harakmbut, Yine y Matsigenka (COHARYIMA), instancia máxima de representación de las Comunidades Nativas de Madre de Dios (junto a FENAMAD) lo mismo, en ese contexto y aprovechando la aceptación de algunas comunidades, con quienes Hunt Oil negoció individualmente, las tensiones se han hecho más evidentes y pueden desencadenar en un conflicto de dramáticas consecuencias.
Desde el sábado 24, hasta hoy nativos de las ocho comunidades beneficiarias de la reserva se han apostado en Salvación exigiendo el cese de operaciones de Hunt Oil y se conforme una comisión de alto nivel conformada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, además de los ejecutivos de Hunt Oil.
En el lugar también se encuentran representantes de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD) y las autoridades locales de Manu y Kosñipata quienes respaldan la protesta de las Comunidades Nativas. Hasta el momento sólo la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú -que ha reforzado su contingente policial- han tomado nota de la movilización.
En ese sentido, llama poderosamente la atención que el Gobierno Regional de Madre de Dios no se haya pronunciado hasta el momento y mantenga una posición, por decirlo menos, pasiva aún conociendo el conflicto generado. Asimismo, urge que se genere un mecanismo de diálogo para solucionar los puntos de divergencia entre Hunt Oil y las Comunidades Nativas.
Finalmente, ello no debe obviar la discusión de temas de fondo que tienen que ver con los mecanismos de negociación y consulta que se aplican para la realización de actividades extractivas en el país; este y otro tipo de conflictos podrían evitarse si se agiliza la dación de una Ley que reglamente el mecanismo de consulta previa, contenido en el Convenio Nº 169 de la OIT.
No es el único instrumento, pero es precisamente lo que FENAMAD, COHARYIMA y ECA reclaman, el no haber sido consultados debidamente para el otorgamiento de la concesión del lote de hidrocarburos y el hecho de que el lote se superponga a un Área Natural Protegida naciente de cuencas, que garantizan el suministro de agua y nutrientes a gran parte de la llanura amazónica.
Publicado en: Noticias SER
jueves, octubre 29, 2009
Una minería sin Estado
Por: Aldo SantosChacayaje, Ayapata e Ituata han pasado a formar parte de la crónica policial, luego de que tres personas murieran como consecuencia de un enfrentamiento entre dos poblaciones vecinas. Ayapata e Ituata, dos localidades de una misma provincia enfrentadas por la posesión de yacimientos mineros en Puno; más allá de la ineptitud de la Presidencia del Consejo de Ministros y los Gobiernos Regionales, por no solucionar los problemas de demarcación territorial que existen en el Perú y las regiones, el enfrentamiento revela los oscuros métodos utilizados por la minería informal en el país.
Los mecanismos que la informalidad utiliza para solucionar sus controversias tienen que ver, en este caso con el enfrentamiento armado, la violencia física o elementos de intercambio y negociación que están por debajo de la Ley. Demás esta hablar de los “alces”, transacciones que suponen que el propietario de la superficie del terreno, reciba a cambio una porción del oro que el minero extrae del subsuelo. O el “cachorreo”, sistema de trabajo que posibilita que el dueño de la concesión minera le permita explotar el mineral a sus trabajadores durante cuatro días, como pago por el trabajo que estos realizan durante un mes.
No hay impuestos, no hay Ley, no existen derechos laborales y ante la ausencia estatal proliferan otro tipo de vicios, prostitución clandestina, trata de personas, violencia sexual, violencia familiar o trabajo infantil. Un círculo vicioso que alimenta la impunidad y que tiene como cómplices a autoridades y funcionarios estatales que han encontrado en la informalidad un modo de vida para obtener otro tipo de beneficios (sobre todo en época electoral).
En Madre de Dios ocurre lo propio, los enfrentamientos por la superposición de predios se han agudizado; el mecanismo perverso de adjudicación de derechos mineros no distingue concesiones de aprovechamiento forestal o concesiones de aprovechamiento turístico, mucho menos predios de uso agrícola. Sólo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata existen actualmente 85 derechos mineros en trámite, 31 derechos mineros titulados y 64 de ellos se superponen con la Reserva. Además de existir superposición entre derechos mineros o entre predios agrícolas y derechos mineros .
Agricultores, concesionarios forestales y turísticos tienen que enfrentar, a través de diversos mecanismos, la arremetida de la minería informal que lo depreda todo a su paso y que difícilmente encuentra obstáculos. Algunos propietarios se han visto en la necesidad de ser ellos mismos quienes hagan denuncios mineros sobre sus predios para evitar que la plaga de la informalidad los toque, algo parecido a pagar un alquiler anual o por protección al Estado por ocupar su propio terreno.
Las cifras más conservadoras revelan que cerca de 150 000 hectáreas de bosque han sido destruidos por la minería informal en Madre de Dios; mientras en Puno los daños causados por la minería informal a la cuenca del río Ramis son incalculables. Todo ello se agudiza en un contexto en el que el precio del oro ha superado los 1 000 dólares por onza y la pobreza, la inexistencia o mala aplicación de políticas orientadas a otras actividades productivas como la agropecuaria, la agroforestería o la conservación son imperceptibles o simplemente no existen.
La disputa entre Ayapata e Ituata, que terminó con la muerte de tres personas y otras tantas heridas de bala, puede ser el desenlace de este y otros conflictos que tienen como punto de divergencia el aprovechamiento de determinados recursos naturales en el país, si es que no se establecen reglas claras de negociación y si es que el derecho de propiedad y demás normas se siguen violando arbitrariamente con la complicidad de autoridades y funcionarios estatales tanto por su incapacidad, como por las limitaciones que estos tienen.
Para el caso concreto de la minería informal, ¿por qué no se regula el ingreso del mercurio a estas zonas mineras? Que por cierto es altamente nocivo y el Perú es uno de los pocos países que sigue permitiendo su uso, ¿quiénes están detrás del negocio del mercurio en el país?, ¿quiénes son los dueños y los vendedores de la maquinaria pesada que circula en los centros mineros?, ¿quiénes son los compradores (“blanqueadores”) del oro informal? Y por último, ¿quiénes financian la actividad?
Es sumamente sencillo atacar al minero informal, a aquel que trabaja bajo condiciones inhumanas, pero difícil decir algo sobre los verdaderos ganadores del negocio de este tipo de minería; entre ellos se pueden contar congresistas deudores, importadores de maquinaria pesada, funcionarios estatales, alcaldes provinciales, distritales y hasta dirigentes sociales e indígenas. El esquema se repite aquí y allá y la solución estatal parece ser la misma. Estigmatizar al minero y limpiar de culpas a los verdaderos promotores del negocio.
Finalmente, no se trata de negarse a la minería como posibilidad de que esta pueda aportar al desarrollo regional y nacional, se trata, por el contrario de ordenar la actividad y de que esta se realice cumpliendo estándares mínimos de responsabilidad ambiental, social y por último respetando los derechos humanos. Determinemos zonas de actividad minera y excluyamos a aquellas que tienen otro potencial, mejoremos los mecanismos de fiscalización, asistencia técnica y formalización de los concesionarios mineros y acabemos con la corrupción que continúa viviendo de esta actividad.
Foto: Enrique Ortiz
Publicado en: Noticias SER y Amazonía Política
lunes, octubre 12, 2009
Bahuaja Sonene, entre el olvido y la indiferencia
Por: Aldo SantosPoco más de un millón de hectáreas la convierten en una de las Áreas Naturales Protegidas más grandes del país; cerca del 70% de su composición se halla en Puno y el 30% restante en Madre de Dios. Paisajes y más de 1088 especies de fauna registradas, hacen del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) un ecosistema único en el país y en el mundo.
El Bahuaja Sonene, garantiza la protección de cabeceras de cuenca que, como el río Tambopata, se constituye en uno de los principales afluentes del río Madre de Dios, garantía de alimentación y suministro de agua para las comunidades nativas y centros urbanos del bajo Tambopata (Madre de Dios). Por estas y otras razones más, la National Geographic Society lo ha declarado como uno de los siete santuarios más emblemáticos del mundo el año 2002.
Paradójicamente, pese a su diversidad, es también un ecosistema sumamente frágil y su conservación depende, en gran medida, de todas las actividades que se desarrollan en las áreas que lo circundan, en las llamadas Zonas de Amortiguamiento. El crecimiento no planificado de centros urbanos, la ampliación de la frontera agrícola, la minería informal y la tala ilegal, continúan siendo los problemas más delicados que el Bahuaja Sonene enfrenta hoy.
Toda esta problemática fue ampliamente expuesta en un documento que se elaboró el año 2004, en él se plantearon incluso recomendaciones para mitigar los impactos negativos que la presencia humana estaba ocasionando en el Área Protegida; el Plan Maestro parecía inaugurar una nueva etapa en la gestión del PNBS, luego de su creación el año de 1996 (y su ampliación el año 2000). Cinco años después, la problemática parece ser mayor y el espíritu con el que se concibió el Plan Maestro, no ha tenido muchos frutos positivos.
La Zona de Amortiguamiento
A la amenaza gubernamental de recorte en su composición para abrir la posibilidad de explotar hidrocarburos el año 2007, se ha sumado la indiferencia e irresponsabilidad de un Gobierno Regional que como el puneño ha hecho muy poco por promover políticas de desarrollo en la Amazonía puneña. La selva continúa siendo un espacio negado en el imaginario regional altiplánico, muy a pesar de que en la selva, y de espaldas al gobierno y “élites” regionales, se ha venido desarrollando quizá la única actividad económica, junto a la exportación de truchas de Arapa, que hace que el aporte puneño figure en los índices de exportación nacional. Nos referimos a la producción cafetalera.
El mejor café del Perú, según los resultados del concurso nacional de cafés, se produce en Puno, galardón que los cafetaleros del Alto Tambopata reciben por tercer año consecutivo. Café sembrado y cosechado en la Zona de Amortiguamiento del PNBS, esfuerzo de cafetaleros que, por más de medio siglo, han generado las condiciones para que mercados como el Europeo y Norteamericano se abastezcan hoy de su producción.
La organización en la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) y el apoyo de Organismos No Gubernamentales que deben su presencia a la existencia del PNBS han sido fundamentales para lograr tal cometido. Aún con sus limitaciones, la experiencia de los cafetaleros de Yanahuaya, San Juan del Oro y Putina Punco, continúa siendo una muestra de éxito, en un contexto en el que todas las condiciones, incluida la geografía, continúan siendo adversas.
Sin embargo, esa misma Zona de Amortiguamiento es escenario de una plaga verde que ha erosionado gran parte de tejido social y traído a sus espaldas violencia e ingobernabilidad. La producción de hoja de coca ha crecido significativamente en valles como Masiapo y el Alto Tambopata (Sandia), se habla de pozas de maceración, aeropuertos clandestinos, ajuste de cuentas y todo los males que una economía ilícita como la del narcotráfico puede traer.
La minería informal es bastante conocida, esta se extiende como un cáncer en la cuenca del río Inambari, la misma cuenca que ha despertado el interés brasilero por generar energía eléctrica y que ha despertado la controversia en Puno y el aplauso masivo, en Madre de Dios. La cuenca alta del río Inambari, abandonada y dejada casi a su suerte durante décadas y que hoy ha pasado a existir para Puno, aquel lugar negado, tan negado que ni las muertes de obreros que construían la carretera Interoceánica Sur conmovían al gélido altiplano.
Ciertamente, la probable construcción de una represa para la generación hidroeléctrica no tiene un efecto directo sobre el PNBS, sin embargo el espejo de agua posibilitaría el acceso a zonas antes inaccesibles en la Zona de Amortiguamiento y consiguientemente al PNBS.
Inundar y desplazar a poblaciones que viven durante décadas en la cuenca del Inambari, podría ser la decisión final, pero todo ello debe hacerse en un marco en el que la consulta, el acuerdo previo y más allá de las valoraciones económicas del bosque, debe valorarse a las personas que viven en la cuenca, ciudadanos y ciudadanas con tradiciones, cultura y formas de vida; hombres y mujeres que han hecho de su interrelación con la Amazonía una forma de vida y que han encontrado allí la oportunidad que probablemente el Ande les negó.
El Bahuaja Sonene hoy
El Plan Maestro del PNBS está en proceso de actualización, no necesitamos perdernos o encontrarnos nuevamente en discusiones intelectuales sobre la problemática y sus soluciones; se requiere el compromiso firme de autoridades, líderes y de la población local asentada en la Zona de Amortiguamiento y la asentada en los “centros de decisión”.
El Gobierno Regional puneño podría empezar por promover el ordenamiento territorial en la cuenca del Inambari, mejorar los sistemas de gestión de residuos sólidos y aguas servidas. El río no puede seguir siendo el botadero ni el desagüe a lo largo de la cuenca. Iniciar un proceso de formalización y establecer áreas para la realización de actividades mineras; promover un programa de manejo agroforestal sostenible y sobretodo, proponer políticas y programas que acojan la particularidad de la Amazonía puneña buscando su desarrollo y su incorporación en las dinámicas de desarrollo regional, más allá de ser una “despensa” del Ande.
La defensa del Bahuaja Sonene debe expresarse en mayor atención presupuestal y presencia estatal allí y sobretodo en la participación activa del proceso de actualización del Plan Maestro, comprometiéndose tanto en su implementación, como en generar las condiciones para que su aplicación sea una realidad. Lo mismo fortaleciendo al Comité de Gestión, espacio concertado del que participan autoridades y población local, como a la Jefatura del Parque Nacional, la que actualmente tiene serias limitaciones que tienen que ver con un tema presupuestal.
Publicado en: Noticias SER y Amazonía Política
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