Lluvia de concesiones en Puno, ¿desarrollo para quién?

Aldo Santos

Días pasados Perupetro anunció que Reliance Industries, invertiría en el sector de hidrocarburos en el Perú. Se dice que Reliance es la empresa más grande de la India y sus actividades en el Perú estarían orientadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Puno.

Según la noticia de Andina, el gerente general de Perupetro, Ronald Egúsquiza, señaló que: “el Lote 141 está ubicado en la Cuenca Titicaca donde hay un gran potencial de hidrocarburos, por ello, se han incluido tres lotes de esta área en la próxima subasta internacional que lanzará Perupetro el próximo 6 de mayo”. El lote concesionado se ubica dentro de las provincias de Melgar, Azángaro y Lampa.

A ello se suma que el 2005 la empresa Siboil del Perú S.A. y Perupetro, firmaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sobre el lote 105, ubicado en las provincias de Puno, Huancané, San Antonio de Putina, Azángaro, Lampa y San Román en una extensión de poco más de 443 mil hectáreas.

Lo cierto es que, en los últimos dos años, se han concesionado grandes extensiones de territorio para actividades extractivas en la región. A la presencia de empresas mineras que ya vienen operando en diversas provincias, se han sumado otras que realizan exploraciones de uranio en Carabaya, además de dos lotes para la exploración de hidrocarburos en siete provincias más.

Pero más allá de la presencia de estas empresas, lo que genera muchas dudas e inconformidades es el mecanismo que utiliza el Estado para el otorgamiento de concesiones, ya que, en la mayoría de casos, se hacen sin anuencia, ni la consulta a la población y autoridades locales. En el caso de las concesiones de uranio en la provincia de Carabaya, las autoridades locales no fueron siquiera informadas sobre la presencia de las empresas en territorios de su jurisdicción, probablemente ocurra lo mismo con las autoridades y la sociedad civil de las provincias en las cuales se desarrollaran las actividades de exploración de hidrocarburos, pese a la existencia del Decreto Supremo N° 012-2008-EM que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos en el país.

Desarrollo de alto riesgo

Otro tema no menos importante, es determinar si estas actividades son complementarias con el turismo, la producción ganadera, la crianza de truchas u otras actividades económicas que se vienen desarrollando sosteniblemente en la región, ya que las exploraciones que se realizan en el lote 105 están ubicadas en las orillas del lago Titicaca lo que además de generar contaminación visual, podría restarle valor turístico a los escenarios naturales que existen en las orillas del lago. ¿El Titicaca podrá seguir aspirando a ser una maravilla natural con la presencia de estas industrias? Ello sin considerar el actual índice de contaminación que sufre a causa de la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas servidas en las localidades que viven en las márgenes del lago o la contaminación proveniente de algunas cuencas en las cuales se desarrollan actividades mineras informales.

Para el caso de Carabaya, las exploraciones de uranio se vienen desarrollando en zonas en las que existe un abundante legado de arte rupestre que, pese a haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2005 (Resolución Directoral Nacional N° 1658/INC), ha sido abandonado por la gestión actual del Instituto Nacional de Cultura de Puno (INC), quienes, según la misma resolución, debían de realizar un inventario y catastro de las pinturas rupestres declaradas, sin embargo el INC Puno poco o nada ha hecho para tal fin, demostrando su incompetencia, impericia y poco compromiso con el patrimonio cultural puneño.

Finalmente, ante la actual crisis energética mundial en la que los precios del petróleo condicionan la economía, es necesario promover una diversificación de la matriz energética, sin embargo ello debe hacerse respetando los derechos de los ciudadanos de ser informados oportuna y adecuadamente sobre la presencia de industrias extractivas en sus territorios. De otro lado, es la sociedad civil, junto a los gobiernos regionales y locales, quienes deben decidir si estos proyectos están o no en el marco de sus acciones de desarrollo regional y local y, sobre esa base, decidir el avance de estas industrias, de tal modo que beneficien a los sectores más empobrecidos y no sirva, como ha ocurrido en otras regiones del país, para beneficiar a un grupo de personas, acrecentando las diferencias e inequidades ya existentes.

Publicado en: Diario Los Andes y www.ser.org.pe/altiplano

Panorama minero en el altiplano

Aldo Santos

Qué duda cabe, la presencia de industrias extractivas en el país, lejos de convertirse en un factor para el desarrollo nacional, se ha convertido en un foco de conflictos entre empresas y poblaciones. Para citar un ejemplo reciente, el año 2006 en el distrito de Ocuvire, provincia de Lampa, el derrame de una laguna con relaves mineros de la minera El cofre de propiedad de Consorcio Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. (CIEMSA), generó reacciones violentas entre los habitantes y la empresa minera, ya que, los primeros, temían una posible contaminación de las aguas del río del distrito de Paratía. Estos hechos han logrado que se instaure cierta mirada de desconfianza en cuanto a las empresas mineras, en tanto las reglas de juego para el otorgamiento de concesiones y la posterior explotación de los recursos naturales no estén debidamente establecidas con la sociedad civil.

Con estos antecedentes, además de lo ocurrido en otras regiones del país, como Cajamarca o Piura, donde las comunidades campesinas se opusieron y enfrentaron a las empresas mineras Yanacocha y Majaz respectivamente, muchas comunidades campesinas puneñas se han organizado en comités de defensa o lucha, a causa de la presencia de empresas mineras como la canadiense Bear Creek Mining Corporation en los distritos de Corani y Huacullani en las provincias de Carabaya y Chucuito respectivamente. Esta ha adquirido 7 derechos mineros para realizar exploraciones en Huacullani, pese a que dicha localidad se halla ubicada dentro de los 50 kilómetros de frontera entre Perú y Bolivia, y el artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, individualmente ni en sociedad. Sin embargo dicha empresa ha adquirido los derechos por tratarse de necesidad pública declarada por el Decreto Supremo N° 083 -2007-EM, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de noviembre de 2007, tal y como ocurrió con Newmont, empresa norteamericana que adquirió 4 derechos mineros en la zona fronteriza peruano chilena, en la región Tacna.

Por otro lado, en Corani (Carabaya), Bear Creek estima la existencia de hasta 327 millones de onzas de plata, hecho que probablemente ha interesado a la minera Rio Tinto, con quien la compañía norteamericana, estableció algunos acuerdos comerciales sobre el yacimiento de Corani; sin embargo, el hecho que llama la atención es que ni los propios habitantes de Corani conocen la existencia de concesiones en su zona, la cual, dicho sea de paso, es portadora de un vasto legado de arte rupestre, que se halla extendido en gran parte del territorio de Corani y distritos aledaños.

Por otro lado, en el distrito de Acora, provincia de Puno, desde hace algunos años se ha instalado la empresa minera Aruntani S.A.C., la cual posee también en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, la mina denominada Andrés de Arasi S.A.C. En ambos casos la empresa ha tenido que enfrentar problemas con los pobladores de las localidades, uno de ellos referido a la tributación de Aruntani S.A.C., que, pese a hallarse en territorio puneño, tributa en la región de Moquegua.

En el caso de ARASI S.A.C., las comunidades de la microcuenca de Llalimayo en la provincia de Melgar, se opusieron al inicio de operaciones por parte de la empresa, ya que denunciaron no haber sido considerados en el estudio de impacto ambiental que habría presentado la empresa. Además se habló de una posible contaminación ambiental a causa de las operaciones mineras, hecho que viene siendo denunciado, aún hoy, por los pobladores de la microcuenca de Llallimayo, quienes señalan que el río está adquiriendo un color verde y muestra sedimentos en su lecho. Aunque ello no ha sido debidamente certificado por alguna entidad competente, es un indicador de la fragilidad de la relación entre empresas mineras y comunidades campesinas.

Estos proyectos mineros junto a la presencia de hasta 6 compañías que vienen realizando exploraciones de uranio, entre ellas la canadiense Vena Resources, en alianza con Cameco Corp, la mayor del mundo en el sector, en las provincias de Carabaya y Azángaro, configuran un escenario conflictivo en el altiplano. A esto se suma como común denominador, el desconocimiento total de la presencia de dichas empresas mineras en la región, lo cual responde a la inexistencia de un proyecto de desarrollo regional sobre el cual se inscriban las industrias extractivas, a fin de que éstas contribuyan eficientemente a la generación de riqueza y dinamicen, de manera sostenible, las economías locales. En ese sentido, es necesario hacer una evaluación del uso de los recursos provenientes del canon minero, a fin de determinar si efectivamente están cumpliendo sus objetivos y si se está convirtiendo en un mecanismo eficiente para promover el desarrollo regional y local.

Salta a la vista también, la necesidad imperativa de construir institucionalidad ambiental regional orientada a promover un manejo sostenible y racional de los recursos naturales, sabiendo que en la región, más allá de la presencia de la mediana minería en las zonas altoandinas, existe un problema con la contaminación y depredación de la selva puneña por la presencia de actividades ilícitas como la tala ilegal de madera y la minería informal, cuyos operadores vienen realizando dichas actividades impunemente.

Este nuevo escenario en el altiplano peruano podría convertirse en un detonante de diversos conflictos sociales como ha venido sucediendo en otras regiones en las que la presencia de la actividad minera no ha generado desarrollo, y por el contrario, ha acentuado las diferencias sociales. Esta situación plantea un nuevo reto para las autoridades y la sociedad civil regional, a fin de que la presencia de industrias extractivas se convierta en una oportunidad de desarrollo para todos y todas, lejos de ser una fuente permanente de conflictos.

Publicado en: www.ser.org.pe/altiplano

Fotografía de la minera Cerro Verde en: www.mch.cl

Ilave hoy: el peso de las demandas

Aldo Santos
Asociación SER–Oficina regional Puno

“Capital de la gran nación aymara”, señala el lema colocado en el frontis del local municipal de la provincia de El Collao, aquella ciudad ubicada al sur de Puno, en medio del altiplano peruano, que se hiciera conocida en abril del 2004 por los sucesos que terminaron con el asesinato de la autoridad edil de aquella comuna en manos de un grupo de personas que ejercieron justicia por cuenta propia[1].

Los ilaveños, aún hoy, cargan con el estigma de ser conocidos por ello, “quiero cambiar mi DNI”, me dice uno, intentando exorcizar aquella relación que erróneamente se ha construido de Ilave, como sinónimo de violencia, linchamiento y justicia aymara. Ciertamente Ilave es mucho más y actualmente se viene consolidando como uno de los centros comerciales más importantes del sur del Perú.

Precisamente muchas de las obras proyectadas por la actual gestión edil, tienen que ver con la construcción y mantenimiento de los centros de abastos en la ciudad, además de proyectos que tienen como finalidad el mejoramiento genético del ganado vacuno, asegurando el piso forrajero, así como la construcción de sistemas de riego y cobertizos que permitan generar condiciones para elevar la producción ganadera.

Estos y otros proyectos fueron expuestos en el informe económico que el gobierno local, encabezado por el alcalde Fortunato Calli Incacutipa, dio a la población de El Collao el último jueves 28 de febrero. En una asamblea que congregó a poco más de 5 mil personas, provenientes de las diferentes comunidades campesinas y centros poblados de las zonas: lago, media y alta.

La reunión se inició a las 10 de la mañana y ni la lluvia hizo que ésta se detenga, prolongándose hasta bordear las 5 de la tarde, mientras las exposiciones se sucedían una a una, destacando en ellas la participación del alcalde, un profesor cuyo dominio del aimara es evidente, lo que le ha servido para manejar hábilmente a la masa reunida en el frontis del local municipal.

Los hechos que más polémica generaron fueron las recientes denuncias sobre la existencia de trabajadores fantasmas en las obras ejecutadas por la municipalidad, el supuesto pago a periodistas y a dueños de radioemisoras y el manejo del canal televisivo municipal. Aunque la respuesta del alcalde fue el prometer que ello sería corregido y negando la acusación sobre el pago a periodistas, la existencia de trabajadores fantasmas en las obras y al interior de la municipalidad, habla de una gestión con algunos vicios de corrupción.

Los días previos a la realización del informe económico los rumores señalaban que algunas comunidades se venían alistando para frustrar la realización del mismo, dadas las denuncias existentes, sin embargo los dos grupos con mayor influencia en la población ilaveña, la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEP) y el bloque conformado por los tenientes gobernadores, tuvieron un rol ponderado, dejando entrever que no estaban del todo disconformes con la gestión y de alguna manera, lo que un comunero me dijo: “es que el alcalde nos está haciendo obras, por eso, está bien nomás”.

Sin embargo, más allá del desarrollo de la actividad, algunos hechos llaman la atención, el primero tiene que ver con la participación de la ciudadanía en el desarrollo del informe económico que, en este caso, lejos de plantear observaciones a lo expuesto por los técnicos y funcionarios se limitaba a formular pedidos para la construcción de futuras obras; de las 35 participaciones sólo 3 de ellas hicieron alusión al cumplimiento del presupuesto participativo y a la necesidad de un plan de desarrollo productivo, indicador del grado de conciencia ciudadana e información que tiene la población que participa de este tipo de espacios.

Un segundo aspecto fue la actitud del alcalde que terminó prometiendo obras y comprometiendo a sus funcionarios para el cumplimiento de los pedidos que había hecho la población, a quienes también responsabilizó de las irregularidades denunciadas por la población, llamando la atención la forma en la que el alcalde se dirigía a ellos, ordenando, amenazando con cambiarlos y pidiéndoles eficiencia, lo que, lejos de ser criticado por la población, era aplaudido, ratificando así una conducta que podría interpretarse como autoritaria.

Si bien un informe económico, no necesariamente absuelve todas las dudas de la población respecto de la marcha administrativa de la municipalidad, por la cantidad de cifras, rubros y proyectos que se exponen por los diferentes técnicos de la municipalidad, si se constituye, por lo menos, como un hecho simbólico que permite que la ciudadanía interactúe con la autoridad edil, aunque, hay que seguir promoviendo que estos mecanismos trasciendan la barrera de lo simbólico.

Para el caso de Ilave, aunque la realización del informe económico se desarrolló con normalidad, las relaciones entre el alcalde y la población parecen haber quedado en una tregua momentánea, dada la desconfianza existente, sobre todo por la irregularidades en la obras y la presencia de algunos funcionarios de confianza del alcalde, quienes no gozan de la simpatía de la población. Estos hechos, de no ser corregidos oportunamente, a futuro, podrían convertirse en potencialmente conflictivos en un escenario ya de por si conflictivo, por la cantidad de demandas e intereses que existen.

Notas:

[1] Sugerimos revisar la publicación de Ramón Pajuelo: “Las lecciones del caso de Ilave”.

Publicado en: www.ser.org.pe

Puno danza, ¿y la Interoceánica Sur?

Por: Aldo Santos

Mientras los puneños celebrábamos la Festividad de la Virgen de la Candelaria nos ha llegado una noticia que lamentamos. El Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC), a través de la Oficina de Concesiones en Transportes, informó que ha tomado la determinación de suspender las obras en la carretera Interoceánica Sur, ya que la construcción habría superado, según informa el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN, el 33% de la inversión destinada para tal fin.

Según expertos en carreteras, el costo estimado por kilómetro de asfaltado es de 1 millón de dólares, y el presupuesto inicial de US$810 millones ha alcanzado los US$1075 millones, según un informe publicado por el diario Peru21, esto, habría originado que el MTC suspenda transitoriamente el asfaltado de los tramos restantes mientras el Ejecutivo no tome una decisión al respecto.

El MTC ha señalado que es probable que el tramo 3 (Puente Inambari – Urcos) se concluya; sin embargo la conclusión de los tramos restantes dependerá de una futura convocatoria a una licitación para poder finalizarlos, ya que el contrato con las empresas concesionarias sólo contemplaba la posibilidad de ampliación del presupuesto en 10%, cifra que se ha triplicado y la decisión de considerar mayor presupuesto para la obra se encuentra en manos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero, más allá de la postergación y lo que ello significa para nuestra región que en sucesivas oportunidades se ha pronunciado enérgicamente exigiendo el asfaltado de esta vía, salta a la vista un problema originado al principio de su construcción, que es el haberla exonerado de la supervisión y aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), además de los deficientes estudios de factibilidad, (¿cómo explicar entonces que la obra haya superado el 33% de su presupuesto inicial?). Tal parece que la advertencia de muchos expertos respecto de estos riesgos han llevado a las consecuencias actuales y los puneños, lejos de atender dichas apreciaciones, hemos optado por obviarlas.

Ciertamente, la postergación de la obra aparece como un hecho negativo, que, sin embargo, podría darnos la oportunidad de responder a dos interrogantes que no tienen respuesta conocida hasta el momento: ¿para qué queremos la Interoceánica Sur?, ¿sobre qué proyecto estratégico de desarrollo regional se enmarca esta obra? Condiciones previas, por decirlo menos, para que todo el monto invertido en este megaproyecto beneficie realmente a los puneños y al sur del país.

Hasta el momento, en muchos casos, hemos promovido un discurso reivindicando la Interoceánica Sur como la gran oportunidad de desarrollo para Puno y cuya construcción debe lograrse sin importar los medios para conseguirlo, lo que nos ha llevado a olvidarnos de fundamentar la necesidad de su construcción y mostrar todas las posibilidades y limitaciones reales en materia económica, social, cultural y ambiental que podría traer. En ese sentido, los puneños, tenemos, una vez más, la oportunidad de hacerlo.

Que la postergación y el legítimo derecho que tenemos los puneños de exigir el asfaltado de esta vía con todos los estándares de calidad necesarios, venga acompañada de la creación de espacios de discusión regional, en el que actores del Estado y de la sociedad civil tengamos como único objetivo arrancar el máximo de provecho de la inversión que se hace para su construcción. No olvidemos que la inversión es producto de préstamos y compromisos que el gobierno peruano ha adquirido incluso durante los próximos 25 años para terminar de pagar esta vía, la que debe convertirse, lejos del discurso, en un motor del desarrollo regional.

Publicado en: www.ser.org.pe

Febrero: Cuando Puno es una ciudad de las furias

Por: Aldo Santos

Con máscara o sin ella, nativo o foráneo, ángel o diablo; la fiesta ha llegado para envolvernos en una vorágine de acontecimientos surreales, propio de aquellos parajes que proclaman “Dios ha muerto”. Dejar de ser quienes fuimos, hablar en lenguajes lejanos y extraños, vestir de colores, saltar como diablo o rezar un milagro cual beato piadoso.

La maldición bíblica de Babel ha revivido para convertirnos en chinas, diablos, caporales, morenos, cholas, achachis y sikuris que confundidos entre nosotros dejamos que el cuerpo operé casi sin consentimiento de la razón; mientras el sonido de bombos, trompetas y zampoñas atiza nuestras emociones, difuminando el calmado paisaje lacustre que se resiste a la quietud.

Puno es tomado por la celebración, las calles se inundan de seres insólitos y una catarsis colectiva fluye por cada uno de nosotros que desinhibidos nos dejamos llevar por devoción o simplemente por hacerlo. Febrero es fiesta, es locura a la vez, una suerte de tiempo que cobra sentido en un solo espacio, a orillas del lago, cerquita del cielo; tan cerca y tan lejos de Dios.

Febrero se abre el día 2, cuando ataviados de ponchos, chuspas, chullos y zampoñas, los sikuris abarrotan el santuario de la Virgen que desbordando de gentes colma la plaza Pino y en esa cadencia de quintos, toyos, arcas e iras uno revive su pertenencia a esta tierra, mientras ajenos se dejan llevar, cual hipnotizados, por quienes, al unísono cantan retando al gélido frío altiplánico.

A poco más de 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, el aire sobra y el tiempo falta, todo discurre como tirado por el viento, “llevado por el diablo”, dirán algunos. En medio de esa lucha sacro-demoniaca aparece impasible la imagen de la Virgen de la Candelaria, orlada con flores, incienso y mantos de seda, abriendo camino recorre las calles. Mirada firme, no llora ni ríe, como oyendo a aquellos que agradecen y piden favores mundanos.

Cohetes, mixtura, y cintas de color, ingredientes que no faltan, que prodigiosamente aparecen como cayendo del cielo para adornar las figuras de hermosas mujeres, cuya mirada esconden detrás de una máscara o un antifaz. Disimuladas tras un traje, van adquiriendo una personalidad diferente; la impunidad que solamente puede darte la conciencia del anonimato, cobra forma diversas entonces.

Los más, los menos, son uno, una suerte de caterva que oníricamente danza, reviviendo tiempos viejos, repitiendo el ritual que año a año, febrero a febrero, cobra vida a orillas del lago, lugar en el que todos y todas somos, por unos días, parte de la realeza, de aquella corte que secunda a la llamada, “Mamita Candelaria”.

En Puno, cuyos llanos se visten de un verde inusitado cada febrero, todo parece conspirar para hacer mágico este momento, los azules del cielo y el lago, los coloridos ocasos y amaneceres que impávidos contemplan las veleidades de aquellos que, venciendo al insomnio, hacen del día y la noche una unidad indisoluble, hasta que el día final (cacharpari), mande a soltarse las trenzas, colgar las botas, despojarse de las máscaras remover el maquillaje, guardar las zampoñas, para despertar en una resaca colectiva que gradualmente se irá disipando hasta el próximo febrero en el que Puno, será, nuevamente, una ciudad de las furias.

Publicado en: www.infopuno.com

Ilave: ¿Turba aymara o síntoma de una sociedad enferma?

Por: Aldo Santos

El pasado lunes 21 de enero, tres personas murieron en Ilave, el hecho ha generado diversas reacciones, las más comunes repiten el esquema utilizado durante la crisis política vivida en dicha provincia en abril del 2004, atribuyendo el suceso a una “justicia aymara”, lo que remarca el ya conocido cliché que relaciona a los aymaras con hechos violentos o con una sociedad que vive al margen de la ley.

Los analistas y los diarios han puesto en entredicho, una vez más, los límites y/o ausencia del Estado o la incongruencia entre la justicia occidental y la “justicia aymara”, llevando el hecho a un plano étnico, olvidando que estos hechos se repiten a diario en diversas zonas del país; crímenes pasionales, ajustes de cuentas y linchamientos se han convertido en sucesos corrientes a lo largo y ancho del Perú.

Lo ocurrido en Ilave, donde una persona fue asesinada y posteriormente, una turba terminó con la vida de los supuestos asesinos, aún es materia de investigación policial, sin embargo con el transcurso de los días las hipótesis respecto de los móviles del crimen han crecido, se señala que el asesinato habría sido producto de un intento de robo, que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes[1], y, por llamarlo de algún modo, la más descabellada, es aquella que señala que la primera víctima habría sido parte de un sacrificio humano. Sin embargo, la hipótesis que cobra más fuerza es la señalada por la misma sobreviviente del linchamiento, quien manifestó que se trataría de un crimen pasional, ya que ella sostenía una relación amorosa con la primera víctima.

Más allá del hecho, lo que se pone en evidencia es un problema de país, en el que imágenes de violencia y muerte son expuestas día a día como simples cifras o parte de una estadística que insensibiliza, tal y como ocurrió durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país, en el que hechos violentos eran tomados como parte de la cotidianidad. Por otro lado, el factor étnico, aparece como un intento de justificarlo todo, pretendiendo negar que vivimos en una sociedad violenta en la cual aymaras, quechuas, policias, médicos, ricos, pobres, etc., hacen uso de la violencia para resolver sus conflictos.

Por último, para el caso concreto del linchamiento de dos sospechosos de asesinato en Ilave, añadiría que se demuestra, una vez más, la incapacidad de las instituciones competentes de actuar en el debido momento. Uno de los testigos manifestó que dio a conocer los hechos a la Policía Nacional cuando ambos asesinos estaban con vida y un policía le señaló que no contaban con personal suficiente para acudir. Por otro lado, el Fiscal, al cual le comunicaron del hecho, no se hallaba en Ilave, y el Fiscal adjunto llegó tarde, pese a que, personal del serenazgo municipal, le había comunicado del hecho desde tempranas horas de la mañana.

Visiones maniqueas que denotan un profundo componente de racismo, que criminalizan la exclusión y se empeñan en satanizar a Ilave y a los aymaras, anotando que ejercen su propia ley, que viven en la marginalidad o pretenden crear otro Estado dentro del Estado abundan para dar explicaciones sobre Ilave. En Caracas como Sao Paulo, por citar dos ciudades con altos índices de criminalidad, la violencia se repite a diario y no por ello son atribuidos a una etnia en particular, sino al conjunto de la sociedad. Es hora de que el Estado reaccione ante estos hechos y de que la salud mental dejé de ser la novena prioridad dentro de las prioridades del Ministerio de Salud, quizá ello podría ayudarnos a vivir en una sociedad menos violenta. Para un problema de país se necesitan políticas públicas que puedan frenar este tipo de manifestaciones sociales que nos revelan que vivimos en una sociedad enferma, de post conflicto armado y ello tiene una serie de secuelas que es necesario remediar.

Publicado en: www.ser.org.pe y en el diaro "Los Andes"

[1] Días atrás la Policía de Ilave capturó a cinco presuntos narcotraficantes en plena elaboración de pasta básica de cocaína en la comunidad de Jilacatura, lugar del cual provenían los asesinos.

Sobre Fujimori, fujimoristas y defensores de derechos humanos: Un día en la DINOES

Por: Aldo Santos

Han transcurrido algunos minutos de las 7 de la mañana y el abrazador sol de verano aún no ha terminado de ponerse mientras uno a uno se van acercando personas cuyas identidades aún desconozco que, sin embargo sé que provienen de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Nos saludamos, conversamos, intercambiamos opiniones, mientras esperamos al bus que nos llevará a la sede policial de la División Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) en el distrito limeño de Ate.

Hoy se realiza la treceava audiencia del juicio al ex presidente Alberto Fujimori, entre tanto diversas ideas discurren en mi mente, no puedo dejar de pensar en lo histórico que es este momento, nunca, en la vida republicana de este país, un presidente había sido procesado como un ciudadano mas, recuerdo las atrocidades de otros gobernantes que pasaron al olvido impunemente, “ojalá que este hecho siente un precedente”, pienso.

Una vez abordado el bus suben también los abogados de la parte civil, se sientan juntos, planifican su estrategia: “medida cautelar, interrogatorio, proceso”, son algunas palabras que oigo de ellos, el bus avanza y en determinado momento una patrulla policial se suma a nuestra delegación para custodiarnos y a través del cristal diviso las abismales diferencias que existen en la capital. Ate y La Molina son distritos colindantes y en diversas ocasiones han sido objeto de tensiones que tan cómica y gráficamente expresa un programa cómico de la televisión nacional.

La sede de la DINOES es extensa, la presencia policial está por donde se mire, algunos de ellos nos invitan a acercarnos a un ambiente acondicionado para nuestro registro respectivo. La seguridad es extrema, una advertencia me indica que tengo que dejar mis llaves y el teléfono móvil, además de colocarme en el cuello una identificación que versa “Distrito Judicial de Ate”; al salir del lugar, otra unidad nos conduce hasta la sala desde la cual participaremos de la audiencia.

En una sala contigua, la prensa, en un ambiente especialmente acondicionado para ellos, los familiares de las víctimas, promotores de derechos humanos y seguidores de Fujimori, se mezclan entre si, mientras esperan el inicio de la audiencia. A las 9:30 ingresa en escena el acusado, casi no mira, sólo se limita a elevar su mano brevemente para saludar a sus hijos Kenyi y Sachi, quienes religiosamente asisten a las audiencias. Fujimori se sienta en el banquillo de acusados, entretanto los abogados, jueces, fiscal y efectivos policiales hacen lo propio en sus lugares. “Buenos días, por favor todos de pie”, dice la secretaria de la sala, lo cual marca el inicio de la audiencia de hoy.

El juez, luego de algunas indicaciones previas, llama al primer testigo, José Delgado Bejarano, general en retiro, quien luego del juramento pasa a atestiguar. Por su parte, el abogado Nakasaki, despliega su interrogatorio intentando demostrar que en el gobierno de Fujimori no se violaban los derechos humanos, acusación que le hizo el Fiscal, lo que es corroborado por el testigo, quien añade que tampoco tenía conocimiento del grupo Colina, “me enteré por los medios de prensa”, señala, además niega su participación en una reunión en la que se habría acordado una política de “guerra de baja intensidad”.

Un dato importante es que el general Delgado Bejarano, estuvo a cargo de la Región Apurímac en 1989, lo que le valió ser procesado por la muerte de Moisés Carbajal, muerto en el interior de un cuartel militar, el general se habría desempeñado también como Jefe de la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el mismo año.

Las acusaciones en contra de Fujimori buscan demostrar que éste tuvo injerencia directa en el autogolpe del 5 de abril de 1992, día en el cual miembros del ejército peruano secuestraron a periodistas y políticos como Gustavo Gorriti y el actual premier Jorge del Castillo respectivamente. Otro cargo que se le imputa es la promoción de una “guerra de baja intensidad” o “guerra sucia” que, a partir del año 92 habría sido una estrategia para la lucha contrasubversiva, esta estrategia habría contemplado la creación de grupos paramilitares de aniquilamiento selectivo como el famoso grupo Colina, responsable de la matanza de estudiantes de la Universidad “La Cantuta”, grupos que habrían contado con la aprobación del ex presidente.

Fujimori, que viste una corbata amarilla con rayas negras, toma nota, observa, escucha atento las respuestas del testigo. Carlos Raffo, congresista de la república y fiel seguidor de Fujimori, luce más intranquilo, una y otra vez abandona la sala, se acerca repetidas veces a un grupo de mujeres seguidoras de Fujimori, les habla al oído, recibe el asedio de un periodista, “él nunca se pierde ninguna audiencia”, me dice un hombre que se sienta al lado mío.

En ese momento entra en escena el general en situación de retiro Carlos Jacinto Chamochumbi, quien fuera sub jefe del estado mayor del ejército, él también repite lo mismo que su colega previamente interrogado “desconozco la existencia de una directiva para ejecutar el golpe del 5 de abril” señala, sin embargo añade que su retiro le pareció injusto dado que “tenía una brillante carrera militar” y se preparaba para asumir un cargo de mayor importancia.

El tercer testigo, General José Gabriel Pastor Vives, reiteró el argumento utilizado por sus colegas. Los generales Víctor Manuel Pizarro y Alfonso Robledo del Águila, dieron sus testimonios en la misma línea: “No sé nada, me enteré del golpe del 5 de abril por los medios de comunicación, yo no participé de él”; la declaración que más llamó mi atención fue la del general Robledo quien dijo: “me enteré (de los planes del golpe) indirectamente, por mi esposa; a mí no me llamaron” y en otro momento refirió: “Una guerra es una guerra, alguien tiene que morir”.

Los testimonios me dejaron la impresión de que durante los primeros años del gobierno fujimorista las fuerzas armadas estuvieron en manos de generales “sin mando ni comando”, términos ampliamente explicados por uno de los generales, sin capacidad, que no tenían idea de lo qué sucedía a su alrededor y no eran tomados en cuenta por sus superiores, o es que acaso los generales, como dicen muchos en las calles, pretenden burlarse de los peruanos pregonando inocencia y tomándonos el pelo, ya que conocerían perfectamente de lo ocurrido el 5 de abril.

Para el caso puneño, valdría la pena hacer memoria de quienes en esa época detentaban el poder militar y sobre su nivel de influencia, con la anuencia cómplice de muchos funcionarios y periodistas que hoy transitan impunemente, escondiendo y negando su complicidad con los fujimoristas. No se trata de una persecución, se trata de justicia y de que aquellas personas que se beneficiaron ilícitamente del régimen fujimorista se muestren como tales y no se escondan tras el velo del olvido. Particularmente recuerdo al general Luis Paz Cárdenas, quien incluso llegó a ser Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de la Región Moquegua, Tacna, Puno (CTAR) y cómo olvidar al coronel Alberto Pinto Cárdenas, ex Jefe de la IV Brigada de Montaña, presidente del CTAR y candidato al Gobierno Regional puneño el año 2002, recientemente capturado por su participación en la matanza de Barrios Altos y La Cantuta como integrante del Grupo Colina.

Pero todos estos militares tuvieron sus cómplices civiles, en el Poder Judicial, en las instituciones públicas, en los medios de comunicación, bien haríamos los puneños en hacer memoria de quiénes detentaban el poder durante el régimen fujimorista.

Publicado en: http://www.juicioafujimori.org.pe/